PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR EL LAUDO. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE CONTRA AQUÉL SE PROMUEVE POR LA PARTE A QUIEN FAVORECE PARCIALMENTE, SÓLO LA INTERRUMPE RESPECTO DE LAS CONDENAS CONTROVERTIDAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 399/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO, Y PRIMERO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 10 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ALMA RUBY VILLARREAL REYES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, y no se requiere la intervención del Pleno.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en tanto fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, a quienes fue reconocida su legitimación por auto de presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.
TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito conoció del amparo en revisión 552/95, promovido por Petróleos Mexicanos, quien en sesión de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco, resolvió:(4)
"La sentencia que se recurre, en su parte conducente, a la letra dice: ‘El único concepto de violación que hace valer el quejoso es infundado. Lo anterior es así, porque fue correcto que la Junta del conocimiento declarara improcedente el incidente de prescripción planteado ... contrariamente a lo alegado por el quejoso, el término de dos años que señala la fracción III del artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, para que operara la prescripción de la acción para ejecutar el laudo definitivo dictado en el juicio laboral número 12/88, quedó interrumpida por la presentación de la demanda de garantías de la parte actora ... y no obsta a lo anterior que dicha actora no haya solicitado la suspensión del acto reclamado, pues habiéndole favorecido el laudo, no puede estimarse que transcurra el término de la prescripción, por la simple razón lógica de que pretender que se ejecutara ese laudo a pesar de que estaba inconforme con su contenido, sería contradictorio, porque de proceder a su ejecución estaría consintiendo el acto en los términos que fue emitido. En esa virtud, el término de prescripción, debía contarse a partir que el laudo definitivo quedara firme supuesto que sólo se actualizaría hasta que se resolviera el amparo interpuesto y se notificara debidamente a las partes, pues es entonces cuando desapareció el obstáculo que impedía ejecutar el laudo de referencia. ...’
"... la a quo no pudo violar garantías constitucionales al dictar la sentencia recurrida, sino, en todo caso, las disposiciones de la Ley de Amparo que rigen su pronunciamiento, y de que sí dio las razones y fundamentos que la llevaron a negar el amparo, como lo demuestra la simple lectura de la sentencia recurrida; lo cierto es que resolvió con acierto al considerar que la Junta actuó legalmente al declarar improcedente el incidente de prescripción planteado por el inconforme, pues si bien, en principio, la acción para solicitar la ejecución de un laudo condenatorio por la parte a la que favorece prescribe en el término de dos años conforme a lo previsto en el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal de Trabajo, término contado a partir del día siguiente al en que se le notifique, aun en el caso de que la parte contraria interponga demanda de amparo directo en contra de ese laudo, si no solicita la suspensión del acto reclamado, o habiéndola solicitado no se le concede o no otorga la garantía requerida para que surta sus efectos; en cambio, en los casos de excepción en que quien promueve el amparo directo resulta ser la parte a la que favorece el laudo por no estar de acuerdo precisamente con los términos en que se estableció la condena, es evidente que no puede exigírsele que solicite su ejecución dentro del término mencionado, puesto que al ser esa la materia del amparo el tratar de ejecutarlo sería tanto como consentirlo, lo que implica que tal laudo queda sub júdice hasta en tanto se resuelve el amparo directo promovido en su contra.
"Luego entonces, si el justiciable quien promovió el amparo directo fue el trabajador, porque pese a que le favoreció el laudo reclamado no estuvo de acuerdo con los términos que abarcó la condena, esto era suficiente para que la responsable, como lo indicó la a quo, estimara improcedente el incidente de prescripción planteado por la empresa, cuenta habida que por esa causa no podía transcurrir en perjuicio del trabajador el término de la prescripción a que se refiere la fracción III del artículo 519 antes referido, pues, se repite, el pretender ejecutarlo a pesar de no estar de acuerdo con su contenido implicaría su consentimiento, a lo que se debe agregar que el hecho de que en los artículos de la Ley de Amparo que regulan la suspensión no se comprenda este caso carece de relevancia, cuenta habida que la imposibilidad de ejecutar el laudo no derivó propiamente de suspensión alguna, sino de que ese laudo por las razones antes expuestas se encontraba sub júdice hasta en tanto se resolvía el amparo directo promovido en su contra."
En este orden de ideas, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida.
