PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. LOS QUE ACEPTARON EL SISTEMA DE PAGO A TRAVÉS DE ESTIMATIVA DE INGRESOS Y ENTERO DE CUOTA FIJA INTEGRADA, NO PUEDEN DECLARAR UN INGRESO DIVERSO, NI AUN EN CEROS, EN EL SUPUESTO ESPECÍFICO EN QUE ADUZCAN HABER INTERRUMPIDO SUS ACTIVIDADES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA Y SEGUNDO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 9 DE AGOSTO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, además de que el asunto es del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, pues los denunciantes -Magistrados integrantes de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa-, fueron parte procesal en algunos de los juicios de amparo directo, en cuyas ejecutorias se emitió uno de los criterios en contienda, a saber, 643/2016 (cuaderno auxiliar 715/2016), 711/2016 (cuaderno auxiliar 841/2016) y 554/2016 (cuaderno auxiliar 638/2016), del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (fallados bajo el apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa).
TERCERO.-Tema y criterios contendientes. Los denunciantes indicaron que el problema jurídico a resolver es:
"... si los contribuyentes inscritos en el extinto régimen de incorporación fiscal, tienen la obligación de contribuir desde el momento en que se inscribieron en ese régimen, obligación que se mantiene hasta que no se suspendan sus actividades, o por el contrario, si la obligación de contribuir sólo nace al momento en que se obtienen ingresos o valor de actos o actividades gravadas. ..."
I. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 554/2016 (cuaderno auxiliar 638/2016), dictó el fallo de quince de noviembre de dos mil dieciséis que, en lo que interesa, establece:
"... Ahora bien, el veintisiete de febrero de dos mil nueve, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el acuerdo que aprueba las cuotas fijas bimestrales del ejercicio dos mil nueve para los contribuyentes del régimen de pequeños contribuyentes, que en la parte que interesa establece: (transcribe).
"Las cuotas fijas del ejercicio dos mil diez, fueron aprobadas para que continuaran en los diversos ejercicios dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, tal y como se desprende del artículo primero de los acuerdos publicados en dicho medio de difusión los días quince de marzo de dos mil once, veintinueve de febrero de dos mil doce y diecinueve de febrero de dos mil trece.
"Lo anterior permite apreciar, que los contribuyentes inscritos en el régimen de pequeños contribuyentes durante los ejercicios fiscales de dos mil nueve a dos mil trece, como en el caso de la quejosa, cumplían con la carga de pagar los impuestos sobre la renta, al valor agregado y empresarial a tasa única, mediante el entero de una sola cuota fija de acuerdo a los ingresos obtenidos en el bimestre correspondiente. Sin embargo, como lo afirma la justiciable, resulta inconstitucional el primer renglón de la tabla contenida en los acuerdos que aprueban las cuotas fijas bimestrales para los ejercicios fiscales de dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, para los contribuyentes del régimen de pequeños contribuyentes, esto es, el ingreso mínimo previsto en los acuerdos relativos, porque éstos son contrarios al principio de justicia fiscal de proporcionalidad, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Norma Suprema.
"Como se desarrollará posteriormente, el nacimiento de la obligación de contribuir, deriva de que la conducta del contribuyente encuadre en las hipótesis normativas, previstas en las leyes fiscales; de ahí que en el particular caso, la obligación de pagar los impuestos sobre la renta, al valor agregado y empresarial a tasa única, deriva de la obtención de ingresos en el primer caso; de la realización de ciertos actos o actividades tratándose del segundo; y, de la obtención de ingresos derivados del ejercicio de ciertos actos y actividades en el tercero; sin que exista la obligación tributaria de pagar dichas contribuciones por el solo hecho de encontrarse inscrito en el mencionado régimen.
"Por tanto, la inconstitucionalidad del ingreso mínimo contenido en el primer renglón de la tabla inserta en los acuerdos correspondientes, radica en que al disponer la obligación de pagar la cuota fija mínima aun en el supuesto de no obtener ingreso alguno, resulta contradictoria al objeto del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única que consisten en gravar, precisamente la obtención de ingresos en general y derivados de la realización de ciertos actos y actividades, por lo que no es dable considerar la suma de $0.00 (cero pesos 00/100 moneda nacional) como tal, pues lógicamente no constituye ingreso alguno.
