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CERTIFICADO DE SELLOS DIGITALES. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD FISCAL LO DEJA SIN EFECTOS, NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS Y, POR TANTO, NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 209/2020. · Registro digital (IUS): 29692
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-03-12
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, E
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, Pág. 1657.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 209/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN APOYO DEL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE DICIEMBRE DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.

III. Competencia

10. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo prescrito en el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como el 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito, para cuya resolución se considera innecesaria la intervención del Pleno de este Tribunal.

IV. Legitimación

11. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima porque fue realizada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, quien se encuentra legitimado para formularla de conformidad con lo previsto en los artículos 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

V. Existencia de la contradicción

12. El Pleno de este tribunal ha establecido que, para actualizar la contradicción de tesis, basta la existencia de oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales. En ese sentido es ilustrativa la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)

13. Del criterio precisado se obtiene que la existencia de la contradicción de criterios no depende de la identidad o semejanza de las cuestiones fácticas, pues es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que la variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifiquen la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo formen parte de la historia procesal del asunto de origen.

14. Es decir, si las cuestiones fácticas fueran parecidas e influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

15. Así, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que ejercieron su potestad de arbitrio judicial, mediante la intelección de una norma para adoptar algún canon o método interpretativo, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos realizados por los órganos judiciales existe –al menos– un problema jurídico analizado, ya sea mediante la adopción de algún criterio o la fijación de un principio o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

16. En el caso, como se demuestra a continuación, existe la contradicción de tesis denunciada.

17. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Para evaluar si se cumple este primer requisito, se debe verificar si los tribunales contendientes se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

18. En el caso del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito estudió los agravios de la revisionista y, entre otras consideraciones, sostuvo en esencia que el oficio a través del cual las autoridades del Servicio de Administración Tributaria ordenan dejar sin efectos el Certificado de Sello Digital para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), es un acto que pese a ser intraprocesal y no ser un acto definitivo para efectos del juicio de nulidad, actualiza la excepción prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues afecta materialmente derechos sustantivos del particular como lo son la libertad de comercio y el derecho a la propiedad y, por tanto, fue incorrecto sobreseer en el juicio de amparo. Lo anterior fue expresado del modo siguiente:

"Este precepto legal [artículo 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo] establece que los actos, omisiones o resoluciones emitidos en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, pueden ser impugnados, a través del juicio de amparo indirecto, aquellos actos intraprocedimentales sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación.

"En el caso, el oficio reclamado (orden de cancelación de sello digital) no constituye la resolución definitiva con la que culmina el procedimiento regulado por el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación.

"Empero, el particular, con dicho acto, resiente perjuicios de difícil o imposible reparación no susceptibles de resarcirse con un nuevo sello digital, ya que durante el tiempo de la ‘cancelación’, la contribuyente queda imposibilitada para expedir facturas y, por tanto, inhabilitada para realizar su actividad comercial, lo que pone en riesgo la viabilidad y la sustentabilidad de la empresa, pues al dejarse sin efectos los sellos digitales, se constituye un obstáculo para generar y obtener riqueza, que va, incluso en detrimento de la recaudación a favor de la hacienda pública, pues ésta se obtiene mayormente de la utilidad o renta.

"Es así, toda vez que durante el tiempo de la ‘cancelación’ la empresa quejosa queda imposibilitada para expedir facturas, en tanto que pone en riesgo su sustentabilidad.

"Por tanto, el oficio reclamado constituye un acto de imposible reparación, dado que incide materialmente en derechos sustantivos, en específico, el previsto en el artículo 5o. constitucional, en el que se contempla el derecho de las personas para dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; pues con las consecuencias que genera la ‘cancelación’ del certificado de sello digital de la empresa quejosa, ésta queda inhabilitada para realizar su actividad comercial a plenitud.(8)

"De igual manera, se considera que con el oficio reclamado también se afecta, de manera directa, el derecho sustantivo relativo al patrimonio de la empresa quejosa, pues al dejarse sin efectos el certificado de sello digital, ésta queda imposibilitada para expedir facturas."(9) (Énfasis añadido por esta Sala)

19. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región (en auxilio del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito) confirmó el sobreseimiento decretado por el a quo a través de un análisis detallado de las razones por las que estimó infundado el planteamiento de la recurrente, conforme al que la resolución impugnada carecía de sustento jurídico. Para mayor claridad, las razones sostenidas por el Tribunal Colegiado se transcriben a continuación:

"Con base en tales premisas, la juzgadora puntualizó que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, los actos de imposible reparación dentro de juicio que justifican la procedencia del amparo indirecto, son los que afectan materialmente derechos sustantivos, es decir, no procesales, independientemente del grado de afectación que generan.

