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CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN QUE AQUÉLLOS QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, AL NO ESTABLECER UNA SANCIÓN. CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE DISPONE LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS, ESTABLECE UN ACTO DE MOLESTIA QUE NO SE RIGE POR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 187/2016. · Registro digital (IUS): 27305
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-08-25
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo II, Pág. 675.

CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN QUE AQUÉLLOS QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, AL NO ESTABLECER UNA SANCIÓN.

CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE DISPONE LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS, ESTABLECE UN ACTO DE MOLESTIA QUE NO SE RIGE POR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA.

AMPARO EN REVISIÓN 187/2016. 1 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso.(2)

SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. Resulta innecesario el estudio de dichas cuestiones, pues el Tribunal Colegiado del conocimiento se ocupó de los mismos dentro del segundo considerando de su sentencia.

TERCERO.-Agravios. En los planteamientos de la sociedad recurrente aduce en agravios que:

• Para evidenciar la ilegalidad de la sentencia de la Juez de Distrito, resulta necesario señalar que la reforma constitucional de junio de dos mil once, obliga a los juzgadores a eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el juicio de amparo, con el propósito de fortalecerlo, lo cual se evidenció en la exposición de motivos de la mencionada reforma, aunado a que deben analizarse de manera conjunta los motivos de reclamo de los particulares.

• Así, estima que debe resolverse el asunto velando por los derechos humanos contenidos en tratados internaciones y en la Constitución Federal, adoptando una interpretación más favorable al derecho humano de que se trate y realizando un control de convencionalidad, por constituir una cuestión de orden público y a la que están obligadas todas las autoridades, de conformidad con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal.

• Establece que la Segunda Sala resolvió que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, y que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también determina la mencionada prerrogativa.

• Indica que la sentencia del juzgador de amparo viola las garantía de acceso a la justicia y los principios de legalidad y seguridad jurídica, al negarle el amparo a la sociedad quejosa, respecto del artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, resultando ilegal, puesto que en conceptos de violación fueron planteados diversos argumentos que la Juez omitió analizar, pues debió examinar la demanda en su conjunto y no siendo restrictivo, con lo que dejó de impartir una recta administración de justicia.

• Dentro del agravio primero refiere que fue erróneo lo resuelto por la Juez de Distrito, al determinar que el artículo 17-H, fracción X, inciso C), del Código Fiscal de la Federación no viola los derechos de libertad de trabajo y comercio ni el derecho de audiencia previa, por lo que contraviene los artículos 74, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo y 17 constitucional.

• Resalta que el numeral referido es contrario a las garantías consagradas en los preceptos 1o., 5o., 13, 14, 16, 21, 22, 31, fracción IV, 73, fracción XXX, 89, fracción I, 90 y 133 de la Constitución Federal, por lo argumentado en la demanda de amparo y ahora en esta instancia, dado que como consecuencia de las actividades de la quejosa, al momento de obtener ingresos, ya sea en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o en cualquier otro tipo, debe expedir comprobantes fiscales, porque es contribuyente del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado.

• Refiere que, de conformidad con los artículos 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, está obligada a expedir comprobantes fiscales al momento de realizar la operación, toda vez que tal obligación nace al momento que obtiene el ingreso derivado del pago que por adquisición de bienes o uso de servicios que realiza un cliente, lo cual, también se establece en el precepto 29, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación; y que en caso de no expedir ni entregar los comprobantes fiscales, se actualiza una conducta infractora del precepto 83, fracción VII, del código referido.

• Que de los artículos 6o., 29 y 30 del Código Fiscal de la Federación, se desprenden diversas obligaciones de los contribuyentes, dentro de las que se encuentran la de expedir comprobantes fiscales digitales por Internet por las actividades que realicen, así como conservar durante el plazo de cinco años la contabilidad y toda la documentación relacionada con el cumplimiento de disposiciones fiscales.

• Insiste en que los comprobantes fiscales son los medios de convicción, por los cuales los contribuyentes acreditan el tipo de actos o actividades que realizan para efectos fiscales, que aunado a lo anterior, los comprobantes también se utilizan para deducir o acreditar determinados conceptos para efectos tributarios, atendiendo a la mecánica impositiva de cada ley tributaria, pero que tales comprobantes, para ser válidos, deben cumplir con lo previsto en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

• Refiere que dentro de los requisitos que deben cumplir los comprobantes fiscales, se encuentra el de emitirlos mediante documentos digitales, a través de una página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, para lo cual, el contribuyente debe contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente y un certificado para el uso de sellos digitales. Además, previo a su expedición, deberán remitirlos al Servicio de Administración Tributaria para que los valide o a un proveedor de comprobantes fiscales digitales.

