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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN LA LEY DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE DURANGO. AL ESTABLECER ESTE ORDENAMIENTO UN PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA ACORDAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTARLO, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 8/2017. · Registro digital (IUS): 27141
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-05-26
Promovente: TESORERO MUNICIPAL DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Pág. 1779.

AMPARO EN REVISIÓN 8/2017. TESORERO MUNICIPAL DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO. 16 DE MARZO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALBERTO DÍAZ DÍAZ. SECRETARIA: RUBY CELIA CASTELLANOS BARRADAS.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Decisión judicial. Son infundados los agravios hechos valer por la autoridad recurrente.

Aduce el promovente, en esencia, lo siguiente:

a) Que la sentencia combatida carece de congruencia y exhaustividad, en virtud de que no se analizaron las dos causales de improcedencia invocadas (fracciones XVIII y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo), cuyo estudio debió practicarse de oficio, aunado a que el Juez soslayó que en el caso se surte la mencionada en segundo lugar, por no haberse agotado el principio de definitividad; ello, debido a que en la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango se prevé un medio de defensa contra los actos administrativos emitidos por la autoridad municipal, diverso al contemplado por la legislación para las dependencias de tal nivel de gobierno.

Asimismo, que la normatividad citada contempla la suspensión de la ejecución del acto impugnado, sin establecer mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo, toda vez que en el caso proceden, por exclusión, el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, por lo que en contra de los actos reclamados, el quejoso debió promover ante la propia Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, o bien, acudir al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante el juicio de nulidad, al no haber acreditado encontrarse en alguna de las hipótesis de excepción atinentes al principio de definitividad.

b) Que el fallo impugnado también carece de congruencia y exhaustividad, dado que se resolvió que se violaron los derechos humanos del quejoso por la falta de su llamado al procedimiento, así como la ausencia de la notificación del crédito fiscal que se le determinó, derivado del retraso u omisión de pago del impuesto predial, cuando dio cabal cumplimiento a las formalidades inherentes al procedimiento administrativo de ejecución, conforme se acreditó con las constancias que exhibió.

Como se adelantó, no asiste la razón al impugnante en los planteamientos sintetizados en el inciso a).

En principio, debe precisarse que las autoridades responsables tesorero municipal y jefe de Ejecución Fiscal, así como el notificador ejecutor adscrito al Departamento de Ejecución Fiscal de la Tesorería del Republicano Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, al rendir su respectivo informe justificado, entre otros aspectos, sostuvieron que debía sobreseerse en el juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 63, fracción IV, de la normatividad de la materia, por inexistencia del acto impugnado; planteamiento que obtuvo pronunciamiento por parte del Juez de primera instancia al resolver el juicio, pues como se aprecia del apartado relativo a la certeza de los actos reprochados en él, atinadamente puntualizó la forma en que tal negativa quedó desvirtuada.

De igual manera, que invocaron la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XVIII, de la misma legislación, alegando que el Código Fiscal Municipal contempla medios de defensa para combatir actos de autoridad municipal, que no fueron agotados por el quejoso, por lo que se configuraba con ello la inobservancia al principio de definitividad.

Causal de improcedencia que el a quo determinó como inaplicable al asunto en particular, y la puntualizó refiriendo que la susceptible de análisis era la diversa contenida en la fracción XX del artículo en cita; así, de forma acertada indicó que el impetrante no tenía la obligación aludida por tratarse de un tercero extraño al procedimiento, de manera que previamente a promover el sumario constitucional, no contaba con el imperativo de observar el principio de definitividad.

Cierto, en el caso el quejoso acudió al juicio de amparo indirecto y en él reclamó, entre otros, la falta de emplazamiento en el procedimiento administrativo de ejecución **********, esto es, se ostentó como tercero extraño por equiparación, por lo que de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, aquél no tenía la obligación de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa establecidos en el Código Fiscal Municipal o en la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango, como lo adujo la autoridad responsable; por lo que resulta infundada su afirmación en dicho sentido.

