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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA PROMOVIDO CONTRA EL AUTO QUE NIEGA AL QUEJOSO LA EXPEDICIÓN DE COPIAS DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO ANEXOS DEL INFORME JUSTIFICADO. NO QUEDA SIN MATERIA POR EL HECHO DE QUE SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO DEL CUAL DERIVA DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

Tipo de asunto: QUEJA 4/2017. · Registro digital (IUS): 27126
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-05-19
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Pág. 2084.

QUEJA 4/2017. 23 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: J. TRINIDAD VERGARA ORTIZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los motivos de inconformidad que se hacen valer son esencialmente fundados, en atención a las consideraciones siguientes:

En principio, y por razón de mandato constitucional, de manera preliminar conviene señalar que, acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese tenor, debe decirse que este Tribunal Colegiado verificará la necesidad de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio, cuando se advierta que una norma es sospechosa o dudosa, de cara a los parámetros de control de los derechos humanos, para lo cual, determinará si es indispensable una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto, o una inaplicación, atendiendo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 4/2016 (10a.), visible en la página 430 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo I, febrero 2016 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas», de título y subtítulo: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO."

Precisado lo anterior, debe decirse que este tribunal federal advierte que los agravios hechos valer por el recurrente resultan esencialmente fundados, en atención a que la Juez de amparo, incorrectamente negó la expedición de las copias solicitadas.

En efecto, de la lectura de las constancias que integran el cuaderno de queja, se advierte que la Juez de amparo, en forma indebida, determinó en el auto recurrido de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, que no ha lugar a expedirle las copias certificadas del anexo remitido por la autoridad responsable, que solicita el autorizado del quejoso, en virtud de que debe guardarse sigilo por tratarse de información reservada, en términos de lo dispuesto en los artículos 24, fracción VI y 113, fracciones VIII y XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apoyando su determinación, además, en la tesis y jurisprudencia bajo los rubros: "DEFENSA ADECUADA. SE SATISFACE ESTA GARANTÍA DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CUANDO EL EXPEDIENTE ES PUESTO A LA VISTA DE LAS PARTES PARA SU CONSULTA Y TOMA DE NOTAS, AUN CUANDO NO SE EXPIDAN COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN RELACIÓN CON EL ORDINAL 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." y "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).". Toda vez que la tesis y jurisprudencia en que la Juez de Distrito apoya su determinación, únicamente son aplicables para los casos del procedimiento penal, pero no para el juicio de amparo.

Ahora bien, es verdad que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro transcrito en último término, expuso que al interpretar el artículo 16, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, arribó a la conclusión de que no es factible expedir copias de la averiguación previa, a las personas que tienen acceso a ella.

Que los diversos artículos 24 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública imponen la obligación de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación obstruya la prevención o persecución de los delitos y se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delito y se tramiten ante el Ministerio Público.

Sin embargo, dicho criterio y disposiciones mencionados, sólo rigen para la averiguación previa y el proceso penal, pero no resultan aplicables al trámite y sustanciación del juicio de garantías, los cuales únicamente se rigen por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, por la Ley de Amparo, reglamentaria de los citados preceptos constitucionales y, supletoriamente, por el Código Federal de Procedimientos Civiles; mas no por el artículo 20 de la Constitución Federal.

Al efecto, el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, textualmente dispone: "Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes."

Transcripción de la que se advierte que los juzgadores tienen obligación de expedir las copias certificadas que las partes soliciten, respecto de documentos y constancias que formalmente sean parte de las actuaciones judiciales, esto es, que obren en el expediente de amparo, por haber sido allegadas por alguna de las partes y el juzgador haya ordenado que se agregaran por resultar pertinentes al procedimiento de control constitucional; sin que ninguna de las legislaciones referidas en último término, contemplen restricción alguna en cuanto a ordenar la expedición de copias certificadas o simples de constancias que se hubieran acompañado al informe rendido por la autoridad responsable y, por tanto, se encuentren agregadas al juicio de garantías; por lo que, es incorrecto que el juzgador niegue la expedición de documentos de tal naturaleza, basado en los numerales, tesis y jurisprudencia antes aludidos, por resultar inaplicables al juicio de amparo.

Ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna; que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias, establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito; por lo que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de las copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado, esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso, relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia; ello sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa, ya que la información "reservada o confidencial", contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión, aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación, siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste pues, en este supuesto, sí debe operar la protección de datos prevista en el diverso numeral 114 de la mencionada ley.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 33/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 470, del Libro 34, Tomo I, septiembre de 2016 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de septiembre de 2016 a las 10:39 horas», que a la letra dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información ‘reservada o confidencial’ contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley."

