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CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 3/2017. · Registro digital (IUS): 27197
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-06-23
Promovente: METFORD SOLUCIONES EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Pág. 597.

AMPARO EN REVISIÓN 3/2017. METFORD SOLUCIONES EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 17 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

CONSIDERANDO:

15. PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo, fracción III, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de mayo de dos mil trece.

16. Lo anterior, en virtud de que se interpone contra una sentencia dictada en audiencia constitucional, en la que subsiste el problema de constitucionalidad respecto del artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación; materia administrativa, competencia de esta Segunda Sala.

17. SEGUNDO.-Legitimación. No es el caso de analizar la legitimación de los recursos de revisión principales, pues de este tema se ocupó debidamente el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en el considerando tercero(17) de la sentencia dictada en el amparo en revisión ********** en sesión de quince de diciembre de dos mil dieciséis.

18. Por su parte, la revisión adhesiva fue presentada por parte legitimada, ya que fue promovida por Daniel Rodríguez Hernández, representante legal de la empresa quejosa, carácter que le fue reconocido por el Juez de Distrito del conocimiento, mediante proveído de trece de agosto de dos mil quince;(18) y quien tiene interés en que subsista la determinación del Juez de Distrito del conocimiento, ya que le fue favorable a sus intereses.

19. TERCERO.-Oportunidad. El recurso de revisión principal, promovido por la directora general de Amparos contra Actos Administrativos de la Subprocuraduría Fiscal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se presentó en el plazo de diez días que establece el artículo 86, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor.

20. Es así, toda vez que la sentencia recurrida se notificó, mediante oficio 1254, a la autoridad responsable presidente de la República, el siete de abril de dos mil dieciséis;(19) actuación que de acuerdo con el artículo 31, fracción I, del ordenamiento legal citado, surtió efectos "... desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas".

21. Ahora bien, en términos del diverso numeral 28, fracciones I, primer párrafo, y II, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, la notificación a las autoridades responsables queda legalmente hecha cuando se entrega materialmente el oficio respectivo y se recaba la constancia de recibo correspondiente, lo que permite concluir que en el caso concreto tales notificaciones surtieron efectos el jueves siete de abril de dos mil dieciséis.

22. De ahí que el plazo para interponer el presente medio de impugnación transcurrió, para la responsable, del ocho al veintiuno de abril de dos mil dieciséis, sin contar los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete, por corresponder a sábados y domingos y, por tanto, inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo en vigor y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

23. En esas condiciones, si el escrito por el que se interpuso el recurso de revisión principal fue presentado, el martes diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en una Oficina de Correos de México de la Ciudad de México, según se advierte del sello respectivo (foja 131 del presente expediente), es inconcuso que dicho medio de impugnación se hizo valer en forma oportuna.

24. Por lo que hace a la revisión adhesiva presentada por la empresa quejosa, debe decirse que se presentó en tiempo, ya que el acuerdo por el cual se admitió el recurso de revisión principal de presidencia de la República, se notificó por lista a la parte quejosa el martes veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.(20)

25. En consecuencia, el término de cinco días a que se refiere el artículo 82 de la Ley de Amparo, transcurrió del jueves veintinueve de septiembre al miércoles cinco de octubre de dos mil dieciséis, descontando de ese cómputo los días uno y dos de octubre de dicho año, por corresponder a sábado y domingo y, por tanto, inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo en vigor y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si el escrito de revisión adhesiva se interpuso el cinco de octubre siguiente, es claro que su presentación fue oportuna.

26. CUARTO.-Antecedentes y contexto. Para una mejor comprensión del asunto, se considera conveniente sintetizar los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo, las consideraciones del Juez de Distrito y del Tribunal Colegiado del conocimiento, y los agravios del recurrente en su escrito de revisión.

27. El seis de mayo de dos mil quince, la Administración Central de Fiscalización Estratégica de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria determinó que Metford Soluciones en Limpieza, Sociedad Anónima de Capital Variable se ubicaba en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación por la expedición de comprobantes en relación a operaciones inexistentes.

