VALOR AGREGADO. LA DISTINTA FORMA DE ENTERAR EL TRIBUTO POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL Y DE LOS PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005).
AMPARO EN REVISIÓN 186/2006. OPERADORA TURÍSTICA Y HOTELERA PLAYA SÁBALO, S.A. DE C.V. Y OTRAS.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: MARÍA DOLORES OMAÑA RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en los puntos tercero, fracción II, en relación con el cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías y resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno pues el problema de inconstitucionalidad se refiere a temas sobre los cuales ya existe criterio definido del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La parte recurrente hizo valer los siguientes agravios.
"Único. Violación a los artículos 76 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo.
"La sentencia que se recurre es ilegal, pues no analiza ni resuelve correctamente el concepto de violación formulado por la parte quejosa en su escrito de demanda de garantías, ya que estima que el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no viola el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"En relación con lo anterior, resulta prudente señalar que mis representadas reclamaron la inconstitucionalidad del artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado al violar por distintas razones y motivos el principio de equidad tributaria.
"De acuerdo con lo anterior es ilegal la sentencia recurrida, toda vez que el a quo estima incorrectamente que en el caso que nos ocupa, el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, no es violatorio de la garantía de equidad tributaria.
"El a quo considera ilegalmente que existe justificación para el trato desigual que el citado artículo otorga a los pequeños contribuyentes respecto del resto de los contribuyentes, toda vez que la naturaleza de sus actividades, el volumen de sus ingresos o el momento y forma de sus operaciones, determinan que su capacidad administrativa y contable es insuficiente para responder a las exigencias previstas por la ley de la materia a fin de calcular y pagar el impuesto de conformidad con el régimen general, señalando, además, que el trato diferencial se justifica porque alienta el desarrollo económico de los pequeños contribuyentes y su proyección en el mercado.
"La decisión del a quo resulta ilegal, pues contrario a lo que señala, el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, es claramente violatorio de la garantía de equidad tributaria, tal como se demostrará a continuación.
"Esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en reiteradas ocasiones que el principio de equidad tributaria implica que las normas no den un trato diverso a situaciones análogas o uno igual a personas que están en situaciones dispares.
"En efecto, a través de la jurisprudencia 42/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, página 36, en junio de 1997, el Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación definió lo siguiente.
"‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’ (se transcribe su texto).
"En términos de la jurisprudencia transcrita, el valor superior que persigue el principio de equidad tributaria consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.
"Lo anterior, dicho en otros términos, implica que las disposiciones jurídicas que otorguen un trato desigual a contribuyentes que se encuentren en situaciones análogas, son violatorias del principio de equidad tributaria.
"Por otra parte, el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto sobre el consumo, que afecta a los particulares, no por lo que posean, ni por sus ingresos, sino por el gasto que efectúen.
"En su aplicación, el vendedor de los bienes o de los servicios es quien causa y traslada el impuesto en nombre de la hacienda pública, obligando al consumidor a pagar el impuesto, pero el que tiene la obligación de ingresarlo en la hacienda pública es el contribuyente que enajena o presta el servicio.
"El impuesto al valor agregado grava tanto la enajenación e importación de bienes, el otorgamiento de su uso o goce temporal de bienes, la prestación de servicios independientes y su importación.
"El contribuyente que causa el impuesto, o traslada en forma expresa y por separado a las personas adquirentes de los bienes, a las que usen o gocen temporalmente de ellos o reciban los servicios.
"En ese orden de ideas, el hecho imponible del impuesto al valor agregado serán las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, mientras que la base imponible es el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas, incluyéndose el importe de los tributos y gravámenes, excepto el propio impuesto al valor agregado.
"Así las cosas, esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación coincidirá con la quejosa recurrente que el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece que los pequeños contribuyentes pagarán el impuesto al valor agregado mediante una estimativa del valor de las actividades que practiquen las autoridades fiscales, en lugar de hacerlo en los términos generales de la ley, es inequitativo.