• Resalta que todo contribuyente que por su actividad o giro tenga la obligación de pagar impuestos, también debe expedir comprobantes fiscales digitales por Internet y, para ello, debe contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente y un certificado para el uso de sellos digitales vigentes, pues de lo contrario, sería imposible cumplir con las obligaciones a que se refieren los artículos 86, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 32, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación directa con los diversos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

• Explica que en la exposición de motivos del decreto por el que se reformó el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, se señaló que las modificaciones a los mecanismos de comprobación tienen como fin obtener certeza de que los ingresos, deducciones y acreditamientos manifestados o aplicados por los contribuyentes son reales y correctos y, con ello, procurar evitar la defraudación y evasión fiscal que impactan considerablemente en la recaudación del erario federal y, en específico, respecto de los comprobantes fiscales digitales se mencionó que se había detectado que los emisores omitían presentar el reporte mensual al que se encontraban obligados o lo presentaban con información invalida o incompleta, por lo que se propuso el empleo de comprobantes fiscales digitales emitidos a través de la página de Internet del servicio de administración tributaria.

• Precisa que el artículo 17, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, es inconstitucional, por violar las garantías de libertad de trabajo y de comercio, de igualdad, de irretroactividad, de legalidad y seguridad jurídicas.

• En específico, respecto de la violación al artículo 5o. constitucional por el numeral reclamado, señala que el establecer que la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades, cuando tenga conocimiento de que un contribuyente no puede ser localizado, esté desaparecido durante el procedimiento o los comprobantes fiscales emitidos amparen operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, puede dejar sin efectos el certificado de sello digital, tiene como consecuencia que se le niegue la aprobación de nuevos folios y que sean cancelados los folios que no haya utilizado a partir de que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente, por tanto, resulta contrario a la libertad de trabajo.

• Indica que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 28/99, de rubro: "LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", resolvió que la libertad de trabajo no es irrestricta o ilimitada, sino que está condicionada a la satisfacción de que: a) la actividad de que se trate no sea ilícita; b) que no se afecten derechos a terceros; y, c) no se afecten derechos de la sociedad en general.

• Menciona que el legislador, en su función de emisión de leyes, puede restringir la libertad de trabajo de una manera general, impersonal y abstracta, determinando que una actividad es ilícita, pero que no puede establecer restricciones a la garantía de trabajo en relación con los gobernados en particular, aun cuando sean implícitas, pues al momento de aplicar la norma, ésta perderá su eficacia. Señala que la ley debe tener los atributos señalados, ya que se reserva a la función judicial y administrativa el vedar la libertad ocupacional, cuando se afecten derechos de terceros o de la sociedad.

• Recalca que la facultad de la autoridad de dejar sin efectos el certificado de sello digital, viola la libertad de trabajo, porque los contribuyentes tienen la innegable obligación de expedir comprobantes fiscales digitales por Internet.

• Alega que la actividad realizada por la quejosa es lícita y permitida por la ley; no afecta derechos de terceros, pues es una sociedad mercantil que pacta con sus clientes la compra venta de productos o servicios, cumpliendo con los requisitos legales; y no afecta los derechos de la sociedad, dado que es una persona moral constituida conforme a las leyes del país y cumple con sus obligaciones fiscales.

• Insiste en que la facultad de la autoridad de dejar sin efectos el certificado de sello digital, es una medida desproporcionada, al no existir correspondencia entre el fin buscado y los efectos perjudiciales que se generan, al impedirse emitir comprobantes fiscales por las actividades lícitas que se realizan, obstaculizando el desarrollo normal de su actividad ordinaria y generar que se incumpla con las obligaciones derivadas de sus relaciones jurídicas.

• Señala que, al existir una relación estrecha entre los comprobantes fiscales y las deducciones y acreditamiento para los cuales pueden servir, al privarse al contribuyente de la emisión de los comprobantes fiscales por medio del artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, por la cancelación del sello digital, hace que los clientes de la persona moral no realicen las transacciones, puesto que, al no poder emitir tales comprobantes, éstos no podrán deducir o acreditar determinados conceptos para efectos fiscales, lo que se traduce en una violación a la garantía de libertad de trabajo y comercio, prevista en el artículo 5o. de la Constitución Federal, porque se obstaculiza a un particular el dedicarse a una actividad comercial o profesional.

