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Modo: Corpus Pro

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. NO TIENEN DERECHO A SU PAGO LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO PÚBLICO DENOMINADO "SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA".

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 283/2015. · Registro digital (IUS): 27135
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-05-26
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Pág. 664.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 283/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 29 DE MARZO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo Circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de esta Segunda Sala.

Al respecto, no pasa inadvertido que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de octubre de dos mil once, se reformó -entre otras disposiciones- la fracción XIII del artículo 107 constitucional, mediante la cual se estableció la competencia de los Plenos de Circuito para conocer de las contradicciones de criterios, sustentados por Tribunales Colegiados de un mismo Circuito Judicial, tal como sucede en el presente asunto.

No obstante, si bien ambos Tribunales Colegiados contendientes en el presente asunto, se encuentran adscritos al Décimo Segundo Circuito, esta Sala advierte que dicho Circuito Judicial no cuenta con un Pleno de Circuito especializado en materia laboral. Tampoco cuenta con un Pleno de Circuito "no especializado" que pueda conocer de la presente contradicción de tesis, por lo que, al no existir ningún órgano facultado para tal finalidad, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe considerarse competente para conocer del presente asunto, a fin de resolver la cuestión planteada y así dotar de seguridad jurídica al ordenamiento jurídico mexicano.(1)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en la Paz, Baja California Sur, quien está facultado para ello, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Criterios denunciados. En el presente considerando se dará cuenta con los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, al resolver el amparo directo ********** (cuaderno auxiliar **********), en apoyo del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito.

Antecedentes.

a) Los actores demandaron de Servicios de Educación Pública Descentralizado del Estado de Sinaloa, el pago de prima de antigüedad.

b) La demandada opuso la excepción de prescripción, respecto a la prima de antigüedad.

c) La Junta Local de Conciliación y Arbitraje absolvió al demandado del pago de la prima de antigüedad, en virtud de que eran trabajadores de un organismo descentralizado estatal, que se regulaba bajo el régimen del apartado B del artículo 123 constitucional; razón por la que no tienen derecho al pago de prima de antigüedad, establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo; ya que la demandada surgió como organismo público descentralizado por motivo del decreto publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos, y continuó otorgando a los trabajadores que provenían de las dependencias federales, las prestaciones a que tenían derecho, conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

d) Inconformes, los actores promovieron amparo directo.

Sentencia:

• La jurisprudencia 2a./J. 50/2006, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido interpretada por la propia Sala en las contradicciones de tesis 497/2011 y 166/2012, donde surgieron las jurisprudencias 2a./J. 21/2012 (10a.) y 2a./J. 79/2012 (10a.) de rubros: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES. SI SUS TRABAJADORES LABORARON BAJO EL RÉGIMEN DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, NO TIENEN DERECHO A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." y "PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.", respectivamente.

• De las consideraciones de las respectivas contradicciones de tesis, deriva que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la jurisprudencia 2a./J. 50/2006, en el sentido de que si un trabajador de un organismo público descentralizado, siempre laboró bajo el régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, no tiene derecho al pago de la prima de antigüedad establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

• La Sala precisó que no había abandonado la indicada jurisprudencia (2a./J. 50/2006), sino sólo la identificada con el número 2a./J. 214/2009, relativa a los trabajadores de organismos públicos descentralizados que inicialmente rigieron su relación de trabajo por el apartado B del artículo 123 constitucional, y que fueron transferidos a organismos públicos descentralizados estatales y que se rigieron por el apartado A; pero no (se hizo referencia) respecto de aquellos trabajadores que siempre laboraron bajo el régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

• El Alto Tribunal del País, acotó que si una relación de trabajo siempre se desarrolló bajo el régimen del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al regirse por la Ley Burocrática Estatal, debe concluirse que no ha generado derecho a recibir la prima de antigüedad, prevista en la Ley Federal del Trabajo, pues dada la regulación por la que siempre se rigió el vínculo contractual entre las partes, no tenía razón para incorporar a la esfera de los derechos de los trabajadores dicha prima, pues ni la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, produce el efecto de modificar las relaciones jurídicas entre los organismos públicos descentralizados de carácter estatal y sus trabajadores durante el tiempo que duró la relación laboral, máxime si ésta nunca fue controvertida por los trabajadores.

