IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. NO ES FACTIBLE ACUDIR AL ESQUEMA GENERAL DE LA DEVOLUCIÓN UNA VEZ EJERCIDO EL ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR PREVISTO EN EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE EN 2018.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 63/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL DÉCIMO NOVENO Y EL VIGÉSIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS (PRESIDENTA) Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIA: MARÍA ISABEL PECH RAMÍREZ.
I. COMPETENCIA
PRIMERO.—Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en el acuerdo de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, emitido por la Presidencia del Alto Tribunal; y acorde con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito, especialidad y territorio donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
II. LEGITIMACIÓN
SEGUNDO.—De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, pues se trata del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, como tercero interesado en los juicios de amparo materia del presente asunto.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
TERCERO.—Para una mejor comprensión del asunto, a continuación, se realiza una síntesis de los criterios emitidos por los tribunales colegiados.
A. Amparo Directo ********** del índice del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Antecedentes.
Juicio de nulidad. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el quejoso demandó la nulidad de la resolución, en la que se le negó la solicitud de devolución presentada el ocho de julio de ese mismo año, relativa al Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de enero de dos mil dieciocho.
El asunto se radicó en la Décima Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo magistrado instructor en acuerdo de cinco de febrero de dos mil veinte la registró con el número de expediente ********** y la admitió a trámite.
El cinco de enero de dos mil veintiuno, los magistrados integrantes de dicha Sala dictaron la sentencia con los puntos resolutivos siguientes:
"PRIMERO.—Resultó procedente el juicio contencioso administrativo federal promovido por el demandante.
"SEGUNDO.—El demandante no probó su pretensión.
"TERCERO.—Se reconoce la validez de la resolución impugnada en el presente juicio contencioso administrativo federal.
"CUARTO.—Notifíquese por boletín jurisdiccional a las partes."
Juicio de amparo. Por escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de la autoridad responsable, la quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal.
Correspondió conocer del asunto al Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo magistrado presidente en acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, lo admitió a trámite y lo registró con el número de expediente **********.
En sesión de dieciocho de agosto del mismo año, el pleno de ese órgano colegiado resolvió:
"ÚNICO.— La justicia de la Unión no ampara ni protege ...
"Notifíquese; ..."
Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:
a. De la resolución impugnada, el Tribunal advirtió que la Sala había precisado que la litis contenciosa consistía en determinar si la demandante lograba desvirtuar –o no– los fundamentos y motivos por los cuales la autoridad demandada negó la devolución del Impuesto al Valor Agregado en cantidad de $2,140,603.00 (dos millones ciento cuarenta mil, seiscientos tres pesos 00/100 m.n.) respecto del mes de enero de dos mil dieciocho, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en dicha anualidad, así como el hecho de que la demandante, previo a la presentación de la referida solicitud de devolución, acreditó parte del saldo a favor de dicho mes.
b. Que las consideraciones de la resolución que constituía la sentencia reclamada, medularmente fueron las siguientes:
• Que la autoridad demandada resolvió la solicitud de devolución presentada por la actora el ocho de julio de dos mil diecinueve, como sigue:
• De la declaración presentada el quince de febrero de dos mil dieciocho, conoció que respecto del mes de enero de esa anualidad, la actora tuvo un saldo a favor correspondiente al Impuesto al Valor Agregado en cantidad de $4,222,029.00 (cuatro millones doscientos veintidós mil veintinueve pesos 00/100 m.n.) del cual solicitó la devolución de $2,140,603.00 (dos millones ciento cuarenta mil seiscientos tres pesos 00/100 m.n.), correspondiente al remanente de dicho saldo a favor, al haber efectuado el acreditamiento de la cantidad de $2,081,426.00 (dos millones ochenta y un mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 m.n.) mediante la declaración mensual normal presentada el catorce de marzo de dos mil dieciocho, correspondiente al mes de febrero del mismo año.
• Estimó la autoridad demandada que la devolución solicitada resultaba improcedente debido a que al haber optado la contribuyente por efectuar el acreditamiento del saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del mes de enero de dos mil dieciocho, tuvo que observar lo establecido en el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual prevé específicamente la manera en que el contribuyente puede ejercer su derecho para recuperar el saldo a favor del impuesto al Valor Agregado.
• Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los conceptos de impugnación eran infundados y al respecto señaló:
• Que el análisis gramatical de dicho precepto era suficiente para determinar el verdadero alcance de la norma y, por ende, cuál era la voluntad del legislador al establecer las hipótesis en las que los contribuyentes pueden ejercer el derecho para recuperar el saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado.