"Lo anterior, en virtud de que no existe una razón objetiva por la cual, los pequeños contribuyentes deban recibir un trato preferencial que se traduzca en un régimen más benéfico y simplificado para el cálculo del impuesto al valor agregado.
"Sin que sea obstáculo para afirmar lo anterior, el hecho que el legislador haya pretendido justificar el tratamiento diferenciado para el régimen de pequeños contribuyentes, básicamente, en la reducida capacidad económica y administrativa de los citados contribuyentes, pues ambos tipos de contribuyentes son personas con iguales actividades empresariales, y el hecho de que hayan percibido ingresos distintos no constituye una circunstancia que justifique un tratamiento fiscal diferente, ya que el ingreso del sujeto pasivo del impuesto, es un elemento ajeno a la imposición del tributo; además, si se atiende a la naturaleza del impuesto, su incidencia económica no la resiente el enajenante de bienes o prestador de servicios, sino el consumidor final.
"Al respecto, resulta aplicable por analogía la tesis No. 1a. CXXVIII/2004, emitida por la Primera Sala de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, página 380, en diciembre de 2004, que a la letra dice:
"‘VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2o. C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2003, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe su texto).
"En línea con lo anterior, es importante señalar que la Segunda Sala de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró mediante jurisprudencia que el artículo 2o. C [de la Ley] del Impuesto al Valor Agregado, vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, es inconstitucional por transgredir la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El artículo en comento establecía que las personas físicas con actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general, no estarán obligadas al pago del impuesto por dichas actividades, siempre que en el año de calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de $1'000,000.00, por las mencionadas actividades.
"La Segunda Sala de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que dicho artículo es inconstitucional, en virtud de que otorgaba un tratamiento desigual a contribuyentes que se encontraban en la misma situación jurídica, sin que existiera justificación objetiva para ello, pues lo hacía depender del monto de ingresos que aquellos percibían en el ejercicio fiscal inmediato anterior por la enajenación de bienes o prestaciones de servicios al público en general, lo cual constituía un elemento ajeno al hecho imponible que grava el tributo.
"En efecto, mediante jurisprudencia No. 2a./J. /2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, página 325, de febrero de 2005, la Segunda Sala de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación definió lo siguiente:
"‘VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o. C, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003).’ (se transcribe su texto).
"Como esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá advertir, el asunto que a través del presente se somete a su consideración es de naturaleza idéntica al ya resuelto por ese supremo tribunal, pues si bien es cierto que los artículos involucrados tuvieron su vigencia en ejercicios distintos, y que mientras el relativo al ejercicio 2003, exentaba a los contribuyentes que no hubieran tenido ingresos que excedieran de cierta cantidad, el respectivo al ejercicio 2005, otorga un régimen distinto para el cálculo del impuesto a los pequeños contribuyentes, también lo es que, en ambos casos, no existe una justificación objetiva para otorgar un tratamiento distinto, pues se trata de personas con iguales actividades y el hecho de que hayan percibido ingresos inferiores no constituye una circunstancia que justifique un tratamiento fiscal diferente, toda vez que, se insiste, el ingreso de los sujetos pasivos es un elemento ajeno a la imposición del tributo, además de que atendiendo a la naturaleza indirecta del impuesto, su incidencia económica no la resiente el enajenante de bienes o prestador de servicios, sino el consumidor final.
"En ese orden de ideas, se solicita atentamente a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplique por analogía la jurisprudencia anteriormente transcrita, toda vez que se trata de un asunto donde el supuesto jurídico del caso concreto de las quejosas es exactamente idéntico al supuesto resuelto en la jurisprudencia que se invoca.
"Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia No. VIII. 2o./J. 26, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, página 837, de junio de 1999, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que a la letra dice.
"‘ANALOGÍA, PROCEDE LA APLICACIÓN POR, DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’ (se transcribe su texto).
