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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE PARALIZAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD INSTAURADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL RESPECTO DE UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, Y PARA QUE NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2016. · Registro digital (IUS): 27279
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-08-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo III, Pág. 2208.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2017. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, MARCOS GARCÍA JOSÉ, ÓSCAR NARANJO AHUMADA Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. PONENTE: ÓSCAR NARANJO AHUMADA. SECRETARIO: ERNESTO CAMILO NUÑO GUTIÉRREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción de tesis, suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; por tanto, dichos Magistrados cuentan con legitimación para denunciar la posible contradicción de los criterios contendientes, de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Criterios contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, por orden de su emisión, son las siguientes:

A) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de cinco de octubre de dos mil dieciséis, resolvió, por unanimidad, el recurso de queja 319/2015 (fojas 56 a 72), interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo de origen 2445/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ejecutoria en la cual consideró, en la parte conducente, lo siguiente:

"SÉPTIMO.-Los agravios hechos valer son parcialmente fundados.

"Como cuestión previa, conviene establecer que en el acuerdo recurrido de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez de Distrito negó la suspensión provisional solicitada por la quejosa, contra el acto reclamado vía ampliación de demanda, consistente en la sustanciación del procedimiento administrativo de implementación de medidas de seguridad identificado en el expediente **********, seguido ante la presidencia de Guadalajara, Jalisco, a través del cual **********, asociación civil, pretenden la suspensión de la obra ubicada en calle ********** y **********, en el fraccionamiento **********, al cual no fue emplazado ni se le concedió derecho de audiencia como interesado.

"Asimismo, como el juzgador federal precisó y se desprende de la ampliación de la demanda de amparo, la suspensión se solicitó para los siguientes efectos:

"‘... que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, es decir, para efectos de que se suspenda la sustanciación del procedimiento administrativo de implementación de medidas de seguridad identificado con el expediente **********, a través del cual, se pretende la suspensión total de las obras de construcción en el predio ubicado en calle ********** y ********** en el fraccionamiento ********** hasta en tanto se resuelva el presente amparo.’

"Pues bien, según se aprecia del auto recurrido, la suspensión provisional de los indicados actos reclamados en la ampliación de demanda, se negó en esencia, con base en que no se cumplió con el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que de otorgarse tal medida, se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, en tanto que la medida cautelar implicaría la suspensión del procedimiento administrativo de implementación de medidas de seguridad identificado en el expediente **********, seguido ante la presidencia de Guadalajara, Jalisco, a través del cual **********, asociación civil, pretenden la suspensión de la obra ubicada en calle ********** y **********, en el fraccionamiento **********, el cual es de orden público; aunado a que no se advierte que su continuidad deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que se pueda ocasionar a la quejosa, al no impedir el análisis de su constitucionalidad y la sentencia favorable que llegara a dictarse impactaría en todo ese procedimiento y sus consecuencias.

"En los agravios la parte quejosa recurrente manifiesta, en lo medular, que el Juez de Distrito realiza una indebida valoración y aplicación del artículo 128 de la Ley de Amparo, específicamente en torno a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al orden público, al ser procedente la suspensión solicitada.

"Añade que, de acuerdo a diversos criterios de órganos del Poder Judicial de la Federación y lo establecido en el artículo 150 de la Ley de Amparo, es procedente otorgar la suspensión sobre un procedimiento que se sustancia sin la comparecencia de un tercero al que debe concederse el derecho de audiencia, lo que sobrepasa cualquier consideración adicional, incluyendo la imposición de medidas de seguridad que pudieran ser de orden público.

"Asimismo, precisa que exhibió diversos medios de prueba que demuestran indiciaria o presuntivamente una afectación a un derecho preexistente del cual es titular, al acreditar que es propietario del predio antes descrito, sobre el cual se está llevando a cabo la edificación de un desarrollo habitacional al amparo de la resolución de afirmativa ficta, derivada del expediente **********, del índice de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, mediante la cual se condenó a las autoridades municipales a que le expidieran la licencia correspondiente, y previamente en dicho juicio se le concedió la medida cautelar para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, sin que se decretara clausura o sanción a la obra de edificación en comento.

