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Modo: Corpus Pro

VALOR AGREGADO. LA CONDONACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO PREVISTA EN EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, PUEDE APLICARSE SOBRE EL CRÉDITO FISCAL POR CONCEPTO DE "DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DE ESE IMPUESTO IMPROCEDENTES", AL TENER NATURALEZA DE CONTRIBUCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 366/2014. · Registro digital (IUS): 25612
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-05-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL SEXTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II , Pág. 1654.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 366/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL SEXTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 18 DE FEBRERO DE 2015. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del citado año, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferente circuito y respecto de asuntos del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.

En ese sentido, resulta aplicable la tesis aislada del Pleno de este Alto Tribunal con datos de identificación, rubro y texto siguientes:

"Registro: 2000331

"Décima Época

"Instancia: Pleno

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012

"Materia: común

"Tesis: P. I/2012 (10a.)

"Página: 9

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.

"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina."

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.

TERCERO. Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, ya que constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál postura debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia.

Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno en la jurisprudencia que a continuación se cita:

"Registro: 164120

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

En esa línea de pensamiento, conviene insertar las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito ahora contendientes, dentro de las ejecutorias que dieron origen a la presente contradicción de tesis.

I. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de quince de julio de dos mil catorce, el amparo en revisión RA. 284/2013, sustentó lo siguiente:

"Como puede verse, la litis en el presente asunto, se centra en determinar si los créditos derivados de saldos a favor del impuesto al valor agregado improcedentes, tienen el carácter de aprovechamientos o de contribuciones, de conformidad con los artículos 2o., 3o. y 22 del Código Fiscal de la Federación.

"Con el fin de resolver tal cuestión, conviene traer a contexto el contenido de tales preceptos legales: (las transcribió)

"De la anterior transcripción, se advierte la diferencia entre impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos y aprovechamientos, ello con el propósito de resolver la litis en el presente asunto, misma que se centra en determinar si los créditos derivados de saldos a favor del impuesto al valor agregado improcedentes, tienen el carácter de aprovechamientos o de contribuciones.

"Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha definido que, si bien es cierto que el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación señala que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y ‘derechos’; también lo es, que el pago de un aprovechamiento, deriva del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, según el cual, son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

"Conforme al marco normativo antes referido, los derechos y los aprovechamientos tienen las siguientes características:

"Derechos

"Artículo 2o., fracción IV

"Son contribuciones establecidas por la ley. Se perciben por:

"Uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación.

"Recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.

"Excepto cuando los servicios se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos.

"También son derechos las contribuciones a cargo de organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

"Son ingresos distintos de las contribuciones.

"Aprovechamientos

"Artículo 3o.

"Se perciben por:

"Funciones de derecho público distintas de las contribuciones.

"De los ingresos que obtengan los organismos descentralizados y empresas de participación estatal.

"Ingresos derivados por financiamiento.

"De lo que antecede se considera conveniente destacar dos puntos, a saber:

"Las contribuciones, son, entre otros, los derechos que se perciben por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público y por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, y son prestaciones públicas patrimoniales impuestas por el Estado de forma unilateral y coactiva, cuyos ingresos se destinan a financiar los gastos públicos indivisibles, de tal suerte que, los particulares no reciben un beneficio directo, sino indeterminado o no individualmente.

"Asimismo, conforme al artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente debe determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario, es decir, es en el causante en quien recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley.

"Luego, si en cumplimiento de esa obligación, el particular considera que se autodeterminó erróneamente el impuesto y solicita su devolución, el saldo que así se genere no pierde la naturaleza de contribución.

"Ello es así, puesto que como ya se sabe, de conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ciudadanos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada, esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado, y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción; ello, con el fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal.

"Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que los aprovechamientos, son ingresos que percibe el Estado, cuya naturaleza es distinta a la de una contribución y que se perciben por servicios que se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando se trate de contraprestaciones no previstas en la Ley Federal de Derechos.

"En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado estima que son infundados los argumentos que vierte la autoridad recurrente, puesto que en términos de lo ya relatado, la cantidad de $ ********** (**********), que tiene origen en los créditos fiscales ********** al **********, determinados en el oficio 500-73-07-16-2012-021328, por concepto de devoluciones de saldo a favor del impuesto al valor agregado improcedentes, correspondientes a los meses de enero a diciembre de dos mil cinco, al tener origen en una contribución, conservan la misma naturaleza tributaria que los generó.

"Efectivamente, de la lectura del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que las autoridades fiscales deben de devolver a los contribuyentes las cantidades que procedan conforme a las leyes fiscales, de tal forma que, el derecho a la devolución que consagra dicho precepto, en concordancia con su sexto párrafo, puede derivar, entre otros, de un saldo a favor.

"De tal forma que al derivar el saldo a favor de la aplicación de la mecánica establecida en la ley de la materia; es evidente que la cantidad que obtuvo el contribuyente tiene origen en un impuesto, por lo que la devolución tiene la misma naturaleza, puesto que no derivó de algún ingreso que hubiera percibido el Estado por funciones de derecho público.