De las consideraciones precedentes surgió la tesis siguiente:
"Novena Época
"Número de Registro: 201763
"Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo IV, agosto de 1996
"Materia: laboral
"Tesis I.2o.T.3 L
"Página 709
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR UN LAUDO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EN CONTRA DE ÉSTE SE PROMUEVE AMPARO DIRECTO POR LA PARTE A LA QUE FAVORECE.-Si bien en principio la acción para solicitar la ejecución de un laudo condenatorio por la parte a la que favorece prescribe en el término de dos años conforme a lo previsto en el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, término contado a partir del día siguiente al en que se le notifique, aun en el caso de que la parte contraria interponga demanda de amparo directo en contra de ese laudo, si no solicita la suspensión del acto reclamado, o habiéndola solicitado no se le concede o no otorga la garantía requerida para que surta sus efectos; en cambio, en los casos de excepción en que quien promueve el amparo directo resulta ser la parte a la que favorece el laudo por no estar de acuerdo precisamente con los términos en que se estableció la condena, es evidente que no puede exigírsele que solicite su ejecución dentro del término mencionado, puesto que al ser esa la materia del amparo, el tratar de ejecutarlo sería tanto como consentirlo, lo que implica que tal laudo queda sub júdice hasta en tanto se resuelva el amparo directo promovido en su contra."
CUARTO.-Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, conoció del amparo en revisión 359/2015, y en sesión de veintiséis de noviembre de dos mil quince, resolvió:(5)
"Este órgano colegiado por cuestión de método y con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, analizará los conceptos de violación en su conjunto debido a su estrecha relación.
"La empresa quejosa, hoy recurrente, argumenta, sustancialmente, que la interposición de la demanda de amparo en contra del laudo dictado en un procedimiento laboral no interrumpe el término de la prescripción. Así, tomando en cuenta que la acción de ejecución del laudo prescribe en dos años contados a partir del día siguiente de su notificación acorde a lo dispuesto en el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo.
"Teniendo ello en cuenta, si el laudo le fue notificado al trabajador el ocho de junio de dos mil diez, el término para solicitar la ejecución de dicha resolución corrió del nueve de junio de dos mil diez al nueve de junio de dos mil doce. Por tanto, si la petición de ejecución se promovió hasta el cinco de octubre de dos mil doce, es evidente que la acción prescribió.
"Además, señala que durante la tramitación del juicio de amparo 721/2010, promovido por la patrona quejosa ante este Tribunal Colegiado, no se solicitó la suspensión del acto reclamado, por lo que el trabajador estuvo en aptitud de exigir el cumplimiento del laudo.
"El planteamiento en estudio resulta fundado.
"...
"Para dar mayor claridad a lo anterior es menester hacer una breve reseña de los antecedentes del caso.
"Resolución del juicio de amparo indirecto AI. 427/2015, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl.
"- Negó el amparo.
"Ahora bien, la fracción III del artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo señala que el trabajador cuenta con un plazo de dos años para solicitar la ejecución del mismo.
"Asimismo, el diverso artículo 521 del mismo ordenamiento establece que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante la Junta de Conciliación o ante la de Conciliación y Arbitraje, independientemente de la fecha de la notificación. Además, precisa que no es obstáculo para la interrupción, que la Junta sea incompetente, y también opera si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos individuales.
"La razón de las hipótesis normativas antes señaladas, acorde al tópico de análisis, versa en el hecho de que las acciones de las partes no queden perpetuas a su voluntad, precisamente siguiendo el principio de seguridad jurídica, por lo que se les otorga un término limitado para que las partes hagan las promociones necesarias para impulsar el procedimiento, obtener una resolución, o bien, en su caso, solicitar la ejecución de la misma.
"En el caso que nos ocupa, la ley señala que la ejecución de un laudo prescribe en dos años, contados a partir del día siguiente a la notificación del mismo, ello con el fin de que el trabajador a cuyo favor se dictó la resolución acuda a la Junta correspondiente y haga valer su interés de que la sentencia se cumpla.
"Ahora, si bien la laudo queda sub júdice ante la interposición de un juicio de amparo en su contra, la parte a la que favorece el mismo puede solicitar la ejecución siempre y cuando la parte quejosa -ya sea este mismo o a quien perjudica el laudo- no soliciten la suspensión del acto reclamado, o bien, se les haya negado, o concediéndosela, no haya entregado las garantías correspondientes.
"Cuando acude al amparo la parte a quien favorece el laudo debe interpretarse que no está conforme con todos los alcances de la resolución por lo que en este caso; sin embargo, aun en este supuesto puede solicitar la ejecución del laudo por cuanto a la parte que está conforme, ejerciendo una acción de ejecución parcial, entendiendo que por cuanto hace a la materia de revisión en el amparo sí opera la interrupción de la prescripción sobre la parte que resta de ejecutar.
