DECLARACIÓN AUTOINCRIMINATORIA DEL IMPUTADO, RENDIDA ANTE AUTORIDAD DISTINTA DEL MINISTERIO PÚBLICO O DEL JUEZ, O ANTE ÉSTOS SIN LA PRESENCIA DEL DEFENSOR. CARECE DE VALOR PROBATORIO CON INDEPENDENCIA DEL MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE HAYA INTRODUCIDO FORMALMENTE AL PROCESO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 6 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HUGO RICARDO RAMOS CARREÓN Y JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES. DISIDENTE: JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ BARBA. PONENTE: HUGO RICARDO RAMOS CARREÓN. SECRETARIO: MARIO HAZAEL ROMERO MEJÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia.
Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los dispositivos 27, 28, 29, 30 y 39 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos entre dos Tribunales Colegiados en Materia Penal pertenecientes a este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación.
La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en función a que fue promovida por una de las partes en un asunto que motivó la denuncia referida.
TERCERO.-Las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, en las ejecutorias respectivas, son las siguientes:
1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 102/2015, de su índice, el trece de agosto de dos mil quince, entre sus consideraciones, destacó:
"En efecto, opuestamente a lo alegado por el solicitante de amparo, la responsable en ningún momento omitió precisar la temporalidad y peculiaridad de los efectos permanentes de la organización delictiva, sino que destacó las pruebas que demostraban tales extremos y que hizo consistir en las siguientes: 1. Copia certificada del escrito que contiene denuncia anónima de hechos.-2. Informe de tres de julio del dos mil cuatro emitido por los policías investigadores ********** y **********.-3. Informes de cinco, nueve, veintidós, veintiséis y veintiocho de julio de dos mil cuatro, expedido por los policías investigadores **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********; y 4. Oficio de puesta a disposición signado por **********, ********** e **********, elementos del Ejército Mexicano.-Probanzas a las que el tribunal de apelación les reconoció valor jurídico indiciario, en atención a lo dispuesto por el artículo 289, relacionado con el numeral 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, ambos de aplicación supletoria, en términos del diverso 7 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ya que, en efecto, al haber sido ratificados por sus emitentes ante el órgano investigador, constituyen instrumental de actuaciones.-Esto último se afirma porque, como igualmente lo señaló la responsable, en esas probanzas se narraron acontecimientos relacionados con el delito imputado al aquí quejoso y que motivaron su detención con otros sujetos."
2. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 16/2015, de su índice, el uno de julio de dos mil quince, estableció lo siguiente:
"No se inadvierte la declaración ministerial de **********, comandante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de **********, de veinticuatro de julio de dos mil dos, quien manifestó que logró saber que el secuestro del empresario ********** fue realizado por profesionales, que por ese hecho se entrevistó con personal del área de Antisecuestros de la ciudad de **********, y logró saber que ese secuestro lo realizó la banda denominada **********, lidereada por **********, alias ********** o **********; luego, el veintitrés de marzo de dos mil, intentaron secuestrar a los agricultores **********, **********, ********** y **********, en **********, **********; en ese operativo se detuvo a **********, quien dijo que participó en el secuestro de diversos sujetos, entre ellos **********; que en ese secuestro también participó ********** que en ese asunto pidieron dos millones de dólares, que llegaron a **********, **********, sin conocer a nadie, y que **********, alias **********, fue quien ‘puso’ al joven de apellidos ********** para que lo secuestraran; explicó las diversas negociaciones que se realizaron por el rumbo de **********, **********, ********** (**********), y en otras tres ocasiones por el puerto de **********, **********, en el que dejaban recados en los señalamientos que decían el kilometraje de velocidad que hay en la carretera libre; asimismo, destacó que al secuestrado lo habían matado por órdenes de ********** y **********, aclaró que él no participó en el homicidio, sino que de eso tuvo conocimiento por comentarios del occiso **********, también le comentó que el agraviado estaba enterrado en las inmediaciones de una parcela cerca de **********, ********** (fojas 3 a 7 del tomo II).-Sin embargo, es la única probanza que relaciona a ********** con el secuestro de **********; pero indebidamente la responsable la tomó en cuenta para atribuirle responsabilidad al acusado en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, con la agravante de homicidio en agravio de **********; pues en él se plasmó el resultado de la ‘entrevista’ realizada a ********** o **********, lo cual es incorrecto, ya que ningún agente policiaco se encuentra facultado para recabar declaraciones o confesiones, como se verá a continuación: Al respecto, el Pleno de este Tribunal Colegiado, al resolver en sesión celebrada el once de diciembre de dos mil trece, el amparo directo 230/2013 y el diverso 185/2014, resuelto en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, restó eficacia probatoria a esa declaración, dado que la información que el agente ********** proporcionaba, no era propiamente un informe, sino una ‘entrevista’ que se sostuvo con el testigo y constituía una pretendida confesión de ********** o **********; por eso, en el caso también debe prescindirse de la información proporcionada por ese agente en su declaración y por haberse declarado así en diversa ejecutoria de amparo."
