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Modo: Corpus Pro

CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 144/2016. · Registro digital (IUS): 27373
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-10-06
Promovente: SUSCITADO ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, Pág. 35.

CONFLICTO COMPETENCIAL 144/2016. SUSCITADO ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 1 DE MARZO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALFONSO FRANCISCO TRENADO RÍOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver el presente conflicto competencial de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, fracción I, párrafo primero y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 46, último párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que los Tribunales Colegiados contendientes, aun perteneciendo al mismo Circuito no conocen de las mismas materias, pues uno de ellos es especializado en las materias civil y de trabajo, mientras que el otro es de competencia mixta; además, porque el asunto involucra la materia civil, especialidad de la propia Primera Sala.

En efecto, se considera oportuno referir que en el Diario Oficial de la Federación, de dos de abril de dos mil trece, se publicó el Decreto por el que se emitió la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que entró en vigor al día siguiente, de manera que si la demanda de amparo directo, se presentó con posterioridad a la entrada en vigor de la citada ley reglamentaria, es ésta la que debe regir para el estudio y el dictado de la presente resolución.

De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley de Amparo, para que se presente un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados de Circuito que deba resolver este Alto Tribunal deben actualizarse especiales circunstancias, según se desprende del citado numeral que textualmente dice:

"Artículo 46. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito tenga información de que otro conoce de un asunto que a aquél le corresponda, lo requerirá para que le remita los autos. Si el requerido estima no ser competente deberá remitir los autos, dentro de los tres días siguientes a la recepción del requerimiento. Si considera que lo es, en igual plazo hará saber su resolución al requirente, suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo turnará a la sala que corresponda, para que dentro del plazo de ocho días resuelva lo que proceda.

"Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, que conozca de un juicio o recurso estime carecer de competencia para conocer de ellos, lo declarará así y enviará dentro de los tres días siguientes los autos al órgano jurisdiccional que en su concepto lo sea.

"Si éste acepta la competencia, se avocará al conocimiento; en caso contrario, dentro de los tres días siguientes comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia y remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dentro del plazo de ocho días resuelva lo que proceda."

Disposición de la que se desprenden como requisitos:

a) Que un Tribunal Colegiado de Circuito, se declare legalmente incompetente para conocer de un juicio o recurso sometido a su consideración y, remita los autos al que, en su concepto, lo sea; y,

b) Que éste no acepte la competencia declinada a su favor, ordene comunicar dicha determinación al Tribunal Colegiado que se hubiere declarado incompetente y remita los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Criterio que está contenido en la siguiente tesis de esta Primera Sala, que se identifica con el título, subtítulo y texto siguientes:

" De los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 46, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, deriva que para declarar actualizado un conflicto competencial, se requiere que: 1. Exista una regla competencial prevista en ley; 2. Un Tribunal Colegiado de Circuito se declare legalmente incompetente para conocer del asunto y remita los autos al que, en su concepto, lo sea; y, 3. Este último no acepte la competencia declinada a su favor, por lo que ordene comunicar dicha determinación al Tribunal Colegiado de Circuito que se hubiere declarado incompetente y remita los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación."(1)

SEGUNDO.-Existencia del conflicto competencial. En el presente caso el presupuesto procesal anunciado sí se actualiza, toda vez que, se advierte la existencia de un conflicto competencial que debe ser analizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que los Tribunales Colegiados involucrados, pertenecen al mismo Circuito, ante la circunstancia de que uno de ellos es especializado y el otro no, y ambos se declararon legalmente incompetentes para conocer del juicio de amparo directo, promovido contra de la sentencia definitiva de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil **********, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, residente en Mexicali, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil quince, pronunciada por el Juez Décimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en el expediente **********, relativo al juicio especial hipotecario, promovido por **********, en contra de ********** y **********; por tanto, es necesario determinar a qué Tribunal Colegiado corresponde ejercer su jurisdicción para conocer del juicio de amparo directo de referencia.

Ahora bien, precisada la existencia del conflicto competencial planteado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede a determinar a cuál de los Tribunales Colegiados involucrados, corresponde conocer del juicio de amparo directo señalado.

Tal como quedó precisado, cuando la cuestión competencial se plantea entre órganos jurisdiccionales, uno especializado y otro mixto del mismo Circuito, resulta imperativo establecer a qué juzgador corresponde el conocimiento de determinado juicio o recurso, de conformidad con el artículo 17 constitucional, que establece el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

TERCERO.-Cuestiones necesarias para resolver. A fin de tener mayor claridad en la cuestión que se dilucida, resulta conveniente destacar los razonamientos que fueron planteados por cada uno de los Tribunales Colegiados en conflicto para declarar su legal incompetencia.