"En una segunda hipótesis, es decir, cuando quien acude a la instancia constitucional es la parte a quien perjudica el laudo, éste puede solicitar, si a su interés conviene, la suspensión del acto reclamado, en cuyo caso debe otorgar las garantías que señala la Ley de Amparo para garantizar el pago de la condena y, en su caso, la subsistencia del trabajador durante el tiempo en que se sustancia el juicio.
"Luego, la presentación de una demanda de amparo no interrumpe el término de la prescripción de la acción de ejecución de un laudo, a menos que se solicite y otorgue la suspensión del acto reclamado; precisando que cuando el amparo lo promueve, la parte a quien favorece el laudo, éste puede solicitar la ejecución del laudo por cuanto a la parte que está conforme, a menos que pida la suspensión del acto reclamado y se otorgue la misma; de lo contrario, sólo operará la interrupción de la prescripción de la acción de ejecución respecto a la materia de la litis constitucional.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.T.88 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte, de contenido siguiente:
"‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR LOS LAUDOS. LA DEMANDA DE AMPARO QUE CONTRA AQUÉLLOS SE PROMUEVA NO LA INTERRUMPE.-Conforme al artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, prescriben en dos años las acciones para solicitar la ejecución de los laudos, cuyo término cuenta a partir del día siguiente de su notificación y no de la fecha de la demanda de amparo que se promueva contra dichos fallos, o de la resolución respectiva.’
"Cabe señalar que el quejoso, en cuyo favor se dictó el laudo puede solicitar la ejecución del mismo por cuanto a la parte que está de acuerdo, en cuyo caso, como ya se señaló anteriormente, el plazo para la prescripción de la acción correrá a partir del día siguiente al de la notificación del laudo -reiterando-, por cuanto a la parte en la que está conforme.
"Al tenor de lo antes relatado, dado que en el caso, quien promovió el juicio de amparo en contra del multicitado laudo fue la empresa patrona y ésta no solicitó la suspensión del mismo, el trabajador podía exigir su ejecución dentro del término legal previsto para tal efecto a partir de su notificación.
"En el presente caso, de constancias se desprende que el laudo de diecisiete de mayo de dos mil diez, le fue notificado al trabajador (tercero interesado), el ocho de junio de dos mil diez, por lo que el término previsto en la fracción III del artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo para solicitar la ejecución del mismo, transcurrió del nueve de junio de dos mil diez al nueve de junio de dos mil doce.
"Por tanto, si el escrito de solicitud de ejecución se presentó hasta el cinco de octubre de dos mil doce, es patente que ésta se presentó fuera de término y, en consecuencia, su acción prescribió.
"Cabe señalar que no se dejan de observar las disposiciones normativas que deben seguir los tribunales para la plena protección de los derechos de los trabajadores; sin embargo, en el presente caso, quedó de manifiesto que el trabajador -tercero interesado- estuvo en aptitud de hacer valer sus derechos en el término fijado por la ley, solicitando la ejecución del laudo a su favor dentro de los dos años siguientes a la notificación del mismo. Advirtiendo que, si bien la empresa patrona, ahora quejosa, promovió juicio de amparo en contra del mismo, ésta nunca solicitó la suspensión del acto reclamado, quedando a salvo los derechos del trabajador para ejecutar la condena y hacer el cobro respectivo.
"Luego, al resultar fundado el agravio de la empresa recurrente, lo procedente es revocar la sentencia impugnada y conceder el amparo solicitado para los siguientes efectos:
"a) La autoridad responsable deje insubsistente la resolución de diez de marzo de dos mil quince; y,
"b) En su lugar, dicte una nueva resolución siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, en el sentido de establecer que en el caso sí operó la prescripción de la acción de ejecución del laudo."
El citado criterio dio origen a la siguiente tesis:
"Décima Época
"Registro digital: 2011324
"Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 28, Tomo II, marzo de 2016
"Materias: común y laboral
"Tesis II.1o.1 L (10a.)