• Por otra parte, refiere que la facultad otorgada a la autoridad en el artículo reclamado, debe ser analizada por el órgano de control constitucional, con una intensidad en el escrutinio que no debe ser fuerte, aunado a que la norma no cumple con la finalidad pretendida ni es objetiva, ni constitucionalmente válida, porque no existe motivo alguno plasmado por el legislador de la que se desprenda la finalidad que persigue.

• Alude que no pasa inadvertido que el poder legislativo puede legislar a efecto de vedar el ejercicio de ciertas actividades, no obstante, eso debe hacerse de manera fundada y motivada, para evitar que se incurra en una actuación arbitraria o injustificada, que pueda resultar inconstitucional.

• Por lo anterior, menciona que debe revocarse la sentencia del Juez de Distrito, toda vez que priva a los gobernados del derecho de expedir comprobantes fiscales digitales con sello digital y su respectivo certificado, los cuales son indispensables para formalizar cualquier clase de operación lícita con tercero, lo que es contrario al artículo 5o. de la Constitución Federal y al numeral 23, inciso 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por tanto, procede conceder el amparo.

• Aunado a que sólo por medio de una ley puede vedarse la garantía de libertad de trabajo, determinando específicamente que una actividad es ilícita; siendo la norma reclamada general, abstracta e impersonal, no puede, por medio de un requisito administrativo, dejar sin efectos los sellos digitales, ya que ello afecta y desnaturaliza el contenido esencial del derecho a la libertad de trabajo, al impedir a los gobernados que puedan llevar a cabo sus actividades de trabajo, comercio o industria que mejor les acomode. Sustenta lo anterior en la jurisprudencia P./J. 29/99, de rubro: "LIBERTAD DE TRABAJO. EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE RESTRINGIR ESA GARANTÍA A GOBERNADOS EN PARTICULAR."

• En el agravio segundo aduce que la sentencia del juzgador de amparo le causa perjuicio, al realizar un análisis deficiente y erróneo de los argumentos planteados, al resolver que la norma impugnada no viola la seguridad jurídica.

• Reitera que el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación es violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los numerales 14 y 16 constitucionales, puesto que carece de una debida fundamentación y motivación, al no establecer de manera clara y precisa el límite temporal entre la fecha que tuvo conocimiento de alguno de los supuestos previstos y la notificación de la resolución debidamente fundada y motivada que determine la cancelación del certificado para el uso del sello digital.

• Expone que la norma permite que la autoridad actúe con arbitrariedad, al escoger el momento en el cual da a conocer en forma fundada y motivada al contribuyente, a través de una resolución debidamente notificada la determinación de cancelación del certificado para el uso del sello digital, pudiendo dejar de lado aquel que mejor dé cuenta de los objetivos de la ley.

• Refiere que no pasa desapercibido que el artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación establece que con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación las autoridades tengan conocimiento de la actualización de uno de los supuestos previstos; sin embargo, insiste que el legislador no estableció un plazo para que la autoridad emita y notifique la resolución fundada y motivada que determine la cancelación del certificado para el uso del sello digital al contribuyente, quedando al arbitrio de la autoridad elegir el momento, por no estar sujeto a un límite temporal, lo cual es contrario al derecho de seguridad jurídica.

• Indica que los plazos para que las autoridades ejerzan sus atribuciones tienen como finalidad proscribir la arbitrariedad, ya que los mismos impiden que las autoridades determinen el momento en el cual despliegan sus facultades, atendiendo al criterio que más les convenga. Cita, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2010, de rubro: "ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD LA ELABORE Y NOTIFIQUE, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."

• En el agravio tercero reclama que la norma combatida es contraria a la garantía de audiencia y debido proceso, prevista en el artículo 14 constitucional, al privar a la actora del derecho de expedir comprobantes fiscales digitales por Internet con sello digital, de llevar adecuadamente su contabilidad, a tributar conforme a las disposiciones legales, así como realizar operaciones lícitas con terceros; pues se le niega la oportunidad a ser oída antes del acto privativo; por tanto, no le asiste la razón al juzgador de amparo, al determinar que no viola tales garantías.

• Refiere que todos los gobernados gozan de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, dentro del que se encuentra el derecho de audiencia, definida por el Poder Judicial de la Federación como aquella que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto privativo, se cumpla con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados.

• Abunda en el sentido de que la garantía de audiencia constriñe a las autoridades para abstenerse de cometer actos que restrinjan el goce de los derechos de los gobernados, lo cual es aplicable solamente a actos privativos, debiendo otorgarse por regla en forma previa a la emisión del acto de autoridad y acatarse en todo momento el debido proceso legal.