El criterio mencionado es del siguiente tenor:

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA.-Al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En esta circunstancia es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo." (Jurisprudencia 1a./J. 18/2011 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, página 170)

Ahora bien, al margen de que el juzgador de referencia no efectuó un estudio pormenorizado de la diversa hipótesis de inejercitabilidad, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, no se actualizan las causales de improcedencia mencionadas.

El numeral 61, fracciones XVIIII y XX, de la ley de la materia, establece:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

"Se exceptúa de lo anterior:

"a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;

"b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;

"c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.

"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;

"...

"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior."

De la primera de las porciones normativas transcritas deriva que el juicio de amparo es improcedente en contra de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, en torno a los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

Hipótesis que este tribunal aprecia que no se verifica en el caso, toda vez que si bien los actos reclamados derivan de un procedimiento administrativo, éstos no fueron dictados por un órgano jurisdiccional de la naturaleza de los mencionados.

Por otro lado, es de enfatizarse que en el asunto, como bien lo indicó el Juez, tampoco se configura la causal de improcedencia prevista en la citada fracción XX, de la cual deriva que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa por el que puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas disposiciones se suspendan los efectos de los actos, de oficio o a través de la interposición de aquéllos, con los mismos alcances que los previstos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y sin exigir mayores requisitos para otorgar la suspensión definitiva, ni contemplar un plazo mayor que el señalado para el otorgamiento de la suspensión provisional.

Los numerales 81, 82, 83, 86 y 101 de la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango establecen, sobre el tema, lo siguiente:

"Artículo 81. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia administrativa o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revocación ante la autoridad administrativa que emita el acto."

"Artículo 82. La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo independientemente de alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración en la resolución que ponga fin al mismo, se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva."

"Artículo 83. El plazo para interponer el recurso de revocación será de quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra."

"Artículo 86. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando:

"I. Lo solicite expresamente el recurrente;

"II. Sea procedente el recurso;

"III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público;

"IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y

"V. Tratándose de multas administrativas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal del Estado.

"La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión."

"Título segundo

"Del proceso contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado

"Capítulo I

"Disposiciones generales

"...

"Artículo 101. El interesado podrá optar por agotar el recurso de revocación previsto en el título primero de este ordenamiento o acudir directamente ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado.

"Para acudir al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, el interesado deberá previamente desistirse del recurso intentado."

De los numerales transcritos se desprende lo siguiente:

1. Los afectados por actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento o instancia, o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revocación ante ella misma.

2. La oposición a los actos de trámite deberá alegarse durante el curso del procedimiento para que se tome en cuenta en el fallo del medio defensivo, y también al impugnar la resolución definitiva.

3. El plazo para interponer ese recurso será de quince días, contado a partir del día siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se combata.

4. La interposición de la revocación suspenderá la ejecución del acto, siempre y cuando lo solicite expresamente el recurrente; sea procedente el recurso; no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; tratándose de multas administrativas, el interesado garantice el crédito fiscal en cualquiera de las formas previstas en el código de la materia; y, que la autoridad debe acordar, en su caso, la suspensión o denegación de la misma dentro de los cinco días que sigan a la interposición del medio defensivo, en cuyo defecto se entenderá otorgada la medida suspensional.

Y, respecto de la suspensión del acto reclamado, en asuntos fiscales como el presente, los diversos artículos 112, 128, 130, 135, 138, 144 y 147 de la Ley de Amparo disponen:

"Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

"En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta ley deberá proveerse de inmediato."

"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el quejoso; y

"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado."

"Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria."

"Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

"El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos:

"I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal;

"II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y

"III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

"En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía."

"Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:

"I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;

"II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y

"III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes."

"Artículo 144. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos; se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos, y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a que estará sujeta."

"Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.

"Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

"El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo."

De los preceptos reproducidos se obtiene que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si la desecha, previene o admite.