"Página 1758
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR UN LAUDO. LA DEMANDA DE AMPARO QUE CONTRA AQUÉL SE PROMUEVE NO LA INTERRUMPE, SI EL QUEJOSO, YA SEA A QUIEN FAVORECE O A QUIEN PERJUDICA DICHA RESOLUCIÓN, NO SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La fracción III del artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo señala que el trabajador tiene un plazo de dos años para solicitar la ejecución del laudo. Asimismo, el diverso numeral 521, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, establece que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de la demanda o de cualquier promoción ante la Junta de Conciliación o ante la de Conciliación y Arbitraje, independientemente de la fecha de la notificación; además, precisa que no es obstáculo para la interrupción que la Junta sea incompetente y, también opera si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos individuales. La razón de las anteriores hipótesis normativas atiende al hecho de que las acciones de las partes no queden perpetuas a su voluntad, en observancia al principio de seguridad jurídica, por lo que se les otorga un término limitado para que hagan las promociones necesarias para impulsar el procedimiento, obtener una resolución, o bien, solicitar su ejecución. Ahora, si el laudo queda sub júdice ante la interposición de un juicio de amparo en su contra, la parte a la que le favorece puede solicitar su ejecución, por lo que la promoción de la demanda de amparo no interrumpe por sí sola el término para la prescripción de la acción de su ejecución. Pero cuando acude al amparo la parte a quien favorece el laudo, debe interpretarse en el sentido de que no está conforme con todos los alcances de la resolución; sin embargo, en este supuesto puede solicitar la ejecución del laudo por cuanto a la parte que sí está conforme, ejerciendo una acción de ejecución parcial, y por cuanto hace a la materia de revisión en el amparo sí opera la interrupción de la prescripción sobre la parte que resta de ejecutar. En una segunda hipótesis, cuando quien acude al juicio constitucional es a quien perjudica el laudo, puede solicitar, si a su interés conviene, la suspensión del acto reclamado, en cuyo caso, debe otorgar las garantías que señala la ley de la materia para garantizar el pago de la condena y, en su caso, la subsistencia del trabajador durante el tiempo en que se sustancia el juicio. Por tanto, la promoción de una demanda de amparo no interrumpe el término de la prescripción de la acción de ejecución de un laudo, a menos de que se solicite y otorgue la suspensión del acto reclamado."
Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
QUINTO.-Finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito resolvió el amparo en revisión 117/2015, en sesión de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, donde determinó:(6)
"Deviene infundada la pretensión de los recurrentes antes sintetizada, porque el hecho de que el Ayuntamiento demandado hoy tercero interesado, haya promovido juicio de amparo directo en contra del laudo dictado por la responsable, el siete de junio de dos mil trece, de ninguna manera implica que el término de prescripción para solicitar la ejecución del laudo, no pueda empezar a computarse, porque el artículo 249 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios dispone que contra el laudo dictado por el tribunal o la Sala, no procede recurso alguno; por ende, el laudo adquirió firmeza desde el momento en que se emitió, y los recurrentes estaban en aptitud de pedir que se emitiera el mandamiento correspondiente desde el veinticuatro de junio de dos mil trece, que fue la data en que se les notificó el laudo aludido.
"Se estima tal aserto, porque la cosa juzgada del laudo con calidad de ejecutoria, no se pierde por el hecho de que en su contra se promueva juicio de amparo por cualquiera de las partes, pues en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley de Amparo, ni en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de la entidad, ni mucho menos en la Ley Federal del Trabajo, como legislación supletoria, existe disposición alguna de la que se desprenda que los laudos no causen ejecutoria, o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra o imposibilite la ejecución del mismo o prerrogativa de quien obtuvo a solicitar de inmediato proceder su ejecución.