• El presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, residente en Tijuana, Baja California, al declinar su competencia, esencialmente, sostuvo las siguientes consideraciones:

Advirtió de las constancias remitidas por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, que el quejoso **********, por conducto de su apoderado **********, reclama la sentencia definitiva, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil **********, en la que se confirmó en grado de apelación la sentencia definitiva de veinticinco de febrero de dos mil quince.

Asimismo, transcribió lo que sobre el conocimiento de los juicios de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, dispone el artículo 107, fracciones V, inciso c), VI y VII, de la Constitución Federal.

Indicó que tal precepto informa que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y que la norma reglamentaria, Ley de Amparo, establecerá la forma en que se determinará la competencia del Tribunal a que le corresponda conocer del amparo en el caso concreto. Al efecto, transcribió el artículo 34 de la Ley de Amparo.

Luego, precisó que el Acuerdo General 29/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece de junio de dos mil dieciséis, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, fecha de inicio de funciones y domicilio de dos Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito con residencia en Tijuana, Baja California; y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados órganos colegiados, así como la creación de la oficina de correspondencia común por la nueva competencia que tendrán los seis Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito con residencia en Mexicali.

Indicó que el artículo 2, del mencionado Acuerdo, establece que a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, los Tribunales Colegiados con residencia en Mexicali, Baja California, conservarán su competencia actual para el caso de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, incisos a) y b), II, III, IV, V, VI, VII y IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con jurisdicción en el territorio del Estado de Baja California, y el Municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora; asimismo, conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, incisos c) y d); II, III, IV, V, VI, VII y IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 del ordenamiento legal citado, con jurisdicción territorial limitada al distrito judicial, conformado por el Municipio de Mexicali, Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Dijo que de lo señalado, se evidencia que los actuales Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, conocerán de los asuntos de amparo directo en materia civil, con jurisdicción territorial en el citado Municipio.

Además, indicó que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 2 del referido acuerdo general, este órgano colegiado tiene limitada su jurisdicción territorial, para conocer de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracción I, inciso c) y d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Distritos Judiciales conformados por los Municipios de Playas de Rosarito, Tecate, Tijuana y Ensenada, Baja California; de modo que si la autoridad que emitió el acto reclamado tiene su residencia en Mexicali, Baja California, por vía de consecuencia ese tribunal no es competente para conocer de la demanda de amparo formulada por **********, por conducto de su apoderado **********, ya que como quedó precisado, el acto reclamado en este asunto, se hace consistir en la sentencia definitiva de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Mexicali, Baja California, territorio respecto del cual conserva su competencia un Tribunal Colegiado residente en la ciudad en que se emitió el acto combatido, por lo que es competente para conocer de la demanda de amparo directo, en términos de lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Amparo.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y de conformidad con lo establecido en el acuerdo general citado, ese tribunal se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del citado asunto y ordenó remitir al Tribunal Colegiado en Turno del Décimo Quinto Circuito, residente en Mexicali, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de dicha ciudad, los presentes autos.

• Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, residente en Mexicali, Baja California, determinó no aceptar la competencia declinada y esgrimió para ello los siguientes argumentos:

De inicio, que la facultad otorgada a los Tribunales Colegiados para conocer o negarse a conocer de un asunto en materia de amparo, recae en el órgano colegiado, que es el titular de las facultades otorgadas por la ley para ejercer su jurisdicción en los asuntos de la naturaleza especificada y en aquellos que tengan relación con los mismos, de modo tal que los presidentes de los Tribunales Colegiados carecen de facultades legales para declarar la incompetencia de los órganos colegiados a que pertenecen, dado que el titular de esa función jurisdiccional es el Pleno del Tribunal Colegiado, único facultado legalmente para declararse incompetente. Enseguida citó lo definido al respecto en la jurisprudencia de Pleno de este Alto Tribunal identificada con el número P./J. 125/2000.

Luego, aludió al acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso, por el cual el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Circuito, con residencia en Tijuana, determinó declinar la competencia a este tribunal -por conducto de la oficina de correspondencia común respectiva- para que se avoque al conocimiento y resolución del juicio de amparo directo ********** civil, correspondiente a la acción constitucional que hace valer **********, por conducto de su apoderado **********, en contra de la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Mexicali, dentro del toca civil **********.