Asimismo, que los requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado son: que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que la medida precautoria puede pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

Aunado a que tratándose de la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, ésta se concederá discrecionalmente, y sólo surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés tributario ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos en las normas jurídicas de la materia; que será factible reducir el monto de la garantía, o dispensar su otorgamiento, cuando exista embargo firme de bienes del contribuyente, suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal, o si el monto de los créditos exceda la capacidad económica del quejoso, o tratándose de terceros distintos al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito; que promovida la suspensión el Juez debe efectuar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará:

1. Conceder o negar la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el restante, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;

2. Fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y

3. Solicitar informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes; que en la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos; se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las diligencias ordenadas, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos, y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a que se sujetará; que de resultar procedente la medida, el Juez determinará la situación en que habrán de mantenerse las cosas y tomará las providencias pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su culminación, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.

Atento a lo expuesto, queda de relieve que la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango contempla un plazo mayor -cinco días siguientes a la interposición del recurso- al señalado por la Ley de Amparo para acordar en torno a la suspensión provisional de los actos reclamados -veinticuatro horas-, de modo que dicha circunstancia es suficiente para establecer que el quejoso no tenía obligación de agotar el recurso de revocación previsto en aquella norma estatal.

Aspecto que patentiza lo infundado de los argumentos hechos valer por la autoridad responsable.

Por otra parte, este tribunal advierte que el segundo agravio sintetizado en el inciso b), también es infundado, en virtud de que el Juez de Distrito analizó y valoró de manera congruente y exhaustiva las actuaciones remitidas por la recurrente vía informe justificado, puesto que a partir del examen de ellas, específicamente de la documental de la que se desprende que se levantó razón sobre la diligencia de diez de agosto de dos mil doce, en la que se hizo constar la pretensión de notificar personalmente al quejoso el crédito fiscal determinado en su contra, advirtió la ilegalidad de la valoración del acta en la que se indicó que no era posible llevar a cabo la comunicación respectiva en el domicilio ubicado en calle **********, número **********, lote **********, manzana **********, fraccionamiento **********, en Gómez Palacio, Durango, toda vez que se refirió imprecisamente que en aquélla se había asentado que el inmueble se encontraba deshabitado.

Los argumentos que al respecto formuló el juzgador en comento son:

1. Si bien la autoridad responsable expresó en su informe justificado que el ejecutor mencionó que el domicilio se encontraba deshabitado, lo que imposibilitó la práctica de la notificación personal ordenada en el procedimiento de origen; en el acta de diez de agosto de dos mil doce, que anexó a dicho comunicado, no constan debidamente circunstanciados los motivos de los que se advierta que el fedatario se cercioró de haberse constituido en el domicilio señalado para llevar a cabo la diligencia y, en su caso, las características del inmueble, aunado a que no se observó que se hubiere presentado en aquél en días y horas diferentes, a fin de notificarle de manera personal el crédito fiscal fincado; y, que no obstante ello, nadie lo atendió, pese a los llamados que efectuó, ni se asentaron datos fidedignos que permitieran establecer que el domicilio estaba desocupado, obtenidos de algún vecino.

Circunstancias que generaron falta de certeza respecto a si la notificación se efectuó de forma legal, pues no se asentaron los elementos confiables suficientes que permitieran a las autoridades llevar a cabo la diligencia de la manera en que lo efectuaron.

2. Que las irregularidades previamente destacadas motivaron que el tesorero municipal acordara la notificación por estrados del crédito fiscal, así como todas las subsiguientes en el procedimiento administrativo de ejecución, sin exponer los fundamentos y motivos por los cuales aplicó supletoriamente el Código Fiscal de la Federación, al Código Fiscal Municipal del Estado de Durango.

Consideraciones del Juez de Distrito que este tribunal califica como acertadas.