• Contrario a lo que afirman los peticionarios de amparo, como bien lo consideró la Junta responsable, no es procedente el reclamo de la prima de antigüedad, porque el Decreto Número 62 de veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, el veintiuno del mismo mes y año, por el cual se creó el organismo público descentralizado "Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa", permite conocer que, a partir de su creación y hasta la actualidad, las relaciones de trabajo de los trabajadores al servicio del indicado organismo, se han regido por lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.

• Por tanto, si la relación de trabajo entre los actores y el organismo demandado, siempre se desarrolló bajo el régimen del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al regirse por la ley burocrática estatal, debe concluirse que no han generado derecho a recibir la prima de antigüedad prevista en la Ley Federal del Trabajo, pues dada la regulación por la que siempre se rigió el vínculo contractual entre las partes, no tenían razón para incorporar a la esfera de los derechos de las trabajadores dicha prima.

II. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo **********.

Antecedentes.

a) Un trabajador demandó de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, el pago por concepto de prima de antigüedad.

b) El demandado contestó que carecía de derecho y acción para reclamar pago alguno por prima de antigüedad.

c) La Junta Local de Conciliación y Arbitraje absolvió al demandado del pago de la prima de antigüedad, en virtud de que la antigüedad del actor, para el efecto de la prestación reclamada, contaba a partir del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, fecha en que las relaciones laborales con el organismo descentralizado se empezaron a regir por el apartado A del artículo 123 constitucional, que por ello a la fecha de jubilación del actor (treinta y uno de diciembre de dos mil doce), tenía una antigüedad de catorce años, ocho meses, no ubicándose en el supuesto establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

d) Inconforme, el actor promovió amparo directo.

Sentencia.

• Contrario a lo determinado por la Junta responsable, la antigüedad del actor debe computarse a partir del diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, fecha en que el trabajador fue transferido al organismo público demandado y no desde mil novecientos noventa y ocho.

• La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2011, estableció que en el caso de los organismos públicos descentralizados, creados por los Gobiernos de los Estados con motivo de la descentralización de los servicios de educación básica y de salud, en cumplimiento de los Acuerdos Nacionales para la Modernización de la Educación Básica y para la Descentralización de los Servicios de Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos y veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y seis, respectivamente, los trabajadores que prestaron servicios en las dependencias de nivel federal, y que fueron transferidos a esos organismos descentralizados estatales, tienen derecho al pago de la prima de antigüedad, prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, a partir de esa transferencia, independientemente de que hayan recibido el pago de la prima quinquenal y una pensión jubilatoria, debido a que la prima de antigüedad tiene una naturaleza jurídica distinta a éstas, y que el trabajador jubilado debe acumular quince años de servicios en el organismo público descentralizado estatal para tener derecho al pago de la prima de antigüedad.

• Se señaló también que la prima de antigüedad prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, reclamada por trabajadores jubilados de organismos públicos descentralizados estatales que previamente prestaron servicios conforme a las reglas del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede, entre otros supuestos, cuando se separan voluntariamente, siempre y cuando hayan cumplido por lo menos quince años de servicios; que la jubilación o pensión por edad y años de servicios que un trabajador obtiene conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, procede de un acto que presumiblemente representa un retiro voluntario, porque si la norma jurídica impone como condición para recibirla que el trabajador se separe del servicio en activo, resulta lógico pensar que quien pretenda obtenerla, por regla general, se separa voluntariamente; que, por tanto, en ese supuesto, el trabajador jubilado debe acumular quince años de servicios en el organismo público descentralizado estatal para tener derecho al pago de la prima de antigüedad.

• De tales consideraciones emergieron la tesis aislada 2a. LVIII/2011 y la jurisprudencia 2a./J. 101/2011, de rubro: "TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." y "PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. EL OTORGAMIENTO DE LA JUBILACIÓN, CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, HACE PRESUMIR QUE LA SEPARACIÓN DEL TRABAJO FUE VOLUNTARIA, PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL PAGO DE AQUÉLLA."