A continuación reprodujo el contenido del citado Acuerdo de presidencia del órgano declinante y señaló los motivos por los que no aceptó la competencia declinada, precisando lo siguiente:

El trece de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Acuerdo General 29/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, fecha de inicio de funciones y domicilio de dos Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito con residencia en Tijuana, Baja California; a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados órganos colegiados, así como la creación de su oficina de correspondencia común y a la nueva competencia que tendrán los seis Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito con residencia en Mexicali. Acuerdo cuya vigencia inició el dieciséis de junio de esta anualidad.

Luego, se refirió al mencionado acuerdo general y lo establecido en su considerando tercero, así como lo previsto en el artículo 2, reproduciendo su contenido, como el del artículo tercero transitorio, destacando de ellos lo que estimó relevante.

Enseguida señaló que la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, norma la expeditez y el debido acceso a la tutela jurisdiccional, que comprende los principios procesales de acción, jurisdicción, tutela judicial efectiva, conocimiento del derecho por el juzgador y, efectividad; enfatizando que el Acuerdo General 29/2016, en parte surge con motivo de las altas cargas de trabajo reflejadas en las estadísticas de ingreso de asuntos de la competencia de los Tribunales Colegiados con sede en este partido judicial y, por otra, con la intención de acercar el acceso a la justicia al agraviado.

Posteriormente, señaló que el aludido precepto 17, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la misma Norma Suprema, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como dijo lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES."

Agregó que, tal derecho fundamental, previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva, previstas, respectivamente, en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio, se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación.

Precisó que las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente:

• El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

• La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales.

• El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga.

• El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y,

• El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Sostuvo que atendiendo al nuevo paradigma del orden jurídico nacional, surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, estimó que el artículo 17 constitucional, establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.

Enseguida, señaló en relación con lo estatuido en el artículo 34 de la Ley de Amparo, respecto a la competencia de los Tribunales Colegiado de Circuito, en el sentido de que debe fijarse, acorde con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado, que para un claro entendimiento en su aplicación era necesario atender a lo siguiente:

Que el artículo 37 de la Ley de Amparo desarrolla las bases de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo que se tramitan ante los Jueces de Distrito, cuyo contenido destaca a fin de estimar que ahí se establecen tres supuestos, conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito para conocer del juicio de amparo indirecto:

1. Será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado;

2. Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y,

3. Finalmente, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo.

Subrayó que en la nueva regulación de la Ley de Amparo, subyace de manera más clara e indiscutible el principio de expeditez y oportunidad, observándose que con dichas reglas, la primera de ellas, facilita al agraviado la promoción del juicio ante el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto; y con las dos restantes, que a su decir implican el abandono de los criterios de prevención y de la residencia de la autoridad ordenadora que establecía la Ley de Amparo abrogada, establecen el derecho de acceso a la justicia constitucional de una manera más fácil ante el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda o el de cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

De esa forma, dijo que analizada la competencia desde el punto de vista del orden público, y ponderada en función de una legislación más accesible y garantista, con un claro propósito de facilitar el acceso y la expeditez en la actuación de los juzgadores de amparo, es indiscutible que se flexibilizaron las reglas anteriormente establecidas.

En esa medida, dijo que, en principio, para aplicar alguna regla de competencia ya sea en amparo indirecto o directo, debe ponderarse si, con ello, se provocaría al quejoso un perjuicio mayor en el juicio de mérito, que el que le genera el propio acto reclamado al obligarlo a litigar su asunto ante un tribunal federal situado fuera del lugar del que reside la autoridad responsable que pronunció la resolución que se ejecutó o pretende ejecutarse, lo cual dificultaría o retardaría el trámite y las comunicaciones derivadas con motivo del juicio.

Como conclusión señaló, que el tribunal que debe conocer de la demanda de amparo es el del lugar de la autoridad que emitió la sentencia definitiva (Juez de origen), cuya sede por regla general es la misma en que reside el demandante, siendo lo más conveniente a sus intereses al facilitarle el seguimiento del trámite.

Agregó que no podía perderse de vista que en la actual Ley de Amparo, la sentencia, laudo o resolución definitiva es aquella que pone fin al juicio, sin el requisito de que en su contra no proceda algún recurso que prevea la ley común, habida cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), de título y subtítulo: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", en su parte conducente estableció que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza, torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito.