28. El diez de junio de dos mil quince, la mencionada sociedad presentó demanda de amparo contra el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación derivado del primer acto de aplicación del oficio emitido el seis de mayo de dos mil quince.

29. El ocho de julio de dos mil quince, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón con sede en Coahuila de Zaragoza de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria emitió un oficio, mediante el cual se consideraba que la misma sociedad se ubicaba en el supuesto de la fracción X, inciso c), del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación.

30. Asimismo, el ocho de julio de dos mil quince, la Administración Central de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria emitió un oficio, en el que se dejó sin efectos el certificado de sello digital de la señalada sociedad anónima; precisamente, al tener conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes o simuladas.

31. A. Demanda de amparo. El once de agosto de dos mil quince, Metford Soluciones en Limpieza, Sociedad Anónima de Capital Variable presentó demanda de amparo contra la discusión, aprobación, expedición, promulgación y aplicación de la disposición normativa de la fracción X, inciso c), del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación; así como de los efectos y consecuencias ocasionados por su aplicación en relación a las siguientes autoridades:

31.1. a) El Congreso de la Unión por la discusión, aprobación y expedición;

31.2. b) El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por la promulgación y consecuente publicación;

31.3. c) El administrador local de Auditoría Fiscal de Torreón de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón con sede en Coahuila de Zaragoza de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria por la aplicación de la norma en el oficio en el que se consideró que la misma sociedad se ubicaba en el supuesto de la fracción X del primer párrafo del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación; y,

31.4. d) La Administración Central de Servicios al Contribuyente de la Administración Central de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria también por su aplicación en el oficio, mediante el que se dejó sin efectos el certificado de sello digital de la señalada sociedad anónima.

32. En su demanda de amparo, la quejosa inicia por puntualizar que la misma fue presentada en tiempo, ya que los actos de aplicación impugnados fueron emitidos el ocho de julio de dos mil quince, pero fueron notificados a la quejosa hasta el veintiuno de julio del mismo año. Por su parte, y por lo que al caso interesa, expuso los siguientes conceptos de violación:

33. a.1. Acceso a la justicia, garantía de audiencia y debido proceso. De acuerdo con la sociedad demandante, los actos de aplicación reclamados vulneran la garantía de audiencia y debido proceso, pues no permiten la oportunidad de ser oído y vencido en juicio antes del acto privativo, es decir, antes de resolver los medios de impugnados en los que se controvierte que la quejosa se encuentra en el supuesto del primer párrafo del artículo 69-B por la emisión de comprobantes fiscales basados en operaciones inexistentes, se le cancela su certificado de sello digital. Para ello, desarrolló los siguientes argumentos:

33.1. Afirmó que no se le otorgó tiempo para demostrar que las operaciones eran reales antes de emitir el acto privativo consistente en dejar sin efectos su certificado de sello digital, por lo que se viola gravemente la garantía de audiencia y de debido proceso. Máxime que los medios de impugnación interpuestos en contra de la presunción de operaciones inexistentes de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación se encuentran sub júdice (en un diverso juicio de amparo).

33.2. Argumentó que lo anterior viola su derecho fundamental de acceso a la justicia, consagrado tanto en el artículo 17 constitucional, como en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como su derecho al debido proceso reconocido en el artículo 14 constitucional. Por tanto, solicitó se conceda el amparo contra los efectos de la norma impugnada o en su defecto emitir un nuevo oficio en el que se le permita seguir emitiendo comprobantes fiscales, en tanto no exista una resolución con carácter de definitiva en relación con las supuestas operaciones inexistentes.

34. a.2. Principios de legalidad y, de fundamentación y motivación. La quejosa alegó que el artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, la deja en un estado de indefensión, ya que no establece con claridad: a) cuándo quedaran sin efectos los certificados de sello digital como el de la quejosa; b) cuáles son las circunstancias específicas que deberán tomarse en consideración para poder determinar válidamente que los comprobantes se utilizaron para la realización de operaciones inexistentes; c) qué periodos abarcará la cancelación; y, d) que estas causales de causación deberán ser debidamente emitidas mediante resolución fundada y motivada emitida por la autoridad competente.

