EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN QUE SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA EL REPARTO DE UTILIDADES. DEBE ORDENARSE ÚNICAMENTE A LAS PERSONAS Y EN EL DOMICILIO SEÑALADOS POR EL ACTOR [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA II.3o.A. J/9 (10a.)].
AMPARO DIRECTO 374/2014. 16 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO. SECRETARIO: ENRIQUE OROZCO MOLES.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Violación procesal que impide el estudio de fondo del presente asunto.
Tratándose del emplazamiento a los terceros interesados en un juicio contencioso administrativo, especialmente en lo relativo a las resoluciones en donde se ordena el reparto adicional de utilidades a los trabajadores, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la jurisprudencia de observancia obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, de rubro y texto siguientes:
"REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES. LOS TRABAJADORES, COMO TERCEROS, DEBEN SER LLAMADOS A JUICIO POR CONDUCTO DE QUIEN LOS REPRESENTE, CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA.-De los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, 10, 86, 130 y 133 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 7o. y 8o. del Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte una obligación anual de los contribuyentes en la que, concomitante con la de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta en la que se determina el ingreso gravable, debe fijarse, por el propio contribuyente, el monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, lo cual significa que también se trata de una obligación anual que considera para su cumplimiento un específico ejercicio fiscal. Igualmente, deriva que dicho reparto debe efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual y, en caso de que deba aumentarse el ingreso gravable declarado inicialmente para efectos fiscales, procede hacer un reparto adicional dentro de un plazo igual o dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando haya mediado impugnación de los trabajadores. Por tanto, las resoluciones que ordenan el reparto adicional de utilidades como resultado de la modificación del ingreso global gravable, tienen una relación de carácter complementario con la declaración original, pues forman parte del resultado del ejercicio fiscal de que se trate y pueden repercutir en los derechos de los trabajadores, por lo que debe citarse a juicio como tercero interesado al sindicato o al representante de los trabajadores de la empresa que demandó la nulidad de una resolución que ordena un reparto adicional de utilidades, pues de resolverse en favor del actor podría privarse a aquellos trabajadores de la participación activa en las utilidades que legalmente pudiera corresponderles; emplazamiento que se hará a través del representante del sindicato o de la mayoría de los trabajadores en caso de no existir aquél, es decir, de quien represente los intereses de los trabajadores en el momento de requerir al actor; lo que no significa que una vez establecida legalmente la obligación de realizar el reparto adicional de utilidades, deba considerarse para esos efectos a los trabajadores que prestan sus servicios al actualizarse el mencionado requerimiento, sino a los que laboraron durante el ejercicio fiscal que se corrige."(15)
Y, partiendo de lo ahí establecido, este Tribunal Colegiado, sobre la forma en que deberá emplazarse al tercero interesado, sostuvo la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:
"TERCEROS INTERESADOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL QUE SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN QUE ORDENA A UNA EMPRESA EL REPARTO DE UTILIDADES. TIENEN ESE CARÁCTER LOS TRABAJADORES DEL ACTOR, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE DEBE REVISAR OFICIOSAMENTE SI SE LES EMPLAZÓ Y, DE NO SER ASÍ, CONCEDER LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL PARA QUE SE SUBSANE ESA OMISIÓN PROCESAL. En el juicio contencioso administrativo en el que se impugna una resolución que ordena a una empresa el reparto de utilidades, los trabajadores del actor tienen el carácter de parte como terceros interesados, conforme al artículo 3o., fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que su intervención en el proceso es indispensable para justificar la legalidad de la sentencia correspondiente, razón por la cual, si el patrón promueve amparo directo contra ésta, el Tribunal Colegiado de Circuito debe revisar oficiosamente si dicha parte fue emplazada y, de no ser así, conceder la protección de la Justicia Federal para que se subsane esa violación al procedimiento, en términos de la jurisprudencia P./J. 44/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 85 del Tomo IV, julio de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.’."(16)
En el caso, del texto de la resolución impugnada en el recurso de revocación **********, contenida en el oficio **********, de treinta de enero de dos mil trece,(17) se aprecia que además de determinar un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, multas, recargos y actualizaciones en cantidad total de $********** (********** M.N.), también se determinó un reparto adicional de utilidades a los trabajadores de la quejosa en cantidad de $********** (********** M.N.), por lo cual, debió existir certeza jurídica que la representación de dichos trabajadores fue emplazada a juicio con el carácter de tercero interesada, y la Sala responsable debió cerciorarse que quedara en autos constancia efectiva de ello.
