INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CONTROL CONSTITUCIONAL DEL ARBITRIO JUDICIAL (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CONTROL CONSTITUCIONAL DEL ARBITRIO JUDICIAL (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE FEBRERO DE 2017. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS HUGO LUNA RAMOS, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, MIGUEL ÁNGEL MEDÉCIGO RODRÍGUEZ, SILVIA CARRASCO CORONA, MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER, LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ, JOSÉ PABLO PÉREZ VILLALBA E IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. DISIDENTE Y PONENTE: OLGA ESTREVER ESCAMILLA; ENCARGADO DEL ENGROSE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. SECRETARIA: ERIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación de la denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, dado que fue formulada por la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara, integrante del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, quien está facultada para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III,(1) ambos de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
• Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********.
"... este Tribunal Colegiado advierte que, en la resolución reclamada, el ad quem confirmó la graduación de la culpabilidad del solicitante del amparo (la cual, nombró de otra forma) impuesto por la autoridad de primera instancia, ‘ligeramente superior a la mínima equivalente a 1/32 un treintaidosavo del rango mínimo y máximo de la pena prevista para el delito de lesiones culposas’; sin embargo, en virtud de que en la foja 336 vuelta de la causa, el Juez de origen, para determinar dicho grado de culpabilidad, consideró, entre otras cosas, lo siguiente: ‘... Peculiaridades éstas del sentenciado que vinculadas a las circunstancias exteriores de ejecución y tomando en consideración el delito en cuestión, así como el daño producido; ... que no tenía vínculo de parentesco con la ofendida, por lo que ello nos conduce a establecer, por parte de este órgano jurisdiccional, que el grado de culpabilidad del encausado y, asimismo, tomando en cuenta el estudio criminológico, se encuentra situado en una culpabilidad penal, tratándose de tres puntos debajo de la equidistante, entre la mínima y la media, que corresponde exactamente a 1/32 un treintaidosavo de las puniciones previstas para el delito de lesiones culposas, la cual se le tomará en cuenta al momento de su punición respectiva. ...’
"Por lo que, de la transcripción anteriormente realizada, es manifiesto que el a quo consideró el estudio criminológico del justiciable, sin que la autoridad de alzada realizara algún pronunciamiento al respecto, por ende, que lo haya considerado para fijar el grado de reproche.
"En consecuencia, tal situación se estima desacertada, habida cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido criterio en el sentido de que los dictámenes periciales tendentes a conocer la personalidad de los inculpados no deben ser tomados en consideración para efecto de graduar su culpabilidad, cuenta habida que nuestro orden jurídico se pondera por el paradigma del derecho penal del acto y rechaza a su opuesto, el derecho penal del autor; además, porque de acuerdo con el principio de legalidad, ninguna persona puede ser castigada por quien es, sino únicamente por las conductas delictivas que comprobadamente comete, por ello, la personalidad se vuelve un criterio irrelevante en tanto los dictámenes periciales que la analizan (o pretenden analizarla) únicamente sirven para estigmatizar a la persona sujeta a la jurisdicción y, así, se cumplen criterios que admiten la aplicación de consecuencias perjudiciales para ella, las que se aplican a pesar de estar sustentadas en razones claramente ajenas al estricto quebranto de una norma penal; lo anterior, en la jurisprudencia 20/2014 (10a.), publicada en la página trescientos setenta y seis del Libro 4, Tomo I, marzo de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia penal, que dice:
"‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007]. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 100/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 175/2007, de rubro: «INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).», estableció que conforme a lo previsto expresamente en el último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal el juzgador, al individualizar las penas a imponer, puede tomar en consideración los dictámenes periciales tendentes a conocer la personalidad del inculpado. Ahora bien, una nueva reflexión lleva a abandonar este criterio y, por ende, a interrumpir dicha jurisprudencia, en virtud de que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma del derecho penal del acto y rechaza a su opuesto, el derecho penal del autor; además porque de acuerdo con el principio de legalidad, ninguna persona puede ser castigada por quien es, sino únicamente por las conductas delictivas que comprobadamente comete; por lo que la personalidad se vuelve un criterio irrelevante, pues los dictámenes periciales que la analizan (o pretenden analizarla) únicamente sirven para estigmatizar a la persona sujeta a la jurisdicción y, así, se cumplen criterios que admiten la aplicación de consecuencias perjudiciales para ella, las que se aplican a pesar de estar sustentadas en razones claramente ajenas al estricto quebranto de una norma penal.’