"De manera de que sólo la obtención de ingresos puede dar lugar al nacimiento de la obligación de pagar los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, independientemente del régimen fiscal al que se encuentre inscrito el contribuyente; de este modo, si los acuerdos correspondientes disponen la obligación de pagar la cuota fija mínima sin que el contribuyente haya obtenido ingreso alguno, resulta palmario que tal disposición rebasa lo establecido por el acto normativo primario (Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única), y contraviene abiertamente el hecho generador de los tributos correspondientes.
"Siguiendo esa línea de pensamiento, resultan inconstitucionales las porciones normativas descritas, en la medida que infringen el principio de proporcionalidad tributaria al no medir la capacidad real de contribuir del gobernado. ...
"De ahí que, si los acuerdos respectivos establecen para el pago de los impuestos sobre la renta, al valor agregado y empresarial a tasa única, correspondiente a los ejercicios fiscales de dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, una cuota fija a los contribuyentes que obtengan un ingreso mínimo de $0.00 (cero pesos 00/100 moneda nacional), resulta inconcuso que infringen el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque no atienden a la verdadera capacidad contributiva de los sujetos pasivos de los tributos de mérito.
"Ello es así, porque al establecer la obligación de pago de la cuota fija mínima, cuando los contribuyentes tienen un ingreso mínimo de $0.00 (cero pesos 00/100 moneda nacional), buscan gravar ingresos que no se han obtenido y gravar actividades por las que no se ha obtenido importe alguno. Resulta aplicable al caso, por las razones jurídicas que la informan, la tesis aislada II.2o.A.1 A (10a.), de contenido: ‘REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA PARA LAS PERSONAS FÍSICAS QUE TRIBUTEN CONFORME AL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES, DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTES PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2009 A 2013. AL ESTABLECER PARA EL PAGO DE ESOS TRIBUTOS UNA CUOTA FIJA INTEGRADA DE $100.00 Y UNA CUOTA FIJA ÚNICA DE $50.00, APLICABLES A QUIENES OBTENGAN UN INGRESO MÍNIMO DE $0.00, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.’ (transcribe).
"Consecuentemente, debe concederse el amparo solicitado para que no se aplique en perjuicio de la quejosa el primer renglón de la tabla inserta en los acuerdos que aprueban las cuotas fijas bimestrales para los ejercicios fiscales dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, para los contribuyentes inscritos en el régimen de pequeños contribuyentes, puesto que éstos devienen contrarios al principio de proporcionalidad, previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Norma Suprema.
"... Los reseñados motivos de inconformidad son fundados.
"En principio, resulta necesario citar, la primera parte del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, que dispone: (transcribe).
"Del primer párrafo del artículo preinserto, se desprenden los elementos necesarios para el nacimiento de la obligación tributaria (hecho imponible y hecho generador), al establecer que las contribuciones se causan al realizarse las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.
"Así, por hecho imponible se entiende el contenido hipotético de la norma jurídica tributaria, de cuya realización surge el nacimiento de la obligación, esto es, el hecho generador es cuando la realidad de los hechos, coincide con la hipótesis normativa, lo que conlleva al surgimiento de la obligación tributaria. Según el glosario de términos fiscales, aduaneros y presupuestales, hecho imponible es la: ‘Situación jurídica o de hecho que el legislador seleccionó y estableció en la ley para que al ser realizada por un sujeto genere la obligación tributaria’; en tanto que hecho generador lo define como: ‘Según Araujo Falcao. Hecho o conjunto de hechos o el estado de hecho, al cual el legislador vincula el nacimiento de la obligación jurídica de pagar determinado tributo. En esta definición, se incluyen como elementos destacados para caracterizar el hecho generador los siguientes: a) Su previsión en la ley; b) La circunstancia de que el hecho generador constituye un hecho jurídico para el derecho tributario en verdad, un hecho económico de relevancia jurídica; y, c) La circunstancia de referirse al presupuesto de hecho para el surgimiento o la instauración de la obligación ex lege de pagar determinado tributo. La definición del citado autor coincide con la que otros tratadistas señalan como hecho imponible, supuesto normativo, etc. También se entiende por hecho generador cuando la realidad coincide con la normativa y provoca el nacimiento de la obligación fiscal’.