• Bajo esa perspectiva, es claro que se demanda el pago de la prima de antigüedad por un trabajador jubilado de un organismo público descentralizado estatal que previamente prestó servicios conforme a las reglas del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es requisito de procedencia, de esa prestación, que haya laborado cuando menos quince años, a partir de que fue incorporado al organismo descentralizado.

• Precisado lo anterior, es necesario destacar que no fue un hecho controvertido que la demandada se creó como organismo público descentralizado de esta entidad federativa, mediante decreto de veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintidós del mismo mes y año, realizado conforme a la celebración de convenios en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica que se celebró por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Sinaloa con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de fecha dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, publicado el veintidós de mayo del mismo año, en el Diario Oficial de la Federación.

• En esa tesitura, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a partir del diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos (fecha en que surtió sus efectos el citado convenio) que el trabajador fue transferido al organismo público descentralizado y, en esa medida, es a partir de tal fecha que debe empezar a computarse el término de quince años requerido para que tengan derecho al pago de la prima de antigüedad, prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo.

• Por tanto, al ser un hecho no controvertido que el treinta y uno de diciembre de dos mil doce el demandante obtuvo su baja por jubilación ante el demandado Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, entonces, a esa fecha, contando a partir del diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, fecha en que el trabajador fue transferido al organismo público descentralizado estatal, ya había acumulado más de quince años de servicio en el citado organismo público demandado y, en esa medida, contrario a lo que estimó la Junta responsable, es que ciertamente se actualiza la hipótesis del artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, para el pago de la prima de antigüedad que demandó, pues es requisito de procedencia para tener derecho a esa prestación que se hayan laborado al menos quince años para la dependencia, supuesto que la responsable dijo no se actualizaba al considerar, incorrectamente, una diversa fecha para hacer el cómputo respectivo, lo que la llevó a dictar un laudo violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio del inconforme.

• En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, suplido en su deficiencia, procede conceder el amparo para que la junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emita otro, en el que determine que el actor reúne los requisitos establecidos en la fracción III del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, para la procedencia del pago de la prima de antigüedad reclamada.

CUARTO.-En principio es relevante precisar que es criterio del Pleno de este Alto Tribunal que, para tener por configurada la contradicción de tesis, es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellas en un tema similar sea discordante esencialmente.

Cabe advertir que la regla de mérito no es absoluta, pues el Tribunal Pleno dejó abierta la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados contendientes, sin ser rigorista, es válido declarar la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.

Lo anterior, de acuerdo a las tesis de rubros siguientes:

"Registro digital: 164120

"Novena Época

"Pleno

"Jurisprudencia

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXXII, agosto de 2010

"Materia: común

"Tesis P./J.72/2010

"Página 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

"Registro digital: 166996

"Novena Época

"Pleno

"Tesis aislada

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXX, julio de 2009

"Materia: común

"Tesis P. XLVII/2009

"Página 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."

Los antecedentes relatados ponen en evidencia que sí existe contradicción de criterios, porque en los asuntos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes prevalecen los siguientes elementos comunes:

• Trabajadores jubilados demandaron de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, el pago de la prima de antigüedad establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

• Iniciaron a laborar en la Secretaría de Educación Pública y, derivado de la descentralización de los servicios de educación básica, fueron transferidos al mencionado organismo descentralizado estatal.

• La Junta absolvió a la demandada del pago de la prima de antigüedad.

Así, mientras el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, considera que no tienen derecho al pago de prima de antigüedad; el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito estima lo contrario, es decir, que sí tienen derecho a la prima de antigüedad.

Conforme a los elementos fácticos y jurídicos antedichos, el punto de contradicción, consiste en determinar si los trabajadores que laboraron en Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, habiendo prestado sus servicios inicialmente en la Secretaría de Educación Pública, tiene derecho a la prima de antigüedad, prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo.