Así también, apoya a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 14/2011 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 654, Libro VIII, Tomo 1, mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA EXPEDICIÓN DE TODAS AQUELLAS QUE FORMEN PARTE DE LOS AUTOS, INCLUYENDO LAS PERTENECIENTES AL JUICIO NATURAL, AL TOCA DE APELACIÓN O A CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO FORMADO DURANTE EL ITER PROCESAL.-La ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, apunta a que el tribunal de amparo, mediante la expedición de copias certificadas, debe abrir las actuaciones a las partes en igualdad de condiciones y con el fin de que participen activamente en la formación del litigio de manera informada y objetiva. En este sentido, la expresión ‘constancia o documento que obre en autos’ contenida en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no debe limitarse a los legajos que se formen con motivo del juicio de amparo, sino que puede hacerse extensiva a los autos del juicio natural, al toca de apelación y a cualquier otro cuaderno proveniente de algún proceso jurisdiccional que fuere remitido al tribunal de amparo para la sustanciación del juicio; es decir, el significado de la norma debe extenderse a cualquier acto jurídico consignado a lo largo del iter procesal del juicio de amparo, incluyendo todos sus recursos e incidencias. Por lo anterior, el tribunal de amparo debe expedir, a solicitud de las partes, copias certificadas de cualquier documento o constancia contenida en cualquiera de los cuadernos referidos, con independencia de que no haya ordenado formalmente que tales documentos se integren al expediente de amparo, ni se hayan cosido, foliado, rubricado y sellado. La única restricción que se advierte en la norma referida consiste en que no se pueden expedir copias certificadas de aquellos documentos que no formen parte de los autos, por no haber sido ordenada su inclusión por alguna autoridad jurisdiccional. Ello, porque las constancias y demás documentos que obren en autos son un reflejo material de determinados actos jurídicos, por lo que debe tomarse en cuenta el respaldo institucional indispensable y consustancial en ellos, que viene a ser la orden de alguna autoridad jurisdiccional."

Así también, orienta a lo anterior, la tesis III.2o.C.42 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1510, Tomo XXX, octubre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE AMPARO ESTÁ OBLIGADO A EXPEDIRLAS, POR NO EXISTIR RESTRICCIÓN LEGAL AL RESPECTO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 52/2005).-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 52/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 42, bajo el epígrafe: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).’, al interpretar el artículo 16, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, arribó a la conclusión de que no es factible expedir copias de la averiguación previa a las personas que tienen acceso a ella. Sin embargo, dicho criterio sólo rige para la averiguación previa y el proceso penal, pero no resulta aplicable al trámite y sustanciación del juicio de garantías, el cual únicamente se rige por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, por la Ley de Amparo reglamentaria de los primeros preceptos constitucionales y, supletoriamente, por el Código Federal de Procedimientos Civiles; mas no por el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal. Motivo por el cual, si del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que los juzgadores tienen obligación de expedir las copias certificadas que las partes soliciten, respecto de documentos y constancias que formalmente sean parte de las actuaciones judiciales, esto es, que obren en el expediente de amparo, por haber sido allegadas por alguna de las partes y el juzgador haya ordenado que se agregaran por resultar pertinentes al procedimiento de control constitucional, es claro que si ninguna de las legislaciones referidas en último término, contempla restricción alguna en cuanto a ordenar la expedición de copias certificadas de una averiguación previa que se hubiese allegado al juicio de garantías, es incorrecto que el juzgador niegue la expedición de documentos de tal naturaleza, basado en la jurisprudencia antes aludida, por resultar inaplicable al juicio de amparo."

Debiendo precisar que en el caso se satisfacen los requisitos que para la expedición de copias se señalan en la primera de las jurisprudencias citadas, ya que las mismas forman parte del juicio de amparo, mismas que fueron agregadas a éste en virtud de que la responsable las envió como parte de su informe justificado; dichas copias fueron solicitadas por el quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial", contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión, aportada mediante el informe justificado, y no se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste.

Por lo anterior, se insiste que en el caso fue incorrecto que la Juez de amparo negara al quejoso la expedición de copias certificadas del anexo remitido por la autoridad responsable, que solicita el autorizado del quejoso, bajo el argumento que debe guardarse sigilo, por tratarse de información reservada, en términos de lo dispuesto en los artículos 24, fracción VI y 113, fracciones VIII y XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aunado a que el informe rendido por las autoridades es un todo, es decir, comprende tanto el oficio por el que se rinde el informe, como las constancias o anexos que se acompañan al mismo; por lo que la circunstancia de que el recurrido le diera vista a las partes en auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, con el oficio y anexo que la responsable envió en cumplimiento al requerimiento de la recurrida, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, lleva implícitamente el acceso a los anexos de la averiguación previa, lo que de alguna manera rompe con la reserva o el sigilo, pues sería ilógico que se le diera vista con el informe y no se le permitiera el acceso a las constancias que se acompañan al mismo, no obstante que así se desprende del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, que señala: "La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. ...Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado.-Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos... En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.". Transcripción de la que se aprecia el derecho del quejoso para imponerse del informe justificado y de las constancias que se acompañen al mismo. Pues actuar de forma contraria, sería tanto como darle vista a la parte quejosa con los informes, pero sin permitir el acceso a las constancias o anexos que acompañen al mismo, lo cual impediría al quejoso la posibilidad de ampliar la demanda de amparo, en el caso de que ello así se advirtiera del informe justificado y sus anexos que se acompañan al mismo.

