REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES. EN LOS JUICIOS DE NULIDAD EN LOS QUE SE IMPUGNA LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, EL SEÑALAMIENTO DEL ACTOR ES INSUFICIENTE PARA TENER A UNA PERSONA COMO REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES TERCEROS INTERESADOS. REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES. FORMA DE EMPLAZAMIENTO AL REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES TERCEROS INTERESADOS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD EN LOS QUE SE IMPUGNA LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 369/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA. 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: EDUARDO ROMERO TAGLE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.(2)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, porque la parte denunciante son los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala.(3)
TERCERO.—Tema y criterios contendientes. Los órganos colegiados sostuvieron, en los asuntos antes señalados, lo siguiente:
I. Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, que ayudó en el dictado de la sentencia al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en Apizaco, Tlaxcala, correspondiente al amparo directo 290/2018 –cuaderno auxiliar 972/2018–, en sesión de quince de febrero de dos mil diecinueve.
1. El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, Funhedi, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió un juicio contencioso administrativo en contra de una resolución emitida por la Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1", de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en la que se le determinó un crédito fiscal y se le condenó a pagar un reparto adicional de utilidades a sus trabajadores.
Por lo que hace al reparto de utilidades, la empresa señaló como representante de los trabajadores terceros interesados al señor Ernesto Hernández López.
2. En consecuencia, la Sala Regional Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió la demanda en la vía ordinaria y ordenó llamar a juicio al señor Hernández López en su carácter de representante de los trabajadores terceros interesados.
3. Mediante acuerdo de uno de junio de dos mil diecisiete, la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró precluido el derecho de la parte tercera interesada de presentarse al juicio y tuvo por no contestada la demanda.
4. El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, la parte actora presentó una primera ampliación de su demanda, señalando nuevos actos impugnados; en consecuencia, la Sala Administrativa tuvo por admitida la ampliación y ordenó dar vista a la autoridad demandada y a la parte tercero interesada para que la contestaran.
5. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Administrativa tuvo por precluido el derecho de la parte tercero interesada para contestar la primera ampliación de demanda.
6. El cinco de octubre de dos mil diecisiete, la parte actora presentó una segunda ampliación de su demanda, señalando nuevos actos impugnados; en consecuencia, la Sala Administrativa tuvo por admitida la ampliación y ordenó dar vista a la autoridad demandada para que la contestaran.
7. Por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la autoridad responsable contestando la segunda ampliación de la demanda y por admitidas las pruebas que ofreció.
8. Una vez que concluyó la etapa de alegatos correspondiente, la Sala Administrativa dictó la sentencia respectiva en el juicio contencioso administrativo, en la que señaló que la parte actora probó parcialmente su pretensión, por lo que ordenó que se declarara la nulidad de la resolución reclamada.
9. En contra de tal determinación, la empresa Funhedi, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió un juicio de amparo directo. En consecuencia, el asunto fue turnado al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en Apizaco, Tlaxcala, quien admitió la demanda y registró el expediente con el número de amparo directo 290/2018.
10. El asunto fue enviado al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para el dictado de la sentencia. Dicho tribunal emitió la resolución respectiva en la que determinó que advertía de oficio que en el asunto existía un vicio en el procedimiento que ameritaba su reposición.
El tribunal auxiliar afirmó que el señalamiento del tercero interesado no depende del criterio del actor en el juicio, ni del de la Sala Administrativa, sino que es un Estado de derecho que debe ser reconocido por el órgano jurisdiccional para que se le emplace y éste pueda intervenir en el asunto.
Afirmó que le corresponde a la Sala Administrativa del conocimiento verificar el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. Sostuvo que una de estas formalidades, que además es de orden público, es el emplazamiento a juicio de todas las personas que tengan derecho a intervenir en él. Afirmó que, para asegurar el cumplimiento de esta formalidad, la Sala Administrativa debe realizar todos los actos necesarios, a fin de que los terceros interesados sean oídos en juicio y sostuvo que debe ordenarse la reposición del procedimiento cuando la Sala Administrativa no cumple con esta obligación.