"En la sentencia recurrida el a quo estima que el precepto reclamado por la parte quejosa no viola el principio de equidad tributaria, pues atiende a la capacidad administrativa y económica de los pequeños contribuyentes, lo que justifica el trato diferente que la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece para los contribuyentes generales del impuesto. En relación con lo anterior, el a quo establece en la sentencia recurrida de manera textual, lo siguiente:
"‘Al respecto, cabe precisar que el sistema tributario mexicano ha reconocido la existencia de un sector de la economía que a diferencia de otros sectores, debía ser impulsado y apoyado mediante el establecimiento de un régimen de pequeños contribuyentes que le permitiera, atendiendo a sus particulares circunstancias, cumplir con sus obligaciones fiscales. El régimen de pequeños contribuyentes, que vino a sustituir al de contribuyentes menores a partir de enero de mil novecientos noventa y ocho, integra a los pequeños negocios establecidos pero también a los que se conocen como ubicados en la economía informal y que, desde la perspectiva de la ley de la renta, reciben apoyos mediante tasas reducidas y sistemas de registro de ingresos sencillos.
"‘Por tanto, si bien es cierto que conforme al artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, están obligados al pago del impuesto las personas físicas y morales que, en territorio nacional, enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios, esto es, son sujetos del impuesto al valor agregado todos aquellos contribuyentes que realicen esas actividades, también lo es que al establecer el artículo 2o. C un mecanismo especial de tributación para los pequeños contribuyentes, no se está propiciando discriminaciones y desigualdades, pues atiende precisamente a su carácter de pequeño contribuyente, lo que es congruente con el principio de equidad tributaria, conforme al cual no se debe tratar igual a quienes se encuentran en situaciones dispares, de modo que, en la especie, hay justificación para el trato desigual que les otorga respecto del resto de los contribuyentes del impuesto al valor agregado, pues la naturaleza de sus actividades, el volumen de sus ingresos o el momento y forma de sus operaciones, determinan que su capacidad administrativa y contable sea insuficiente para responder a las exigencias previstas por la ley de la materia a fin de calcular el monto del impuesto a pagar en el régimen general; el trato diferencial se justifica, además, porque alienta el desarrollo económico de los empresarios mencionados y su proyección en el mercado.
"‘En esa tesitura, la circunstancia de que en el precepto impugnado se establezca la obligación de los pequeños contribuyentes de cubrir el impuesto al valor agregado conforme a un mecanismo específico, no quebranta el principio de equidad tributaria, puesto que se consideran las características peculiares de los actos o actividades que esas personas físicas llevan a cabo (denominadas como pequeños contribuyentes) y que las diferencian de los demás sujetos pasivos de la relación tributaria, otorgándoles por tal motivo un tratamiento especial, acorde y congruente al objetivo del creador de la norma que dio origen a ese régimen concreto, mismo que consiste, esencialmente, en: la creación de un sistema de tributación uniforme y básico, a través del cual se logre la integración y simplificación de las obligaciones fiscales que les correspondan diverso a aquel que se aplica en el régimen general.’
"En relación con lo anterior, cabe mencionar que si bien el legislador se encuentra facultado para emitir disposiciones legales que atiendan a fines extrafiscales, es necesario que en todo momento esos fines extrafiscales respeten la naturaleza del impuesto y los principios constitucionales tributarios, pues de lo contrario dichas disposiciones serán inconstitucionales.
"Asimismo, es indispensable que siempre que en la emisión de una disposición fiscal el legislador atienda a fines extrafiscales, establezca en la exposición de motivos de manera clara, cuáles fueron los motivos extrafiscales tomados, a fin de que en una controversia constitucional, el juzgador tenga elementos para pronunciarse sobre la constitucionalidad de dichas disposiciones.
"Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia que se transcribe a continuación:
"‘CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe su texto).
"Igualmente resulta aplicable la jurisprudencia No. 1a./J. 46/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, página 157, mayo de 2005, que a la letra dice:
"‘FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES.’ (se transcribe su texto).
