SELLO DIGITAL. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE NULIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 325/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. 6 DE DICIEMBRE DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al seis de diciembre de dos mil diecisiete, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
Mediante la cual se dirimen los autos de la contradicción de tesis número 325/2017, suscitada entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con apoyo del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Morelia, Michoacán.
I. ANTECEDENTES
1. Por oficio número 26/2017, recibido el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, denunciaron la posible contradicción de criterios sostenidos por ese órgano al resolver el amparo directo 651/2017), en auxilio del Primer Tribunal del Vigésimo Noveno Circuito (amparo directo 514/2017) y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 312/2016.
2. Las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito, las cuales son:
a. Criterio del Primer Tribunal del Vigésimo Noveno Circuito (amparo directo 514/2017) con apoyo del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región (amparo directo auxiliar 651/2017).(2)
Los antecedentes relevantes del asunto son los siguientes:
• Mediante oficio de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, autoridades del Servicio de Administración Tributaria dejaron sin efectos el o los Certificados de Sello Digital para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), respecto de la contribuyente Servicios Petroleros del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable.
• En contra de dicho acto, la afectada promovió juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del cual conoció la Sala Regional de Hidalgo, quien admitió la demanda y la registró con el número de expediente 1167/16-27-01-4.
• Seguido el juicio, el tres de febrero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la cual se sobreseyó al estimar actualizado lo previsto en el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
• En contra de ese fallo, la actora promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, donde se radicó con el número de expediente 514/2017 y, posteriormente se remitió al Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán (expediente auxiliar 651/2017), para que en auxilio de aquel órgano, dictara la sentencia correspondiente, y en sesión de cuatro de agosto de dos mil diecisiete ese tribunal dictó sentencia en la cual negó la protección constitucional solicitada, de conformidad con lo siguiente:
"- En los conceptos de violación, la parte quejosa adujo la ilegalidad del fallo reclamado al estimar que el acto impugnado sí tiene el carácter de definitivo, pues la cancelación de los sellos digitales pone fin al procedimiento al tratarse de la última voluntad de la autoridad, sin que esa determinación pueda desvirtuarse posteriormente, pues el procedimiento previsto en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación es de carácter optativo; máxime que éste sólo sirve para subsanar irregularidades y no así para analizar la legalidad de lo estimado por la autoridad y, por ende, lo resuelto en la sentencia reclamada es contrario a lo previsto en el artículo 17 constitucional.
"- Lo expresado por la parte quejosa, se estimó infundado al considerar que de acuerdo con el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio de nulidad es improcedente en contra de actos de los cuales no le competa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer, en tanto que conforme al artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Administrativa, ese órgano conocerá de los juicios promovidos en contra de resoluciones definitivas, entendiéndose por éstas, aquellas que no admitan recurso administrativo, o bien, cuando éste resulte optativo.
"- Al respecto, se indicó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2002, determinó que el juicio de nulidad ante el anterior Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo procedía en contra de resoluciones administrativas definitivas, siempre que se ubiquen en los supuestos de procedencia expresa que prevé la ley orgánica de ese tribunal.
"- En esa ejecutoria también se indicó que por resolución definitiva, se entendía la última voluntad de la autoridad administrativa, la cual podía materializarse en dos formas diferentes, a saber: 1) como la última resolución dictada y con la cual se pone fin al procedimiento, o bien 2) la manifestación aislada de la voluntad de la administración pública, la cual no requiere de un procedimiento previo.
"- Cuando se requiere de un procedimiento administrativo en el cual, debe emitirse una resolución final, será ésta la definitiva e impugnable en juicio de nulidad, siempre que se ajuste a los supuestos de procedencia previstos en la ley, sin que los actos intraprocedimentales puedan combatirse a través de ese medio de defensa, pues tales actuaciones no generan un agravio al gobernado.
"- En el caso, conforme al artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación y a la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de mayo de dos mil dieciséis, a los contribuyentes a quienes se les dejó sin efectos el certificado de sello digital, podrán llevar a cabo el procedimiento previsto en el referido precepto legal, en el cual, es posible aportar pruebas para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la cual se dejó sin efectos dicho certificado.
"- El hecho de que la norma utilice el término ‘podrá’ no entraña que se trate de la posibilidad de escoger entre uno u otro medio de defensa, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución o acto; esto, acorde con la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, de rubro: ‘RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO «PODRÁ» EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.’(3)
"- Contrariamente a lo afirmado por la quejosa, el acto impugnado en el juicio de nulidad (a través del cual se dejaron sin efectos el o los certificados de sello digital expedidos a su favor) no es la última voluntad de la autoridad dado que la afectada tiene a su alcance el procedimiento previsto en las referidas normas, aunado a que es inexacto que ese acto deba estimarse definitivo, porque el procedimiento para subsanar irregularidades o demostrar la ilegalidad del acto es posterior; esto, porque será la resolución que se emita en ese procedimiento la que debe estimarse definitiva, dado que es mediante ésta que se concluye el procedimiento correspondiente y se traduce en la última voluntad de la autoridad; además, en ese procedimiento no sólo es posible subsanar irregularidades, sino también demostrar la ilegalidad del actuar de la autoridad; por ende, a través de ese procedimiento puede modificarse la determinación de cancelación de los certificados de sellos digitales.