"Así, determinó que las afectaciones procesales en grado predominante o superior habían dejado de ser parámetro para identificar los actos de imposible reparación, en razón de que éstos sólo podían ser los que afectan, por sí mismos, derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales.

"A partir de esos lineamientos la a quo examinó los actos reclamados consistentes en el oficio 400-73-00-04-04-2018-1172 de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho y su notificación electrónica.

"Luego de transcribir el oficio reclamado, la juzgadora precisó que en éste se había ordenado dejar sin efectos el certificado de sello digital de la quejosa con fundamento, entre otros preceptos, en el (sic) 17- H, primer párrafo, fracción X, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, cuyo contenido transcribió, conforme al cual el legislador dispuso que los certificados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando durante el procedimiento administrativo de ejecución, las autoridades fiscales no localicen al contribuyente o éste desaparezca.

"Señaló la juzgadora que el último párrafo del citado precepto legal establece que los contribuyentes a quienes se hubiese dejado sin efectos el certificado de sello digital, podrán llevar a cabo el procedimiento para subsanar las irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de obtener un nuevo certificado; y que en tal procedimiento la autoridad fiscal debía emitir la resolución en un plazo máximo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se recibiera la solicitud respectiva.

"Precisó la juzgadora que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2017 en sesión de seis de diciembre de dos mil diecisiete, había analizado lo dispuesto en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, y destacó como consideraciones relevantes de dicha contradicción las siguientes:

"Que el acto por el cual la autoridad ordena dejar sin efectos el certificado de sello digital de un contribuyente no puede considerarse un acto definitivo, para efectos del juicio contencioso administrativo, sino que se trata de un acto intraprocesal, al configurarse dentro de un procedimiento integrado por distintas fases, que son:

"a) Emisión del oficio (acto primigenio) por el cual la autoridad fiscal deja sin efectos el certificado de sello digital al actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación.

"b) Notificación de ese acto al contribuyente.

"c) Corrección por parte del interesado de la irregularidad advertida, mediante la exhibición de los documentos o información necesaria, o bien, la exhibición de las pruebas ante la autoridad a fin de desvirtuar la causa que originó se dejara sin efectos el certificado.

"d) Emisión de la resolución en la cual: (1) se estime subsanada la irregularidad, (2) incorrecto el motivo por el cual se dejó sin efectos el certificado, (3) no subsanada la irregularidad o (4) correcta la causa advertida en el acto primigenio. De actualizarse los supuestos 1 o 2, se ordenará la expedición de un nuevo certificado.

"Que el Máximo Tribunal sostuvo que dicho procedimiento se integra por un conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas, que guardan unidad entre sí, cuya finalidad es impedir que un contribuyente al que se le detectaron irregularidades continúe realizando operaciones, hasta en tanto las subsane, o bien, desvirtúe la causa por la cual se emitió el primer acto del procedimiento, lo que sucederá mediante la emisión de la resolución administrativa definitiva.

"Por lo anterior, concluyó la juzgadora que el acto a través del cual la autoridad deja sin efectos el certificado de sello digital no es un acto definitivo, sino intraprocesal, contra el cual se da al interesado la opción de subsanar las irregularidades que motivaron su emisión. Consideraciones que apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 2/2018 ... ‘SELLO DIGITAL. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE NULIDAD.’ (se transcribe)

"Sobre esas bases, la Juez de Distrito determinó que los actos reclamados consistentes en el oficio 400-73-00-04-04-2018-1172 de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en el que se ordenó dejar sin efectos el certificado de sello digital de la agraviada y su notificación electrónica, se habían emitido dentro del procedimiento previsto en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, que no constituían la última resolución del mismo; por lo que no se actualizaba la regla general de procedencia prevista en el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, al tratarse de actos intraprocesales, mediante los cuales se le otorgaba la garantía de audiencia.

"Añadió, que la procedencia del juicio de amparo contra actos intraprocesales en un procedimiento administrativo se sujetaba a que se tratara de actos de imposible reparación; entendidos como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, mientras que en el oficio reclamado y su notificación, no cumplían con esas condiciones, ya que no afectaban de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en los mencionados ordenamientos, sino que sus efectos se circunscribían a cuestiones formales vinculadas con los requisitos de los certificados de sellos digitales para surtir efectos, sin que ello impidiera en forma presente y actual el ejercicio de algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

"De esa manera la juzgadora concluyó, que debía considerarse que tales actos sólo afectaban derechos adjetivos, pues la determinación de la autoridad de dejar sin efectos un determinado certificado se sustentaba en la ausencia de alguno de los requisitos legales previstos en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, por lo que la violación generada sólo se circunscribía a los derechos previstos en tal ley secundaria.