El tribunal auxiliar consideró que, toda vez que la empresa demandó la nulidad de la resolución mediante la cual se le ordenó efectuar un reparto adicional de utilidades a sus trabajadores, a éstos les correspondía el carácter de terceros interesados en el juicio de nulidad. Advirtió que, si bien la Sala responsable ordenó el emplazamiento del representante de los trabajadores en el domicilio que señaló el actor, esta actuación se llevó a cabo de forma irregular.
Lo anterior, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque las diligencias de notificación efectuadas por la actuaria de la Sala responsable, con el fin de notificar a la parte tercera interesada, no fueron acordes a lo establecido en el artículo 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
De acuerdo con lo narrado por el Tribunal Colegiado, las diligencias de notificación tuvieron lugar de la siguiente manera: La actuaria acudió en un primer momento al domicilio señalado por el actor como el de la parte tercero interesada y, luego de cerciorarse plenamente de que fuera el domicilio correcto, atendió a su llamado una persona distinta al representante de los trabajadores. En consecuencia, la actuaria procedió a dejar citatorio para que la persona buscada, la esperara en ese domicilio a las 09:00 horas del día primero de abril de dos mil diecisiete, con el apercibimiento de que, en caso de no estar presente, se entendería la diligencia con la persona que se encontrara en el domicilio.
Sin embargo, la actuaria acudió nuevamente al domicilio referido a las 09:00 horas del día tres de abril de dos mil diecisiete –esto es, dos días después de la fecha señalada en el citatorio previo–. Una vez que se cercioró de que fuera el lugar indicado, acudió a su llamado una tercera persona quien le informó que el señor Ernesto Hernández López –el representante de los terceros interesados en el juicio– no se encontraba en el domicilio, por lo que la actuaria hizo efectivo el apercibimiento hecho en el citatorio y procedió a notificar el acuerdo de admisión de demanda y le corrió traslado a la persona que se encontraba presente con el escrito inicial y sus anexos.
En consecuencia, el Tribunal Colegiado sostuvo que, no obstante que la actuaria se constituyó nuevamente en el domicilio de la demandada, lo realizó en una fecha posterior a la señalada en el citatorio y, por tanto, el emplazamiento practicado a la parte tercero interesada debía considerarse irregular.
En segundo lugar, el Tribunal Colegiado auxiliar indicó que en el expediente del juicio contencioso no existía alguna constancia que le generara certeza jurídica de que Ernesto Hernández López fuera el representante de la parte tercero interesada. Afirmó que ello obligaba a la Sala Administrativa a investigar en quién recae tal representación con todos los medios legales que tuviese a su alcance.
Explicó que lo anterior es así, dado que lo fundamental es garantizar que los trabajadores de la empresa actora, en su carácter de terceros interesados, puedan acudir al juicio a defender sus intereses, para lo cual es necesario tener certeza de que son debidamente representados en el juicio.
Con base en lo anterior, el Tribunal Colegiado auxiliar determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la Sala responsable hiciera lo siguiente:
a) Dejara insubsistente la sentencia reclamada.
b) Repusiera el procedimiento a fin de emplazar debidamente y de forma personal, con carácter de terceros interesados, a los trabajadores de la empresa actora a través de quien efectivamente fuera su legítimo representante, lo que debía acreditarse fehacientemente.
c) En caso de no lograr el emplazamiento, investigara en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social si existe un registro de algún sindicato de trabajadores de la empresa actora y, de no ser así, solicitara a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo su intervención, para la formación de una coalición de defensa de sus intereses en el asunto.
II. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 374/2014 en sesión de dieciséis de junio de dos mil dieciséis.
1. En mayo de dos mil catorce, la empresa Recubrimientos Plásticos, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió un juicio de amparo directo en contra de una sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo, en la que se reconoció la validez de una resolución por la que se le ordenó realizar un reparto adicional de utilidades a sus trabajadores.
2. Conoció del juicio el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. El órgano jurisdiccional en comento ordenó la reposición del procedimiento toda vez que advirtió una violación procesal referente al emplazamiento a los trabajadores de la empresa como terceros interesados en el juicio.
Al respecto, hizo referencia a la jurisprudencia 146/2011,(4) emitida por esta Segunda Sala, en donde se estableció que los trabajadores de la empresa –en los procedimientos en los que el patrón demanda la nulidad de una resolución que ordena el reparto adicional de utilidades– deberán ser llamados a juicio por conducto de quien los represente.