"Sobre esa base, es válido concluir que estos hechos (imponible y generador) constituyen la fuente de la obligación tributaria principal, en la medida que identifican el momento en que nace la obligación tributaria, esto es, al actualizarse las hipótesis normativas previstas en la ley; determina el régimen jurídico de la obligación, pues depende del supuesto en el que encuadre el gobernado; y, sirve de distinción entre los tipos de tributos, en la medida que la legislación prevé diversos hechos imponibles que conllevan diversas cargas tributarias.
"De manera que, en oposición de lo resuelto por la Sala responsable, la obligación de la contribuyente no nace a partir de su inscripción al régimen de pequeños contribuyentes, sino con la realización de la conducta que encuadre en el supuesto normativo previsto en las disposiciones fiscales, como causa generadora de los diversos impuestos sobre la renta, al valor agregado y empresarial a tasa única, conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación (ejercicios fiscales dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece).
"En efecto, los artículos 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 1 del Impuesto al Valor Agregado y 1 del Impuesto Empresarial a Tasa Única, describen los diversos hechos imponibles de esas contribuciones y dicen: (se transcriben).
"Los artículos transcritos ponen en relieve que el hecho imponible del impuesto sobre la renta, lo constituye la obtención de ingresos; del impuesto al valor agregado la realización de cualquiera de los actos y actividades siguientes: i. enajenación de bienes, ii. prestación de servicios independientes, iii. otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, iv. importación de bienes o servicios; asimismo, del impuesto empresarial a tasa única, el hecho imponible es la obtención de ingresos derivados de: i. enajenación de bienes, ii. prestación de servicios independientes y iii. otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. ...
"Una vez desarrollado el tema de los elementos necesarios para el nacimiento de la obligación de pagar los impuestos sobre la renta, al valor agregado y empresarial a tasa única, se requiere hacer alusión a las modalidades de cumplimiento de las cargas tributarias para los contribuyentes inscritos en el extinto régimen de pequeños contribuyentes, puesto que de autos se evidencia que en los ejercicios fiscales de dos mil nueve a dos mil trece, la quejosa se encontraba inscrita en el mencionado régimen fiscal.
"Al respecto, los artículos 137, 138 y 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 17 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigentes para los ejercicios fiscales aludidos, refieren lo siguiente: (se transcribe).
"Los artículos citados ponen de manifiesto que las personas físicas que realicen actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes o presten servicios, al público en general, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esa sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional); los contribuyentes sujetos a este régimen, tendrán, entre otras obligaciones, la de presentar a más tardar el día diecisiete del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, las declaraciones mensuales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en los (sic) dichos preceptos, los cuales (pagos mensuales) tendrán el carácter de definitivos y las entidades federativas con las que se celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en esa sección, podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar cuotas fijas para cobrar el impuesto respectivo, estando facultadas a ampliar los periodos de pago, a bimestral, trimestral o semestral, tomando en consideración la rama de actividad o la circunscripción territorial, de los contribuyentes.
"Por su parte, la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que las entidades federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el título IV, capítulo II, sección III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estarán obligadas a ejercer las facultades a que se refiere el citado convenio a efecto de administrar también el impuesto al valor agregado a cargo de los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo y deberán practicar la estimativa prevista en el mismo.
"Las entidades federativas que hayan celebrado el convenio referido en el párrafo anterior deberán, en una sola cuota, recaudar el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta a cargo de los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo y que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes, así como las contribuciones y derechos locales que dichas entidades determinen; cuando los contribuyentes tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más entidades federativas, se establecerá una cuota en cada una de ellas, considerando el impuesto al valor agregado correspondiente a las actividades realizadas en la entidad de que se trate y el impuesto sobre la renta que resulte por los ingresos obtenidos en la misma.
"Asimismo, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, establece que las personas físicas que hayan optado por pagar el impuesto sobre la renta de conformidad con la sección III del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mediante estimativa de las autoridades fiscales, pagarán el impuesto empresarial a tasa única, mediante estimativa del impuesto que practiquen las mismas autoridades; para estos efectos, dichas autoridades obtendrán el ingreso y las deducciones estimadas del ejercicio correspondientes a las actividades por las que el contribuyente esté obligado al pago del impuesto empresarial a tasa única; a la diferencia entre los ingresos y las deducciones estimadas se aplicará la tasa establecida en el último párrafo del artículo 1 de esa ley, en cuyo caso el resultado obtenido se dividirá entre doce para obtener el impuesto empresarial a tasa única estimado mensual.