"Abundó, en que los actos reclamados, que guardan unidad entre sí, se dan dentro de un procedimiento, en el cual el afectado con el oficio que dejó sin efectos el certificado de sellos digitales tiene la oportunidad de aportar las pruebas necesarias para subsanar la irregularidad detectada por la autoridad fiscal, con lo que se garantizaba su derecho a la defensa.

"Consideraciones que sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 124/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... ‘CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE DISPONE LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS, ESTABLECE UN ACTO DE MOLESTIA QUE NO SE RIGE POR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA.’ (se transcribe)

"Además, la juzgadora hizo notar que no le pasaba inadvertido que en términos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, el certificado de sello digital es indispensable para cumplir con la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones que efectúen; sin embargo, sostuvo que tal cuestión no podía equipararse a una afectación material a un derecho sustantivo, ya que el hecho de que la quejosa se encontrara impedida para expedir facturas, no implica la obstrucción directa e inmediata el (sic) ejercicio de algún derecho de ese carácter, sobre todo de los previstos en la Constitución Federal o en un tratado internacional suscrito por el Estado Mexicano.

"Con base en todos esos razonamientos jurídicos la juzgadora determinó que en razón de que los actos reclamados emanaban de un procedimiento seguido en forma de juicio, cuya ejecución no afectaba derechos sustantivos por lo que no eran de imposible reparación, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, incisos a) y b), ambos de la Ley de Amparo, el segundo interpretado en sentido contrario, consecuentemente, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la citada legislación, decretó el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos reclamados consistentes en el oficio 400- 73-00-04-04-2018-1172 de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho y su notificación electrónica.

"Lo expuesto pone en evidencia que, contrario a lo sostenido por la quejosa recurrente lo resuelto, y el criterio que en particular siguió para decidir como lo hizo, sí tiene sustento jurídico y sí expuso ampliamente las consideraciones que tuvo a efecto de que la quejosa, hoy inconforme, conociera las razones jurídicas que motivaron la aplicación de la causa de improcedencia del juicio aplicada.

"En efecto, de la sentencia sujeta a revisión se observa que la juzgadora puntualizó en qué consistía la causa de inejercitabilidad de la acción de amparo que estimó operante, y a partir de su enunciado expuso bastamente en qué consisten, conforme a la Ley de Amparo vigente, en qué consisten los actos dentro del juicio de (sic) sean de imposible reparación, y esas consideraciones las apoyó en la jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estimó aplicable.

"Adicionalmente la juzgadora trajo a contexto el oficio reclamado, del que extrajo que en tal acto se ordenaba dejar sin efectos el certificado de sello digital de la quejosa, y que esa orden se fundaba, entre otras normas, en el numeral 17-H, primer párrafo, fracción X, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, y explicó con amplias razones que en este numeral se prevé un procedimiento a efecto de que los contribuyentes a los que se hubiese cancelado el certificado de sello digital pudiesen acudir ante la autoridad a subsanar las irregularidades detectadas, en el que podían ofrecer pruebas a ese propósito, y así obtener un nuevo certificado, procedimiento en el que la autoridad debía emitir la resolución correspondiente en el plazo de tres días a partir del día siguiente al de la solicitud respectiva.

"Sobre el particular, la a quo precisó las etapas del procedimiento previsto en el citado ordinal y expuso por qué, jurídicamente, el oficio reclamado constituye un acto de carácter intraprocesal, criterio que además sustentó en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicable al caso concreto.

"Adicionalmente la juzgadora expresó amplias consideraciones a fin de sustentar que el acto reclamado, considerado de carácter intraprocesal, no afecta de manera directa derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sino que sus efectos se circunscribían a cuestiones formales de carácter adjetivo; consideraciones que igualmente sustentó en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicable al caso.

"Y lo más importante es que, la a quo, también expresó la razón por la cual estimó que, aun cuando conforme a la legislación fiscal el certificado de sello digital es indispensable para cumplir con la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones que efectúen, el acto reclamado no se equiparaba a una afectación material a un derecho sustantivo, esto es, al considerar que el impedimento para expedir facturas, no implicaba una obstrucción directa e inmediata el ejercicio de algún derecho de ese carácter, ni de los previstos en la Constitución Federal o en un tratado internacional suscrito por el Estado Mexicano."(10)

20. Como puede advertirse de la transcripción anterior, el tribunal desestimó el agravio vertido por la recurrente y lo calificó de infundado al considerar que, contrariamente a lo afirmado, la sentencia recurrida sí estaba debidamente fundada y motivada en cuanto a las razones del sobreseimiento decretado; es decir, que la Juez expresó las razones particulares y fundamentos que la llevaron a estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, las cuales simultáneamente se calificaron de correctas al estimar infundado lo aducido en los agravios.