"Asimismo, resulta aplicable la tesis No. 2a. L/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, página 530, que a la letra dice.
"‘ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN.’ (se transcribe su texto).
"En la resolución recurrida al a quo, reconoce que los fines extrafiscales perseguidos por el legislador en la emisión del artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado reclamado, al atender a la capacidad económica y administrativa de los pequeños contribuyentes, justifican el trato preferencial que otorga.
"Las consideraciones del a quo son ilegales, pues contrario a lo que sostiene, los fines extrafiscales tomados por el legislador no justifican el trato desigual que el precepto reclamado establece, pues tal y como se argumentó desde la demanda de garantías y como ya se señaló en el presente recurso, dichos fines no atienden a la naturaleza indirecta del impuesto al valor agregado, ni al objeto que grava (consumo).
"En efecto, atendiendo a la naturaleza del impuesto al valor agregado, al ser un impuesto que grava el consumo y que se repercute al consumidor final, económicamente no incide en el contribuyente, por lo que resulta irrelevante su capacidad económica para establecer un tratamiento fiscal benéfico en su favor.
"Por el contrario, todo sujeto que realiza alguna de las actividades gravadas por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, jurídicamente es causante del impuesto y, en consecuencia, debe repercutir el impuesto que causa al consumidor final, siendo su condición económica irrelevante.
"Contrario a lo sostenido por el a quo en la resolución recurrida, es clara la inconstitucionalidad del precepto reclamado, pues no existe un elemento objetivo que justifique el trato diferenciado que otorga a los llamados pequeños contribuyentes, con respecto a los contribuyentes generales del impuesto, pues ante un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios, en esencia, ambos tipos de contribuyentes se encuentran en igualdad de circunstancias jurídicas, ya que con independencia de su capacidad económica, realizan el mismo hecho generador al enajenar un bien o prestar un servicio, causando un impuesto que en todo caso será repercutido al consumidor final.
"Probablemente, para efectos del impuesto sobre la renta y acorde con la naturaleza de dicho impuesto, los fines tomados por el legislador en el caso del precepto reclamado en el presente juicio puedan justificar la diferenciación entre pequeños contribuyentes y los demás contribuyentes, pues es un tributo que grava al ingreso y los primeros, presuntamente obtienen cantidades menores del mismo, pero hablando del impuesto al valor agregado, el hecho imponible es muy distinto: el consumo de bienes o servicios.
"En la sentencia recurrida el a quo, no hace un cabal estudio de los argumentos efectuados por la parte quejosa en su demanda, pues no se pronuncia sobre lo argumentado por las quejosas en el sentido de que atendiendo a la naturaleza del impuesto al valor agregado, los fines que toma el legislador son insuficientes para justificar el trato injusto que establece el precepto reclamado, toda vez que al tratarse de impuesto indirecto que no incide sobre el patrimonio del contribuyente y cuyo objeto es el consumo, resulta irrelevante la capacidad económica y administrativa del contribuyente.
"Al atender a un fin extrafiscal, el legislador no puede perder de vista los principios constitucionales tributarios, así como tampoco la naturaleza del impuesto de que se trate.
"En el caso concreto, esa Suprema Corte podrá constatar que el precepto reclamado es inconstitucional, pues las consideraciones tomadas por el legislador para establecer un tratamiento especial para pequeños contribuyentes, atiende a fines extrafiscales incongruentes con la naturaleza y el objeto del impuesto y, en consecuencia, de los principios constitucionales tributarios.
"Lo anterior pues como ya se demostró en los argumentos desarrollados con anterioridad, toda vez que el objeto del impuesto al valor agregado es el consumo de bienes y servicios y es un impuesto indirecto que económicamente no incide en el contribuyente, sino en el consumidor, resulta inconstitucional que el legislador tome en consideración las circunstancias económicas del contribuyente para establecer un tratamiento fiscal especial.