• Que el legislador instituyó consecuencias jurídicas para cuando los contribuyentes optaran por ejercer alguna de las figuras como el acreditamiento, devolución o compensación, pues para el caso de que se opte por el primero, estableció expresamente que el contribuyente podrá efectuarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, esto es, que puede realizar acreditamientos parciales de su saldo a favor a su libre decisión, pero con la única condición de que deberá agotarlo por la misma vía del acreditamiento, lo que implica que al haberse decidido el contribuyente por la figura del acreditamiento ya no puede variarla posteriormente, pues forzosamente debe agotar el saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado por la misma vía, es decir, el acreditamiento.
• Que el creador de la norma dispuso explícitamente que cuando se opte por la devolución del saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado, el contribuyente lo deberá efectuar sobre el total de dicho saldo, es decir para que proceda su devolución, ineludiblemente el gobernado lo tiene que realizar sobre el total, lo que quiere decir que no podrá recuperarlo por otra vía (acreditamiento o compensación) y, por ende, cuando solicite un saldo a favor, una vez ejercida una opción diversa, esto es, que no sea sobre el total del saldo generado, no es posible su devolución.
• Que por ende, no asistía razón a la actora al sostener que la resolución impugnada se emitió en contravención a lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al realizarse una indebida interpretación de éste, pues contrariamente a ello, al optar el contribuyente por acreditar el monto de $2,081,426.00 (dos millones ochenta y un mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 m.n.) contra el mismo impuesto a su cargo declarado en el mes de febrero de dos mil dieciocho, en términos de dicha normatividad, debía agotarlo por los siguientes meses a través de la misma vía y no solicitar el remanente del acreditamiento vía devolución, pues al haberse decidido por recuperar el saldo a favor generado por la figura del acreditamiento, ya no podía variarla posteriormente.
c. Luego, calificó de inoperantes los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad del artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en dos mil dieciocho; y de infundados los planteados con relación a la ilegalidad de la sentencia reclamada, bajo las siguientes consideraciones:
• Que la quejosa parte de una premisa que no es acorde con la realidad, derivada de una incorrecta comprensión de la mecánica del impuesto al valor agregado, pues su intención es que, por tener un saldo a favor, debe tener la posibilidad de la devolución del remanente, pese a haber efectuado en un primer momento el acreditamiento de una parte de dicho saldo; es decir, que aquél no se pierda o no sea aprovechado, al menos a través de la figura de pago pretendida, lo que no es acorde con lo dispuesto en la citada normatividad, como lo determinó la Sala responsable.
• Que ello es así, porque en la mecánica del impuesto se contempla la posibilidad de que el contribuyente no pierda el saldo a su favor, pues el legislador contempló tres sistemas para ello: a) Compensación con otros impuestos federales; o, b) Acreditamiento con el propio Impuesto al Valor Agregado; o, c) Devolución del saldo total, siendo el objetivo de estas tres figuras, el que el contribuyente obtenga la devolución de un determinado monto, es decir, el legislador previó los mecanismos necesarios para salvaguardar los derechos de los contribuyentes en forma tal que esos saldos a favor no se pierdan.
• Que no resulta factible que, en caso de ejercer en un primer momento alguna de las opciones a que se ha hecho referencia –acreditamiento– esté en posibilidad de ejercer posterior o concomitantemente, la opción de devolución, en tanto que la disposición de mérito es clara en establecer el mecanismo para cada una de las citadas opciones, siendo el del acreditamiento, que el contribuyente podrá acreditar en meses posteriores, hasta agotarlo, lo que implica que al haberse decidido la contribuyente de manera voluntaria, por la figura del acreditamiento, ya no puede variarla posteriormente.
• Que el análisis gramatical del artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, fue suficiente para determinar con precisión cuál es el verdadero alcance de la norma y, por ende, cuál es la voluntad e intención del legislador al establecer las hipótesis en las que los contribuyentes pueden ejercer su derecho para recuperar el saldo a favor del impuesto al valor agregado que se haya generado en su beneficio, pues su contenido no genera incertidumbre para establecer cuáles son los requisitos y consecuencias cuando los contribuyentes opten por acreditar, solicitar en devolución o compensar algún saldo a favor, por lo que no resultaba necesario acudir a los diversos métodos interpretativos para conocer la verdadera intención del legislador; de ahí que no resulte ilegal que la Sala responsable hubiera resuelto en la forma en que lo hizo, atendiendo al sentido gramatical de la norma, sin atender a los diversos métodos de interpretación que planteó la actora.