35. De esta forma, la quejosa señaló que el simple hecho de que la autoridad fiscal tenga conocimiento de una supuesta inexistencia de operaciones para generarle consecuencias jurídicas por una mera presunción vulneraría el principio de legalidad. Y al efecto, desarrolló las siguientes premisas:

35.1. Argumentó que la cancelación del certificado sólo debe proceder una vez que ha concluido el procedimiento establecido en el artículo 69-B y hasta que exista una resolución con carácter de definitiva, emitida por un tribunal competente que encuadre al contribuyente en la hipótesis prevista el primer párrafo fracción X del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que dicha situación esté debidamente comprobada y sea cosa juzgada.

35.2. Asimismo, consideró que el oficio reclamado por ser el primer acto de aplicación también se reclama por vicios propios, por una indebida fundamentación y motivación, limitando así una adecuada defensa.

36. a.3. Aplicación retroactiva. La quejosa se dolió de la aplicación retroactiva del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación como base para considerar que se actualizaba la causal prevista en el artículo 17-H, fracción X, inciso c) y cancelarle su certificado de sello digital. Al respecto, señaló que se le imputan la emisión de comprobantes basados en operaciones inexistentes emitidos en el ejercicio fiscal del dos mil once, a pesar de que el mencionado artículo 69-B entró en vigor el uno de enero de dos mil catorce. En este sentido, afirmó que se le pretende aplicar una ley que se dictó con posterioridad a un hecho, estableciendo consecuencias que eran desconocidas por quien realizó ese hecho al amparo de una norma anterior; y para ello desarrolló las siguientes premisas:

36.1. Puntualizó que a partir de la entrada en vigor de la norma no se han ejercido facultades de comprobación en los ejercicios del dos mil catorce y dos mil quince, como para que se pueda determinar válidamente con base en esa norma si se emitieron comprobantes sin operaciones reales. Asimismo, refiere que no se trata de una conducta continuada, de tal forma que no se ha acreditado que dicha conducta se pudiera estar realizando actualmente, como para poder aplicar la norma para los ejercicios fiscales en los que la norma ya estaba vigente.

36.2. Concluyó que se debía otorgar el amparo para dejar sin efectos en su esfera jurídica los oficios reclamados del ocho de julio de dos mil quince. De igual forma, señala en este concepto de violación que debió otorgarse el amparo respecto del oficio de fecha seis de mayo en el que se consideraba que se encontraba en el supuesto del mencionado artículo 69-B, a pesar de no haber sido señalado como acto reclamado al inicio de la demanda.

36.3. Finalmente, solicitó que se estudie de manera ex officio el presente asunto y si existiese algún derecho humano contemplado en la Constitución Federal o en tratados internacionales de los cuales México sea parte que haya sido violado o dejado de aplicar, se aplique en beneficio de la quejosa o se desaplique al caso concreto. Así, demanda (sic) se atienda a la interpretación más favorable a su persona y se dejen de aplicar las normas que contravengan o limiten sus derechos humanos, declarando como consecuencia la inconstitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

37. a.4. Derecho al honor. En la última parte de su escrito, la quejosa argumentó que el artículo 69-B es inconstitucional porque transgrede el derecho humano al honor, la buena reputación y buena fama, al establecer una descalificación pública y notoria al publicarle en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria como realizando operaciones inexistentes, generándole un claro perjuicio respecto a sus clientes y al público en general. Igualmente, alegó que, por las mismas razones se violó la prohibición del artículo 22 constitucional de establecer sanciones infamantes, el principio de presunción de inocencia, y resulta desproporcional.

38. B. Sentencia recurrida. En la sentencia impugnada el Juez de Distrito determinó por una parte sobreseer en el juicio y, por otra, otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a la empresa quejosa, de conformidad con las consideraciones que a continuación se indican:

39. b.1. Por lo que hace al sobreseimiento, al analizar las causas de improcedencia, en el considerando tercero, de oficio consideró actualizada la prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de dicho ordenamiento legal, ya que de conformidad con dicho preceptos legales el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente.