"Luego, aunque la Sala responsable reasumió jurisdicción tocante a ese tópico, lo cierto es que confirmó el grado de culpabilidad asignado en la instancia inferior, sin que hubiese hecho algún pronunciamiento en torno a lo expuesto por el Juez de primer grado.
"Asimismo, se estima que la sentencia reclamada es violatoria de los derechos fundamentales del solicitante del amparo, lo que se advierte en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el dispositivo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente.
"...
"En mérito de lo anterior, atendiendo al sentido de esta resolución y dado que la imposición de las penas puede ser susceptible de modificación, al transcender tales circunstancias para efectos de graduar la pena y, por ende, la cuantificación de las sanciones correspondientes, las cuales deberán ser congruentes con el grado asignado al amparista, impiden a este Tribunal Colegiado analizar si las impuestas son correctas, razón por la cual, la Sala responsable deberá individualizar nuevamente éstas, pues de hacerlo, este órgano resolutor, a quien sólo corresponde analizar la constitucionalidad de la sentencia reclamada, se sustituiría en las facultades jurisdiccionales de la autoridad responsable de instancia.
"En consecuencia, al resultar violatoria de derechos fundamentales la sentencia reclamada, procede conceder al sentenciado el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos de que la responsable ordenadora, acorde con lo establecido por el numeral 77 de la Ley de Amparo, realice lo siguiente:
"a) Deje insubsistente la sentencia reclamada;
"b) En su lugar, dicte una nueva, donde reitere los demás aspectos que no fueron materia de protección constitucional.
"c) Además, al establecer el grado de culpabilidad del justiciable, no tome en consideración su estudio de personalidad; hecho lo cual, individualice las sanciones que legalmente correspondan; en el entendido que, en irrestricto apego al principio non reformatio in peius, no se podrá agravar la situación jurídica del solicitante de amparo. ..."
• Resolución mayoritaria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dictada en el juicio de amparo directo 150/2016.
"Resulta fundado lo argumentado por el quejoso en su concepto de violación sintetizado como uno, suplido en su deficiencia en términos del inciso a), fracción III, del ordinal 79 de la Ley de Amparo; dado que, como se alega, el tribunal de apelación, al estudiar la individualización de la pena, de manera inexacta, le estimó un grado de culpabilidad ‘intermedia de la equidistante de la equidistante (sic) entre la mínima y la media, que en proporción corresponde a una decimosexta parte del rango existente entre la mínima y la máxima’.
"Se afirma lo anterior, toda vez que la Sala, para establecer el índice de culpabilidad, no observó todas las reglas generales que para la aplicación de sanciones prevén los preceptos 70 y 72 del Código Penal para la Ciudad de México.
"Lo anterior es así, ya que si bien es cierto la ad quem, en el capítulo correspondiente a la individualización de la pena, para efectos de fijar el índice de culpabilidad al quejoso, analizó la acción dolosa que desplegó el sujeto activo, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho delictivo a estudio, la forma y grado de intervención del agente en la comisión del ilícito; sin embargo, este Tribunal Colegiado advierte que la magnitud del daño causado al bien jurídico tutelado, contrario a lo que estableció, no fue de grave intensidad, pues es verdad que el patrimonio es uno de los bienes jurídicos mayormente protegidos por la norma, empero, dentro de los autos no quedó evidenciado que con el apoderamiento de los bienes afectos a la causa (dos teléfonos celulares y doscientos pesos en efectivo) se haya trastocado en gran medida la estabilidad económica de los pasivos; además, el tribunal de apelación tampoco tomó en cuenta debidamente los aspectos que le favorecían al solicitante del amparo, al atender los lineamientos a que alude el artículo 72, fracciones V y VII, del Código Penal para la Ciudad de México, concernientes a sus peculiaridades personales.