Entre las constancias que integran el juicio de amparo correspondiente, se aprecia el acta circunstanciada de diez de agosto de dos mil doce, cuya imagen se inserta a continuación:

Ver imagen

(Foja 62 del juicio de amparo indirecto 1580/2016)

Dicha acta, según se advierte de autos, fungió como sustento del acuerdo por el que se ordenó la notificación por estrados al quejoso dentro del procedimiento administrativo de ejecución relativo al crédito fiscal **********, por considerar que tal vía es la procedente para la práctica de las notificaciones personales para efectos del impuesto predial, de acuerdo con los artículos 102 del Código Fiscal Municipal del Estado de Durango y 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

Documental que, como bien lo sostuvo el a quo, no se encuentra debidamente circunstanciada y, por tanto, su valoración para el dictado del auto mencionado trastoca los derechos del inconforme, relativos al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, así como el de audiencia contemplado en el artículo 14 constitucional, en virtud de que para que procediera ordenar las notificaciones por estrados, primeramente debía quedar demostrado de manera plena, que el domicilio indicado para oír y recibir comunicaciones se encontraba deshabitado; circunstancia que no aconteció, dado que, contrario a lo que expresó la autoridad responsable en su informe justificado, el ejecutor no pormenorizó tal aspecto ni su conclusión.

Ello es así, toda vez que las autoridades se encuentran obligadas a practicar las notificaciones atendiendo a formalidades que no generen incertidumbre en torno al conocimiento por parte del destinatario de la información que se le dirige, lo cual implica que el funcionario respectivo debe asentar la razón de los elementos que lo condujeron a la convicción de los hechos.

Cierto, atento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las actas de asuntos no diligenciados que sustentan la notificación por estrados cuando existe abandono del domicilio fiscal después de iniciadas las facultades de comprobación, deben contener razón pormenorizada de esa desocupación, en virtud de que tal comunicación tiene como presupuesto fundamental la circunstancia de que se intentó trasmitir personalmente el acto de autoridad, pero el notificador se encontró imposibilitado para dar a conocer al gobernado esa comunicación por el abandono señalado.

Esto es, el ejecutor debe circunstanciar los hechos u omisiones que se conocieron a través de la diligencia, entre otros, establecer con claridad y precisión que efectivamente se constituyó en el domicilio de la persona buscada, la hora y fecha en que se practicaron las actuaciones, datos necesarios que evidencien el momento en que se desahogaron, cómo se percató de que el lugar estaba cerrado y desocupado y, en su caso, qué vecinos le informaron que estaba ausente el contribuyente visitado, asentando las razones que se hayan expuesto en ese sentido.

Además, si las formalidades que la ley exige para la práctica de las notificaciones personales se encuentran orientadas a que exista certidumbre de que el interesado tendrá conocimiento de la resolución o, cuando menos, que exista presunción fundada de que la determinación será conocida por el interesado o su representante, debe existir la certeza de que la notificación no se efectuó en el domicilio fiscal por el abandono del contribuyente de ese lugar, una vez iniciadas las facultades de comprobación; ello, con el propósito de que se satisfagan los requisitos de motivación y fundamentación de los que debe estar revestido todo acto de autoridad, y a fin de no provocar incertidumbre en la esfera jurídica del gobernado.

Por tanto, se itera, el Juez de Distrito actuó con acierto al determinar que el acta de diez de agosto de dos mil doce no fue debidamente circunstanciada, debido a que el ejecutor no especificó o detalló que el inmueble en el que pretendió practicar la notificación personal del oficio **********, se encontraba deshabitado, a lo cual se encontraba obligado.

Cobra aplicación la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que expresa lo siguiente:

"EJECUCIÓN FISCAL. SE VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA AL CAUSANTE SI SE INICIA EL PROCEDIMIENTO SIN NOTIFICAR AL QUEJOSO LA EXISTENCIA DEL CRÉDITO.-Aun cuando en la secuela del juicio de nulidad la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal demuestre haber iniciado y notificado al causante el procedimiento de ejecución fiscal relativo a un crédito fiscal, si no se demuestra que previamente se le hubiera hecho saber al causante la existencia de tal crédito y la obligación que tenia de pagarlo, se viola así en su perjuicio la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 constitucional, pues queda co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27141-9a27f4c9/recurso-de-revocacion-previsto-en-la-ley-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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