RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010. FORMA EN QUE DEBE ACREDITARSE EL INTERÉS JURÍDICO CUANDO SE IMPUGNA, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, LA REGLA I.5.3.1. DE AQUÉLLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General Plenario Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema tratado en las ejecutorias, que constituye el punto de contradicción a dilucidar, corresponde a la materia administrativa, en la que esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo que dispone el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, órgano colegiado que emitió dos de los criterios materia de la presente contradicción.
TERCERO. Contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis:
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al resolver en sesión de dieciséis de febrero de dos mil doce el juicio de amparo en revisión **********, consideró, en lo conducente, lo siguiente:
"En el caso, el quejoso reclamó como heteroaplicativo el artículo 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que, literalmente, estatuye lo siguiente:
"‘Artículo 15.’ (se transcribe)
"Como se advierte de lo anterior, la norma legal prevé un supuesto de no causación del impuesto al valor agregado, por los intereses que se reciban o paguen ciertos sujetos cualificados, como lo son las uniones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado, las sociedades de ahorro y préstamo, las empresas de factoraje financiero y las sociedades financieras de objeto múltiple y sólo en los casos en que los intereses deriven de determinadas actividades (operaciones de financiamiento; por descuento en documentos pendientes de cobro; otorgamiento de crédito y factoraje financiero).
"Además, en su segundo párrafo, el precepto prevé como limitantes de los supuestos de exención contemplados en el primer párrafo, cuando se trate de créditos otorgados a contribuyentes que opten por pagar el impuesto en los términos del artículo 2o. C, de la misma ley, o a personas físicas que no desarrollen actividades empresariales, o no presten servicios personales independientes, o no otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles.
"De igual manera prevé que tratándose de créditos otorgados a personas físicas que realicen las actividades mencionadas, no se pagará el impuesto cuando los créditos sean para la adquisición de bienes de inversión en dichas actividades o se trate de créditos refaccionarios, de habilitación o avío, siempre que dichas personas se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.
"El quejoso controvierte el artículo 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en amparo, en virtud de su primer acto de aplicación, consistente en el pago del impuesto al valor agregado por el mes de julio de dos mil diez, el cual tuvo verificativo el diecisiete de agosto del mismo año (fojas 101 y 102 del juicio de amparo).
"Ahora bien, la Juez de Distrito sobreseyó en el juicio porque advirtió que no se demostró el acto de aplicación de la norma que se tildó de inconstitucional, en virtud de que no se logró probar el interés jurídico, en tanto que la quejosa debió acreditar que recibió intereses provenientes de créditos otorgados a personas físicas, pero al realizar el cálculo para la elaboración de la declaración, no pudo considerarlos exentos para efectos de la causación del impuesto, en virtud de que las personas a las que se otorgaron los créditos respectivos optaron por pagar el impuesto, en términos del artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de que se trata de personas físicas que no desarrollan actividades empresariales, no prestan servicios personales independientes o no otorgan el uso o goce temporal de bienes inmuebles, o bien, porque se trata de créditos otorgados a personas físicas que realizan tales actividades para la adquisición de bienes de inversión en las mismas actividades o de habilitación y avío, pero los destinatarios del crédito no se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Decisión que, contrariamente a lo expuesto en los agravios, es esencialmente acertada.
"En efecto, como se expuso, cuando se reclama una norma con motivo de su acto de aplicación, es obligación de la impetrante del amparo demostrar ante el órgano de control de constitucionalidad la existencia de ese acto de aplicación de la ley impugnada y que, además, esa aplicación le causa perjuicio; tal demostración, como lo ha establecido el Alto Tribunal, debe ser de manera fehaciente, es decir, no basarse en presunciones, porque la afectación jurídica es presupuesto indispensable para la promoción del amparo, que otorga la facultad de combatir la ley correspondiente.