Así es, la actora señaló en su demanda de nulidad, que los representantes de los trabajadores son los siguientes:
"1. **********.
"2. **********.
"3. **********.
"Quienes podrán ser emplazados a juicio en el domicilio ubicado en **********, colonia **********, Ecatepec de Morelos, Estado de México. ..."(18)
Por tanto, pretendiendo emplazarlos se procedió a una notificación por correo certificado con acuse de recibo, a través de los oficios **********, ********** y **********, de once de septiembre de dos mil trece,(19) y en los acuses de recibo consta que los mismos fueron recibidos por quienes asentaron llamarse ********** y **********, los días veintitrés y veintinueve de septiembre de dos mil trece.
Con tal notificación, la Sala del conocimiento tuvo por efectuado el emplazamiento y, por el auto de diecisiete de febrero de dos mil catorce,(20) tuvo por precluido el derecho de los terceros interesados para comparecer a juicio y dictó la sentencia ahora reclamada.
Sentencia que se emitió sobre la base de un procedimiento viciado, por no existir constancia cierta de que los terceros interesados hayan sido notificados de manera legal.
Debe tenerse presente que el emplazamiento es un acto procesal diverso a una notificación ordinaria, grado tal que tanto su validez como su eficacia requieren de que su práctica se haga observándose ciertas formalidades e, incluso, la presencia de un funcionario judicial o fedatario público, pues se trata de un acto necesario para el procedimiento, porque fija en su destinatario la obligación procesal de comparecer al juicio en forma, con consecuencias de derecho en caso contrario e, incluso, se le puede al interesado declarar rebelde o continuar con el proceso aun si éste no comparece, es decir, el juicio seguirá su curso sin citar a dicha parte ni oírla en adelante; las oportunidades procesales tras el emplazamiento pueden declararse desistidas y los trámites podrían seguirse sin su participación; la formalidad más relevante es la comunicación cierta del juicio, no sólo mediante la puesta en aviso de las demás partes en el juicio, sino además con la certificación de la entrega de la demanda o escrito que motiva el procedimiento, aspecto que, se insiste, la distingue de las notificaciones, máxime que entabla válidamente la relación jurídico procesal.
Los efectos del emplazamiento están previstos en los artículos 309, fracción I, 327 y 328 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento contencioso administrativo, los cuales establecen lo siguiente:
"Artículo 309. Las notificaciones serán personales:
"I. Para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el negocio."
"Artículo 327. De la demanda admitida se correrá traslado a la persona contra quien se proponga, emplazándola para que la conteste dentro de nueve días, aumentados con los que correspondan por razón de la distancia.
"Si el demandado residiere en el extranjero se ampliará prudentemente el término de emplazamiento, atendiendo a la distancia y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.
"Cuando los demandados fueren varios, el término para contestar les correrá individualmente."
"Artículo 328. Los efectos del emplazamiento son:
"I. Prevenir el juicio en favor del tribunal que lo hace;
"II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el tribunal que lo emplazó, siendo competente al tiempo de la citación;
"III. Obligar al demandado a contestar ante el tribunal que lo emplazó, salvo siempre el derecho de promover la incompetencia, y
"IV. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial."
Ahora bien, la Sala responsable, en lugar de disponer la práctica de un emplazamiento a la mayoría de trabajadores, se limitó a ordenar una notificación por correo con acuse de recibo, la que, finalmente, ni siquiera se entendió con la interesada y, por ello, es cuestionable tanto su eficacia como legalidad.
En efecto, a través de los oficios **********, ********** y **********, de once de septiembre de dos mil trece, citados con antelación, se aprecia que la Sala, en lugar de disponer lo necesario para emplazar a juicio a los tercero interesados, se limitó a ordenar: "Se notifica acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2013 CC. De la demanda y anexos a la autoridad demandada y a los terceros interesados" a **********, ********** y **********, con domicilio ubicado en **********, colonia **********, Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante correo certificado, sin que en el acuse de recibo conste que lo hayan recibido los interesados; esa notificación por correo, evidentemente no puede considerarse como un emplazamiento formal, y la circunstancia es que sin ese emplazamiento válido el juicio no puede continuar ni concluirse válidamente, menos parar perjuicio a esa parte, pues respecto de ella no se entabló la relación jurídico procesal, aspecto que objetivamente trasciende al resultado del fallo e, incluso, afecta el orden público y la estabilidad de las sentencias.