"- Además, el que se emitan nuevos certificados y no se deje sin efectos la cancelación ordenada, tampoco implica que se trate de un acto definitivo para efectos del juicio de nulidad; esto, porque ante la existencia de un procedimiento cuya materia es subsanar las irregularidades advertidas y demostrar la ilegalidad de la determinación de la autoridad, es claro que tal procedimiento permite modificar lo ordenado.
"- No escapa que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se ha pronunciado en un sentido diferente al alcanzado, el cual está reflejado en la tesis I.3o.A.33 A (10a.), de rubro: ‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD) PARA LA GENERACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), AL CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.’(4); sin embargo, tal criterio no se comparte; por ende, ante la posible contradicción de criterios, se ordenó denunciarla ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación."
b. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 312/2016.(5)
Los antecedentes relevantes del asunto son los siguientes:
• El siete de agosto de dos mil quince, autoridades del Servicio de Administración Tributaria emitieron dos oficios a través de los cuales dejaron sin efectos el Certificado de Sello Digital para la generación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, de JRA Arquitectos Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable.
• En contra de esos oficios, la afectada promovió juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana lo admitió y formó el expediente número 32919/15-17-13-2.
• En contra del auto de admisión, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, el cual se resolvió el once de marzo de dos mil dieciséis, en el sentido de declararlo fundado y ordenar la revocación del acuerdo admisorio; por ende, en cumplimiento de ese fallo, en auto de esa misma fecha, el instructor de juicio desechó por improcedente la demanda.
• En contra de ese auto, la parte actora interpuso recurso de reclamación, el cual se desechó al estimarlo improcedente, por estimar que el acuerdo recurrido se dictó en cumplimiento de una resolución emitida en un diverso recurso de reclamación.
• Inconforme con ello, la parte actora promovió juicio de amparo indirecto, del cual conoció el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde se formó el cuaderno número 688/2016-IV; sin embargo, el Juez estimó carecer de competencia para conocer de la demanda, al considerar que mediante el acto reclamado concluyó el juicio de nulidad correspondiente; por ende, remitió la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito, en turno.
• De dicha demanda correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se formó el expediente número 312/2016 y una vez realizadas las actuaciones procesales necesarias, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, ese tribunal dictó resolución, en la cual otorgó el amparo solicitado, al tenor de las consideraciones siguientes:
"- En el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada, en el juicio de nulidad en contra del acuerdo de admisión del juicio, la Sala fiscal estimó fundado lo expuesto por la recurrente, en el sentido de que el juicio contencioso era improcedente, dado que el acto impugnado debía primeramente combatirse mediante el recurso previsto en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla 2.2.3, cuarto párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, ya que esas normas contienen un recurso ordinario que debe agotarse antes de acudir al juicio de nulidad y que la utilización del término ‘podrá’ no implica que tal recurso sea optativo, sino que se trata de un procedimiento obligatorio previo a acudir al juicio contencioso administrativo.
"- Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se analizaron de manera conjunta y se concluyó que resultaban fundados, ya que del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, y de la regla 2.2.3, cuarto párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, se sigue la existencia de un procedimiento, a través del cual el afectado por la cancelación de los certificados de sellos digitales puede subsanar las irregularidades advertidas, obtener un nuevo certificado y desvirtuar lo considerado por la autoridad.
"- Por su parte, conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (vigente al momento de la presentación de la demanda de amparo, es decir, el veinte de abril de dos mil dieciséis), el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa procede en contra de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, en los supuestos ahí previstos.
"- Para determinar qué debe entenderse por ‘resolución definitiva’, es necesario atender a la tesis 2a. X/2003, de rubro: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’,(6) conforme la cual, la resolución definitiva es el producto final o la última voluntad y suele expresarse como (1) la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o (2) como una manifestación aislada que no requiere de procedimientos que le antecedan, pues refleja la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública.
"- En el caso, lo resuelto por la Sala responsable en el recurso de reclamación es incorrecto, porque los oficios a través de los cuales se ordenó la cancelación de los certificados de sellos digitales de la quejosa sí son actos definitivos para efectos del juicio de nulidad, ya que se trata de producto final o voluntad definitiva de la autoridad en tanto que a través de esos actos se dejaron sin efectos los certificados de la quejosa, pues se trata de una determinación que no podría modificarse y ocasionan agravio al afectado.