"Cierto, la Sala de apelación, al resolver en el sentido que lo hizo, no tomó en consideración que el acusado, al momento de la comisión del ilícito, tenía la edad de veintinueve años, contaba con un modo honesto de vida, al desempeñarse como comerciante de conexiones de PVC, y en su tiempo libre lo dedicaba a estar con su familia (foja 125), que se traduce en que era una persona que llevaba una vida productiva a la sociedad; aunado a que no había sido juzgado y sentenciado con anterioridad por delito doloso que se persiga de oficio; además, exhibió para avalar su buena conducta diversas documentales consistentes en:
"a) Documental privada consistente en una carta de buena conducta expedida por **********, a favor de ********** (foja 197, causa); b) Las documentales públicas consistentes en: una boleta de calificaciones expedida por la Secretaría de Educación Pública; c) Solicitud de reinscripción expedida por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 6; d) Receta médica expedida por el Centro de Integración Juvenil, A.C., Unidad de Hospitalización Iztapalapa, por el doctor **********; e) Receta expedida por el Centro de Integración Juvenil, A.C., Unidad de Hospitalización Iztapalapa, por el doctor **********; f) Pase por cuota de recuperación expedida por el Centro de Integración Juvenil, A.C., Unidad de Hospitalización Iztapalapa, por la doctora **********; g) Pase de consulta expedida por el Centro de Integración Juvenil, A.C., Unidad de Hospitalización Iztapalapa; h) Receta médica expedida por el Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Salud) por la doctora **********, todos expedidos a favor del procesado **********.
"De igual manera, era trascendental, al analizar el comportamiento posterior del acusado, con relación al delito por él cometido, destacar que aun cuando negó su comisión, en atención al derecho fundamental contenido en el artículo 20 constitucional, durante la secuela procedimental ajustó su defensa a lo estrictamente necesario, lo que conllevó al juzgador a emitir una pronta y expedita justicia en el caso.
"Por lo que, al estar demostrado que es un delincuente primario, ello lo sitúa en un estado vulnerable, al encontrarse inmerso con la población carcelaria y, dado el sistema penitenciario que hoy se presenta en la mayoría de los centros de privación de libertad de nuestro país, como son el hacinamiento excesivo, controles de seguridad, así como una inadecuada clasificación para su correcta internación (separación selectiva), es incuestionable que dicho reo estará expuesto para que pueda involucrarse en conductas antisociales quizás más graves a la que cometió.
"A mayor abundamiento, de conformidad con el artículo 5, numeral 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados, disposición que es similar al texto del artículo 10, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;(2) por su parte, el artículo 18 constitucional establece la forma en que se debe organizar el sistema penitenciario para lograr la reinserción del sentenciado, pues al efecto, dispone que éste debe organizarse sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; mandato constitucional que, de conformidad con diversos estudios y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no han sido observados por el Estado dentro de las cárceles del país.
"En efecto, basta mencionar que en la Recomendación General Número 18 sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Internos en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el veintiuno de septiembre de dos mil diez, dicho ente estableció que partir de la información contenida en el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, observó, entre otros problemas, que el sistema penitenciario en muchos casos no cumple con los estándares para garantizarles una estancia digna y segura en reclusión, pues algunas instalaciones de establecimientos penitenciarios no reúnen las condiciones de habitabilidad (tanto en los dormitorios, como las instalaciones destinadas a la preparación y consumo de los alimentos, así como a las actividades educativas y laborales); asimismo, los centros penitenciarios no cuentan con personal técnico suficiente que participe en la organización de los talleres y proporcione capacitación para el desempeño de las actividades laborales que realizan los internos, lo cual les impide el aprendizaje o perfeccionamiento de un oficio que les facilite obtener un empleo y ser autosuficientes al momento de reincorporarse a la sociedad; otro problema que enfrentan los centros de reclusión es el relacionado con la falta de profesores para el desarrollo de las actividades educativas, tampoco se cuenta con suficientes psicólogos para atender las necesidades de la población interna, en especial, lo relativo a la aplicación de pruebas psicológicas a efecto de integrar los estudios de personalidad; para proporcionar orientación sobre temas relacionados con la farmacodependencia; así como para organizar terapias individuales y de grupo con el objeto de ayudarlos a entender la situación en la que se encuentran; también se encontraron deficiencias en la atención médica, desabasto de medicamentos, así como la inadecuada integración de expedientes clínicos, falta de personal médico y de enfermería, lo que trae como consecuencia que las enfermedades de los internos no sean detectadas oportunamente, lo que se traduce en una atención inadecuada de las enfermedades infectocontagiosas, crónico degenerativas y bucodentales, principalmente.