En el caso, se destaca que la Sala responsable convalidó como si se tratara de un emplazamiento (notificación personal que observe las formalidades ante la presencia jurisdiccional) una notificación por correo, cuyos acuses de recibo ni siquiera fueron recibidos por los interesados, llegando al punto de que, por auto de diecisiete de febrero de dos mil catorce,(21) se tuvo por precluido el derecho de los terceros interesados para comparecer a juicio, permitiendo con ello el dictado de la sentencia reclamada sobre la base de un procedimiento viciado en agravio no sólo de las partes del juicio, sino del orden público.
Por lo anterior, es claro que no podía concluirse el juicio sin escuchar a todas las partes y, por lo mismo, fue incorrecto que la Sala Fiscal no actuara con todas sus facultades y posibilidades para emplazar debidamente a la tercero interesada.
Cabe señalar que el emplazamiento debió realizarse de manera personal, por conducto de alguno de los actuarios de la Sala o, en su defecto, por medio de exhorto dirigido a la autoridad judicial federal o local con residencia en la ciudad que el actor citó como domicilio de esa tercero interesada.
De esta forma, como en autos no existen constancias jurídicamente válidas que sean evidencia de que los trabajadores de la empresa **********, efectivamente fueron emplazados como parte tercero interesada, porque ese aspecto requiere una notificación personal con presencia jurisdiccional y cercioramiento de las circunstancias representacionales enunciadas; y como las notificaciones por correo que constan en autos no pueden satisfacer esta exigencia, resulta claro que la sentencia reclamada y el procedimiento que, antecedió, vician la garantía de debido proceso prevista por el artículo 14 constitucional.
Por ello, al no quedar debidamente satisfecho el requisito de la notificación de los representantes de los trabajadores como tercero interesados en el juicio de nulidad, la Sala Fiscal decidió la controversia puesta a debate sin que estuviera debidamente integrada la relación jurídico procesal. De ahí que, en el caso, proceda conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados.
Efectos del amparo otorgado:
El efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable debe dejar insubsistente la sentencia reclamada y ordenar la reposición del procedimiento, para el único objeto de que se emplace personalmente a juicio a los terceros interesados, **********, ********** y **********, en su calidad de representantes de los trabajadores a quienes les atribuyó tal carácter la actora desde el escrito de demanda inicial, y en el supuesto de que se verifique alguna hipótesis que imposibilite dicho emplazamiento, requiera nuevamente a la actora para que precise el nombre o domicilio de tales representantes, utilizando, en su caso, para ver cumplida su determinación, sólo las medidas de apremio establecidas en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:
"I. Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
"Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
"Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso, y
"II. El auxilio de la fuerza pública.
"Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia."
Hecha la notificación y cerciorada la Sala del conocimiento de su legalidad, por verificarse en términos de los artículos 67, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 309, fracción I, 327 y 328 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con asistencia o no de los tercero interesados, debidamente notificados, dicte la sentencia correspondiente.
Nueva reflexión en asuntos que guardan singularidad con el que ahora se resuelve.
No se desconoce que este tribunal sostenía, en casos análogos, el criterio de que la Sala Fiscal, con fundamento en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, debía investigar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o, en su caso, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, si existe registrado un sindicato y, en caso de que no fuera así, se solicitara a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo su intervención, a fin de que se formara la coalición para la defensa de los intereses comunes de los trabajadores; inclusive, este tribunal, en una integración diversa a la actual, emitió la jurisprudencia II.3o.A. J/9 (10a.), de rubro: "TERCEROS INTERESADOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL QUE SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN QUE ORDENA A UNA EMPRESA EL REPARTO DE UTILIDADES. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE CONTRA LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE PARA QUE SE EMPLACE COMO TALES A LOS TRABAJADORES DEL ACTOR."