• Señala que esta Suprema Corte ha establecido que el derecho referido también resulta aplicable a los actos del órgano legislativo u otras autoridades que emitan disposiciones materialmente legislativas, en el sentido de que consignen en las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé la oportunidad de defenderse previamente al acto privativo. Señala como aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."

• Reseña que para el respeto de la garantía de audiencia debe atenderse a: a) que la privación se establezca mediante un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, mediante una serie de etapas que concluya con una resolución que dirima la controversia; b) que el procedimiento sea seguido ante tribunales previamente establecidos; c) que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que consisten en el derecho de defensa, aportar pruebas y formular alegatos; y, d) que la privación se realice conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

• Menciona que la facultad prevista en el numeral reclamado es contraria al derecho de audiencia y debido proceso, puesto que no se otorga de forma previa y se le priva de los derechos de expedir comprobantes fiscales con sello digital, llevar contabilidad de manera correcta, tributar adecuadamente conforme a las disposiciones legales aplicables y realizar operaciones lícitas con terceros.

• Destaca que no es óbice el hecho de que el párrafo sexto del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, establezca que los contribuyentes a quienes se haya dejado sin efectos el certificado de sello digital pueda llevar a cabo el procedimiento que mediante reglas de carácter general determine el servicio de administración tributaria para subsanar las irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de obtener de nuevo el certificado y que la autoridad esté obligada a emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de tres días; puesto que la garantía de audiencia es posterior a la cancelación del certificado de sello digital y se le ha privado al contribuyente de los derechos ya mencionados.

• Enuncia que la norma reclamada no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción de la garantía de audiencia previa, porque no se trata de expulsión de extranjeros, expropiación o de materia tributaria propiamente dicha. Lo afirmado, en relación de que no se trata de materia tributaria, obedece a que no instituye la imposición de tributos ni establece disposiciones que regulen sus elementos esenciales, sino de obligaciones meramente formales.

• Insiste en que debe llamarse previamente a los particulares afectados para que objeten con antelación la cancelación del certificado de sello digital, pues se impediría al particular cumplir correctamente con las disposiciones legales y con la obligación de contribuir al gasto público. Además, añade que la facultad conferida a la autoridad, constituye un acto privativo que es un fin en sí mismo, cuyos efectos son definitivos, ya que el sujeto obligado a expedir los comprobantes fiscales digitales, estará impedido a utilizar con posterioridad el mismo certificado para darles validez.

• En otra parte, señala que el artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, constituye un acto privativo, y que éste debe entenderse por aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, antes de que se produzca la afectación a los derechos debe proporcionarse la garantía de audiencia previa, a diferencia de los actos de molestia que sólo se rigen por el artículo 16 constitucional, pues sólo son medidas preventivas.

• Refiere que el expedir comprobantes fiscales no es un derecho, sino que constituye una obligación, por lo que, por medio de dicho acto privativo, se afecta tal deber, privándosele de realizar actividades comerciales por las que fue constituida la persona moral. Además de que el privarle de emitir comprobantes fiscales por Internet viola lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, de contribuir de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, ya que si se le priva de la emisión de tales comprobantes, contribuirá de manera desproporcional e inequitativa.

• Precisa que la consecuencia de la norma controvertida constituye una sanción de carácter definitivo, porque cancelar o revocar son sinónimo de dejar sin efectos. Sin que sea obstáculo que el artículo 17, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, prevea un procedimiento para aclarar la causa por la que se dejó sin efectos el certificado de sello digital, toda vez que, una vez que fue cancelado, jamás se reactivará, pues se emite un nuevo certificado y nuevos folios, lo que denota la cancelación o revocación de carácter definitivo.

• Apunta que este Alto Tribunal determinó que la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, opera para todo acto de autoridad que implique una privación definitiva al gobernado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos, por lo que debe cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento y que se traducen en la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Señala como aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."

• En el agravio cuarto reclama que fue erróneo el análisis realizado por el Juzgado de Distrito, al resolver que resultaban inoperantes los argumentos tendientes a demostrar que la cancelación del sello digital a un contribuyente es una pena o sanción.

• Destaca que el artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, aplicado a la quejosa, al cancelarle su certificado para el uso del sello digital, causa una deshonra imborrable y permanente frente a terceros, ya que establece una sanción infamante, puesto que deshonra o desacredita a la persona moral ante la sociedad, al impedirle continuar realizando sus actividades de manera normal, al no poder expedir comprobantes digitales por Internet, lo cual es contrario al artículo 22 de la Constitución Federal.