Partiendo de lo establecido en la jurisprudencia de esta Segunda Sala, el Tribunal Colegiado sostuvo que en la resolución reclamada, se determinó un reparto adicional de utilidades a los trabajadores de la quejosa, por lo cual debió existir certeza de que las personas señaladas como representantes de dichos trabajadores fueron emplazados correctamente a juicio y afirmó que la Sala Administrativa debió cerciorarse de que quedara en autos constancia efectiva de ello.
Determinó que, si bien la empresa actora señaló los nombres de los representantes de los trabajadores, así como su domicilio para llevar a cabo las notificaciones correspondientes, la Sala Administrativa –con el fin de realizar el emplazamiento– procedió a notificarlos por correo certificado con acuse de recibo. Asimismo, estableció que en los acuses respectivos, se advertía que las cédulas de emplazamiento fueron recibidas por individuos con nombres diversos a los señalados por la parte actora como representantes de los trabajadores.
Sin embargo, indicó que con esa notificación la Sala Administrativa tuvo por efectuado el emplazamiento. Posteriormente, explicó que, debido a que los terceros interesados no comparecieron a juicio, la Sala tuvo por precluido su derecho y dictó la sentencia reclamada.
El Tribunal Colegiado señaló que la Sala no dispuso lo necesario para emplazar a juicio a los terceros interesados. Afirmó que no existían constancias que evidenciaran un emplazamiento regular a los trabajadores en su carácter de terceros interesados, pues, en su opinión, ello requería de un emplazamiento personal con presencia jurisdiccional y cercioramiento de las circunstancias representacionales, elementos que no podían cumplirse a través de una notificación por correo certificado.
Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado decidió conceder el amparo a la quejosa para el efecto de que la Sala responsable hiciera lo siguiente:
a) Dejara insubsistente la sentencia reclamada.
b) Ordenara la reposición del procedimiento para que se emplazara personalmente a las personas que la parte actora señaló como representantes de los trabajadores terceros interesados.
c) En el supuesto de que se verificara alguna hipótesis que imposibilitara dicho emplazamiento, requiriera nuevamente a la actora para que precisara el nombre o domicilio de los representantes.
d) Una vez hecho el emplazamiento y verificada su legalidad, dictara la sentencia que corresponda.
A mayor abundamiento, el Tribunal Colegiado afirmó que no pasaba por alto que en asuntos anteriores había sostenido el criterio de que, en los juicios contenciosos administrativos en los que se impugna una resolución que ordena el reparto adicional de utilidades a trabajadores, la Sala Administrativa debía investigar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o, en su caso, en la Junta de Conciliación y de Arbitraje, si existía registrado un sindicato, y, en caso de que no fuera así, debía solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo que interviniera para formar una coalición para la defensa de los intereses comunes de los trabajadores.
Estas consideraciones las plasmó en la jurisprudencia II.3o.A. J/9 (10a.), de rubro: "TERCEROS INTERESADOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL QUE SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN QUE ORDENA A UNA EMPRESA EL REPARTO DE UTILIDADES. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE CONTRA LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE PARA QUE SE EMPLACE COMO TALES A LOS TRABAJADORES DEL ACTOR."(5)
Sin embargo, de una nueva reflexión, concluyó que la información respecto de quién es el representante de la parte tercera interesada sólo corresponde otorgarla a la parte actora, debido a que es un requisito de procedibilidad de la demanda que sólo ella conoce.
Como apoyo a lo anterior, citó un criterio emitido por la Primera Sala de esta Suprema Corte(6) en el que se establece que, cuando existan terceros interesados en un procedimiento contencioso administrativo y el actor no señala sus nombres y domicilios, la ley prevé que debe tenerse por no presentada la demanda respectiva. El criterio también establece que lo anterior no viola el derecho a la tutela jurisdiccional, pues la exigencia de proporcionar los datos de los terceros interesados resulta razonable.
Siguiendo lo establecido por la Primera Sala, afirmó que exigir a la Sala Administrativa ante la cual se ventila la controversia que investigue los nombres y domicilios de las contrapartes sería contrario al artículo 17 constitucional, pues ello la obligaría a invertir una infinidad de tiempo y recursos materiales y humanos para llamar a las contrapartes al proceso.