3. Asimismo, el referido Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el diverso juicio de amparo directo 235/2013, de su índice, el once de diciembre de dos mil trece, determinó lo siguiente:
"Precisado lo anterior, corresponde ahora abordar el estudio concreto respecto de la elaboración de la placa fotográfica a partir de la cual, se hizo el reconocimiento e imputación del quejoso, puede considerarse como prueba obtenida ilícitamente y, por tanto, no debe tener eficacia en el proceso penal.-Debe destacarse que la referida placa fotográfica, a partir de la cual se dio la identificación del quejoso (así como la de los restantes involucrados) fue exhibida por elementos de la Policía Ministerial, sin embargo, los policías ministeriales no precisan a qué tipo de registros o archivos se refieren, a fin de verificar si éstos tienen alguna base legal o constitucional que les dé origen, es decir, no se está en posibilidad de precisar su origen con base en una autorización legal que sustentara dicho acto de molestia, según se explica a continuación: El artículo 20 constitucional establece algunos derechos públicos subjetivos en favor de una categoría de sujetos (inculpados) en determinada circunstancia o situación jurídica (proceso penal). Es decir, contiene derechos que una persona humana puede esgrimir frente al Estado y que éste, en consecuencia, debe respetar.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido como criterio jurisprudencial que los derechos contenidos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política, deben entenderse desde que una persona es puesta a disposición del Ministerio Público, esto es, desde la averiguación previa.-En dicha tesis se señala lo siguiente: ‘DEFENSA ADECUADA. ALCANCE DE DICHA GARANTÍA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).’ (inserta contenido).-Por lo que hace al caso, resulta necesario que para que no hubiera una violación a esta garantía, se les informara a las personas detenidas su situación jurídica junto con los derechos que como tal se les debía (necesariamente) otorgar. Esto, con el fin de que dichas personas no quedaran en un estado de indefensión, pudieran preparar su defensa, pero sobre todo, hubieran tenido la oportunidad de oponerse a actos de la autoridad, que se constituyen en actos de molestia.-El artículo 20 constitucional, en su apartado A, plasma los derechos que tiene todo inculpado, asimismo, en la tesis jurisprudencial anteriormente citada, emitida por ese Alto Tribunal, se deslinda que esos derechos otorgados a todo inculpado se extiende hasta aquellas personas que son llevadas al Ministerio Público; procede entonces determinar si el acto de toma de fotografías ante agentes del Ministerio Público sin que se tenga la certeza de su origen, resulta acto de molestia. Para eso, es necesario hacer un análisis de los preceptos constitucionales y de los criterios jurisprudenciales sobre dicho acto.-Para efectos del presente estudio, es necesario señalar, con respecto al primer párrafo del artículo 16 constitucional, que el mismo hace referencia a los actos de autoridad, los cuales, según se establece ahí, deben satisfacer los siguientes requisitos para que éstos no sean contrarios a derecho: • Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. • Ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un precepto legal. • El requisito de fundamentación y motivación exigido por este artículo implica una obligación para las autoridades, de cualquier categoría que éstas sean, de actuar siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución.-Dentro de nuestro régimen constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye la ley. • Los actos administrativos que no estén autorizados por ley alguna, importan violación de garantías.-Según el criterio jurisprudencial que a continuación se cita, se puede determinar qué se entiende como acto de molestia: ‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.’ (inserta contenido).-De todo lo anterior, se tienen los siguientes puntos, necesarios e importantes para aterrizar a la conclusión específica: Las autoridades sólo pueden hacer lo que expresamente se les confiere por ley.-Se entiende por acto de molestia aquel que restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos.-Todo acto de molestia deberá seguir los requisitos que establece el artículo 16 del Texto Constitucional.