"- Lo anterior, máxime que el procedimiento previsto en la Regla 2. 2.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince no constituye un recurso administrativo a través del cual se modifique la determinación de la autoridad, en cuanto a la cancelación de los certificados indicados, pues la finalidad de tal procedimiento es expedir un nuevo certificado, pero sin revocar la determinación de la autoridad.
"- Además, en el caso, mediante los oficios impugnados en el juicio de nulidad, la autoridad administrativa comunicó al afectado que tales actos podrían ser combatidos mediante el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, lo cual denota que en contra de esos actos existen dos medios de defensa, los cuales son optativos.
"- En virtud de lo considerado, se estimó fundado lo expresado por la parte quejosa y se otorgó el amparo, a efecto de dejar insubsistente la resolución reclamada y que en su lugar se emita otra, en la cual, se considere que el acto impugnado en el juicio de nulidad sí es definitivo y, en su caso, se admita el juicio, con independencia de que se actualice algún motivo diferente de improcedencia del juicio."
• De dicha resolución, derivó el criterio contenido en la tesis I.3o.A.33 A (10a.), de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD) PARA LA GENERACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), AL CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA."
II. TRÁMITE
3. En auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis, la cual se registró con el número 325/2017 y, al advertir que la materia del asunto corresponde al conocimiento de esta Segunda Sala, ordenó su remisión, para lo cual, turnó el asunto a la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek.
4. En el mismo acuerdo se requirió a la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que vía electrónica, informara si el criterio emitido por ese órgano se encuentra vigente o, en su caso, si fue superado o abandonado, y remitiera la ejecutoria correspondiente, a fin de integrar el expediente.
5. El tres de octubre de dos mil dieciséis, el presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte se avocó al conocimiento del asunto y ordenó integrar al presente cuaderno; asimismo, requirió al presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la remisión del el escrito de demanda del juicio de amparo directo 312/2016 de su índice.
6. Mediante auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que el criterio sustentado por ese órgano se encuentra vigente y ordenó la remisión de las constancias solicitadas por este Tribunal, las cuales se recibieron vía MINTER.(7)
7. Realizadas diversas actuaciones, mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en alcance a lo ordenado en auto de diecisiete de mayo de la referida anualidad, se ordenó turnar la presente denuncia de contradicción de tesis al Ministro Javier Laynez Potisek, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
III. COMPETENCIA
8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en términos del criterio sustentado en la tesis plenaria I/2012(8) y lo prescrito en el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como el 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercer del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, respecto de un tema que corresponde a la materia administrativa, para cuya resolución se considera necesaria su intervención y, en el cual, es innecesaria la intervención del Pleno de este Tribunal, dado el sentido de la presente resolución.
IV. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue hecha por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, órgano el cual dictó la sentencia del amparo directo 651/2017, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito; por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
10. El Pleno de este Tribunal ha establecido que para actualizar la contradicción de tesis, basta la existencia de oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales. En ese sentido es ilustrativa la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(9)
11. Del criterio precisado, se obtiene que la existencia de la contradicción de criterios no depende de la identidad o semejanza de las cuestiones fácticas, pues es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que la variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifiquen la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo formen parte de la historia procesal del asunto de origen.
12. Es decir, si las cuestiones fácticas fueran parecidas e influyeran en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
13. Así, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:
a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que ejercieron su potestad de arbitrio judicial, mediante la intelección de una norma para adoptar algún canon o método interpretativo, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos realizados por los órganos judiciales existe -al menos- problema jurídico analizado, ya sea mediante la adopción de algún criterio o la fijación de un principio o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
14. En el caso existe la contradicción de tesis denunciada, tal y como enseguida se demuestra enseguida:
15. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
16. En efecto, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito resolvió el amparo directo 514/2017, con apoyo del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, (expediente auxiliar 651/2017), en cuyo fallo se negó el amparo solicitado, tras estimar que la resolución impugnada en el juicio de nulidad no tenía el carácter de acto o resolución definitivo para efectos del juicio contencioso, porque tal determinación es impugnable a través del procedimiento previsto en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, ya que mediante éste, se pueden subsanar las irregularidades detectadas por la autoridad, o bien, demostrar la ilegalidad de la determinación adoptada por la autoridad en el sentido de cancelar los certificados de sellos digitales; es decir, cuando la autoridad fiscal cancela esos certificados, la determinación por la que se comunica ello al interesado no es definitiva, pues tal carácter sólo lo tiene la resolución que se emita una vez seguido el procedimiento previsto en el citado numeral y, por tanto, será sólo esa resolución la que puede impugnarse vía juicio contencioso.