No pasa inadvertido, que en sesión de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, por unanimidad de cinco votos, esta Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 20/2016, suscitada entre el criterio del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región y el del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, en el mismo tema que ahora ocupa la presente contradicción de tesis, relativo al derecho que pudiera asistir a los trabajadores que laboraron en Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, para recibir el pago de la prima de antigüedad.

Las razones que se expusieron para declarar improcedente la contradicción de tesis, esencialmente, fueron que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, concluyó que los trabajadores quejosos tenían derecho a la prima de antigüedad, con apoyo en la tesis aislada 2a. LVIII/2011, de esta Segunda Sala, de rubro: "TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", que únicamente constituía un criterio orientador para dicho órgano jurisdiccional.

Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región negó la protección constitucional a los quejosos, al considerar que no tenían derecho a la prima de antigüedad, aplicando la jurisprudencia 2a./J. 79/2012 (10a.), de esta Segunda Sala de rubro: "PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.", así como las consideraciones vertidas en la ejecutoria de la contradicción de tesis 166/2012.

De forma que -se explicó-, si bien ambos Tribunales Colegiados resolvieron la misma problemática de forma divergente, lo cierto es que al existir un criterio firme y vinculante para ambos órganos jurisdiccionales, no existía materia de estudio en la contradicción.

A pesar de que la decisión que se adoptó resulta técnica y jurídicamente correcta, no puede soslayarse que la finalidad que se busca al resolver una contradicción de tesis es eliminar la inseguridad jurídica que propiciaría la subsistencia de criterios jurídicos contradictorios; razón por la cual, procede resolver esta contradicción de tesis.

QUINTO.-Preámbulo. Previo a resolver el punto de contradicción, esta Segunda Sala estima conveniente hacer una breve reseña sobre los criterios que se han adoptado en relación con los organismos descentralizados y el derecho a la prima de antigüedad, previsto en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

El diecisiete de enero de mil novecientos noventa y uno, el Pleno de este Alto Tribunal resolvió el amparo en revisión 2410/89,(2) por mayoría de trece votos, de donde surgió la tesis aislada P. XLIII/91, en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por incluir en su régimen a los organismos descentralizados, pues se razonó que éstos no forman parte del Ejecutivo Federal y, por ello, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.

Luego, el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 83/94, por mayoría de diez votos, reiterando el criterio de que las relaciones laborales entre un organismo descentralizado y su personal no se regían por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino por el apartado A del artículo 123 constitucional; conforme a lo cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 16 del decreto de creación del organismo descentralizado, denominado Servicio Postal Mexicano. El citado criterio originó, a la postre, la jurisprudencia P./J. 15/95(3) y P./J. 16/95.(4)

Posteriormente, el treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco, igualmente el Pleno de este Alto Tribunal, resolvió el amparo en revisión 1115/93, por mayoría de ocho votos, en el que se reiteró la inconstitucionalidad del artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por incluir en su régimen a los organismos descentralizados. Este criterio generó la aprobación de la jurisprudencia P./J. 1/96.(5)

Como se ve, el criterio que se construyó en la Novena Época, en relación con los organismos descentralizados, fue que sus relaciones laborales se regían por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y, desde luego, por las normas de la Ley Federal del Trabajo.

El criterio anterior trascendió al ámbito jurídico de los organismos descentralizados de carácter local (Estados), de acuerdo con la resolución del amparo en revisión 1110/97, aprobada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de diez votos, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y ocho; de la que surgió la tesis aislada P. XXV/98.(6)

La definición del criterio en estudio generó, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el reclamo por parte de trabajadores de organismos descentralizados (específicamente del Servicio Postal Mexicano), del pago de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo; de donde surgió, entre Tribunales Colegiados, una contradicción de criterios sobre las características y similitudes entre aquélla y la prima quinquenal, propia de los trabajadores al servicio del Estado.

En esa virtud, se integró la contradicción de tesis 58/2000, que resolvió esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil; como criterio el contenido en la jurisprudencia 2a./J. 113/2000,(7) en el sentido de que la prima de antigüedad y la prima quinquenal son prestaciones de naturaleza distinta y que, por ello, el pago de una no excluye el pago de la otra.