-Por otro lado, establece tres requisitos que deben satisfacer los actos de molestia para no ser contrarios a la norma constitucional, éstos son: Se exprese por escrito.-Provenga de autoridad competente.-En dicho documento por escrito, se funde y motive la causa legal del procedimiento.-Así al haber tomado fotografías al hoy quejoso (y demás coinculpados), cuando sólo se había ordenado la investigación de los hechos por parte del Ministerio Público sí configura un acto de molestia; pues si bien, el artículo 16 es claro en proteger a la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, entendemos que dicho acto efectivamente molesta a la persona. Lo anterior, porque se está haciendo uso de su imagen, lo cual, como más adelante se analizará, es violatorio de derechos fundamentales.-Por otro lado, se considera un acto de molestia, en tanto que cubre el supuesto de menoscabar o restringir derechos de la persona (como anteriormente se dijo), además de que es continuo, pues hasta que no se eliminen dichas fotografías o hasta que no dejen de existir, la molestia continuará.-Para reforzar lo anterior, se hará un análisis con respecto a los derechos fundamentales que se consideran violados en dicho acto de molestia, entre los que se encuentran el derecho a la honra y a la dignidad, se encuentran plasmados en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: ‘Artículo 17.’ (transcribe artículo).-Así como en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: ‘Artículo 11.’ (inserta contenido).-El derecho al respeto de la honra y reconocimiento a la dignidad se encuentra vinculado con el derecho al buen nombre, el cual, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas, tendenciosas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo.-En su Observación General Número 16, el Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de interpretar sus disposiciones, insiste en la obligación del Estado de adoptar medidas legislativas para tutelar el derecho a la intimidad frente a todo tipo de injerencias y señala en cuanto a la solicitud -y, por tanto, la difusión- de información sobre la vida privada lo siguiente: 3. El término ‘ilegales’ significa que no puede producirse injerencia alguna, salvo en los casos previstos por la ley. La injerencia autorizada por los Estados sólo puede tener lugar en virtud de la ley, que a su vez debe conformarse a las disposiciones, propósitos y objetivos del pacto.-7. ... las autoridades públicas competentes sólo deben pedir aquella información relativa a la vida privada de las personas, cuyo conocimiento resulte indispensable para los intereses de la sociedad en el sentido que tienen con arreglo al Pacto. En consecuencia, el comité recomienda que los Estados señalen en sus informes las leyes y reglamentos que regulan las injerencias autorizadas en la vida privada.-10. La recopilación y el registro de información personal en computadoras, bancos de datos y otros dispositivos, tanto por las autoridades públicas, como por las particulares o entidades privadas, deben estar reglamentados por la ley. Los Estados deben adoptar medidas eficaces para velar porque la información relativa a la vida privada de una persona no caiga en manos de personas no autorizadas por ley para recibirla, elaborarla y emplearla y porque nunca se utilice para fines incompatibles por el pacto. Para que la protección de la vida privada sea lo más eficaz posible, toda persona debe tener el derecho a verificar si hay datos personales suyos almacenados en archivos automáticos de datos y, en caso afirmativo, de obtener información inteligible sobre cuáles son esos datos y con qué fin se han almacenado. Asimismo, toda persona debe poder verificar qué autoridades públicas o qué particulares u organismos privados controlan o pueden controlar esos archivos. Si esos archivos contienen datos personales incorrectos o se han compilado en contravención de las disposiciones legales, toda persona debe tener derecho a pedir su rectificación o eliminación.-Se desprende de los puntos antes citados, que se refuerza lo que se sustenta desde el principio del presente apartado; por un lado, que las autoridades sólo están facultadas para hacer lo que expresamente la ley les permite; por otro, que el Estado tiene la obligación de velar por la protección de los datos personales, así como por los derechos de la persona; a lo que se deduce, que dicho documento internacional tiene como finalidad proteger los derechos personales ante los actos de autoridad. Esto, de ser así, implica que se consideran violados derechos fundamentales cuando: 1. La autoridad no actúa conforme o con fundamento en una ley que la faculte.