"Asimismo, debe de tomarse en consideración que tratándose de normas fiscales que versen sobre la imposición de cargas (obligaciones), concesiones de exenciones, así como las que fijen infracciones y sanciones, éstas deben aplicarse en forma estricta.

"Por tal razón que, resulta indudable que al saldo a favor cuya devolución se solicita, le reviste la naturaleza jurídica de una obligación estatal, cuyo origen se edifica en el principio de legalidad tributaria, que establece el artículo 31, fracción IV, constitucional; entonces, los créditos fiscales determinados, en su caso, por concepto de devoluciones de impuestos improcedentes, gozan de esa misma esencia circunscrita a la materia tributaria.

"Se dice lo anterior, puesto que como ya se vio, la cantidad que obtuvo el contribuyente tiene origen en un impuesto, por lo que la devolución tiene la misma naturaleza, puesto que no fue otorgada con motivo de algún ingreso que hubiera percibido el Estado por funciones de derecho público.

"Ello es así ya que, se insiste, la devolución solicitada deriva de una disposición normativa que establece una contribución por la cual el Estado se allegó de un ingreso público, por lo que debe atenderse a su verdadera naturaleza jurídica; máxime que no tiene origen en una explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público.

"De ahí que sea válido concluir que resultan infundados los argumentos que se exponen por la autoridad recurrente, dado que el saldo a favor, no tiene el carácter de aprovechamiento, al tener origen en una contribución; razón por la cual, tiene la misma naturaleza que ésta; por lo que procede confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado por la parte quejosa."

II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el amparo en revisión AR. 176/2014, determinó lo siguiente:

"Ahora bien, la autoridad recurrente en lo que insiste medularmente es que el crédito fiscal determinado por concepto de ‘devoluciones improcedentes de impuesto al valor agregado’, no fue materia de condonación en el oficio reclamado dado que se trata de un aprovechamiento, porque se originó del uso indebido de un elemento de la base contributiva (deducciones no permitidas).

"Por lo que se hace imprescindible determinar el concepto de los aprovechamientos como ingresos que percibe el Estado, para a partir de ello verificar si el crédito fiscal aludido, es decir, el determinado por la autoridad hacendaria por ‘devoluciones improcedentes de impuesto al valor agregado’, es o no un aprovechamiento.

"Para dichos efectos, a continuación se reproduce la parte relevante de la ejecutoria en la que se resolvió la contradicción de tesis 210/2005-SS, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, que dice:

"‘Las referidas prestaciones patrimoniales tampoco tienen la naturaleza de aprovechamientos, como inexactamente lo sostiene el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

"‘Efectivamente, respecto de los aprovechamientos, la doctrina es muy escasa; sin embargo, se ha sostenido que ordinariamente derivan estos ingresos no tributarios de las facultades admonitorias y sancionatorias de las autoridades, por la inobservancia, violación o abuso de deberes jurídicos a cargo de los particulares, tal como se advierte de la siguiente transcripción:

"‘«Aprovechamientos ... que en el caso de las sanciones pecuniarias, puede asumir también una naturaleza no tributaria ...» (Andrea Amatucci, Eusebio González García, Christoph Trzaskalik, Tratado de Derecho Tributario, tomo segundo, Editorial Themis, Bogotá-Colombia, 2001, página 6)

"‘No obstante la anterior generalidad, dichos ingresos pueden dimanar de cualquier otra función de derecho público que realice el Estado, distinta a su potestad tributaria, como se patentiza con el análisis literal del rubro de aprovechamientos que prevé la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil seis.

"‘...

"‘Por estas razones, los aprovechamientos son ingresos que el Estado no puede tipificar e identificar plenamente al realizar su función pública, dentro de alguna contribución; por tanto, han sido «receptáculo de todos los ingresos que no pueden encontrar una cabida técnica en el concepto de contribuciones, ni en los ingresos por financiamiento a los que alude la Ley de Ingresos de la Federación, ni los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal ...» (según la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo I, Editorial Porrúa, 2002)

"‘Además, el artículo 32 del Código Financiero del Distrito Federal define a los aprovechamientos como «los ingresos que perciba el Distrito Federal por funciones de derecho público y por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento, y de los que obtengan las empresas de participación estatal y los organismos descentralizados, salvo que en este último supuesto se encuentren previstos como tales en este código.»

"‘En consecuencia, si las prestaciones patrimoniales de carácter público previstas en los artículos 318 y 319 del Código Financiero del Distrito Federal constituyen impuestos, según se ha determinado con anterioridad en la presente resolución, no tienen la naturaleza de aprovechamientos, pues se trata de ingresos de carácter tributario.’

"También por ilustrativa, se transcribe el segmento conducente de la ejecutoria dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticinco de enero de dos mil doce, para resolver el amparo en revisión 451/2011, que dice:

"‘47. Con base en ello, el Juez de amparo llegó a la conclusión de cuál era la naturaleza jurídica de un impuesto y en qué consiste éste, así como la de los derechos y aprovechamientos.