Posteriormente, surgió la problemática sobre el momento en que los trabajadores de organismos descentralizados, que prestaron servicios para órganos centralizados, tendrían derecho a la prima de antigüedad; esto quedó dirimido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/2004, por unanimidad de nueve votos, en sesión de ocho de junio de dos mil cuatro; fijándose como criterio el contenido en la jurisprudencia P./J. 56/2004,(8) en el sentido de que la prima de antigüedad, se computará a partir de que la relación jurídica en los organismos descentralizados, se rija conforme al artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su ley reglamentaria.

Después de esto, se presentó la problemática relativa a determinar si la prima de antigüedad de trabajadores de organismos descentralizados (especialmente del ISSSTE), se computaría desde la fecha en que se estableció como criterio obligatorio la inconstitucionalidad del artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o desde el momento en que el trabajador inició a prestar sus servicios al indicado organismo.

En razón de lo anterior, se integró la contradicción de tesis 12/2006-SS, que resolvió esta Segunda Sala en sesión de tres de marzo de dos mil seis, por unanimidad de cinco votos, fijando como criterio el contenido en la jurisprudencia 2a./J. 50/2006,(9) en el sentido de que no podía aceptarse (como criterio absoluto) que un trabajador de un organismo descentralizado, tiene derecho a los beneficios por antigüedad que se establecen tanto en el apartado A, como en el B, del artículo 123 constitucional, porque esto no lo establece ninguna norma constitucional ni legal, ni tampoco (derivar) de la jurisprudencia P./J. 1/96, porque ésta no produce el efecto de modificar las relaciones jurídicas durante el tiempo que duró la relación laboral. De manera que si un trabajador del ISSSTE que laboró bajo el régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, ya recibió los beneficios por antigüedad correspondiente (quinquenios y pensión), no tiene derecho, además, a la prima de antigüedad.

Este último criterio, por igualdad de razón, se instauró para las relaciones jurídicas de organismos descentralizados estatales y sus trabajadores; lo que quedó contenido en la jurisprudencia 2a./J. 214/2009,(10) que surgió de la contradicción de tesis 336/2009, resuelta por esta Segunda Sala, el once de noviembre de dos mil nueve, por mayoría de tres votos.

Sin embargo, esta última jurisprudencia quedó abandonada con motivo de la resolución de la contradicción de tesis 141/2011, en sesión de dieciocho de mayo de dos mil once, por mayoría de cuatro votos, de la que derivó la tesis 2a. LVIII/2011.(11) Las razones esenciales del cambio de criterio, fueron que, en el caso de trabajadores de organismos descentralizados estatales que previamente se regían por el apartado B del artículo 123 constitucional, la pensión jubilatoria otorgada conforme a la Ley del ISSSTE, no sustituye a la prima de antigüedad, prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, porque son de naturaleza jurídica distinta.

Hasta este punto, queda claro que el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 50/2006, relacionado con organismos descentralizados de carácter federal (ISSSTE), quedó intocado; pues el que se abandonó fue el de la jurisprudencia 2a./J. 214/2009, relacionado con organismos descentralizados estatales.

En este escenario, en sesión de ocho de febrero de dos mil doce, esta Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 497/2011, por unanimidad de cinco votos, de la que surgió la jurisprudencia 2a./J. 21/2012 (10a.),(12) en la que se mantuvo el criterio relacionado con los organismos descentralizados de carácter federal, en el sentido de que los trabajadores que siempre rigieron su relación por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no tenían derecho a la prima de antigüedad, porque la jurisprudencia P./J. 1/96, que declaró inconstitucional el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no tenía el alcance de modificar las relaciones jurídicas existentes.

Debe precisarse que en esa contradicción de tesis, estuvieron involucrados en el reclamo de la prima de antigüedad, los institutos de salud denominados Hospital Infantil de México Federico Gómez, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes y Hospital General de México, así como la Ley de los Institutos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27135-00908e27/prima-de-antiguedad-no-tienen-derecho-a-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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