• Que ello es así, pues de la interpretación gramatical del artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se puede determinar sin lugar a dudas, la voluntad o intención del legislador, pues de él, se desprende que el legislador estableció: i) las bases y condiciones para el caso de que en las declaraciones de pago del impuesto al valor agregado resulte un saldo a favor de los contribuyentes, para lo cual otorgó el derecho para que éstos elijan libremente cuál método de recuperación del saldo a favor quieren ejercer, ya sea: acreditamiento contra el mismo impuesto a su cargo de los siguientes meses; solicitar su devolución; o, compensarlo contra otros impuestos. ii) Instituyó las consecuencias jurídicas para cuando los contribuyentes optasen por ejercer alguna de las figuras en comento y, así, determinó expresamente que de optarse por el acreditamiento, debía hacerse por los siguientes meses, hasta agotarlo, lo que implica que al haberse decidido el contribuyente por tal figura del acreditamiento, ya no puede variarla posteriormente.
• Que por tanto, contrario al dicho de la quejosa, el remanente del saldo a favor del impuesto al valor agregado, origen de un acreditamiento previo, no puede ser susceptible de ser recuperado indistintamente por los diversos medios que establece el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (devolución o compensación), toda vez que al ejercerse alguna de las figuras jurídicas contempladas para recuperar el saldo a favor que se generó, se debe atender a sus efectos y consecuencias legales y no aplicar la norma en forma extensiva, pues con ello se ubicaría a la contribuyente en una situación de facto que no encuadra en los supuestos que el precepto jurídico prescribe.
• Que en todo caso, el derecho de acreditar el saldo a favor "es hasta cuando se extinga", es decir, no se encuentra condicionado a determinado ejercicio fiscal, lo que implica que mientras no prescriba el derecho, puede utilizarse.
d. En las relatadas consideraciones, y al no haber prosperado los conceptos de violación propuestos, se impuso negar el amparo solicitado.
B. Amparo Directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Antecedentes.
Juicio de nulidad. Constituyó la materia del juicio de nulidad, el oficio por el que se declaró improcedente la petición de la actora, sobre la devolución de $3,289,483.00 (tres millones doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres pesos), por el remanente del saldo a favor que acreditó por concepto de impuesto al valor agregado correspondiente a mayo de dos mil dieciocho.
Lo anterior al estimar que dicha contribuyente optó por efectuar el acreditamiento del saldo a favor del impuesto al valor agregado, correspondiente al mes de mayo de dos mil dieciocho, en los meses de junio, julio y agosto por las cantidades de $1,202,904.00, $489,278.00 y $1,096,873.00, respectivamente, por lo que en términos del artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, debía continuar con el acreditamiento hasta agotarlo, sin que fuera procedente su devolución.
El asunto se radicó en la Décima Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo magistrado instructor en acuerdo de cinco de febrero de dos mil veinte la registró con el número de expediente ********** la admitió a trámite, y el cinco de enero de dos mil veintiuno, los magistrados integrantes de dicha Sala dictaron la sentencia con los puntos resolutivos siguientes:
"PRIMERO.—Resultó procedente el juicio contencioso administrativo federal promovido por el demandante.
"SEGUNDO.—El demandante no probó su pretensión.
"TERCERO.—Se reconoce la validez de la resolución impugnada en el presente juicio contencioso administrativo federal.
"CUARTO.—Notifíquese por boletín jurisdiccional a las partes."
Juicio de amparo. Por escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes del Tribunal responsable, el quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal.
Correspondió conocer del asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo magistrado presidente en acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, lo admitió a trámite y lo registró con el número de expediente **********.
En sesión de dos de septiembre del mismo año, el pleno de ese órgano colegiado resolvió:
"ÚNICO.—La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE ..."
Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:
a. Advirtió que la sala responsable estableció que la litis a dilucidar consistía en determinar si la demandante lograba desvirtuar los fundamentos y motivos por los cuales la autoridad demandada negó la devolución del impuesto al valor agregado en cantidad de $3,289,483.00, respecto al mes de mayo de dos mil dieciocho, tomando en consideración lo establecido por el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en dos mil dieciocho.
b. Que las consideraciones tomadas para el dictado de la sentencia que constituye el acto reclamado, fueron las siguientes:
• Se explicó que el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en dos mil dieciocho disponía que, cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá: a) acreditarlo contra el impuesto a cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo; b) solicitar su devolución; o, c) llevar a cabo su compensación contra otros impuestos, en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.
• Se indicó que, para el caso de que se eligiera el acreditamiento, el legislador dispuso expresamente que el contribuyente podrá efectuarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, lo que implica que posteriormente no puede variar la vía, pues al haber elegido esa mecánica, forzosamente debe agotar el saldo a favor obtenido contra el impuesto al valor agregado a través del acreditamiento, y que, cuando el contribuyente solicite la devolución, deberá ser sobre el total del saldo a favor, por lo que no podrá recuperarlo por otra vía (compensación o devolución); de ahí que, cuando solicite un saldo a favor que no sea sobre el total del saldo generado, sería improcedente su devolución.
• Se añadió que el legislador instituyó que cuando se prefiera recuperar el saldo a favor a través de la compensación contra otros impuestos en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y resulte un remanente de dicho saldo, el contribuyente podrá solicitar su devolución, siempre que sea sobre el total del remanente.
• Se consideró que no le asistía razón a la actora, al sostener que tenía derecho a que se le devolviera la cantidad de $3,289,483.00 (tres millones doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres pesos) que se generó como remanente del saldo a favor acreditado porque al haber optado por acreditar los montos de $1,202,904.00 (un millón doscientos dos mil novecientos cuatro pesos), $489,278.00 (cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos setenta y ocho pesos) y $1,096,873.00 (un millón noventa y seis mil ochocientos setenta y tres pesos) contra el mismo impuesto a su cargo, debió continuar con esa mecánica hasta agotar el saldo por los siguientes meses, ya no puede cambiar la vía posteriormente.
• Se desestimó lo aducido por la actora en relación a que sí procedía la devolución del remanente porque cumplía con los requisitos previstos en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y porque el monto que fue solicitado no fue cuestionado por la autoridad, toda vez que, si bien la procedencia del saldo a favor histórico en cantidad de $6,078,538.00 (seis millones setenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos) por concepto de impuesto al valor agregado del mes de mayo de dos mil dieciocho y los posteriores acreditamientos en cantidades de $1,202,904.00 (un millón doscientos dos mil novecientos cuatro pesos), $489,278.00 (cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos setenta y ocho pesos) y $1,096,873.00 (un millón noventa y seis mil ochocientos setenta y tres pesos) contra el mismo impuesto a su cargo, declarados en los meses de junio, julio y agosto de dos mil dieciocho y el remanente de $3,289,483.00 (tres millones doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres pesos), no están en controversia, lo cierto es que el citado numeral establece la obligación de las autoridades fiscales de devolver las cantidades que procedan conforme a las leyes tributarias. c. Para controvertir las consideraciones antes precisadas, en sus conceptos de violación la quejosa planteó los siguientes argumentos:
• Expuso que, contrariamente a lo considerado por la autoridad fiscal y la sala responsable, el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no restringe la devolución de un saldo a favor por el hecho de que se haya acreditado primero.
• Afirmó que el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no limita la posibilidad de recuperar un remanente, ya que de dicho numeral no se advierte una prohibición expresa en el sentido de que, una vez elegida la opción para recuperar los saldos a favor, el contribuyente no pueda variarla, es decir, cambiar la opción elegida en primer término, si existiera un saldo a favor o un remanente, toda vez que, cuando en la legislación fiscal se da libertad a los contribuyentes de optar entre el acreditamiento y la compensación, no es la intención del legislador obligar a los contribuyentes a seguir la opción inicialmente realizada, con un rigorismo excesivo, sino que en todos los casos que exista la posibilidad de modificar su elección.
• Adujo que si bien existió un acreditamiento en meses anteriores a su solicitud, fue porque se tenía un monto a cargo contra el cual acreditarlo, pero una vez agotado y al no tener posibilidad de generar más saldo contra el cual acreditar, tiene derecho a la devolución, pues de no hacerlo, se le colocaría a la contribuyente frente a la imposibilidad de recuperar un monto al que tiene derecho a que se le devuelva.
• Propuso que ante la imposibilidad de generar más operaciones gravadas por ese tributo, una vez elegido el sistema de acreditamiento, se realice una interpretación conforme del artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
d. En una perspectiva de interpretación conforme, el Tribunal Colegiado estimó que la literalidad del artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, revela que únicamente en el caso de la compensación, el legislador estableció en forma expresa que, si existe un remanente del saldo a favor, el contribuyente podrá solicitarlo en devolución, pero no señala en forma precisa qué ocurre si el contribuyente hubiera optado por acreditar una parte y exista un remanente del saldo a favor, de manera que para efectos de determinar el alcance que se debe dar a tal disposición, sostuvo:
• Que lo dispuesto en la parte final del citado artículo 6o., en el sentido de que, cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación, implica la posibilidad de que los contribuyentes puedan solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación, pues el uso del vocablo "podrá" se refiere a que los sujetos obligados están facultados para llevar a cabo esas acciones; de suerte que si la quejosa optó por acreditar una parte del saldo a favor que le resultó y, después solicitó la devolución de la totalidad de una cantidad que restaba a su favor, esa primera opción de acreditamiento no puede ser empleada como una prohibición para lograr dicha devolución si se tiene en cuenta que el propio precepto no condiciona la devolución de un saldo a favor o un remanente cuando los contribuyentes optan por la compensación.