40. Al respecto, advirtió que de las constancias que obran en autos se desprende que la quejosa conocía la existencia de los oficios *********, ********* y **********, desde el veintiuno de marzo de dos mil trece; diecinueve de marzo de dos mil catorce, y once de septiembre de dos mil catorce, respectivamente, por lo que para el día uno de octubre de dos mil quince, en que presentó su escrito de ampliación de demanda de amparo, ya había transcurrido en exceso el término de quince días previsto para tal efecto en el artículo 17 de la Ley de Amparo.

41. b.2. Derechos de audiencia y debido proceso. El Juez de Distrito sólo entró al estudio del concepto de violación consistente en que el artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, es violatorio de los derechos de audiencia y debido proceso, consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, al no otorgar la oportunidad de ser oído y vencido en juicio antes del acto privativo, consistente en la cancelación de los certificados de sello digital, ya que lo consideró fundado y suficiente para otorgar el amparo, con base en los siguientes razonamientos:

41.1. El precepto impugnado prescribe que si durante el procedimiento de administrativo de ejecución desapareciere o no fuera localizado el contribuyente o se detectaran irregularidades relacionadas con operaciones inexistentes, se procedería a dejar sin efectos los certificados emitidos por el Servicio de la Administración Tributaria, en favor del contribuyente.

41.2. Por lo anterior, es posible concluir que dicha medida tiene como finalidad impedir al gobernado que continúe desarrollando su actividad al amparo del certificado otorgado por el Servicio de Administración Tributaria, lo que constituye una medida de carácter definitivo, ya que no establece temporalidad, ni de la referida norma se advierte que su fin sea asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, por lo que la privación de los derechos que produce en los gobernados no se encuentra sujeta a ninguna condición, sino que constituye la finalidad propia de la resolución tomada, porque produce los efectos de una cancelación; es decir, la supresión definitiva del certificado obtenido por el contribuyente.

41.3. La determinación que deja sin efectos los certificados se actualiza de forma inmediata, por el solo hecho de ubicarse en el supuesto de la norma, y por tal motivo dicha medida no puede considerarse como una de carácter provisional, ya que el efecto de la misma no es la suspensión o restricción temporal del certificado, sino su revocación.

41.4. Lo anterior, se confirma ya que del precepto impugnado se desprende que los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efecto el certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento que, mediante las reglas de carácter general, determine el Servicio de Administración Tributaria para subsanar las irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de obtener un nuevo certificado.

41.5. En conclusión, previo a dejar sin efecto el certificado de sello digital, no se contempla un procedimiento en el que se brinde oportunidad de ser oído y vencido al contribuyente, por lo que resulta contrario al artículo 14 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano.

41.6. El numeral reclamado no contempla que cuando un contribuyente se encuentre en el supuesto de la hipótesis normativa de la fracción X, le sea comunicado el inicio del procedimiento, así como el contenido de la cuestión a debatir y de los efectos que se producirán en caso de que prospere la acción intentada; tampoco contempla darle al contribuyente la oportunidad de presentar su defensa, que una vez agotada dicha etapa, se le brinde al interesado o involucrado la oportunidad de presentar alegatos; y que el procedimiento concluya con una resolución completa, congruente e imparcial, antes de que sea dejado sin efectos su certificado de sello digital, mucho menos, contempla la posibilidad de que se notifique al sancionado respecto de la resolución dictada en su perjuicio.

42. C. Recurso de revisión principal. El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos presentó recurso de revisión contra la determinación anterior.

43. Antes de presentar sus agravios, el recurrente señaló que la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había conocido de un asunto como el planteado en el caso, a saber, el amparo en revisión **********, en el que se determinó que la cancelación del certificado de sello o firma digital del contribuyente no constituye una medida de carácter definitivo, pues únicamente restringe de manera provisional o preventiva sus derechos.