"‘48. En cuanto a la última categoría tributaria mencionada (aprovechamientos), concluyó que son los ingresos no tributarios de las facultades admonitorias y sancionatorias de las autoridades por la inobservancia, violación o abuso de deberes jurídicos a cargo de los particulares. Determinación que se encuentra dictada conforme a derecho al provenir dicha conclusión de las consideraciones que adoptó la Segunda Sala de este Supremo Tribunal en la citada jurisprudencia 2a./J. 54/2006, que le resulta obligatoria al Juez de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo.

"‘49. Así, el Juez de Distrito no dejó de tomar en cuenta que los aprovechamientos dimanan de cualquier otra función de derecho público del Estado, distinta de su potestad tributaria, pues precisamente con base en dicho criterio determinó que la naturaleza jurídica del ingreso previsto en el artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil nueve no es la de un aprovechamiento, sino la de un derecho.

"‘50. Esto es -como se verá enseguida al desestimar el agravio sexto-, el supuesto normativo previsto en el numeral reclamado corresponde a la contribución denominada derecho, no así al de un aprovechamiento, por lo que el ingreso que se obtiene por este rubro no dimana de una función de derecho público distinta de las contribuciones (las cuales se originan del ejercicio del poder o potestad tributaria del Estado), que es la nota distintiva de un aprovechamiento. ...

"‘52. Lo desacertado de los argumentos de las recurrentes reside en que el ingreso previsto en el artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, no es uno de aquellos que el Estado percibe por sus funciones de derecho público distinto de las contribuciones, toda vez que como lo determinó el Juez de amparo, su verdadera naturaleza corresponde a la de un derecho, en concreto, a la del previsto en el artículo 289 de la Ley Federal de Derechos, vigente en dos mil cinco, de ahí que le resulten aplicables los principios de justicia tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución.

"‘53. Es decir, inversamente a lo que alegan las recurrentes, al ser el hecho imponible del derecho previsto en el artículo 289 de la Ley Federal de Derechos, vigente en dos mil cinco, el mismo, que el supuesto normativo del denominado aprovechamiento previsto en el artículo 10 reclamado, es inconcuso que el Estado no obtiene un ingreso por una función de derecho público, distinta de las contribuciones, como lo es la administración de su patrimonio, dado que el potencial ingreso que obtendría por ese concepto -aprovechamiento- proviene del ejercicio de su poder o potestad tributaria al establecer un derecho por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo.

"‘54. En efecto, si lo dispuesto en el artículo 10, primer párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil nueve, se analiza a la luz de los conceptos «derechos» y «aprovechamientos», que establecen los artículos 2o., fracción IV y 3o., párrafo primero, ambos numerales del Código Fiscal de la Federación, es posible concluir que aquel precepto jurídico que se impugna hace alusión a los supuestos normativos por los que se causa la contribución denominada derechos, mas no a las hipótesis por las que el Estado recibe ingresos por aprovechamientos.

"‘55. Conforme al marco normativo antes referido, los derechos y los aprovechamientos tienen las siguientes características:

"‘Derechos

"‘Artículo 2o., fracción IV

"‘• Son contribuciones establecidas por la ley.

"‘• Se perciben por:

"‘• Uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación.

"‘• Recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.

"‘• Excepto cuando los servicios se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos.

"‘• También son derechos las contribuciones a cargo de organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

"‘• Son ingresos distintos de las contribuciones:

"‘Aprovechamientos

"‘Artículo 3o.

"‘• Se perciben por:

"‘• Funciones de derecho público distintas de las contribuciones.

"‘• De los ingresos que obtengan los organismos descentralizados y empresas de participación estatal.

"‘• Ingresos derivados por financiamiento.

"‘56. De lo que antecede se considera conveniente destacar dos puntos, a saber:

"‘a) Los derechos son ingresos que percibe el Estado, cuya naturaleza jurídica es el de una contribución.

"‘Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Estado, cuya naturaleza es distinta a la de una contribución.

"‘b) Los derechos se perciben por: el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público y por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.

"‘57. Sobre el particular es menester precisar que aun cuando uno de los hechos imponibles de la contribución denominada derechos lo constituye el «uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público», ello no significa que se refiera a los aprovechamientos que menciona el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que este último es, un concepto diferente que no grava lo señalado con antelación.

"‘58. Los aprovechamientos se perciben por: funciones de derecho público distintas de las contribuciones (entre otras cosas).

"‘59. Los aprovechamientos sí pueden percibirse por servicios que se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando se trate de contraprestaciones no previstas en la Ley Federal de Derechos.

"‘60. En este orden de ideas, es evidente que si se toman en cuenta los conceptos de «derechos» y «aprovechamientos» que establece el Código Fiscal de la Federación, la prestación patrimonial pública prevista en el artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil nueve, se trata de una contribución en su especie de derechos, ya que se refiere

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25612-fa233f32/valor-agregado-la-condonacion-del-impuesto-relativo-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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