"Agrega que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, al momento de resolver sobre una medida cautelar, se debe ponderar simultáneamente la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público, lo que corrobora el artículo 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

"A su vez, afirma que al ejecutarse la obra al amparo de la afirmativa ficta referida, existe sólida presunción legal de que el desarrollo que realiza se apega a los planes parciales, acorde a lo estipulado en el artículo 262 Bis del Código Urbano para el Estado de Jalisco, de ahí que, con la medida solicitada no puede estimarse que se afectaría al orden público y al interés general; sumado a que goza del derecho de audiencia que debió serle respetado previamente a la instauración del procedimiento reclamado, como lo marca el diverso 365 de ese ordenamiento legal.

"Igualmente, puntualiza que si el a quo hubiese realizado un análisis provisional sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado, habría advertido que existe un claro vicio que ello demuestra, al no haber sido llamado a ese procedimiento, como legalmente corresponde; además de que no basta su manifestación genérica y abstracta en el sentido de que existe un interés general en que se sustancie el procedimiento, sino que debió señalar los elementos concretos y precisos que ello denoten y que en el caso concreto, la suspensión solicitada atiende al interés social y al orden público, ya que la colectividad tiene interés en que los procedimientos administrativos se lleven a cabo con apego a derecho, respetando que todas las partes involucradas sean oídas y vencidas.

"Finaliza diciendo que de no serle otorgada la suspensión y dictarse una resolución definitiva en el procedimiento **********, se le causaría una grave afectación económica, pues durante el periodo en que deje de ejecutar la construcción perdería recursos que jamás podría recuperar y la reputación comercial del proyecto decrecería al grado de poner en riesgo su subsistencia.

"Los razonamientos sintetizados, como se anticipó, resultan parcialmente fundados.

"En primer orden, este Tribunal Colegiado considera que el Juez incurrió en incongruencia, al haber señalado en diversas ocasiones en el auto recurrido, que el acto reclamado vía ampliación de demanda es la sustanciación del procedimiento administrativo de implementación de medidas de seguridad identificado en el expediente **********, seguido ante la presidencia de Guadalajara, Jalisco, a través del cual **********, asociación civil, pretenden la suspensión de la obra ubicada en ********** y **********, en el fraccionamiento **********, cuando según se desprende del contenido de dicho escrito, el número correcto del inmueble es **********.

"Cabe acotar que dicha cuestión no fue atacada por las partes, sin que ello obste para que este tribunal subsane la irregularidad apuntada que contiene el proveído recurrido.

"Sobre ese aspecto, es oportuno acotar que inclusive, tal aclaración la realizó el Juez al momento de desahogar la audiencia incidental el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, con respecto a los actos reclamados a través de la demanda inicial, en cuya sentencia indicó que el número correcto del inmueble mencionado es **********, y no **********, como indebidamente se señaló en tales resoluciones, añadiendo el a quo que se trataba de una mera imprecisión de orden, que es insuficiente para sustentar que se trata de fincas distintas; lo que corrobora lo antes determinado.

"Así, con respecto al citado procedimiento y sus consecuencias, debe concluirse que procede negar la suspensión solicitada, con apego a lo estatuido en el artículo 128 de la Ley de Amparo, que dispone:

"‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.-La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado ...’

"Del precepto legal transcrito, se desprende que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) que exista solicitud del quejoso; y, b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

"Pues bien, este Tribunal Colegiado de Circuito, estima que como lo señaló el Juez de Distrito, no procede la suspensión del referido procedimiento de implementación de medidas cautelares, en virtud de que no se cumple el requisito establecido en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, referente a que con la suspensión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, debido a que dicha afectación se genera por el hecho de que la paralización del procedimiento indicado, privaría de un beneficio social a los vecinos del citado inmueble y a quienes en un momento dado transiten por el lugar en que se ubica, pues la finalidad de la implementación de medidas de seguridad en la obra, constituye la verificación de que su edificación se realice atendiendo a todos y cada uno de los elementos necesarios para que no sufra un menoscabo, y ello, a su vez impacte en los citados terceros, lo cual patentiza su importancia social.

"Al respecto, el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se decretará siempre que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

"Sobre el particular, debe señalarse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno.

"Entonces, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo, tutelar derechos de la colectividad, para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio.

"Por interés social, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público.

"Por tanto, en vinculación con los anteriores razonamientos, se concluye que el orden público y el interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

"Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Informe al Semanario Judicial de la Federación, edición mil novecientos setenta y tres, Parte II, Séptima Época, Materia Común, página 44, que literalmente dice:

"‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.-De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.’

"Una vez precisado lo anterior, cabe reiterar que, con la paralización total del procedimiento mencionado, se afectan intereses de la sociedad y se contravienen disposiciones de orden público, pues la implementación de medidas de seguridad en una construcción, indiscutiblemente, constituye un beneficio reglamentado en la ley a favor de la sociedad en general y, por ende, privar a la colectividad de un privilegio relacionado con ello resulta contrario al interés social.