"En todo caso, tomar la capacidad económica como un fin extrafiscal que justifique un tratamiento preferencial para efectos del impuesto al valor agregado, al ser un impuesto indirecto que económicamente incide en el consumidor final, será constitucionalmente válido, únicamente cuando es en atención de la capacidad económica del consumidor final.
"Sirve como ejemplo de lo anterior, las actividades afectas por la Ley del Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 0% como la enajenación de animales y vegetales no industrializados, medicinas, libros y los demás a que se refiere el artículo 2o. A de la citada ley.
"Los supuestos previstos por el artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los que para el cálculo del impuesto se aplica una tasa del 0%, se atiende a un fin extrafiscal -la capacidad económica del consumidor final-, en ese supuesto, el fin extrafiscal, es acorde con la naturaleza indirecta y el objeto (consumo) del impuesto y, en consecuencia, justifica el trato desigual que establece, en concordancia también con los principios tributarios constitucionales.
"En el caso concreto, el fin extrafiscal que persigue el legislador no toma en cuenta la naturaleza del impuesto ni su objeto, pues como ya se mencionó, al ser el impuesto al valor agregado un impuesto indirecto al consumo que económicamente repercute en el consumidor final, en nada es relevante la capacidad económica del contribuyente, violando así el principio de equidad tributaria pues contribuyentes que realizan una misma actividad, que jurídicamente son sujetos idénticos, tributarán de manera distinta.
"Aunado a lo anterior, y tal como se argumentó en el escrito de demanda, si el criterio de diferenciación de grande contribuyente o contribuyente general del impuesto al valor agregado, son los ingresos anuales ($2'000,000.00 pesos), ello significa que un peso, será la diferencia sustancial para considerar clasificar un pequeño o contribuyente normal y, en consecuencia, estar sujeto a un tratamiento fiscal diferente, lo que resulta claramente inicuo.
"En efecto, el que un sujeto obtenga como ingresos $2'000,000.00 o $2'000.001.00 pesos anuales, de ninguna manera puede justificar un tratamiento desigual como el que establece el precepto reclamado.
"El fin extrafiscal previsto por el legislador al emitir el precepto legal reclamado, al atender a la capacidad económica del contribuyente, resulta tan absurdo como sostener que la diferencia de $1.00 peso, hace que un contribuyente sea pequeño, o contribuyente general para efecto del impuesto al valor agregado y, en consecuencia, se sujete a tratamientos fiscales diferentes.
"El absurdo anterior, deriva del hecho de que el fin extrafiscal tomado por el legislador pierde totalmente de vista la naturaleza indirecta del impuesto al valor agregado y que el objeto que grava es el consumo.
"Diferente sería que para efectos de otro impuesto como el impuesto sobre la renta, se tomará como fin extrafiscal la capacidad económica del contribuyente, pues en ese caso, al ser un impuesto directo que grava los ingresos de un sujeto, dicho fin extrafiscal es congruente con la naturaleza y el objeto del impuesto, situación que no ocurre en el caso concreto.
"De conformidad con lo anterior, ha quedado plenamente demostrado que el fin extrafiscal perseguido por el legislador con el precepto reclamado, no es congruente con la naturaleza y el objeto del impuesto, lo que genera que el mismo sea inicuo, al prever tratamientos desiguales respecto de sujetos esencialmente iguales.
"De conformidad con los argumentos expuestos, al ser evidente la ilegalidad de la sentencia recurrida al considerar erróneamente que el precepto reclamado no viola el principio de equidad tributaria, se solicita a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, revocar la sentencia recurrida, y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de las quejosas, para los efectos solicitados en la demanda de garantías."
TERCERO. Son infundados los agravios hechos valer por la parte quejosa.