44. En este sentido, en el recurso de revisión se destacó que la cancelación de los certificados no constituyen un acto privativo regido por el artículo 14 constitucional, sino que únicamente constituye un acto de molestia, pues el mismo código establece un procedimiento con el que podría recuperar el certificado cancelado, a saber, el procedimiento de aclaración en el que se otorga la oportunidad de subsanar las irregularidades o desvirtuar los hechos que dieron lugar a la cancelación. Así, afirmó que al tener la oportunidad de ofrecer pruebas no se deja a los particulares en un estado de indefensión, por lo que no existía una violación a la garantía de audiencia y debido proceso.

45. Al respecto, el recurrente hizo especial énfasis en que dicha cancelación es una medida cautelar que tiene por objeto evitar que se sigan emitiendo comprobantes fiscales que pudieran afectar a terceros y se pudiera evitar la comisión o continuación del delito de defraudación fiscal. En particular, destacó que son medidas cautelares, en tanto la privación no es el fin buscado sino sólo un mecanismo accesorio, es sumaria al tener plazos breves, garantiza la protección de un derecho en tanto se emita una resolución definitiva y busca reponer el ordenamiento jurídico.

46. Ahora bien, el recurrente manifestó los siguientes agravios en su recurso:

47. c.1. Es una medida cautelar. Reiteró que consideraba incorrecta la determinación del Juez de Distrito de que la cancelación de los certificados es una medida de carácter definitivo. De esta forma, en su agravio desarrolla por segunda ocasión, porque dicho acto debe ser considerado una medida cautelar que está sujeta a cierta temporalidad, hasta que el contribuyente subsane las irregularidades detectadas o desvirtúe los hechos que dieron lugar a la cancelación, a través del procedimiento de aclaración, en el que incluso se podría emitir un nuevo certificado. Asimismo, señaló que, según él, la finalidad de la medida cautelar consiste en que el contribuyente no desaparezca dentro del procedimiento administrativo de ejecución para aclarar sus operaciones y éste siga su curso.

48. c.2. Es una medida de carácter temporal. En este punto, el recurrente vuelve a destacar que la cancelación del certificado es una medida de carácter temporal, puesto que a pesar de que se lleva a cabo antes de que se le dé la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, existe un procedimiento de aclaración regulado por las reglas de la resolución miscelánea fiscal para el 2014 que permiten restablecer la situación del contribuyente y éste puede seguir realizando sus operaciones comerciales.

49. c.3. Constituye un acto de molestia no definitivo. En este agravio, el Presidente Constitucional impugnó la consideración del Juez de Distrito en relación a que el Código Fiscal de la Federación no contempla un procedimiento previo a dejar sin efectos los certificados de sellos digitales. Al respecto, argumentó que el dejar sin efectos los certificados es un acto de molestia no definitivo, respecto del cual dicho ordenamiento jurídico sí prevé un procedimiento a través del cual los contribuyentes pueden defenderse, alegar y probar lo que a su derecho convenga, lo que evidencia que la norma impugnada no viola la garantía de previa audiencia y debido proceso, pues no se le deja en estado de indefensión.

50. c.4. Es una medida preventiva. El recurrente destacó que era incorrecta la determinación del Juez de Distrito, al considerar que la cancelación era un acto privativo, ya que la medida únicamente suspende temporalmente el derecho y está condicionada al procedimiento de aclaración ya mencionado. De esta forma, puntualizó que dicho acto de molestia no tiene como objetivo la privación en sí misma, sino que se trata de una medida preventiva, tendente a proteger algún derecho o bien jurídico. En este sentido, afirmó que si fuera un acto privativo se causarían efectos de forma permanente y se tendría que otorgar un derecho de audiencia.