"En ese sentido, como el interés general y el orden público, radican en el desarrollo normal de las actividades encomendadas al Estado, en su calidad de funciones de servicio público, las que se realizan por conducto de diversos servidores públicos que forman parte de la administración estatal; entonces, como en el presente caso, la eventual suspensión del procedimiento de implementación de medidas de seguridad, recae en el interés de la sociedad de que la citada obra sea levantada en las mejores condiciones de seguridad, eficiencia y calidad, es inconcuso que con la suspensión del referido procedimiento, se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, en este caso, los artículos 365 a 372 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, del siguiente contenido:

"‘Artículo 365. Son autoridades competentes para determinar y ejecutar las medidas de seguridad y aplicar las sanciones administrativas previstas en este código:

"‘I. El gobernador del Estado y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el ámbito de competencia de las autoridades estatales; y

"‘II. Los Ayuntamientos y los presidentes municipales.

"‘Las medidas de seguridad podrán ser impuestas por la autoridad a quien corresponda la realización de visitas de inspección en el momento de la inspección.

"‘Las autoridades competentes, tanto para aplicar sanciones como para determinar y ejecutar medidas de seguridad, deberán fundar y motivar su resolución, notificarla personalmente y conceder previa audiencia al interesado, esta facultad podrá ser delegable mediante acuerdo que se publique en los órganos oficiales de difusión.’

"‘Artículo 366. En el procedimiento para determinar y ejecutar medidas de seguridad, como para aplicar sanciones administrativas, se observarán las siguientes reglas:

"‘I. Las autoridades competentes, a petición de parte o de oficio, resolverán administrativamente sobre la ejecución de las medidas de seguridad y respecto a la imposición de las sanciones definidas en este código;

"‘II. Esta resolución expresará sus fundamentos y motivación, y será comunicada en forma personal a quienes se señale como responsables;

"‘III. La determinación de la responsabilidad será precisada, en su caso, por dictamen de peritos nombrados por el Ayuntamiento que corresponda, por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial que en caso de requerirlo deberá ser auxiliada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por la parte agraviada y por el o los presuntos responsables que deberán ser oídos en el procedimiento;

"‘IV Los peritos emitirán su dictamen conjunta o separadamente. En caso necesario, la autoridad competente nombrará un perito tercero en discordia;

"‘V. En contra de la resolución que emita la autoridad, procederá el recurso de revisión previsto en este código;

"‘VI. Todo lo relativo a daños y perjuicios se decretará por la autoridad judicial, observando las disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y

"‘VII. Las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias se comunicarán a la dependencia encargada de la Hacienda Municipal que corresponda, para su ejecución.’

"‘Artículo 367. Si las circunstancias del caso así lo exigen, podrán ejecutarse las medidas de seguridad que se determinen, y simultáneamente, podrán imponerse sanciones a los infractores.’

"‘Artículo 368. Si en el procedimiento que sigan las autoridades para ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones administrativas previstas en este código, toman conocimiento de actos u omisiones que puedan integrar delitos, formularán la denuncia correspondiente al Ministerio Público. También harán del conocimiento de otras autoridades los hechos que correspondan a la esfera de su competencia, para la aplicación de las sanciones determinadas en otros ordenamientos.’

"‘Artículo 369. Para los efectos de este código, se consideran medidas de seguridad, aquellas que el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales dicten, encaminadas a evitar los daños que puedan causar las instalaciones, las construcciones y las obras, tanto públicas como privadas. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.’

"‘Artículo 370. Se consideran como medidas de seguridad:

"‘I. La suspensión de trabajos y servicios, cuando no se ajusten a las normas legales;

"‘II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones, las construcciones y las obras realizadas en contravención de las disposiciones de este código;

"‘III. La desocupación o desalojo de inmuebles, cuando tal medida resulte necesaria para cumplimentar determinaciones basadas en el presente código;

"‘IV. La demolición, previo dictamen técnico, de obras en proceso de ejecución o ejecutadas en contravención de especificaciones y ordenanzas aplicables, o bien cuando se ponga en riesgo la vida de personas o la destrucción de cosas. La demolición será a costa del infractor y sin derecho a indemnización;

"‘V. El retiro de instalaciones deterioradas, peligrosas o que se hayan realizado en contravención de este código y demás ordenamientos aplicables,

"‘VI. La prohibición de actos de utilización que sean violatorios a las normas legales vigentes; y,

"‘VII. La realización de actos específicos para la conservación de inmuebles o protección de personas y cosas.’