La recurrente se duele, fundamentalmente, de que el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es violatorio del principio de equidad tributaria, en virtud de que no existe una razón objetiva por la cual los pequeños contribuyentes deban recibir un trato preferencial que se traduzca en un régimen más benéfico y simplificado para el cálculo del impuesto; pues el hecho de que hayan percibido ingresos distintos no constituye una circunstancia que justifique un tratamiento fiscal diferente, ya que el ingreso del sujeto pasivo del impuesto es un elemento ajeno a la imposición del tributo, además atendiendo a su naturaleza, su incidencia económica no la resiente el enajenante de bienes o prestador de servicios, sino el consumidor final.
Los argumentos antes sintetizados resultan infundados en atención a las siguientes consideraciones.
El artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que se reclama es del tenor literal siguiente:
"Artículo 2o. C. Las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el título IV, capítulo II, sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pagarán el impuesto al valor agregado mediante estimativa del valor de las actividades que practiquen las autoridades fiscales, en lugar de hacerlo en los términos generales que esta ley establece. Para ello, se aplicará la tasa que corresponda a la cantidad que resulte de aplicar el coeficiente de valor agregado que señala este artículo, al valor estimado de las actividades por las que estén obligados al pago de este impuesto. Las autoridades fiscales tomarán en cuenta los ingresos reportados por los contribuyentes en la declaración informativa que deben presentar para los efectos del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio inmediato anterior. La estimativa que se obtenga se dividirá entre doce para obtener el valor de las actividades mensuales estimadas. Para los efectos del cálculo mencionado anteriormente, no se deberá considerar el valor de las actividades a las que se les aplique la tasa del 0%. Los contribuyentes no tendrán derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado.
"Tratándose de contribuyentes que inicien actividades, deberán estimar el ingreso mensual de las actividades por las que estén obligados a efectuar el pago del impuesto dentro del mes en que ello ocurra, sin incluir aquellas afectas a la tasa de 0%. Dicha estimativa se mantendrá hasta que se ajuste conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o se de alguno de los supuestos previstos en los apartados que se establecen en este artículo.
"El coeficiente de valor agregado será del 15% tratándose de enajenación y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y de 40% en la prestación de servicios, salvo que la actividad a la que se dediquen los contribuyentes sea alguna de las siguientes:
"I. Se aplicará el 6% en la comercialización de petróleo y combustibles de origen mineral.
"II. Se aplicará el 20% en los giros siguientes:
"a) Fabricación de sombreros de palma y paja.
"b) Venta de boletos de teatro.
"III. Se aplicará el 22% en los giros siguientes:
"a) Fabricación de jabones y detergentes; velas y veladoras.
"b) Fabricación de artículos para deportes; confecciones, telas y artículos de algodón; calzado de todas clases; pieles y cueros.
"c) Fabricación de muebles de madera; extracción de maderas.
"d) Imprenta, litografía y encuadernación.
"e) Servicios de molienda de granos y de chiles.
"f) Servicios de restaurantes.
"g) Servicios de espectáculos en arenas, cines y campos deportivos.
"h) Servicios de agencias funerarias.
"i) Comercialización de refrescos y cerveza; vinos y licores.
"j) Comercialización de jabones y detergentes; velas y veladoras.
"k) Comercialización de artículos para deportes; confecciones, telas y artículos de algodón; pieles y cueros.
"l) Comercialización de papeles y artículos de escritorio.
"ll) Comercialización de joyería, bisutería y relojería.
"m) Comercialización de sustancias y productos químicos o farmacéuticos; explosivos.
"n) Comercialización de artículos de ferretería y tlapalería; pinturas y barnices; cemento, cal y arena; vidrios y otros materiales para la construcción; fierro y acero.
"ñ) Comercialización de llantas y cámaras; piezas de repuesto de automóviles o camiones y otros artículos del ramo, con excepción de sus accesorios.
"o) Fabricación de alcohol; perfumes, esencias, cosméticos y otros productos de tocador.
"p) Fabricación de papel y artículos de papel.
"q) Fabricación de joyería, bisutería y relojería.
"r) Fabricación de instru
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20829-2ba4479a/valor-agregado-la-distinta-forma-de-enterar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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