"En tal virtud, al no existir una norma de la que se desprenda que los laudos ejecutoriados pierdan esa calidad, al interponer un medio extraordinario de defensa como es el juicio de amparo, se debe entender que, en todo caso, ello sucedería en vía de consecuencia cuando eventualmente se conceda la protección federal, por lo que no se puede estimar que dicha circunstancia limite la posibilidad de ejecución del laudo, en virtud de que la consecuencia lógica jurídica de éste, como sentencia ejecutoria es hacer efectivo lo logrado por el vencedor en esa instancia; de ahí que si en el caso del juicio de amparo directo, el artículo 190 de la Ley de Amparo dispone que la autoridad responsable (ante quien se presente la demanda) decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Y que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, resulta evidente, que si el promovente del amparo directo, hoy tercero interesado, no solicitó la suspensión del acto reclamado, que lo fue el laudo de siete de junio de dos mil trece, entonces los actores que a través de este recurso se inconforman, se encontraban en aptitud de solicitar la ejecución del laudo que les resultó favorable, precisamente, porque éste, conservaba su calidad de cosa juzgada, aun cuando sea reclamada a través del juicio de amparo, por lo que su ejecución sólo podría haberse detenido si el Ayuntamiento hoy tercero interesado hubiere obtenido la concesión de la suspensión del laudo y sus consecuencias; y únicamente hubiere dejado de existir jurídicamente si se hubiere concedido la protección federal, declarando que aquélla no se emitió conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Tiene aplicación, en lo conducente, el criterio de la Sala Auxiliar de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2522, Tomo CIX del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son:
"‘COSA JUZGADA.’ (se transcribe)
"Por analogía, la jurisprudencia número 1a./J. 51/2006, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2005-PS, visible en la foja 60, Tomo XXIV, octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"‘COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe)
"Así, como la tesis II.1o.1 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que este Tribunal Colegiado comparte, por el tema que informa, publicada en la página 1758, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el contenido y epígrafe que a continuación se citan:
"‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR UN LAUDO. LA DEMANDA DE AMPARO QUE CONTRA AQUÉL SE PROMUEVE NO LA INTERRUMPE, SI EL QUEJOSO, YA SEA A QUIEN FAVORECE O A QUIEN PERJUDICA DICHA RESOLUCIÓN, NO SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe)
"También, deviene infundado el motivo de inconformidad de los recurrentes, señalado en el ‘SEGUNDO’ de sus agravios, en la parte en la que, en síntesis, dijeron:
"- Que se promovió la ejecución del laudo, antes de que el tercero interesado, promoviera el incidente de prescripción de ejecución de éste, es decir, que se impulsó el expediente laboral, antes que el demandado presentara su incidente, logrando con esto la interrupción de cualquier término.
"Es infundado el argumento antes sintetizado, hecho valer por los inconformes, porque si bien es cierto, éstos presentaron escrito, mediante el cual solicitaron la ejecución del laudo, ello aconteció hasta el catorce de abril de dos mil catorce (foja 116 del juicio natural), lo que se desprende de la razón del acuse de recibo, que enseguida se reproduce:
"...
"De la reproducción que antecede, se desprende que los inconformes solicitaron la ejecución del laudo, hasta el catorce de abril de dos mil catorce, es decir, que se excedieron del plazo de seis meses que tenían para hacerlo, tomado en consideración de que se les notificó el laudo correspondiente el veinticuatro de junio de dos mil trece, con lo que se evidencia que hicieron uso de ese derecho, cuando ya había transcurrido con exceso el plazo aludido.
"Por tanto, la aseveración de los recurrentes de que al promover la ejecución del laudo con anterioridad a que el tercero interesado hiciera valer el incidente de prescripción de ejecución de éste, interrumpió cualquier término, es desacertada, porque no se pudo interrumpir una prescripción que ya existía, ya que si bien es cierto que ésta se interrumpe por la sola presentación de cualquier promoción que impulse la ejecución, también es cierto que ya había transcurrido el término de seis meses con los que contaban los recurrentes, para solicitar la ejecución del fallo, porque para que opere la prescripción a que se refiere el inciso a), fracción III, del artículo 180 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, no se requiere que se acuse rebeldía o que a quién beneficia, promueva antes que la parte que obtuvo resolución de condena en su favor, ya que dicha figura opera por el solo transcurso del tiempo y la inactividad del vencedor en el juicio, sin que sea exigible algún otro requisito, por lo que la figura jurídica de la prescripción, sólo es susceptible de interrupción mientras no se consume, pues cuando transcurre el término legal para que opere, la acción se extingue y no puede renacer por una promoción posterior a la fecha en que aquélla se completó, dado que no es posible interrumpir algo ya concluido.
"Se estima aplicable en lo conducente, por analogía de razón, la jurisprudencia número 2a./J. 9/2000, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/97, visible en la página 130, Tomo XI, febrero de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:
"‘LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN.’ (se transcribe)
"En ese contexto, al ser inoperantes e infundados los agravios de los recurrentes, las consideraciones que expuso el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del dictado de la sentencia del juicio de amparo indirecto 728/2015, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, deben quedar firmes en sus términos, por lo que se confirma la sentencia sujeta a revisión y se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a Pedro Velázquez Montes y Ángel Noriega Rivera."
SEXTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Por cuestión de orden es necesario establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de tesis, en tanto que bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que en su caso deba prevalecer como jurisprudencia.
Al respecto, es importante destacar que para que se configure la contradicción de tesis, se requiere que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Por tanto, hay contradicción de tesis cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean idénticos en torno a los hechos que los sustentan.
En ese sentido se pronunció el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Na
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27203-8d093dd3/prescripcion-de-la-accion-para-ejecutar-el-laudo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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