"‘Artículo 371. La Procuraduría de Desarrollo Urbano, conforme la naturaleza de los hechos que señalen los particulares, requerirá a la autoridad competente, determine y ejecute las medidas de seguridad que correspondan, con el propósito de evitar daños mayores en los predios y fincas, ocasionando un deterioro en la calidad de vida del asentamiento humano, así como el desarrollo y la ejecución de acciones en urbanizaciones o edificaciones que contravengan el presente código, los programas o planes de desarrollo urbano y en los ordenamientos municipales aplicables.’

"Como se aprecia de esos numerales, las autoridades tienen la encomienda de verificar que las construcciones, se lleven a cabo cumpliendo con los requisitos establecidos en ley, teniendo la facultad de imponer diversas medidas de seguridad con el propósito de cerciorarse de ello, por tanto, contrario a lo que alega el recurrente, la suspensión solicitada debe negarse, porque el perjuicio al interés social para suspender los efectos y las consecuencias del procedimiento, deriva de que se privaría a la comunidad de una determinación que la autoridad administrativa ha estimado necesaria para el óptimo levantamiento de la obra.

"En ese sentido, se considera que la concesión de la medida cautelar, para que se suspenda totalmente el procedimiento en cita, contravendría disposiciones de orden público, que tienen como finalidad regular y vigilar que las obras de construcción se lleven a cabo cumpliendo con los requisitos necesarios para brindar plena seguridad a quienes se ubiquen cercanamente a las mismas, situaciones respecto de las cuales la sociedad está interesada en que se protejan, de ahí que en caso de concederse la medida suspensional, se seguiría perjuicio al interés social.

"Máxime que, en este supuesto, la quejosa, no puede pretender la paralización del procedimiento de implementación de medidas de seguridad, dado que le asiste un simple interés económico, que queda subordinado al interés público de la sociedad referente a que la obra se levante sin el menor riesgo posible, con base en los numerales antes reproducidos, con lo que se tutela el interés colectivo.

"Con base en ello, no asiste razón a la quejosa en torno a que el Juez de Distrito, realiza una indebida valoración y aplicación del artículo 128 de la Ley de Amparo, específicamente en torno a la apariencia del buen derecho y peligro en la demora frente al orden público.

"Así es, pues el estudio de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, no exime de observar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, referentes a que con la concesión de la suspensión no se sigan perjuicio de interés social ni de orden público.

"A las consideraciones precedentes, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 315 del Tomo XXX, diciembre de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: «SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.», sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida.’

"Igualmente, se invoca la jurisprudencia PC.III.C. J/7 K (10a.), del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, número de registro digital: 2010818, que aparece en la publicación de enero de 2016, página 2658, Tomo IV, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas», la cual previene:

"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER NO SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE SE TRADUCE EN QUE EL ACTO RECLAMADO CAUSE PERJUICIO DE DIFÍCIL REPARACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO). Si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece sólo 2 requisitos de procedencia de la suspensión que no sea de oficio, como lo son que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que, como se advierte de los procesos legislativos de dicha ley, la referencia que se hace con respecto al análisis del peligro en la demora para efectos de la suspensión, implica el reconocimiento de este tópico como verdadero requisito para su procedencia, aun cuando no se encuentre expresamente previsto en el precitado precepto; por tanto, al hacer una interpretación sistemática de la ley de la materia, se tiene que el juzgador debe ponderarlo, lo que sólo puede derivar del análisis integral del acto reclamado, de sus características, importancia, gravedad, y trascendencia social, así como de la dificultad de su reparación, esto es, tomando en cuenta todos los intereses y las posiciones jurídicas que participen en el caso concreto, tratando de conciliarlos, a fin de comparar los daños que la suspensión pueda ocasionar al interés público, con los que deriven contra el quejoso y, en ese tenor, resolver con preferencia al menor menoscabo social; de ahí que el estudio que realice el juzgador no puede limitarse a los requisitos del artículo 128, sino que deberá atender de manera simultánea a los contenidos en el artículo 139, relativos a la ponderación, además de la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora con perjuicios de difícil reparación para el quejoso.’

"Asimismo, en lo conducente, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 98/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 430 del Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que ordena:

"‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27279-7657f57b/suspension-provisional-no-procede-concederla-para-el-efecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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