"Para acreditar esa afectación, la quejosa allegó al juicio las siguientes documentales:
"a) Copia certificada del acta **********, otorgada ante el **********, con ejercicio y residencia en la ciudad de **********, mediante la cual se protocolizó el acta de asamblea de dos de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en la que se consignó la constitución de la sociedad mercantil denominada ********** (fojas 28 a la 74 del juicio de amparo);
"b) Testimonio de la escritura **********, pasada ante la fe del **********, con ejercicio y residencia en la **********, relativo a la protocolización del acta de asamblea extraordinaria de socios de **********, en la que se determinó transformar a ésta, de una ********** a una ********** (fojas 75 a la 99 ídem);
"c) Certificado de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de **********, de la escritura descrita en el inciso que antecede (foja 100 ibídem);
"d) Acuse de recibo con sello digital expedido por el Servicio de Administración Tributaria, correspondiente a la declaración relativa al mes de **********, respecto del impuesto al valor agregado y otros tributos (foja 101 del juicio de origen);
"e) Documental consistente en una tabla de trabajo (foja 103 ídem); y,
"f) Copias certificadas del oficio número ********** y ********** a través del cual se le autorizó, para operar como ********** en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de su notificación (fojas 232 a la 237 ibídem).
"En esencia, de dichos documentos se observa que la parte quejosa es una persona moral contribuyente del impuesto al valor agregado y que pagó el tributo el **********.
"No obstante esa circunstancia, como lo consideró la Juez de Distrito, no la legítima para impugnar el artículo 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, porque al reclamarlo con motivo de su aplicación, debió demostrar que en la declaración de impuestos federales correspondiente al mes de **********, se aplicó el artículo destacado.
"En efecto, debió acreditar, en principio, que en el periodo a que se refiere la declaración, recibió intereses provenientes de créditos otorgados a personas físicas.
"Así es, la quejosa omitió demostrar el primer extremo requerido para impugnar el referido artículo, relativo a que en el periodo a que se refiere la declaración, recibió intereses provenientes de créditos otorgados a personas físicas, razón suficiente para que se actualice la causa de improcedencia invocada por la Juez de Distrito.
"Se afirma lo anterior, porque de acuerdo al artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado están obligadas al pago del citado impuesto las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los siguientes actos: enajenen bienes; presten servicios independientes; otorguen el uso o goce temporal de bienes; importen bienes o servicios.
"Entonces, para ser contribuyente del impuesto de mérito, basta ser una persona física o moral que realice cualquiera de las actividades descritas en el numeral en comento, de modo tal que la prueba del pago del impuesto no determina cuál fue el hecho imponible: una venta, prestación de servicios, un arrendamiento o una importación.
"Mas si, la sociedad quejosa no tiene como actividad exclusiva la de prestar capital a sus socios o clientes y así obtener o pagar intereses, como único ingreso, sino que, además, despliega otras que también pueden causar la contribución.
"En efecto, del análisis efectuado a las constancias que integran el juicio de origen, concretamente a los estatutos sociales de la persona moral, contenidos en la escritura pública número **********, se advierte que la quejosa es una sociedad cuyo objeto social es proporcionar servicios de ahorro y crédito popular para propiciar la solidaridad, la superación económica y social, así como el bienestar de sus socios y de las comunidades que opera (artículo 6o.), que para lograr su objeto, la sociedad puede, entre otras cosas, adquirir, enajenar, tomar y otorgar el uso y goce de los bienes muebles e inmuebles necesarios para cumplir con su objeto social; adquirir, enajenar, administrar, gravar y emitir toda clase de títulos de crédito permitidos por los ordenamientos legales; adquirir y disponer por cualquier título legal de toda clase de acciones, participaciones y valores en sociedades que se organicen para prestarle servicios auxiliares, complementarios o de tipo inmobiliario.
"Por ello, si bien el pago del impuesto que dio lugar a la presentación de la demanda de garantías contra el referido artículo, pudo haber sido por pagar o recibir intereses de sus socios o clientes, también pudo causarse por enajenar bienes; prestar otros servicios independientes fuera de los préstamos, incluso otorgar el uso o goce temporal de bienes.
"Así, con demostrar que se pagó el impuesto, no acredita, por ese solo hecho, de manera fehaciente y ampliamente clara que el pago de impuesto fue causado por pagar o recibir intereses de sus socios o clientes.