Asimismo, precisó que el argumento sostenido guarda coherencia con lo establecido por esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 146/2011,(7) en donde se establece que, tratándose de asuntos en los que se ordene el reparto adicional de utilidades, debe emplazarse al representante de los trabajadores. El Tribunal Colegiado alegó que, para realizar dicha diligencia, se debe requerir al actor a efecto de que informe ante quién deberá realizarse el emplazamiento. Lo anterior, exime al órgano jurisdiccional de utilizar sus propios recursos para efectuar una investigación, asegurando un procedimiento expedito y procurando la garantía de audiencia de los terceros interesados.
III. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 519/2016, en sesión de seis de abril de dos mil diecisiete.
1. En agosto de dos mil dieciséis, la empresa Giesecke y Devrient de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió un juicio de amparo directo en contra de una sentencia definitiva dictada en un juicio contencioso administrativo, en la cual se reconoció la validez de una resolución por la que se le ordenó realizar un reparto adicional de utilidades a sus trabajadores.
2. Correspondió conocer del juicio al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. El órgano jurisdiccional, al emitir la sentencia correspondiente, ordenó la reposición del procedimiento al advertir de oficio una violación procesal referente al indebido emplazamiento a los trabajadores de la empresa actora como terceros interesados en el juicio.
El Tribunal Colegiado advirtió que la actuaria del tribunal se constituyó en el domicilio indicado por la parte actora para emplazar a la persona que ésta señaló como representante de los trabajadores terceros interesados, pero no pudo realizar la diligencia. Transcribió la razón actuarial correspondiente en la que se establece que la actuaria le solicitó a la persona que encontró en el domicilio que se identificara, pero ésta le dijo que no traía consigo una identificación y que se retiraría para conseguirla, sin que regresara posteriormente, por lo que la actuaria tuvo que retirarse del lugar.(8)
Señaló que, derivado del contenido de la razón actuarial, el Magistrado instructor de la Sala ordenó que la admisión de la demanda y las subsecuentes actuaciones le fueron notificadas a la parte tercero interesada mediante boletín electrónico.
El Tribunal Colegiado indicó que, posteriormente, la actora precisó cuál era su domicilio, que coincide con el de la representante de los terceros interesados, y afirmó que éste no tenía las características descritas en la razón actuarial.(9) El Tribunal Colegiado sostuvo que, como consecuencia de esta aclaración, la Sala responsable ordenó que las subsecuentes notificaciones se realizaran en el domicilio indicado por la actora. A pesar de lo anterior, el Tribunal Colegiado advirtió que las notificaciones que fueron dirigidas a la parte tercero interesada, se entendieron con el autorizado de la parte actora, no con la representante de los trabajadores.
El Tribunal Colegiado afirmó que el emplazamiento a los trabajadores fue irregular, pues consideró que, como consecuencia de la manifestación de la actora que evidenció que la actuaria se había constituido en un domicilio incorrecto, la Sala debió haber ordenado que se volviera a realizar un emplazamiento personal a la representante de los trabajadores. El Tribunal Colegiado también afirmó que fue ilegal que las notificaciones posteriores a la parte tercera interesada fueran entendidas con el autorizado de la actora.
Reiteró que el emplazamiento de la parte tercera interesada requería una notificación personal con presencia jurisdiccional y cercioramiento de las circunstancias representacionales enunciadas, elementos que sostuvo no podían cumplirse a través de una notificación por boletín electrónico.
Derivado de lo antes mencionado, el Tribunal Colegiado concedió el amparo a la quejosa para el efecto de que la Sala responsable hiciera lo siguiente:
a) Dejara insubsistente la sentencia reclamada.
b) Repusiera el procedimiento para el único efecto de emplazar personalmente a juicio a los trabajadores terceros interesados, por conducto de la persona a la que la actora le atribuyó el carácter de representante de los trabajadores.
c) Una vez hecho el emplazamiento y verificada su legalidad, dictara la sentencia que corresponda.