Sin embargo, de una nueva reflexión se llega al conocimiento de que esa información, atinente a quién es la parte trabajadora o su sindicato y su domicilio, sólo corresponde otorgarla a la actora, pues se trata de un requisito de procedibilidad de la demanda que sólo ella conoce, en términos del artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Consideración nueva a la que se llega estimando lo establecido en la tesis 1a. LIII/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente:
"PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 14, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER QUE SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA CUANDO EXISTEN TERCEROS INTERESADOS Y NO SE PROPORCIONE SU NOMBRE Y DOMICILIO, NO VIOLA EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho a la tutela judicial, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. En congruencia con tal criterio, se concluye que el artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2005, al prever que cuando existan terceros interesados y no se proporcione su nombre y domicilio se tendrá por no presentada la demanda, no viola el derecho a la tutela jurisdiccional, en virtud de que se trata de un requisito de procedibilidad razonable y proporcional a la luz del derecho al acceso a la justicia en tanto que es indispensable para comenzar un proceso jurisdiccional que salvaguarde dos elementos esenciales para el adecuado acceso a la jurisdicción: el equilibrio procesal y la expeditez en la impartición de justicia, pues si se eximiera al demandante de dicho requisito, se lesionarían las garantías de audiencia, igualdad entre las partes y el acceso a la justicia de su contraparte -en este caso los terceros interesados-, ya que la parte afectada no podría ser llamada a juicio ni podría alegar sus resistencias y excepciones en el proceso. Asimismo, la exigencia de proporcionar el nombre y domicilio de los terceros interesados resulta razonable en términos de procurar una justicia expedita, pues de dispensar al demandante de dicho requisito de procedibilidad el actuario o notificador se vería en la complicada tarea de buscar sujetos indeterminados a lo largo del país, lo que implicaría que los procedimientos no podrían resolverse dentro de los plazos y términos que establece la ley, además de que se diezmarían los recursos personales y materiales con que cuenta el juzgador para impartir justicia."(22)
A propósito de esta tesis, las consideraciones emitidas en la ejecutoria respectiva son del texto siguiente:
"En efecto, la obligación de establecer en la demanda el nombre y domicilio del tercero interesado va encaminada a salvaguardar el equilibrio procesal entre las partes, pues si se le eximiera al demandante de dicho requisito ello, sin lugar a dudas, provocaría que la contraparte de dicho proceso, en este caso los terceros interesados, se vieran severamente lesionados en sus derechos, pues si se resolviera como lo pretende el impetrante de garantías se violarían sus garantías de audiencia, igualdad entre las partes y de acceso a la justicia que se encuentran establecidas en los artículos 14 y 17 constitucionales.
"Es incuestionable que, para no romper con el equilibrio procesal entre las partes, el demandante debe proporcionar el nombre y el domicilio de los terceros interesados, pues de lo contrario no podría darse una adecuada impartición de justicia, ya que el demandante y demandado no tendrían las mismas oportunidades de defensa. Ello estriba en que, de no exigir dicho requisito, la parte interesada en resistir las pretensiones de la parte actora no podría ser llamada a proceso, pues al carecer del nombre y de un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias, no podría emplazarse al tercero interesado en términos de ley, y éste nunca podría alegar sus resistencias y excepciones respecto de dicho proceso.
"En esta misma tesitura, la exigencia del nombre y el domicilio de los terceros interesados, también resulta razonable en términos de procurar una justicia expedita, pues de eximir al demandante de dicho requisito de procedibilidad, o exigir que se establecieran mecanismos para que una vez admitida una demanda, la autoridad administrativa ante la cual se ventila la controversia, debieran investigar los domicilios de las contrapartes, iría en contra del espíritu del artículo 17 constitucional, pues las autoridades se verían obligadas a invertir una infinidad de tiempo y de recursos materiales y humanos para llamar a las contrapartes al proceso, lo que irremediablemente iría en detrimento del tiempo de resolución de los procesos jurisdiccionales en nuestro país.
"En efecto, al carecer del nombre y domicilio de los terceros perjudicados, el emplazamiento de dichos sujetos se tornaría sumamente difícil e interminable, pues el actuario o notificador se vería en la complicada tarea de buscar el nombre y residencia de sujetos indeterminados a lo largo del país, lo que implicaría que los procedimientos no se resolvieran dentro de los plazos y términos que establece la ley; además, se diezmarían los recursos personales y materiales con los que cuenta el juzgador para impartir justicia."(23)
Además, con base en las consideraciones vertidas en la ejecutoria referida, se ha reflexionado que de obligar a la autoridad administrativa ante la cual se ventila la controversia a investigar los domicilios de las contrapartes, iría en contra de lo establecido por el artículo 17 constitucional, pues dichas autoridades se verían obligadas a invertir infinidad de tiempo y recursos materiales y humanos para llamar a las contrapartes al proceso.