"Esta exigencia obedece al hecho ya descrito, de que, debido a sus actividades, no todos los pagos del impuesto al valor agregado de la quejosa son causados por pagar o recibir intereses de préstamos, sin que se aprecie de la tabla de trabajo que anexa ese extremo, pues no es posible desglosar la información que contiene (foja 103 del juicio de amparo).
"Considerar lo contrario, es presumir que el pago del impuesto fue causado por intereses recibidos o pagados cuando, como se ha dicho, el interés jurídico no se presume ni se infiere, antes bien, se debe acreditar de forma fehaciente, esto es, sin lugar a dudas; porque la teleología del amparo es proteger al quejoso contra actos que le causen un agravio concreto y directo en situaciones reales y actuales.
"Por tanto, al pretender instar el juicio de garantías en contra del citado artículo, debió demostrar que efectivamente resiente alguna afectación en su esfera jurídica, que en el caso se traduce, en primer término, en acreditar que el pago del impuesto se causó por recibir o pagar intereses, pero no a partir de situaciones generales, como lo es que se le catalogue como contribuyente del impuesto al valor agregado y que cumplió con uno de sus pagos.
"Además, el hecho de que en la escritura constitutiva conste la enunciación de ciertas actividades que pueden asumirse como de aquellas que gravan el impuesto al valor agregado, como el préstamo de capital, no significa que realmente se estén llevando a cabo y, menos aún, que con motivo de su eventual realización, la sociedad quejosa hubiese obtenido o pagado intereses pues, para acreditar tales extremos, era necesario aportar otros medios de convicción, cuyos alcances no pueden predicarse ni presumirse a partir del que se analiza (pago de la contribución).
"En otras palabras, si bien la escritura constitutiva de la sociedad recurrente podría demostrar que se encuentra en aptitud o tiene la posibilidad de realizar ciertos actos o actividades desde que surgió a la vida jurídica, de ello no se sigue que de manera efectiva se estén realizando para asumir que se encuentra ubicada en los supuestos exigidos por la norma al momento en que entró en vigor."
Este mismo órgano colegiado, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de siete de julio de dos mil once determinó, entre otras cosas, lo siguiente:
"En la primera posibilidad, quien alegue que la sola entrada en vigor de la ley afecta su esfera jurídica, tiene la obligación de demostrar fehacientemente que se encuentra en el supuesto previsto por la hipótesis contenida en la norma reclamada, pues sólo de esa manera creará plena convicción de que, efectivamente, la mera vigencia de la ley le causa perjuicio.
"En cambio, en el segundo supuesto, el promovente del juicio tiene la carga de acreditar, también de manera fehaciente, el acto concreto de aplicación de la ley impugnada y que, además, esa aplicación le cause perjuicio porque, se reitera, esto último constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir la ley relativa.
"Pues bien, en el caso, el acto reclamado consiste en la regla miscelánea identificada como I.5.3.1., publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil diez, con entrada en vigor del catorce de junio posterior.
"La citada regla es del siguiente contenido literal: (se transcribe el texto)
"Como se observa, la regla ve en cuanto a la aplicación del artículo 15, fracción X, incisos b) y d), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (en el caso sólo interesa el contenido del primer inciso).
"El citado precepto legal dispone:
"‘Artículo 15.’ (se transcribe el texto)
"La norma legal exenta del pago del impuesto al valor agregado, por los intereses que se reciban o paguen ciertos sujetos cualificados, como lo son las uniones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado, las sociedades de ahorro y préstamo, las empresas de factoraje financiero y las sociedades financieras de objeto múltiple y sólo en los casos en que los intereses deriven de determinadas actividades (operaciones de financiamiento; por descuento en documentos pendientes de cobro; otorgamiento de crédito y factoraje financiero).
"Mientras que mediante la expedición de la regla miscelánea se incluyó en ese beneficio de exención a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y a las sociedades financieras populares, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como entidades de ahorro y crédito popular.
"Con la regla miscelánea también esas sociedades se ven beneficiadas con la exención del impuesto al valor agregado, pero para que los intereses sean exentos, todos los préstamos otorgados por la sociedad de que se trate deben estar pactados a un plazo no mayor de dos años, siempre que el pago total de cada uno de los préstamos, incluidos los intereses devengados y demás accesorios, se realicen en dicho plazo; además, la tasa de interés que se pacte por todos los créditos que otorgue la sociedad durante todo el plazo de vigencia sea cuando menos igual a la tasa de interés de mercado en operaciones comparables, de no cumplirse con esos requisitos, se causará el impuesto, como lo prevé la propia regla.
"Pues bien, la regla miscelánea fue impugnada en amparo, en virtud de su primer acto de aplicación, consistente en el pago del impuesto al valor agregado, por el mes de junio de dos mil diez, el cual tuvo verificativo el diecinueve de julio de dos mil diez (fojas 107 y 108).
"El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, porque advirtió que no se logró demostrar la afectación jurídica, en tanto que la quejosa no sólo debió acreditar que pagó el impuesto relativo, sino además que la contribución fue causada por los intereses derivados de los créditos otorgados a sus socios en condiciones distintas a las establecidas en la regla miscelánea reclamada. Decisión que, contrariamente a lo expuesto en los agravios, es esencialmente acertada.
"En efecto, como se expuso, cuando se reclama una norma por su acto de aplicación, es obligación de la impetrante del amparo demostrar ante el órgano de control de constitucionalidad la existencia del acto de aplicación de la ley impugnada y que, además, esa aplicación le causa perjuicio; tal demostración, como lo ha establecido el Alto Tribunal, debe ser de manera fehaciente, es decir, no basarse en presunciones, porque la afectación jurídica es presupuesto indispensable para la promoción del amparo, que otorga la facultad de combatir la ley correspondiente.
"Para acreditar el interés jurídico la quejosa allegó al juicio las siguientes copias certificadas de escrituras públicas: a) **********, mediante la cual se protocolizó el acta constitutiva de la sociedad de **********, denominada ********** (fojas 26 a la 69); b) **********, a través de la cual se protocolizó el acta de asamblea en la que se determinó transformar a la **********, de una ********** a una ********** (fojas 73 a la 96); c) certificación de oficios ********** y **********, a través de los cuales se le autorizó para operar como **********, en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (fojas 100 a la 102); d) el acuse de recibo con sello digital expedido por el Servicio de Administración Tributaria, correspondiente a la declaración provisional relativa al mes de junio anterior, respecto del impuesto al valor agregado y otros tributos; e) una tabla de trabajo; y, f) tres instrumentos notariales, consistentes en contratos de apertura de crédito.
"En esencia, de dichos documentos se observa que la parte quejosa es una persona moral contribuyente del impuesto al valor agregado y que pagó el tributo el **********.
"No obstante esa circunstancia, como lo consideró el Juez de Distrito, no la legitima para impugnar la regla miscelánea porque al reclamarla con motivo de su aplicación, debió demostrar que el pago del impuesto que llevó a cabo en la indicada fecha, deriva de los intereses que paga o recibe de sus socios o clientes con motivo de préstamos.
"Lo anterior es así, porque de acuerdo al artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado están obligadas al pago del citado impuesto, las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los siguientes actos: enajenen bienes; presten servicios independientes; otorguen el uso o goce temporal de bienes; importen bienes o servicios.
"Entonces, para ser contribuyente del impuesto de mérito, basta ser una persona física o moral que realice cualquiera de las actividades descritas en el numeral en comento, de modo tal que la prueba del pago del impuesto no determina cuál fue el hecho imponible: una venta, prestación de servicios, un arrendamiento o una importación.
"Luego, la sociedad quejosa no tiene como actividad exclusiva la de prestar capital a sus socios o clientes y así obtener o pagar intereses como único ingreso, según esgrime en el agravio identificado como inciso a), sino que además despliega otras que también pueden causar la contribución.