17. Luego, como en el caso se pretendió impugnar mediante el juicio de nulidad el oficio a través del cual se cancelaron los certificados de sellos digitales y, conforme lo explicado, ese acto no es definitivo para efectos del juicio de nulidad, entonces la determinación adoptada en el fallo reclamado (en el sentido de sobreseer en el juicio al no resultar competente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer del asunto) se consideró correcta y, por tanto, se negó el amparo solicitado.
18. En cambio, al resolver el amparo directo 312/2016, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que fue incorrecta la conclusión contenida en la resolución reclamada, a través de la cual, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró fundado el recurso de reclamación y ordenó desechar la demanda de nulidad intentada en contra de los oficios por los cuales se ordenó la cancelación de los certificados de sello digitales para la expedición de CFDI.
19. En ese asunto, el Tribunal Colegiado precisado expuso que, los oficios impugnados en el juicio contencioso son (en su opinión) actos definitivos pues contienen la última voluntad de la autoridad en cuanto a la cancelación de los referidos sellos, y si bien existe un procedimiento previsto en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación y en la Regla 2.2.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, lo cierto es que no se trata de un recurso a través del cual pueda revocarse el contenido de esos oficios, pues la única finalidad de tal procedimiento es la obtención de un nuevo certificado, pero sin que pueda modificarse o revocarse la determinación de la autoridad, en el sentido de cancelar esos certificados.
20. A mayor abundamiento se expuso que en los oficios impugnados en el juicio de nulidad, la autoridad emisora indicó que en contra de tales actos procedía el recurso de revocación o, en su caso (en forma optativa) el juicio de nulidad; por ende, se concluyó que la propia autoridad reconoció el carácter de definitivo de esos actos y con base en ello, se otorgó el amparo, a efecto de ordenar a la Sala responsable el dictado de una nueva resolución en la cual se estimara que los oficios impugnados son definitivos para efectos del juicio de nulidad.
21. De lo hasta aquí expuesto, se advierte con claridad que los Tribunales Colegiados contendientes se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo de la normativa aplicable para llegar a una solución determinada y así establecer si el oficio por el cual las autoridades del Servicio de Administración Tributaria ordenan la cancelación de los certificados de sellos digitales son o no actos definitivos susceptibles de impugnación mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
22. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes, existió un punto de diferencia respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver.
23. En efecto, los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron casos, en los que se vieron obligados a establecer si el oficio por el cual las autoridades del Servicio de Administración Tributaria ordenan la cancelación de los certificados de sellos digitales, es o no un acto definitivo susceptible de impugnación mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
24. Así, mientras el Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con apoyo del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, consideró que el oficio a través del cual se ordena la cancelación de los certificados de sellos digitales, no un acto definitivo para efectos del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, que dicho juicio es improcedente en contra de ese tipo de actos, pues existe un procedimiento a través del cual puede revocarse la determinación de la autoridad; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó, que esos actos sí son definitivos y, por tanto, que en su contra procede el juicio de nulidad ante el citado tribunal pues el procedimiento establecido en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación y en la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, no constituyen un verdadero recurso susceptible de revocar el oficio, por medio del cual se ordena la cancelación de los aludidos certificados.
25. De lo anterior se sigue la existencia de un punto de diferencia entre los criterios adoptados por ambos órganos colegiados, en tanto que uno de ellos estimó que el oficio a través del cual se ordena la cancelación de los certificados de sellos digitales, no es un acto definitivo para efectos del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que el otro órgano estimó que ese oficio sí es un acto definitivo susceptible de impugnación en la referida vía.
26. Así, es claro que ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a conclusiones diferentes, con lo cual se colma el segundo requisito para la existencia de la contradicción de tesis.
27. Cabe precisar que en ambos asuntos, los correspondientes Tribunales Colegiados acudieron al artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación a efecto de determinar si existe o no un recurso en contra del oficio, mediante el cual se ordena la cancelación de los certificados de sellos digitales, pero en el asunto resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito también se hizo referencia a la Regla 2.2.3 de la Resolución Miscelánea para dos mil quince, mientras que en el asunto resuelto por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27672-9d8bfb66/sello-digital-el-oficio-emitido-con-fundamento-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CERTIFICADO DE SELLOS DIGITALES. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD FISCAL LO DEJA SIN EFECTOS, (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SELLO DIGITAL. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO CORRESPONDIEN (2a./J. 2/2018 (10a.))
- CERTIFICADO DE SELLOS DIGITALES. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD FISCAL LO DEJA SIN EFECTOS, (2a./J. 1/2021 (10a.))
- NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA ANTE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17-H, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIG (I.20o.A.42 A 10a.))
- NEGATIVA FICTA. LA QUE SE CONFIGURE RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17-H, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2018 Y EN L (I.20o.A.41 A (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis