ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016. EL ANÁLISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE LLEVARSE A CABO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 511/2017. 4 DE OCTUBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de la vigente Ley de Amparo; y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a lo previsto en los puntos segundo, fracción III y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 del trece de mayo de dos mil trece, ya que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, sin que se requiera la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.-Oportunidad y Legitimación. No se hace pronunciamiento sobre la oportunidad en la presentación de los recursos de revisión principal y adhesiva, debido a que el Tribunal Colegiado del conocimiento se ocupó de ello, en el considerando cuarto de su sentencia.
Tampoco se hace pronunciamiento respecto a la legitimación de **********, que interpuso el recurso de revisión en nombre de la quejosa, pues con relación a ese tópico el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto, se pronunció en el considerando tercero de su decisión.
Ahora bien, como el órgano jurisdiccional del conocimiento no emitió decisión respecto a la legitimación del director general de Amparos contra leyes, para interponer el recurso de revisión adhesiva, en torno al tema de la irregularidad constitucional reclamada por el quejoso al artículo 16, fracción IV, de la Ley Federal de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que la autoridad citada, sí tiene legitimación para interponer el citado medio de defensa, en representación del presidente de la República y del subprocurador fiscal federal de Amparos, pues así lo reconoció el presidente del aludido Tribunal Colegiado del conocimiento, en proveído de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis.
TERCERO.-Previo al examen de los agravios, resulta oportuno narrar los siguientes hechos:
1. Las quejosas tienen como actividad principal la enajenación de gasolina y diésel.
2. Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los siguientes decretos:
"Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
"Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016."
3. ********** y **********, por conducto de su representante legal, **********, mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, demandaron la protección constitucional.
4. En el concepto de violación que expresó la citada quejosa, orientado a justificar la irregularidad constitucional del artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación, formuló en esencia los siguientes argumentos:
• El artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, en vigor a partir del 1o. de enero de 2016, transgrede el principio de equidad tributaria, tutelado por el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que realiza distinción entre iguales, esto es, entre personas morales que no son contribuyentes del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, como resulta ser su caso, el de las personas que se dedican al ramo del transporte.
• Señala qué es el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, argumentado que el legislador indefectiblemente debe ajustarse al principio de equidad al momento de crear un impuesto o de otorgar un beneficio respecto del mismo, debido a que, de no ajustarse a los extremos exigidos por dicho principio, la norma que haya traído a la vida jurídica dicha contribución o beneficio sin tomar en cuenta las circunstancias de los gobernados a las que va dirigida, tiene inserto un defecto insalvable, defecto que no es otro que su inconstitucionalidad, y ante una situación así, la norma que infringe la garantía individual debe ser declarada contraria a la Carta Magna, para con ello respetar el principio de supremacía constitucional.
• Que, además, por virtud del principio de igualdad ante la ley se exige que en la producción de todo acto legislativo se dispense el mismo trato a todos los gobernados, situación que en la especie no acontece.
• Que, conforme a la doctrina y jurisprudencia del país, se ha entendido que la equidad tributaria radica medularmente en que ante circunstancias iguales frente a la hipótesis normativa se debe dar un mismo tratamiento y las consecuencias también deben resultar idénticas para todos los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias.
• Que, por tanto, los distingos subjetivos, arbitrarios o caprichosos por parte del legislador, tratando de modo dispar lo que es jurídicamente igual, o igual lo que es diverso, deben considerarse contrarios al principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Que, en el caso, el artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2016, violenta el principio constitucional citado, ya que éste no respeta el trato igualitario que las contribuciones o los beneficios otorgados respecto de las mismas deben poseer.
• Que, las partes en el juicio de amparo no son contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios, en términos del artículo 8, fracción I, inciso c), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
• Que, al no ser la parte quejosa, el contribuyente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como al ser personas morales que adquieren combustibles previstos en el artículo 2, fracción I, inciso D), al igual que aquellos contribuyentes que adquieren dicho combustible para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, las normas fiscales, deberían otorgarles mismos beneficios y/u obligaciones, cuestión que en la especie no acontece, dado que la norma que hoy se reclama, esto es, el artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, no otorga el mismo trato a personas que se encuentren bajo circunstancias iguales, aplicó en apoyo de su aserto la jurisprudencia «P./J. 42/97», emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES."
• Que, bajo los razonamientos de nuestro Máximo Tribunal, es evidente que el requisito de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma al realizar un trato diferenciado, depende de que exista esa razón, justificación y motivo objetivo, para la realización del trato desigual entre contribuyentes iguales, independientemente de donde se manifieste.
• Que, en el caso, no se actualiza ninguno de los supuestos para considerar constitucional la ley reclamada por el trato desigual e inequitativo entre personas que se encuentran en idénticas circunstancias ante el impuesto respecto del cual se otorga un beneficio, en razón de que:
1. El Legislativo nunca expresó los razonamientos objetivos que justificaran un trato desigual a aquellas personas físicas o morales que no sean contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios;
2. No se pretende proteger a un sector marginado:
3. No se advierte un fin especial de auxilio que requiera la ayuda inmediata por parte del Estado que justifique la falta de razonamientos objetivos y justificados para realizar el trato desigual, y cita en apoyo de su aserto la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.", así como el criterio «P./J. 24/2000», emitido por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de rubro: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL."
5. El Juez de Distrito, celebró la audiencia constitucional el día diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, y dictó sentencia el veintitrés de junio del mismo año, en la que resolvió por una parte, sobreseer en el juicio de amparo respecto de los artículos 2, fracción I, inciso D), puntos 1, 2 y 2-A, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, y por otra, negar el amparo solicitado, en cuanto al artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis.
Las consideraciones esenciales que importan en este asunto, a través de las cuales, el Juez federal, negó la protección federal solicitada con relación al artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, son básicamente las siguientes:
• Señaló que la garantía de equidad tributaria establecida en el artículo 31, fracción IV, constitucional, dispone que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. Sin embargo, no toda desigualdad de trato equivale a una violación a la garantía de equidad tributaria, sino que dicha violación se configura sólo si la desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias iguales, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable, dicha aseveración la sustentó en la jurisprudencia emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS."; así como la diversa P./J. 41/97, del propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS."
• Señaló, que los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas a una persona que puede hacer valer a su favor respecto de un tributo a su cargo, con el objeto de allegarse de un beneficio extrafiscal, los que no siempre quedan integrados a la estructura de la contribución.
• Que del artículo reclamado se desprende la creación de un beneficio fiscal para quienes adquieran diésel para su consumo final, destinado para uso automotriz en vehículos que se utilicen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico.
• El estímulo indicado implica admitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel en territorio nacional hayan causado por la venta de este combustible en términos del artículo 2, fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c), de la Ley del Impuesto relativo, en contra del impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo o en su carácter de retenedor correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, que se deba enterar, incluso en los pagos provisionales del mes en que se adquiera.
• Que, por tanto, se puede arribar a la convicción de que el artículo 16, apartado A, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, contiene un estímulo fiscal que no tiene relevancia impositiva en el impuesto especial relativo, ya que no se adhiere a alguno de sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, porque se materializa a través de un acreditamiento del tributo pagado en la enajenación de diésel contra el diverso impuesto sobre la renta a cargo del gobernado que lo compra, bajo las características definidas en la porción normativa controvertida; con lo que se cristaliza en factores ajenos a los tributos referidos, toda vez que no se adhiere a sus elementos esenciales ni integran su mecánica; de ahí que su estudio no debe llevarse a cabo bajo la óptica de los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino de las garantías individuales, se apoyó en la jurisprudencia de rubro: "ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA."
• Por otra parte, el Juez Federal, consideró que tampoco se advierte transgresión a la garantía de igualdad tutelada por el artículo 1o. constitucional, pues el hecho de que el Ejecutivo Federal estableció un acreditamiento adicional como estímulo fiscal a favor de la industria del transporte de carga, de pasajeros y turístico, no implica una distinción injustificada que imposibilite el acceso de la quejosa a derechos, prestaciones y servicios en condiciones de igualdad a todos los miembros de la sociedad, toda vez que dicho beneficio se sustenta en fines extrafiscales razonables.
• A fin de sustentar su aseveración el Juez Federal, transcribió las consideraciones plasmadas por el Ejecutivo Federal en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, en la que se establece el estímulo referido.
• Señaló el juzgador que el artículo 16 de la de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 que se sometió al Congreso de la Unión, mantenía los estímulos fiscales otorgados en ejercicios anteriores.
• Que, el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados coincidieron en la necesidad de mantener el estímulo correspondiente para empresas dedicadas al autotransporte terrestre, público y privado de personas, de carga o de turismo, tal y como lo han venido haciendo en ejercicios anteriores.
• Que, tal beneficio se estableció bajo la misma consideración durante los ejercicios 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011; sin embargo, al formular el dictamen del proyecto de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, divulgado en la Gaceta Parlamentaria del nueve de octubre de dos mil nueve y que la Comisión de Hacienda y Crédito Público competente señaló que: "los beneficios fiscales vigentes en la Ley de Ingresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, a fin de fomentar actividades que son de interés general, ya que promueven el crecimiento económico del país y el empleo; apoyan e impulsan a las empresas de los sectores públicos y privados de la economía, con criterios de equidad social y productividad, con el consecuente beneficio de los diversos sectores de la población, en términos del artículo 25 constitucional." Y que entre dichos beneficios destacan:
• "El estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para los diversos sectores de contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final, entre los cuales se encuentran el sector agrícola, ganadero y pesquero, así como para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga, consistente en permitir el acreditamiento de dicho impuesto causado por la enajenación del propio diésel, así como el estímulo fiscal para los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre de carga o pasaje que utilizan la red nacional de autopistas de cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del monto erogado por ese concepto."
• Que, por tanto, el legislador justificó el estímulo previsto en el artículo 16, apartado A), fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, reiterando las consideraciones por las que estimó procedente otorgarlo a los transportistas en ejercicios anteriores; en otras palabras, puntualizando la necesidad de impulsar la actividad de dicho sector por ser de interés general, ya que suscita el crecimiento económico del país y el empleo; apoya a las empresas públicas y privadas de la economía bajo criterios de equidad social y productividad, con el consecuente beneficio de la población en general, conforme al marco establecido en el arábigo 25 de nuestra Ley Fundamental el Estado debe planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica del país, entre otros instrumentos, mediante el fomento e impulso de las actividades de interés general, bajo criterios de equidad social y de productividad.
• De igual forma, determina su obligación de estimular cualquier sector del desarrollo económico nacional, pero señaló que esa situación no produce que a todos se les otorgue el mismo incentivo o apoyo, porque existen actividades que requieren contar con un mayor impulso y otras que por su solidez o productividad simplemente es necesario coordinar, dar seguridad jurídica o estímulos focalizados para que continúe su crecimiento, en virtud de que las áreas prioritarias del desarrollo, la producción y distribución de bienes o servicios socialmente necesarios, y las que inevitablemente se requieran para el desarrollo humano.
• Que, adicionalmente el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil trece, en relación a los ramos de transporte y turismo, se indicó que el sector turístico resulta prioritario, y que el transporte es un área estratégica. De igual forma, se observa que deben recibir un impulso cualitativamente mayor a otros sectores del desarrollo nacional, con el objeto de que el Estado fomente el desarrollo económico mediante mecanismos adecuados a su área, resultando en mayor empleo y bienestar social para la población.
• Que, si bien las estaciones de servicio que distribuyen combustibles al consumidor final también constituyen empresas que fomentan el empleo y contribuyen para el avance económico del país, no están en igualdad o similares condiciones que las otras áreas que se incluyeron en el beneficio combatido, pues conforme al plan nacional esos sectores ameritan incentivos adicionales; y, en ese contexto, el legislador, considerando que se trata de sectores prioritarios o áreas estratégicas, valora el tipo de ayuda que requieren.
• Que, en consecuencia, el estímulo fiscal establecido por el artículo 16, apartado A), fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 en favor del transporte de carga, de personas y turístico, está justificado de manera razonable, por tener un fin objetivo constitucionalmente válido, esto es, desarrollar tales sectores estratégicos y prioritarios para generar una mayor derrama económica, máxime que se insiste, se incluye al transporte turístico en el beneficio indicado, ramo que es considerado particularmente trascendental en la economía nacional e internacional.
• Que, por tanto, el hecho de que las quejosas y los transportistas de carga, personas y turísticos no sean contribuyentes del impuesto sobre producción y servicios, dado que no son fabricantes, productores o importadores de diésel, es insuficiente para considerar que se encuentran en un plano de igualdad como refieren las impetrantes, pues se trata de sectores que reciben un tratamiento distinto conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; en consecuencia, el que no se les incluya en el estímulo fiscal reclamado no implica una decisión arbitraria del legislador, y en apoyo de su decisión, citó los criterios «2a./J. 27/2015 (10a.)» de título y subtítulo y rubro siguientes: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD." y "ESTÍMULO FISCAL. EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 QUE LO PREVÉ, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD POR EXCLUIR DE ESE BENEFICIO A LA MINERÍA."
6. Inconforme con la decisión apuntada ********** y **********, por conducto de **********, en su carácter de autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil dieciséis, ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco y el subprocurador fiscal federal de amparos, en representación del Presidente de la República, interpusieron recursos de revisión principal y adhesiva.
CUARTO.-Agravios de la parte quejosa y su estudio.
1. Manifiesta la parte quejosa, ahora inconforme, que el Juez Federal actuó en una flagrante contravención a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I y 76, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no apreció ni fijó de manera correcta el acto reclamado, así como no analizó lo vertido para resolver la cuestión efectivamente planteada, al emitir la sentencia que hoy se recurre.
Es infundado el anterior argumento, pues el Juez Federal, al pronunciarse con relación al planteamiento de irregularidad constitucional del artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, lo hizo fijando con claridad que su estudio se orientaba al análisis del precepto en cita, y además lo hizo a la luz de los argumentos que expresó la entonces quejosa en el respectivo concepto de violación, sin que el hecho de que la decisión a que arribó el juzgador sea contraria a los intereses de quien recurre, implique que éste haya apreciado indebidamente el acto reclamado relativo o haya dejado de analizar el concepto de violación correspondiente.
2. En la siguiente parte del agravio, la recurrente pretende justificar que el estímulo fiscal contenido en el artículo que se analiza, contrario a lo resuelto por el Juez Federal, puede analizarse tomando en consideración los principios de justicia tributaria, en atención a que el monto que se puede calcular será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuando en las anteriores Leyes de Ingresos para los ejercicios fiscales para los años de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, en la enajenación de combustibles que PEMEX Refinación realizaba al valor del acto o actividad se le aplicaba una tasa prevista en el artículo 2-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, esto es que "la mecánica cambió con la reforma de dicha ley, pues a partir del 1o. de enero de 2016 a dicha enajenación se le aplicarán las cuotas previstas en el artículo 2, fracción I, inciso D), puntos 1 y 2, las cuales deberán ser entregadas por PEMEX sin que exista traslado alguno para el contribuyente a favor de quien se expide el estímulo en análisis."
Es infundado el anterior agravio.
En efecto, la circunstancia de que en las leyes de ingresos de la federación, para los ejercicios de 2010 a 2015, para el cálculo del acreditamiento del tributo pagado en la enajenación del diésel contra el diverso impuesto sobre la renta a cargo del gobernado que lo compra, se hiciera referencia a una cuota y en el artículo que se reclama se señale para tal efecto que dicho cálculo se hará conforme a una tasa, en nada incide sobre los elementos esenciales del impuesto especial sobre producción y servicios como lo determinó el Juez Federal, para concluir que el estímulo fiscal contenido en el precepto legal que se reclamó no puede ser estudiado a la luz de los principios de justicia tributaria.