"En efecto, en especial de la escritura pública ********** (fojas 16 a 22), concretamente en el apartado de ‘personalidad’ de la persona moral, deriva que la quejosa es una sociedad cuyo objeto social es proporcionar servicios de ahorro y crédito popular para propiciar la solidaridad, la superación económica y social, así como el bienestar de sus socios (artículo 6o.). Para lograr su objeto, la sociedad puede, entre otras cosas, adquirir, enajenar, tomar y otorgar el uso y goce de los bienes muebles e inmuebles necesarios para cumplir con su objeto social; adquirir, enajenar, administrar, gravar y emitir toda clase de títulos de crédito permitidos por la ley; adquirir o disponer por cualquier título legal de toda clase de acciones, participaciones y valores en sociedades que se organicen para prestarle servicios auxiliares, complementarios o de tipo inmobiliario.
"Por ello, si bien el pago del impuesto que dio lugar a la presentación de la demanda de garantías contra la regla administrativa, pudo haber sido por pagar o recibir intereses de sus socios o clientes, también pudo causarse por enajenar bienes; prestar otros servicios independientes fuera de los préstamos, incluso otorgar el uso o goce temporal de bienes.
"Así, con demostrar que se pagó el impuesto, no acredita, por ese solo hecho, de manera fehaciente y ampliamente clara, que el pago de impuesto fue causado por pagar o recibir intereses de sus socios o clientes. Esta exigencia obedece al hecho ya descrito, de que, debido a sus actividades, no todos los pagos del impuesto al valor agregado de la quejosa son causados por pagar o recibir intereses de préstamos, sin que se aprecie de la tabla de trabajo que anexa ese extremo, pues no es posible desglosar la información que contiene (fojas 110 a 114 de juicio de amparo).
"Considerar lo contrario, es presumir que el pago del impuesto fue causado por intereses recibidos o pagados cuando, como se ha dicho, el interés jurídico no se presume ni se infiere, antes bien, se debe acreditar de forma fehaciente, esto es, sin lugar a dudas; porque la teleología del amparo es proteger al quejoso contra actos que le causen un agravio concreto y directo en situaciones reales y actuales.
"Por tanto, al pretender instar el juicio de garantías contra la citada regla administrativa, debe demostrar que efectivamente resiente alguna afectación en su esfera jurídica que, en el caso, se traduce en acreditar que el pago del impuesto se causó por recibir o pagar intereses, pero no a partir de situaciones generales, como lo es que se le catalogue como contribuyente del impuesto al valor agregado y que cumplió con uno de sus pagos.
"Además, el hecho de que en la escritura constitutiva conste la enunciación de ciertas actividades que pueden asumirse como de aquellas que gravan el impuesto al valor agregado, como el préstamo de capital, no significa que realmente se estén llevando a cabo y, menos aún, que con motivo de su eventual realización, la sociedad quejosa hubiese obtenido o pagado intereses pues, para acreditar tales extremos, era necesario aportar otros medios de convicción, cuyos alcances no pueden predicarse ni presumirse a partir del que se analiza (pago de la contribución).
"En otras palabras, si bien la escritura constitutiva de la sociedad recurrente podría demostrar que se encuentra en aptitud o tiene la posibilidad de realizar ciertos actos o actividades desde que surgió a la vida jurídica, de ello no se sigue que de manera efectiva se estén realizando para asumir que se encuentra ubicada en los supuestos exigidos por la norma al momento en que entró en vigor."
Por otra parte, las consideraciones hechas valer por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver en la sesión de veinte de octubre de dos mil once el amparo en revisión **********, en la parte que nos interesa, son las siguientes:
"Ahora bien, del análisis íntegro al escrito de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclamó por considerarla inconstitucional, la regla de la resolución miscelánea fiscal para dos mil diez.
"Asimismo, entre los conceptos de violación aducidos en la demanda de garantías, la quejosa sostuvo violación al principio de equidad, al estimar que la regla general reclamada resultaba violatoria de tal máxima.
"Y, para demostrar su interés jurídico, la inconforme exhibió la escritura número **********, en cuya cláusula cuarta se establece, como objeto de la **********, el: organizar en común el servicio de ahorro y préstamo, para proporcionar estos servicios a los socios y sus familiares de conformidad con el reglamento y estatutos que para tal efecto se elaboren (foja 40 del juicio de amparo).