Por lo que se insiste, de las leyes aplicables al caso concreto, no se desprende ningún tipo de prohibición para que se expidan copias de las constancias habidas en el juicio de amparo.

Sin que además pase desapercibido para este colegiado que el auto recurrido resulta carente de fundamentación y motivación, ya que la Juez de amparo se concreta a señalar que no ha lugar a expedir las copias que solicita, en virtud de que debe guardarse sigilo, por tratarse de información reservada, en términos de lo dispuesto en los artículos 24, fracción VI y 113, fracciones VIII y XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin que la Juez de amparo recurrida hubiera expresado argumento alguno del porqué se requiere guardar sigilo respecto de las actuaciones cuyas copias solicita el ahora quejoso y negó la expedición de las mismas.

Por lo anterior, se insiste, el argumento de la recurrida es desatinado, en atención a que las copias que se enviaron como anexas al informe justificado forman parte del mismo y, por tanto, al darle vista con ellas las partes tienen conocimiento de su contenido, atento a lo cual no se puede negar la expedición de copias bajo el argumento de que se quebrantaría la reserva de las actuaciones ministeriales, esto es, se requiere guardar sigilo pues, se insiste, éste se rompe desde el momento en que a las partes se les da vista con los informes rendidos por la o las responsables que acepta o aceptan el acto o actos reclamados y, por lo mismo, resulta procedente autorizar la expedición de copias de ellas.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo sustancial, la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4086, Tomo XLIV, abril a junio de 1935 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra dice: "AMPARO, LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS CON LA DEMANDA, CONSTITUYEN PRUEBAS.-Al dictarse una sentencia los Jueces de Distrito, están obligados a considerar como parte de la demanda, los documentos que con la misma se hubiesen presentado, así como el informe justificado, del que forman parte las pruebas que la autoridad hubiese acompañado al mismo, razón por la que, si con esos elementos queda comprobada la existencia del acto reclamado y su inconstitucionalidad, resulta innecesario que el quejoso rinda nuevas pruebas en la audiencia constitucional, pues éstas sólo son indispensables cuando no existen en el expediente, datos suficientes para juzgar sobre la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad; de todo lo cual se concluye que no es exacto que la no asistencia del quejoso a la audiencia y, por consiguiente, la no rendición de pruebas en la misma, impide al Juez de Distrito considerar los elementos que existan en el juicio."

Por lo antes expuesto, la Juez recurrida no debió negar la expedición de las copias solicitadas.

No pasa desapercibido que el veintiocho de febrero del año en curso, se dictó la sentencia en el juicio de amparo, del cual deriva el presente medio de impugnación, lo que, en su caso, podría conllevar determinar que la queja en estudio fuera declarada sin materia; sin embargo, ello no es así, en virtud de que la negativa de expedir al quejoso las copias del anexo que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado no implicó una influencia en la materia de la sentencia definitiva que dictó la Juez Federal, ni trastocó los derechos que se pudieron hacer valer en la audiencia constitucional. Máxime que a la fecha no ha causado ejecutoria la resolución emitida por el recurrido en el juicio principal.

Similar criterio sostuvo este tribunal, al resolver por unanimidad de votos, la queja penal **********, en sesión de siete de abril de dos mil dieciséis.

Sentado lo anterior, lo que procede es declarar fundado el presente recurso de queja.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 101, último párrafo, primera parte y 103 de la Ley de Amparo vigente y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por **********, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, del quejoso **********, contra el auto de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, dictado por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto número **********, por los motivos y razonamientos precisados en el considerando último de esta ejecutoria.

Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido.

Así lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por mayoría de votos del Magistrado Miguel Ángel Aguilar López (presidente) y Magistrada Emma Meza Fonseca (ponente), de conformidad con el artículo 186, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con disenso de la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara, quien formula voto particular.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis aislada XIV.2o.99 P y de jurisprudencia 1a./J. 52/2005, de rubros: "DEFENSA ADECUADA. SE SATISFACE ESTA GARANTÍA DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CUANDO EL EXPEDIENTE ES PUESTO A LA VISTA DE LAS PARTES PARA SU CONSULTA Y TOMA DE NOTAS, AUN CUANDO NO SE EXPIDAN COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN RELACIÓN CON EL ORDINAL 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." y "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XIX, enero de 2004, página 1509 y XXII, julio de 2005, página 42, respectivamente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27126-fc3cea6e/recurso-de-queja-promovido-contra-el-auto-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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