"También, se advirtió que en gran parte de los establecimientos, el número de reclusos sobrepasa la capacidad de internamiento (sobrepoblación), en algunos de ellos la tasa de sobrepoblación es superior al 200%, que de acuerdo con estándares internacionales se le considera como sobrepoblación crítica, ya que incide de manera negativa en la gobernabilidad de los centros y afecta el desarrollo de las actividades que se realizan en el interior, es decir, afecta la calidad de vida de los internos, impide que tengan acceso a las oportunidades de trabajo, capacitación para el mismo y educación, así como a la atención médica, psicológica y de trabajo social, necesarios para su reinserción social; asimismo, la sobrepoblación en los centros de reclusión genera el autogobierno, entendido como la ausencia de autoridad al interior de un centro, debido a que grupos de internos ejercen control sobre un amplio sector de la población. Se trata de un sistema de gobierno paralelo al régimen interior que legalmente debe prevalecer en un centro penitenciario, con estructura organizada a partir de una jerarquía de mando, mediante la cual, además de imponer métodos informales de control, efectúan actividades ilícitas intramuros. Como resultado del autogobierno, aumenta la violencia al interior de los centros y el tráfico de sustancias prohibidas. Además, permite que algunos internos gocen de privilegios y tratos especiales, tales como el acceso a estancias amplias y la posesión de teléfonos celulares, entre otros objetos prohibidos.
"Así, en algunos casos, la cárcel, lejos de combatir la inseguridad, tiene el efecto contrario, puesto que una persona que es encarcelada por un robo menor, como en el presente caso, saldrá en libertad después de poco más de cinco años y se enfrentará con dificultades para encontrar un trabajo por el estigma de haber estado en la cárcel. Además, por el efecto criminógeno que la cárcel misma puede tener, puede terminar cometiendo delitos más graves.
"En virtud de lo anterior, si en las condiciones actuales de las cárceles mexicanas las habilidades que se aprenden más fácilmente son aquellas asociadas con más conductas delictivas o violentas; ello aumenta la posibilidad, al salir, de reincidencia o de reclutamiento por parte de grupos criminales, lo cual, no se traduce en un proceso de reinserción real.
"Expuesto lo anterior, debe precisarse que, aun cuando la Sala responsable goza de plena autonomía para efectos de la imposición de las penas, debe ajustarse estrictamente a la observancia de las reglas normativas de su individualización, para obtener adecuadamente el índice de culpabilidad y, congruente con él, el quántum de la sanción, es evidente que en el caso no observó detalladamente lo dispuesto en los numerales 70 y 72 del Código Penal para la Ciudad de México, pues al ajustarse estrictamente a sus lineamientos, conducen a establecer que el índice de culpabilidad que legalmente le corresponde al quejoso lo es el mínimo, lo que daría una pena de cuatro años seis meses de prisión y sesenta días multa; y no así el excesivo que le apreció.
"Apoya lo anterior, la jurisprudencia 241, sustentada por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y uno, Tomo II, del Apéndice «al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995», Sexta Época, de rubro:
"‘PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. REQUISITOS.’
"Así como el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que este órgano colegiado comparte, visible en la página doscientos veintinueve, Tomo VIII, octubre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro:
"‘PELIGROSIDAD, FORMA DE ESTIMAR EL QUÁNTUM DE LA.’
"En virtud de que la pena de prisión en comento es menor a cinco años, la Sala ad quem, con libertad de jurisdicción, deberá analizar la procedencia de los beneficios que contemplan los artículos 84, fracción II y 89 del Código Penal para la Ciudad de México.
"...
"En esas condiciones, lo que procede es conceder a ********** o ********** o **********, la protección de la Justicia Federal, respecto del acto que reclamó de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de la Justicia Federal, para los siguientes efectos:
"1. Deje insubsistente la sentencia reclamada;
"2. Emita otra, en la que reitere los aspectos que se estimaron constitucionales en la presente resolución;
"3. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, realice una nueva individualización de la pena, en la que le fije al quejoso un índice de culpabilidad mínimo y, por ende, la pena de cuatro años seis meses de prisión y sesenta días multa que le es condigna; ..."