• Que en esas condiciones, la interpretación del artículo en análisis permite sostener racionalmente que si la existencia de un remanente de saldo a favor es la justificación del legislador para que un contribuyente pueda solicitar su devolución cuando hubiera optado por la compensación, entonces, aun cuando no consigne expresamente la posibilidad de solicitar la devolución del remanente de un saldo, una vez elegido el esquema de acreditamiento, por identidad de razón el contribuyente tampoco tiene el impedimento para recuperar el remanente por el esquema de la devolución, pues tanto el acreditamiento como la compensación tienen efectos equivalentes y ambas instituciones están al alcance del contribuyente de manera optativa.
• Que por tanto, con independencia del mecanismo elegido inicialmente, si el contribuyente tiene saldo a favor derivado de haber realizado un acreditamiento por una cantidad inferior, puede solicitar la devolución, ya que, por un lado, del contenido íntegro del artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en dos mil dieciocho no se advierte una prohibición expresa en el sentido de que, una vez elegida la opción para recuperar los saldos a favor, el contribuyente no pueda cambiar la opción elegida en primer término, si existiera un saldo a favor o un remanente y, por otro, si procede la devolución del remanente cuando el contribuyente elige la compensación del saldo a favor, esa misma situación se debe entender para los remanentes generados con motivo del acreditamiento, pues no existe justificación para establecer un trato diferenciado.
• Que en caso de que un contribuyente cuente con un saldo a favor y opte por acreditarlo en términos del artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pero no pueda o decida no continuar acreditándolo y, por ello resulte un remanente del saldo a favor, el contribuyente está en aptitud de solicitud de devolución.
• Que consecuentemente, asiste razón a la promovente al afirmar que es incorrecta la interpretación que la autoridad hizo del artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado al haber restringido su derecho a la devolución del remanente que obtuvo derivado del saldo favor.
e. Ante ello se otorgó la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad demandada emitiera una diversa resolución en la que, una vez que se cerciorara, con la información y documentos, que la quejosa aún disponía de un remanente del saldo a favor histórico, reconociera el derecho sustantivo a la devolución y restituyera los montos que en derecho procediera.
C. Amparo Directo ********** del índice del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Antecedentes.
Juicio de Nulidad. Constituyó el acto impugnado, la resolución por la que se determinó negar la devolución pedida el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, respecto del saldo a favor por concepto del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al periodo de julio de dos mil catorce por un monto de $1,191,209.00.
Lo anterior, en virtud de haber optado la contribuyente, por extinguir el pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado a cargo del periodo de mayo de dos mil dieciséis a través del acreditamiento contra el saldo a favor del mes de julio de dos mil catorce. Por lo que el contribuyente debió continuar compensando el remanente del saldo a favor contra cantidades a cargo en periodos posteriores hasta agotarlo, como expresamente lo dispone el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y no solicitarlo en devolución.
Tocó conocer del juicio de nulidad, a la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se registró y se resolvió en sentencia de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, reconociendo la validez de la resolución impugnada, básicamente por idénticas razones a las expresadas por la autoridad fiscal.
Juicio de amparo. Por escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de dicha sentencia.
Correspondió conocer del asunto al Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo magistrado presidente en acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, lo admitió a trámite y lo registró con el número de expediente **********.
En sesión de nueve de junio de dos mil veintidós, el pleno de ese órgano colegiado resolvió:
"UNICO—La Justicia de la Unión Ampara y protege a ..."
Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:
a. La parte quejosa reclama que la sentencia dictada por la sala responsable vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales de congruencia y exhaustividad, bajo los siguientes argumentos:
• La sentencia dictada por la sala responsable vulneró en su perjuicio los derechos fundamentales de congruencia y exhaustividad, pues omitió resolver la litis puesta a su consideración al aplicar en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 6o. del Código Fiscal de la Federación y que, contrario a ello, se tergiversó la controversia y se mejoró la fundamentación y motivación de dicho acto.
• Afirmó que la resolución impugnada violaba en su perjuicio lo establecido en los artículos 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 6o. y 22 del Código Fiscal de la Federación, así como su derecho de propiedad, al ser ilegal que se le negara la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32161-3ef47b19/impuesto-al-valor-agregado-no-es-factible-acudir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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