Lo anterior es así, pues la característica principal de este tipo de beneficios, es que el legislador no trata de medir o graduar la capacidad contributiva de los sujetos obligados, de hecho por la forma en que se integran los estímulos fiscales sin relevancia impositiva atienden a factores que no guardan relación con el hecho imponible o los demás elementos cuantitativos del tributo, ni parecen razonables a su mecánica, por lo que pueden surgir en un ejercicio o no estar presentes en otro de acuerdo con las políticas económicas del Estado, sin afectar a la tributación misma, pues la correspondencia sólo se refleja en el sujeto obligado y la carga económica que tiene que cubrir.
Ejemplos de tales estímulos fiscales se describen en las tesis y jurisprudencias siguientes:
"SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. TIENE NATURALEZA DE ESTÍMULO FISCAL Y, POR ELLO, NO LE RESULTAN APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 16/2007, sostuvo que el crédito al salario tiene naturaleza de estímulo fiscal y, por ello, no le resultan aplicables los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El anterior criterio es aplicable al subsidio para el empleo, pues éste no puede catalogarse como una contribución de las consignadas en el citado precepto constitucional, al no constituir un impuesto, aportación de seguridad social, contribución de mejoras o un derecho, previstos en el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, ni como una prestación obligatoria a favor del Estado exigible coactivamente y destinada a contribuir a los gastos públicos de la Federación, debiendo considerarse como un estímulo fiscal otorgado a favor de los trabajadores de menores recursos que presten un servicio personal subordinado, el cual se instrumentó con la finalidad de aumentar sus ingresos disponibles a través del importe entregado en efectivo por ese concepto, en caso de que el crédito al salario sea mayor al impuesto sobre la renta a su cargo o bien, a través del no pago de dicho impuesto o de su disminución. Es decir, el subsidio para el empleo se traduce en un impuesto negativo o en un no pago del impuesto sobre la renta que pudieran tener a su cargo los trabajadores asalariados a los cuales se dirige, corriendo a cargo del Estado, en virtud de que el fisco federal lo otorga con el propósito de incrementar los ingresos disponibles del trabajador. En consecuencia, no se violan los principios tributarios de equidad y proporcionalidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución.". (Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, tesis 2a. XXXVII/2009, página 734)
"RENTA. LA PROPORCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 114, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES PARTE DEL BENEFICIO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE Y, POR ENDE, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006).-Del estudio histórico de la figura del subsidio acreditable a partir de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1991, se advierte que el legislador ordinario incorporó un beneficio fiscal consistente en un ‘subsidio decreciente’ mediante una proporción que reduce gradualmente su monto, de acuerdo con los ingresos exentos o gravados que recibieran los trabajadores, que evidencia que el porcentaje de ese subsidio constituyó un estímulo para esas personas físicas del impuesto sobre la renta, de modo que la citada proporción no es un elemento autónomo, sino que forma parte del mecanismo para acceder a dicho subsidio y, por tanto, el artículo 114, cuarto párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no perjudica a los trabajadores contribuyentes ya que contiene un beneficio fiscal; aunado a que no se incorporó a alguno de los elementos esenciales de la contribución ni podría formar parte imprescindible de la estructura típica del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ya que en principio, el aludido subsidio no es idóneo para cuantificar el tributo de mérito, pues técnicamente se consideran elementos propios del empleador o de la universalidad de contribuyentes ubicados dentro de una situación precaria, además de que aquél opera una vez concluido el cálculo del impuesto a pagar, lo que revela que no le son aplicables los principios de justicia fiscal previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". (Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, tesis 2a./J. 165/2007, página 526) (1)
"CRÉDITO AL SALARIO. TIENE LA NATURALEZA DE UN ESTÍMULO FISCAL Y, POR ELLO, NO RESULTAN APLICABLES LAS GARANTÍAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN, NI SE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DESTINO AL GASTO PÚBLICO.-El crédito al salario no puede ser catalogado como una contribución de las consignadas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no constituye un impuesto, aportación de seguridad social, contribución de mejoras o un derecho, previstos en el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, ni tampoco como una p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27670-1a77cbfd/estimulo-fiscal-previsto-en-el-articulo-16-apartado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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