De esa ejecutoria derivaron las siguientes tesis aisladas:
"ARBITRIO JUDICIAL. PARA INDIVIDUALIZAR LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EJERCICIO DE DICHA FACULTAD, EL JUEZ DEBE OBSERVAR EN SU TOTALIDAD LAS REGLAS Y CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 70 Y 72 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Si bien es verdad que para determinar el grado de culpabilidad del sentenciado y, congruente con él, el quántum de la sanción, el Juez hace uso de su arbitrio judicial, también lo es que dicha actuación debe ajustarse estrictamente a la observancia total de las reglas y criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad, establecidos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, si el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el juicio de amparo directo, advierte que la autoridad responsable estableció un índice de culpabilidad superior al mínimo, sin tomar en consideración los aspectos que favorecían al quejoso, entre otros, su edad, modo honesto de vivir, no haber sido condenado con anterioridad por delito doloso perseguible de oficio, así como su buena conducta anterior y posterior a la comisión del delito; puede conceder el amparo solicitado para el efecto de que aquélla disminuya el índice de culpabilidad y establezca el que legalmente corresponde al quejoso, esto es, el mínimo y, por consiguiente, que analice nuevamente la procedencia de los sustitutivos de la pena de prisión, así como del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Máxime que de conformidad con los artículos 5, numeral 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la pena de prisión tendrá como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados; aunado a que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; mandato que no se ha cumplido a cabalidad, dado que de conformidad con diversos estudios y recomendaciones emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la mayoría de los establecimientos penitenciarios no reúnen las condiciones de habitabilidad, ni cuentan con personal técnico que proporcione capacitación para el desempeño de las actividades laborales, profesores para el desarrollo de tareas educativas, psicólogos a efecto de integrar los estudios de personalidad y proporcionar orientación sobre temas relacionados con la farmacodependencia; presentan deficiencias en la atención médica, desabasto de medicamentos; existe sobrepoblación que incide negativamente en la gobernabilidad de los centros y afecta la calidad de vida de los internos. Por tanto, en el caso de delincuentes primarios, la cárcel, lejos de lograr su reinserción en la sociedad, los expone a que puedan involucrarse en conductas antisociales quizá más graves a la que cometieron."(3)
"PENA MÍNIMA. EL TRIBUNAL COLEGIADO AL RESOLVER EL AMPARO DIRECTO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR AL TRIBUNAL DE APELACIÓN SU IMPOSICIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS ASPECTOS FAVORABLES DEL SENTENCIADO. De conformidad con los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal -ahora Ciudad de México-, el juzgador al individualizar las sanciones, sólo está limitado por los mínimos y máximos que para cada delito establece la ley, así como a la observancia de las circunstancias exteriores de ejecución y a las peculiares del delincuente que prevé el segundo de los numerales citados; además, no debe soslayarse que, atento al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prisión tiene como finalidad esencial la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. En virtud de lo anterior, si el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del juicio de amparo directo promovido contra la sentencia definitiva, advierte que el tribunal de apelación inobservó la totalidad de las reglas normativas para la individualización de las penas, como podrían ser los aspectos que le favorecían al sentenciado, esto es, su modo honesto de vivir, no haber sido condenado con anterioridad por delito doloso perseguible de oficio, así como su buena conducta anterior y posterior a la comisión del delito y, derivado de ello, estableció un índice de culpabilidad superior al mínimo, está facultado para que, tomando en consideración esos elementos favorables, ordene a la responsable una nueva individualización de la pena en la que fije al quejoso una pena mínima y, como consecuencia de ello, la posibilidad de beneficiarse con alguno de los sustitutivos de la pena de prisión o de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y evitar su internamiento en un centro penitenciario, que lejos de lograr su reinserción en la sociedad, al tratarse de un delincuente primario, lo expondría a involucrarse en conductas antisociales tal vez más graves a la que cometió, pues de acuerdo con la Recomendación General Número 18 de 21 de septiembre de 2010, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la situación de los derechos humanos de los internos en los centros penitenciarios de la República Mexicana, esos establecimientos no han podido cumplir a cabalidad con su mandato constitucional, ya que no reúnen condiciones de habitabilidad, carecen de personal técnico que proporcione capacitación laboral, profesores, personal médico y desabasto de medicamentos; además, presentan sobrepoblación que incide negativamente en su gobernabilidad; sin que ello implique que el Tribunal Colegiado de Circuito se sustituya al tribunal de instancia, porque al haber una valoración incorrecta del material probatorio a este respecto, está facultado para ello."(4)
Resolución de la que difirió la Magistrada denunciante, en cuanto a los efectos de la concesión del amparo -precisamente en torno al tema sobre el que versa la presente contradicción de tesis-, quien emitió voto particular.
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. En principio, debe precisarse que, para que se actualice una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 225 de la Ley de Amparo, es necesario determinar si existe la necesidad de unificación de criterios ante una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.
En otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-, aunque legales.
Dicho de otro modo, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación -en los resultados- adoptados por los Tribunales de Circuito contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador, a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27222-5974a519/individualizacion-de-la-pena-control-constitucional-del-arbitrio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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