• Apunta que los actos infamantes son aquellos que atentan contra el buen nombre, la honorabilidad, la buena fama pública y todo aquello que tiene que ver con la posición social en que alguien se encuentra, debido a su desempeño, trabajo y honestidad con la que se ha conducido y, en general, por la aceptación que la comunidad le depara por su conducta; los cuales están vedados por la Constitución Federal, y que tal situación no puede limitarse a las penas. Aunado a que la multimencionada cancelación del uso de sello digital también exhibe al afectado a la maledicencia pública, atentado contra el buen nombre producto de toda la vida de trabajo, esfuerzo, honestidad y honorabilidad probadas, contra la simple sospecha de que pudo haber cometido alguna violación administrativa y que el legislador no puede permitir que a una empresa se le inhabilite atentando contra su fama, lo que implica la pérdida de cartera de clientes, lo que resulta irreparable, aunque se conceda el amparo.

• Advierte que el derecho al honor y reputación no tiene reconocimiento expreso en el Texto Constitucional, pero derivado de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, se encuentran dentro del orden convencional, al estar regulados en los artículos 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Define al derecho al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Que, a su parecer, no es exclusivo de las personas físicas, puesto que las personas morales gozan de una consideración social y reputación frente a la sociedad, ya que son creadas por personas físicas para la consecución de fines determinados, por lo que considera que estos entes deben gozar de los derechos fundamentales que sean acordes con la finalidad que persiguen, por estar encaminados a la protección de su objeto social, así como aquellos que sean necesarios para la consecución de los fines propuestos.

• En el agravio quinto remarca que la sentencia de la Juez de Distrito es contraria a los artículos 74, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo y 17 constitucional, porque realiza un análisis deficiente de los argumentos esgrimidos por la quejosa, ya que el artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación viola el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal.

• Sostiene lo anterior, porque previo a todo acto de molestia al particular, debe emitirse un mandamiento por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento, situación que, en el caso, no aconteció, pues el numeral reclamado faculta a la autoridad fiscal para dejar sin efectos el certificado de sello digital emitido a un contribuyente sin que, previo a ello, presida una resolución o mandamiento fundado y motivado.

• Refiere que no resulta óbice a lo anterior, la emisión del oficio 500-05-2015-12837, de uno de abril de dos mil quince, en el que se indicó que la persona moral se ubicaba en el supuesto del artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la cancelación del uso de sello digital fue anterior a la notificación del mismo. Además, señala que si bien el precepto no establece que el acto deba fundarse y motivarse, ninguna autoridad se encuentra eximida de tal obligación constitucional.

• En otra parte, determina que existe la obligación de los Jueces de orden común de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, por lo que solicita la inaplicación de la regla l.2.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal, por estimarla contraria a los derechos reconocidos en los ordenamientos referidos.

• Igualmente, recalca que el artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, al no establecer un procedimiento de verificación de la actualización de alguno de los supuestos establecidos en el dispositivo legal, se traduce en incertidumbre del gobernado. Así que el particular se ve sometido a una investigación arbitraria por la autoridad sin que se regule un procedimiento previo.

• Dentro del agravio sexto manifiesta que lo resuelto por el Juzgado de Distrito es erróneo e infundado, al realizar un análisis inadecuado de los argumentos planteados, ya que el artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, excede lo dispuesto en el numeral 17-H, fracción II, del mismo ordenamiento.

• Así, establece que la emisión del oficio 500-05-2015-12837, de uno de abril de dos mil quince, mediante el cual se informó a la quejosa que se ubicaba en el supuesto del artículo 17-H, fracción X, del Código Fiscal de la Federación y el oficio 700-01-00-00-00-2015-357718, de la misma fecha, por el que se dejó sin efectos el certificado de sello digital, emitidos por la Administración Central de Fiscalización Estratégica y la Administradora Central de Servicios Tributarios al Contribuyente, son actos de autoridad fiscal viciados de origen, porque si bien el Código Fiscal establece la facultad del Servicio de Administración Tributaria para dejar sin efectos el certificado de sello digital para la emisión de comprobantes fiscales, pero no existe fundamento legal en el reglamento que les otorgue tal facultad. Lo cual considera violatorio de la garantía de seguridad jurídica, sin que sea obstáculo el acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de enero de dos mil catorce, porque de su lectura se desprende que no se cita fundamento legal del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que prevea la facultad de dejar sin efectos el certificado de sello digital.

• Que el oficio 700-01-00-00-00-2015-357718, de uno de abril de dos mil quince, mediante el cual, el administrador central de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27305-b27ac7c8/certificados-emitidos-por-el-servicio-de-administracion-tributaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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