51. c.5. Falta de notificación. En este argumento, el recurrente adujo que la determinación del Juez de Distrito era incorrecta al considerar que no se le notificaba a los contribuyentes el inicio del procedimiento de cancelación de los sellos digitales. En relación con este punto, refirió que para que opere la cancelación previamente debe existir un procedimiento entablado contra del contribuyente y el cual fue notificado al mismo, a saber, el ejercicio de las facultades comprobación de la autoridad. Asimismo, destacó que la sanción es una consecuencia del actuar imputable al contribuyente, y en todo caso, éste cuenta con el derecho de interponer un recurso de revocación en contra de la resolución dictada en dicho procedimiento. En particular, hizo énfasis en que si el contribuyente desapareció o no pudo localizarse resulta materialmente y jurídicamente imposible notificarlo de la cancelación.

52. c.6. Tesis superada. El recurrente se dolió de que en la sentencia recurrida se violó el artículo 74, en relación con el artículo 217 de la Ley de Amparo, en razón de que el Juez de Distrito basó su decisión en una tesis que se encuentra superada por una jurisprudencia emitida por esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 410/2011.

53. D. Revisión adhesiva. Metford Soluciones en Limpieza, Sociedad Anónima de Capital Variable presentó recurso de revisión adhesiva el cinco de octubre de dos mil dieciséis, en el que alegó que el artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación vulneraba su derecho de acceso a la justicia, de audiencia previa, de debido proceso y era una norma carente de razonabilidad y proporcionalidad.

54. En particular, reiteró que al notificarle que se ubicaba en el supuesto del artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación y dejar sin efectos su certificado de sello digital no se le otorgó tiempo para defenderse en el procedimiento administrativo e interponer los medios de defensa procedentes antes del acto privativo, la mencionada cancelación. De acuerdo con el recurrente, la cancelación se llevó a cabo cuando no se actualizaba ninguno de los supuestos previstos, es decir, sin haberse publicado en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

55. Asimismo, destacó que la medida era definitiva, en virtud de que el artículo restringe el derecho de los contribuyentes a usar en forma definitiva su certificado, a menos que obtenga uno nuevo, lo que no le resta definitividad a la sanción. En este sentido, señaló que al existir una privación, disminución, menoscabo o supresión de su derecho de emitir comprobantes digitales por Internet tiene un carácter definitivo y, con ello, se viola el artículo 14 constitucional. Por el contrario, en ninguna parte de la norma se desprende que dicha privación sea de forma temporal en lo que se aclare su situación o se le otorgue un plazo para que desvirtúe lo asentado en los oficios reclamados, pues la privación no se sujeta a ninguna condición.

56. E. Sentencia del Tribunal Colegiado. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito dictó sentencia el quince de diciembre de dos mil dieciséis. Al respecto, el Tribunal Colegiado se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó remitirlo a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se impugna una ley federal por considerarla inconstitucional y subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad del artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal Federal. Lo anterior, al advertir que sobre el tema debatido aún no se ha integrado jurisprudencia del Pleno o de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

57. No obstante, el tribunal mencionado sí se pronunció sobre la legitimación de las autoridades que presentaron recursos de revisión. En este sentido, resolvió desechar el recurso interpuesto por la administración de amparo e instancias judiciales "4" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación de la Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente, ya que la sentencia recurrida no le afectaba directamente al no haberse analizado los actos de aplicación reclamados directamente a ella en el juicio de amparo. En efecto, el Juez de Distrito no estudió dichos actos sino que únicamente los consideró inconstitucionales porque se fundaron en la norma general que declaró violatoria de la Ley Fundamental.

58. QUINTO.-Aspecto que debe quedar firme y fijación de la litis. En primer lugar, como se desprende de los antecedentes que dieron origen al presente asunto el Juez de Distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados consistentes en los oficios **********, ********** y **********, en virtud de que el uno de octubre de dos mil quince, en que presentó su escrito de ampliación de demanda de amparo, ya había transcurrido en exceso el término de quince días previsto para tal efecto en el artículo 17 de la Ley de Amparo.

59. Lo anterior no fue combatido por la parte a la que le pudiera perjudicar la resolución del Juez de Distrito, esto es, por la empresa quejosa a través de un recurso de revisión principal, por lo que en consecuencia, a juicio de esta Segunda Sa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27197-b40571be/certificados-emitidos-por-el-servicio-de-administracion-tributaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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