-2. La autoridad no respeta los derechos fundamentales de la persona.-Lo anterior, tomando en cuenta, asimismo, lo establecido por la Observación General Número 16, el Comité de Derechos Humanos con respecto al artículo 17 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, antes citado, con respecto a su décimo artículo, el cual establece que la recopilación y el registro de información personal deben estar reglamentados por la ley.-Por todo lo anterior, y en el mismo sentido, todo Estado debe garantizar la tutela de los datos personales, entre los cuales están aquellos relativos a las características físicas y el domicilio; de ahí que, al respecto, el Estado Mexicano tiene por lo menos las dos obligaciones siguientes: a) Solicitar o registrar información que contenga datos personales sólo en los casos previstos por la ley; b) Dar trato confidencial a tales datos, lo que implica utilizarlos o revelarlos sólo con el consentimiento de la persona a quien correspondan.-Al respecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece a la letra lo que a continuación se indica: ‘Artículo 3.’ (inserta contenido).-‘Artículo 13.’ (inserta contenido).-‘Artículo 18.’ (inserta contenido).-Con lo anterior, se concluye que la obtención de fotografías por parte de la autoridad a cualquier persona, sin importar su situación jurídica, efectivamente representa un menoscabo y un deterioro en los derechos de ésta. Dicho menoscabo y deterioro resulta de naturaleza continuado, pues hasta que el resultado del acto (las fotografías) no sean eliminadas, el acto de molestia continúa. Más aún, si este acto de molestia no cumple con los requisitos constitucionales, internacionales y legales debidos, lo cual resulta contrario a derecho y violatorio de derechos fundamentales.-Por último, si no se hizo valer el derecho de defensa adecuada que se extiende a cualquier persona que sea presentada ante el Ministerio Público, evidentemente se está en presencia de violación de garantías; pues el hoy quejoso no tuvo oportunidad de oponerse al acto de molestia, es decir, a la toma de fotografías; lo cual, aunado con todo lo anterior, lo vuelve contrario a la Constitución y violatorio de derechos fundamentales.-En este orden de ideas, es evidente que la referida impresión fotográfica fue obtenida en contravención a derechos fundamentales, razón por la cual, debe ser considerada como prueba ilícita, esto es, no puede concedérsele ninguna eficacia dentro del expediente formado en contra del quejoso.-Es de vital importancia señalar que si la referida impresión fotográfica tiene el carácter de prueba ilícita, toda actuación que se haya desahogado y que se encuentre estrechamente vinculada con la misma debe considerarse igualmente ilícita, esto es, que no debe tener eficacia alguna dentro de la causa penal; en este supuesto se encuentran las declaraciones de **********, **********, ********** o **********, ********** o ********** y ********** o ********** o ********** o ********** y ********** -agregadas en las páginas ciento cincuenta y tres a cuatrocientos tres del tomo I de la causa penal-, en la cuales se realizó una imputación directa contra el quejoso, a partir de serles mostrada la fotografía de éste, esto es, inducidas, pues conforme a las probanzas ofertadas en el sumario (careos y posteriores interrogatorios) se retractan y dicen no haber participado en la organización criminal, ni haber reconocido al quejoso como parte de la supuesta organización criminal, ya que fueron presionados y obligados a hacerlo.-Lo anterior, resulta de suma importancia, toda vez que de darse eficacia a dichos medios de prueba que tienen relación directa con una prueba obtenida ilícitamente (álbum fotográfico) se estaría convalidando la actuación contraria a la Constitución realizada por el órgano investigador.-Al respecto, debe señalarse que las declaraciones en que se actualizan los vicios de ilicitud a que se ha hecho referencia podrán tener valor probatorio en aquella parte en que los testigos declararon libremente y deberán considerarse como ilícitamente obtenidas en la parte en que se indujo el señalamiento del quejoso, a partir de haberles sido mostrada la aludida impresión fotográfica, con base en lo cual, hicieron diversas imputaciones."