De esa forma, considerando que la voluntad del legislador, al atribuir competencia a los Jueces de amparo, atiende en primer lugar, a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al órgano jurisdiccional del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar de manera expedita sobre la violación a sus derechos fundamentales, por tanto, estima que en casos como el presente, en el que si bien la autoridad responsable -ordenadora- Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, reside en esta ciudad, empero, a quien compete conocer de la presente demanda de amparo directo es al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, con sede en Tijuana, en razón de ser el que tiene jurisdicción territorial sobre el Juzgado Décimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, de donde emana la sentencia definitiva dictada en el expediente **********; en consecuencia, no aceptó la competencia declinada.

Aunado a lo anterior, dijo que el artículo 34 de la Ley de Amparo, si bien fija la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya emitido el acto; sin embargo, también fija la competencia en su caso, "atendiendo a la especialización por materia", de tal manera que a propósito de dicha especialización por materia del tribunal declinante, es que consideró que resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo directo.

Agregó, que si bien el legislador ordinario en el artículo 34 de la Ley de Amparo, fijó la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en función de la residencia de la autoridad responsable; sin embargo, igualmente, además de que previó la hipótesis de la competencia por materia, lo cierto es que el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el acuerdo general de referencia, en ejercicio de la facultad conferida por el Constituyente Permanente en el artículo 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna, fijó la competencia por materia del Tribunal Colegiado declinante, con base en lo cual reiteró que dicho órgano jurisdiccional es el legalmente competente para conocer del juicio de amparo de que se trata.

Por tanto, resolvió de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que mediante oficios en los que se contenga transcripción de esta determinación, por una parte se hiciera del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, con sede en Tijuana; y, por otra, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación enviar los autos del presente asunto.

En esa tesitura, una vez acreditada la existencia del conflicto competencial, lo que procede es su análisis y solución, aun cuando la determinación de legal incompetencia, fue asumida por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados contendientes, pues con independencia de que no sea el titular de las facultades jurisdiccionales del órgano colegiado, ello no impide analizar la controversia de conformidad con la siguiente jurisprudencia.

"COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE UNA DE LAS DECLARACIONES DE INCOMPETENCIA SEA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y NO DEL ÓRGANO COLEGIADO EN PLENO, NO IMPIDE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO.-Cuando se propone ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de un juicio de amparo directo, en el que una de las declaraciones de incompetencia fue emitida por el Magistrado presidente y no por el órgano colegiado en Pleno, ese hecho carece de relevancia para la resolución del conflicto y puede producirse ésta, pues si bien la ley establece que las mencionadas declaraciones deben emanar del órgano colegiado en Pleno y no sólo de su presidente, la inobservancia de ese principio no puede conducir a estimar inexistente la contienda, pues en aras de que la impartición de justicia sea pronta, la Suprema Corte debe resolver el conflicto aun ante la presencia de la referida violación de procedimiento, ya que con ello no se afectan los derechos de los justiciables; por el contrario, se les afectarían al postergar la resolución del asunto. Así, este Alto Tribunal puede conocer y resolver el conflicto de competencia, aun en la citada hipótesis, porque tiene potestad para dirimir los conflictos de competencia y radicarla incluso en un tribunal no contendiente, dado que la misma situación se presenta cuando se declara competente un tribunal que no ha participado en la contienda, que cuando esa declaratoria de incompetencia sólo fue emitida por un Magistrado presidente pues, en ambos casos, el órgano colegiado no tiene intervención en la decisión relativa. Por tales razones, este Tribunal Pleno se aparta de la tesis sustentada por su anterior integración, en que se apoyaron las anteriores Primera y Tercera Salas, para emitir las resoluciones materia de la presente denuncia, publicada en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, página sesenta y cuatro, cuyo rubro es ‘COMPETENCIA, CONFLICTO DE, ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS. ES NECESARIO QUE SEA EL PLENO EL QUE ESTIME QUE EXISTE INCOMPETENCIA."(2)

Precisado lo anterior, ahora corresponde analizar el fondo del asunto y, para ello, resulta conveniente recordar los antecedentes del mismo, los cuales son los siguientes:

El demandante del amparo **********, por conducto de su apoderado legal, mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, expuso como actos reclamados:

"La resolución definitiva de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, dictada por las autoridades responsables en el toca civil **********".

La demanda se remitió, por la autoridad responsable a la que se envió de la oficina de partes común del Tribunal Superior de Justicia del Estado ante la que se presentó, con los anexos entre ellos los autos del juicio de primera instancia y del toca de apelación, y demás constancias procesales, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Tijuana, Estado de Baja California, la que por razones de turno la envió al Primer Tribunal Colegiado en dicha especialidad y residencia; órgano que por determin

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27373-d3c283da/conflicto-competencial-entre-tribunales-colegiados-de-circuito-requisitos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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