"Así, también, para comprobar que realiza pagos del impuesto al valor agregado, la quejosa ofreció como medio de convicción el recibo bancario de pago de contribuciones productos y aprovechamientos federales, expedido por **********, por concepto de pago normal de impuesto al valor agregado, correspondiente al periodo de ********** (foja 40).
"Por lo anterior, este órgano colegiado considera -contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito- que en el caso a estudio, la quejosa demostró con los medios de convicción señalados, que es una persona moral que pagó el impuesto al valor agregado, por lo que tales elementos de convicción resultan suficientes para estimar que tiene interés jurídico para reclamar la constitucionalidad de la regla miscelánea señalada, con respecto al principio de equidad tributaria.
"Ello es así, puesto que tratándose de una norma que concede una exención tributaria a determinados contribuyentes, no se requiere demostrar encontrarse en el supuesto de la norma, como se le exigió de forma incorrecta a la quejosa, puesto que, precisamente, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada tratándose de un reclamo de equidad, consiste en hacer extensiva, en su favor la exención otorgada a los demás contribuyentes.
"Aunado a lo anterior, es inconcuso que la quejosa tiene interés jurídico para reclamar la constitucionalidad de la regla miscelánea en el caso a estudio, al demostrar que es una persona moral que paga impuesto al valor agregado, cuya exención otorgada controvierte por estimarla violatoria del principio de equidad.
"En apoyo a lo anterior, por las razones que las informan, cabe citar las jurisprudencias cuyos datos de identificación y texto dicen:
"‘EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.’ (se transcribe el texto)
"‘AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO EN QUE SE CUESTIONA UNA NORMA FISCAL QUE SE ESTIMA INEQUITATIVA PORQUE OTORGA UN BENEFICIO SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, RESPECTO DE LOS QUE JURÍDICAMENTE SON IGUALES. ANTE LA POSIBILIDAD JURÍDICA DE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL VIOLADA, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE Y EN EL DIRECTO EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO ES OPERANTE.’ (se transcribe el texto)
"‘ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. SI EL QUEJOSO ACREDITA SER SUJETO DE ÉL, TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR SU ARTÍCULO 6o., NO PROCEDIENDO SOBRESEER EN EL JUICIO, SINO ENTRAR AL ANÁLISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe el texto)
"Por lo anterior, lo procedente es considerar que, en el caso a estudio -por las razones invocadas en la sentencia-, no se concreta la causal de improcedencia decretada, contenida en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico de la quejosa para reclamar la regla miscelánea de que se trata.
"Al ser suficientes los conceptos de agravio estudiados para desvirtuar las razones dadas por el Juez de Distrito para sobreseer en el juicio de garantías, resulta innecesario pronunciarse por los demás conceptos de agravio que fueron formulados para tal fin."
CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. Procede ahora determinar si en el caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual se estima indispensable destacar los aspectos relevantes de las consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados cuyos criterios fueron denunciados como contradictorios.
Lo anterior, con el propósito de dilucidar que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010 (registro número 164120), cuyos rubro y datos de publicación son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)
Como deriva del considerando que antecede, no existe la contradicción de tesis respecto de las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, y los sustentados por ese mismo órgano jurisdiccional, al fallar el diverso juicio de amparo en revisión ********** y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión número **********.
Lo anterior es así, en virtud de que en la ejecutoria citada en primer término, el citado Primer Tribunal Colegiado se pronunció en torno al artículo 15, fracción X, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en dos mil diez, en tanto que en las diversas ejecutorias, no se analizó dicho numeral sino la regla I.5.3.1. de la Resolución Miscelánea para el ejercicio dos mil diez, que si bien se encuentran relacionados, constituyen puntos de derecho distintos y, por tal motivo, no se surten los supuestos necesarios para que respecto de esas ejecutorias se configure la divergencia de criterios denunciada.
En cambio, sí existe divergencia de criterios entre los sustentados por el Primer Tr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24140-35c0a9f0/resolucion-miscelanea-fiscal-para-2010-forma-en-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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