"Las entidades federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes, estarán obligadas a ejercer las facultades a que se refiere el citado convenio, a efecto de administrar también el impuesto empresarial a tasa única a cargo de los contribuyentes a que se refiere el presente artículo y deberán practicar la estimativa prevista en el mismo; para lo cual, deberán, en una sola cuota, recaudar el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial a tasa única a cargo de los contribuyentes que tributen conforme a dicho régimen, así como las contribuciones y derechos locales que dichas entidades determinen; cuando los contribuyentes tengan establecimientos, sucursales o agencias en dos o más entidades federativas, se establecerá una cuota en cada una de ellas, considerando el impuesto empresarial a tasa única correspondiente a las actividades realizadas en la entidad de que se trate y los impuestos sobre la renta y al valor agregado que resulten por los ingresos obtenidos en la misma.
"Lo trasunto pone en relieve que resultó incorrecta la afirmación de la Sala responsable, respecto de que por el solo hecho de estar inscrita en el régimen de pequeños contribuyentes la justiciable se encontraba obligada al pago de la cuota fija respectiva, esto es, que el registro ante el mencionado régimen es suficiente para que existiera la obligación de pago, independientemente de la obtención o no de ingresos.
"Lo anterior, porque como se vio, aunque la quejosa no haya presentado aviso de suspensión de actividades, la sola inscripción de la quejosa en el régimen de pequeños contribuyentes no constituye per se un indicador de su capacidad contributiva para pagar los impuestos sobre la renta, al valor agregado y empresarial a tasa única, a través de la cuota estimada, debido a que la obligación respectiva nace al momento de que se obtienen ingresos o valor de actos o actividades gravadas, respectivamente.
"En otras palabras, para que nazca la obligación tributaria, se requiere que el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, realice el hecho generador, esto es, que su conducta encuadre en el hecho imponible, es decir, es necesario que la contribuyente se encuentre en la situación jurídica o de hecho previstos por el legislador en la creación de las contribuciones. ..."
A similares consideraciones arribó el referido tribunal al resolver los diversos juicios de amparo 643/2016 y 711/2016 (cuadernos auxiliares 715/2016 y 841/2016, respectivamente), el veinticinco de noviembre y el ocho de diciembre de dos mil dieciséis.
II. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 819/2016 (cuaderno auxiliar 745/2016), dictó la ejecutoria de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis que, en lo que interesa, establece:
"... En consecuencia, tampoco asiste razón a la quejosa cuando aduce que el convenio no puede sustituir lo establecido en la ley, al grado que sea éste el que determine la obligación de pago de las obligaciones fiscales, por ser su naturaleza solamente la de un mecanismo o medio alternativo del cumplimiento de aquellas obligaciones.
"Lo anterior, porque este Tribunal Colegiado no soslaya el hecho de que, como lo hizo notar la Sala del conocimiento, el establecimiento del pago de contribuciones dentro del régimen de pequeños contribuyentes, mediante la modalidad de cuotas fijas, en el caso de entidades federativas como el Estado de Chiapas, que celebraron convenio de coordinación para la administración del referido gravamen, surge, precisamente, de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que indica: (transcribe).
"Como se observa de lo transcrito, las entidades federativas que celebraron convenio de coordinación para la administración del impuesto para los pequeños contribuyentes, se encontraban facultadas para determinar mediante cuotas fijas el cobro del impuesto relativo.
"Entonces, no es correcto lo que aduce la quejosa en el sentido de que el convenio en cuestión hubiere sustituido las disposiciones legales, contrario a ello, el convenio que celebró la aquí quejosa y a partir del cual se estimó el ingreso gravable para efectos del cálculo del impuesto, se encuentra previsto legalmente.
"De manera que si en tal convenio, por una parte, el particular declaró el valor de las actividades mensuales que tenía en razón de la actividad preponderante que desarrollaba, ‘compra y venta de regalos varios’; y, como consecuencia de ello, la autoridad estableció el ingreso gravable para efectos del cálculo del impuesto, es indudable que la cuota fija bimestral a pagar por la quejosa, determinada en tal convenio, reconoce la capacidad contributiva declarada por la propia quejosa y, por ende, cumple con el principio de proporcionalidad tributaria arriba explicado, en la medida que se reconoce la potencialidad real -reconocida por la propia quejosa- para contribuir a los gastos públicos, reflejado en su caso específico la proporción que ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada, aceptada por la demandante.