21. Si bien aparentemente, el tribunal analizó un vicio formal consistente en la supuesta falta o ausencia de fundamentación y/o motivación de la sentencia recurrida, lo cierto es que al emitir la sentencia respectiva retomó las consideraciones expresadas por la a quo, convalidándolas al concluir lo infundado del agravio.

22. Además, entre los agravios propuestos por la revisionista y posteriormente sintetizados por el Tribunal Colegiado, claramente se expuso que las razones dadas por el Juez de Distrito para sobreseer (por estimar que el acto reclamado no afectaba materialmente derechos sustantivos) eran incorrectas; es decir, no sólo se cuestionó la supuesta falta de fundamentación y motivación, sino también lo incorrecto de las razones y fundamentos dados por el a quo, lo cual el Tribunal Colegiado calificó –en forma conjunta– de infundado, con lo cual claramente convalidó la conclusión del Juez de origen en cuanto a la actualización de un motivo de improcedencia.

23. De esta manera, se estima que el criterio del tribunal que se analiza quedó plasmado de forma implícita, al hacer suyas prácticamente todas las consideraciones esgrimidas por la Juez de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que se cita a continuación.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."(11)

24. Así, esta Sala considera que al calificar de infundados los agravios propuestos, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, reafirmó e hizo suyas las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida y, por tanto, para tal órgano, el oficio por el cual se ordena dejar sin efectos el Certificado de Sello Digital para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), es un acto que no afecta materialmente derechos sustantivos, por lo que no actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo anterior, máxime que de la revisión de la resolución emitida por ese tribunal no se desprenden razones encaminadas a desconocer o contrariar lo expresado en la sentencia recurrida.

25. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. En ambos casos, en la primera instancia se sobreseyó en el juicio de amparo al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, mientras que en uno de los casos el Tribunal Colegiado estimó que fue incorrecta la conclusión del Juez pues –en opinión de ese órgano–, el oficio por el cual se deja sin efectos el certificado de sello digital para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), sí actualiza la procedencia del juicio de amparo ya que tal actuar afecta materialmente derechos sustantivos del quejoso, como lo es la libertad de comercio y el derecho a la propiedad, en el otro caso, el Tribunal Colegiado sostuvo que el acto reclamado no afecta materialmente ningún derecho sustantivo del quejoso, sino sólo derechos procesales.

26. No pasa inadvertido para esta Sala que el fundamento con el que se emitió el oficio de cancelación del certificado de sello digital para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en cada uno de los casos fue distinto, pues mientras en uno el fundamento para la emisión del oficio de cancelación fue el artículo 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación,(12) en el otro supuesto tal actuar se apoyó en el mismo artículo y fracción, pero referido al inciso b).(13)

27. No obstante tal divergencia, lo cierto es que la consecuencia producida por el acto reclamado en dichos asuntos fue la misma; esto es, el dejar sin efectos el certificado de sello digital para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), al margen del motivo particular por el cual se emitió ese acto, en ambos casos se alegó la afectación causada por impedirse la expedición de comprobantes fiscales que amparen las operaciones comerciales realizadas; por ello, aun cuando se reconoce la diferencia existente en los supuestos normativos que fundaron los actos reclamados, sus efectos y consecuencias son las mismas.

28. Así, es claro que, ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a conclusiones diferentes, con lo cual se satisface el segundo requisito para la existencia de la contradicción de tesis.

29. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Finalmente, de las constancias de autos se advierte que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formulación de una genuina pregunta.

30. La cuestión a resolver puede formularse de la siguiente manera: ¿El oficio por el que se deja sin efectos el certificado de sello digital, afecta materialmente derechos sustantivos y, por tanto, actualiza una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto?

VI. Estudio

31. Dado que la materia de la presente contradicción involucra determinar si se actualiza o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el inciso b) de la fracción III del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, resulta conveniente transcribir dichos preceptos, los cuales disponen:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"I. ...

"...

"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."

"Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"I. ...

"III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

"a) ...

"b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; ..."

32. Debe precisarse que lo previsto en el segundo de los precep

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29692-5b9fc294/certificado-de-sellos-digitales-el-oficio-emitido-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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