CUARTO.-Procedencia de la contradicción de tesis.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente cuáles son los requisitos necesarios para la existencia de una contradicción de tesis, a saber:
I. La presencia de dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y,
II. Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.
El criterio anterior se sustenta en la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)
QUINTO.-Existencia de la contradicción de tesis respecto al tema relativo a la obtención de fotografías del inculpado y su uso para el reconocimiento de éste.
En principio, es conveniente mencionar que la denuncia de contradicción de tesis formulada en relación con dicho tópico, se planteó en los términos siguientes:
"1) Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo penal 102/2015, promovido por el suscrito, en mi carácter de quejoso, en el cual se sostuvo que la obtención de fotografías del quejoso y el uso ilegal de mi imagen no era un acto violatorio de mis derechos humanos; y el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo penal 235/2013, en el cual, se concedió la protección constitucional para que la autoridad responsable excluyera del material probatorio las fotografías agregadas que correspondían a aquel quejoso y margine de eficacia demostrativa las declaraciones ministeriales de los indiciados en la parte que hicieron el reconocimiento del quejoso a través de las fotografías que les mostraron.-2) Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo penal 102/2015, promovido por el suscrito, en mi carácter de quejoso, en el cual, sostuvo el criterio que fue correcto que la autoridad responsable otorgara eficacia probatoria a la entrevista contenida en la parte informativa de puesta a disposición del quejoso en la que los captores recaban declaraciones al defendido; y el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo penal 16/2015, en el cual, se concedió la protección constitucional solicitada a efecto de que se restara eficacia probatoria a la pretendida confesión del detenido recabada en forma de ‘entrevista’."
De la transcripción anterior, atendiendo a la causa de pedir, se colige que el denunciante refiere que existe contradicción de criterios entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 102/2015, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el diverso juicio de amparo directo 235/2013, porque el primero sostuvo que la obtención de fotografías del inculpado y su uso para reconocimiento, no es violatorio de sus derechos humanos; en tanto que el segundo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable excluyera del material probatorio las fotografías correspondientes al inculpado, y prescindiera de otorgar valor probatorio alguno a las declaraciones ministeriales de diversos coinculpados, en la parte en que reconocen al quejoso a través de las referidas fotografías.
De la ejecutoria relativa al juicio de amparo directo 102/2015, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, se desprende que, en relación con el tema controvertido, se dijo lo siguiente:
"Sin que le asista la razón al aquí inconforme, cuando expone que el reconocimiento que de su persona efectuaron los testigos colaboradores a través de una fotografía, no cumplieron con las exigencias del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues la representación social omitió constar de dónde obtuvo la misma.-Empero, de las pruebas valoradas por la responsable, específicamente de los informes de los elementos de la Agencia Federal de Investigaciones de veintidós, veintiséis y veintiocho de julio de dos mil cuatro, se llega al conocimiento de la procedencia de la fotografía del ahora quejoso.-Es decir, se encuentra justificada la incorporación a la indagatoria de esa fotografía como resultado del ejercicio de las facultades de investigación con que cuenta el agente del Ministerio Público de la Federación, bajo cuyo mando y auxilio se encuentra la policía investigadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Federal, así como del diverso 113 del Código Federal de Procedimientos Penales."
De la transcripción anterior, se desprende que se otorgó valor probatorio a una fotografía del inculpado, así como al reconocimiento que de él efectuaron diversos testigos colaboradores, a través de dicha fotografía, porque se llegó al conocimiento de la procedencia de esta última, es decir, porque su incorporación a la indagatoria se encontraba justificada, al ser resultado del ejercicio de las facultades de investigación con que cuenta el agente del Ministerio Público de la Federación.
Por otro lado, de la ejecutoria relativa al juicio de amparo directo 235/2013, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, se advierte que, en relación con el tema controvertido, se indicó lo siguiente:
"Precisado lo anterior, corresponde ahora abordar el estudio concreto respecto de la elaboración de la placa fotográfica a partir de la cual se hizo el reconocimiento e imputación del quejoso, puede considerarse como prueba obtenida ilícitamente y, por tanto, no debe tener eficacia en el proceso penal.-Deb
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27178-6766bcff/declaracion-autoincriminatoria-del-imputado-rendida-ante-autoridad-distinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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