Inclusive, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 146/2011, sostuvo que tratándose de asuntos en los que se ordenara el reparto adicional de utilidades, debe emplazarse al representante del sindicato o representante de la mayoría de los trabajadores, para lo cual se deberá requerir al actor para que dé noticias de quiénes forman parte de esa representación, sin exigir que la autoridad jurisdiccional ante quien se somete el estudio de la legalidad de la resolución impugnada (en la que se ordena, entre otros aspectos, el reparto de utilidades), tenga que utilizar sus propios recursos para efectuar toda una investigación, inclusive la creación de un sindicato para emplazar a dicha parte tercero interesada.
La jurisprudencia a que se alude es del rubro y texto siguientes:
"REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES. LOS TRABAJADORES, COMO TERCEROS, DEBEN SER LLAMADOS A JUICIO POR CONDUCTO DE QUIEN LOS REPRESENTE, CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA.-De los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, 10, 86, 130 y 133 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 7o. y 8o. del Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte una obligación anual de los contribuyentes en la que, concomitante con la de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta en la que se determina el ingreso gravable, debe fijarse, por el propio contribuyente, el monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, lo cual significa que también se trata de una obligación anual que considera para su cumplimiento un específico ejercicio fiscal. Igualmente, deriva que dicho reparto debe efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual y, en caso de que deba aumentarse el ingreso gravable declarado inicialmente para efectos fiscales, procede hacer un reparto adicional dentro de un plazo igual o dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando haya mediado impugnación de los trabajadores. Por tanto, las resoluciones que ordenan el reparto adicional de utilidades como resultado de la modificación del ingreso global gravable, tienen una relación de carácter complementario con la declaración original, pues forman parte del resultado del ejercicio fiscal de que se trate y pueden repercutir en los derechos de los trabajadores, por lo que debe citarse a juicio como tercero interesado al sindicato o al representante de los trabajadores de la empresa que demandó la nulidad de una resolución que ordena un reparto adicional de utilidades, pues de resolverse en favor del actor podría privarse a aquellos trabajadores de la participación activa en las utilidades que legalmente pudiera corresponderles; emplazamiento que se hará a través del representante del sindicato o de la mayoría de los trabajadores en caso de no existir aquél, es decir, de quien represente los intereses de los trabajadores en el momento de requerir al actor; lo que no significa que una vez establecida legalmente la obligación de realizar el reparto adicional de utilidades, deba considerarse para esos efectos a los trabajadores que prestan sus servicios al actualizarse el mencionado requerimiento, sino a los que laboraron durante el ejercicio fiscal que se corrige."
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 34, 73 a 79, 183, 185 y 186 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero y para los efectos indicados en el último considerando de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Octavio Bolaños Valadez, presidente, María del Pilar Bolaños Rebollo, ponente, y Marco Herculano Quintana Vargas, el último como secretario de tribunal, autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; fue ponente la segunda de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La tesis de jurisprudencia II.3o.A. J/9 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1468.
________________
15. Novena Época. Registro digital: 161007. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1466.-Contradicción de tesis 212/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.
16. Décima Época. Registro digital: 2001802. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1469.-Amparo directo 341/2011. Loyd´s London, S.A. de C.V. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador González Baltierra. Secretario: Errol Obed Ordóñez Camacho.-Amparo directo 66/2011. SD Myers de México, S.A. de C.V. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Méndez Cortés. Secretario: Ángel Corona Ortiz.-Amparo directo 412/2011. Materiales Sela, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador González Baltierra. Secretario: Carlos Maldonado Barón.-Amparo directo 771/2011. Central de Servicios para el Desarrollo del Estado de México, A.C. 14 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador González Baltierra. Secretario: Errol Obed Ordóñez Camacho.-Amparo directo 766/2011. 5 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Méndez Cortés. Secretaria: Marlén Ramírez Marín.
17. Resolución consultable a partir de la foja 89 del expediente del juicio contencioso administrativo.
18. Datos extraídos de la foja 1 vuelta del expediente del juicio contencioso administrativo.
19. Oficios visibles a partir de la foja 286 del expediente del juicio contencioso administrativo.
20. Auto consultable a partir de la foja 469 del expediente del juicio contencioso administrativo.
21. Auto visible a partir de la foja 469 del expediente del juicio contencioso administrativo.
22. Novena Época. Registro digital: 173217. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, página 656.
23. Datos obtenidos de la consulta realizada al módulo "Consulta de expedientes" de la página de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día ocho de abril de dos mil dieciséis.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27734-f12a3d2f/emplazamiento-a-los-terceros-interesados-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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