"En consecuencia, es incorrecto estimar que el convenio haya sustituido las disposiciones legales aplicables; más bien, las acató al establecer, mediante el procedimiento establecido en la parte final de la fracción Vl del artículo 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el ingreso gravable y la cuota fija determinada con base en ese ingreso, a que se encuentra obligada la quejosa a cubrir al fisco estatal, en razón del convenio que celebró para el pago de las contribuciones en el régimen de pequeños contribuyentes.
"Con lo cual también se acató el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues como se ha expuesto, es la declaración de los ingresos efectuada por el propio particular la que revela el valor de las actividades mensuales e ingresos de la propia contribuyente, por tanto, su capacidad contributiva; de ahí que si, conforme a esos ingresos declarados, se determinaron los ingresos gravables para efectos del impuesto de mérito y, a su vez, ello dio lugar a la cuota fija establecida en el convenio celebrado por los contratantes, es indudable que se cumplió con el principio de proporcionalidad tributaria.
"De modo que, al haberse obligado en ese convenio la quejosa al pago de los impuestos, conforme a la declaración de su capacidad contributiva expresada en tal pacto, es indudable que, como lo indicó la Sala responsable, se encontraba obligada al pago de los impuestos correspondientes, ya que ésa fue la obligación principal reconocida voluntariamente en tal convenio; y, ello, a partir de la propia declaración de ingresos realizada por la quejosa.
"Con lo cual, también se cumplió lo dispuesto en el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, toda vez que de acuerdo con la declaración efectuada por la quejosa en el convenio examinado, la contribución a su cargo, se causó, precisamente, conforme con las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en la ley aplicable, esto es, conforme al artículo 139, fracción VI, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir de la propia declaración de las actividades desarrolladas por la quejosa y los ingresos gravables que declaró.
"De modo que, al haberse obligado en ese convenio la quejosa al pago de los impuestos, conforme a la declaración de su capacidad contributiva, expresada en tal pacto, es indudable que, como lo indicó la Sala responsable, se encontraba obligada al pago de los impuestos correspondientes, ya que ésa fue la obligación principal reconocida voluntariamente en tal convenio; y, ello, a partir de la propia declaración de ingresos realizada por la quejosa.
"Con lo cual, también se cumplió lo dispuesto en el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, ya que de acuerdo con la declaración efectuada por la quejosa en el convenio, la contribución a su cargo, se causó precisamente, conforme con las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en la ley aplicable, esto es, conforme al artículo 139, fracción VI, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir de la propia declaración de las actividades desarrolladas por la quejosa y los ingresos gravables que declaró.
"Sobre todo, porque como lo indicó la responsable, no se demostró que hubiere cambiado la situación fiscal establecida en el convenio referido; de ahí que por no haberse modificado las condiciones convenidas, el pago del impuesto convenido, mediante una cuota fija debía subsistir, hasta en tanto no se demostrara el cambio de las situaciones jurídicas que le dieron lugar; aspecto este último que la actora debió colmar, mediante los mecanismos adecuados, para hacer del conocimiento de la autoridad la suspensión o cierre de actividades, conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 29 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en virtud de los cuales estaba en aptitud de acreditar ese cambio de circunstancias para que pudiera justificar legalmente la no causación del impuesto.
"Empero, el incumplimiento a lo convenido no podía dejarse a la libre voluntad de la contribuyente, virtud del acuerdo firmado voluntariamente por la peticionaria, sino que mediante los causales legales (avisos), con base en los cuales se acreditara la suspensión o cierre del establecimiento.
"...
"Además, aun de considerar que la exigencia en torno a que se le exige probar hechos negativos es ilegal; de cualquier manera lo alegado es inoperante, pues subsiste la consideración de la Sala en torno a que la vía adecuada para que la parte quejosa hiciera del conocimiento de la autoridad fiscal era su aviso de suspensión de actividades o cierre del establecimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 29 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; hecho este último que por cierto sí implica un hecho positivo (presentación legal del aviso) y que la peticionaria no demostró en autos. ..."
Las mismas consideraciones tomó en cuenta el referido Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el juicio de amparo directo 830/2016 (cuaderno auxiliar 752/2016).
CUARTO.-Existencia. El objeto de resolución de una contradicción de tesis, consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos, se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse a la jurisprudencia 72/2010, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27392-7eac691d/pequenos-contribuyentes-los-que-aceptaron-el-sistema-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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