A mayor abundamiento, el Tribunal Colegiado reiteró las consideraciones por las que en el amparo directo 374/2014, se apartó del criterio que anteriormente había plasmado en su jurisprudencia II.3o.A. J/9 (10a.).
Indicó que la información respecto de quién es el representante de la parte tercero interesada sólo corresponde otorgarla a la parte actora, debido a que es un requisito de procedibilidad de la demanda que sólo ella conoce, así como que el que la Sala Administrativa tuviera que investigar el nombre y el domicilio de los terceros interesados le obligaría a invertir una infinidad de tiempo y recursos materiales y humanos.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de criterios. Para establecer si existe una contradicción de tesis debe de atenderse a lo establecido en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(10)
De dicho criterio se desprende que para que exista la contradicción de criterios es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:
a) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
b) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando éstos sean aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
Por tanto, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, sino que basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de esta Segunda Sala, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(11)
De los antecedentes y consideraciones sustentadas por cada uno de los órganos contendientes, se advierte que existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que:
a) En los fallos dictados por los órganos jurisdiccionales contendientes se abordaron los mismos puntos jurídicos, ambos en relación con los juicios contenciosos administrativos en los que se impugna la validez de una resolución por la que se ordena un reparto adicional de utilidades a trabajadores. En primer lugar, analizaron si, en estos procedimientos, debe tenerse como representante de los terceros interesados a la persona que el actor señale en la demanda inicial o si la Sala Administrativa debe realizar ciertas acciones para establecer quién cuenta con esta representación. En segundo lugar, ambos tribunales analizaron cuál debe ser la dinámica de emplazamiento al representante de los terceros interesados en estos procedimientos y, en específico, qué debe hacer la Sala Administrativa cuando resulte imposible emplazar a la persona que la parte actora señala como representante de los terceros interesados.
b) Los órganos contendientes adoptaron posiciones opuestas respecto de estos puntos. En relación con el primer punto, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región afirmó, al resolver el amparo directo 290/2018 –cuaderno auxiliar 972/2018–, que el artículo 14, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el actor debe señalar el nombre y domicilio del tercero interesado. Sin embargo, indicó que el señalamiento del tercero no depende del criterio del actor, ni del de la Sala, sino de un estado de derecho –el que la resolución que llegue a dictarse pueda ocasionarles a estas personas un perjuicio irreparable– que debe ser reconocido por el órgano jurisdiccional para integrar correctamente la relación procesal-litigiosa. Asimismo, sostuvo que, dado que el emplazamiento es de orden público y la Sala Administrativa tiene la obligación de verificar el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, ésta debe realizar todos los actos necesarios, a fin de que los trabajadores terceros interesados sean oídos en juicio, incluso investigar el nombre y domicilio del representante de los trabajadores.
En otras palabras, el Tribunal Colegiado auxiliar afirmó que, en los juicios contenciosos administrativos en los que se analiza la validez de una resolución por la que se ordena un reparto adicional de utilidades a trabajadores, no debe tenerse como representante de los terceros interesados a la persona que señale el actor, sino más bien a la persona que efectiva y legalmente cuente con esa representación. Asimismo, sostuvo que la Sala Administrativa debe realizar todos los actos necesarios para garantizar la participación de los trabajadores en el juicio, lo que puede exigir que investigue el nombre y domicilio de su representante.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver los amparos directos 374/2014 y 519/2016, estableció que en estos procedimientos la información respecto de quién es el representante de la parte tercera interesada sólo corresponde otorgarla a la parte actora, debido a que el señalamiento de esta parte es un requisito de procedibilidad de la demanda que sólo ella conoce. Asimismo, afirmó expresamente que las Salas Administrativas no deben investigar el nombre y domicilio de los representantes de los trabajadores, pues ello sería contrario al artículo 17 constitucional, dado que obligaría a las Salas Administrativas a invertir una infinidad de tiempo y recursos materiales y humanos.(12)
En relación con el segundo punto, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región señaló que, en los juicios de nulidad en los que se analiza la validez de una resolución por la que se ordena un reparto adicional de utilidades, cuando no pueda emplazarse a la persona que el actor señaló como representante de los trabajadores terceros interesados, la Sala Administrativa debe investigar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social si existe un registro de algún sindicato de trabajadores de la empresa actora y, de no ser así, solicitar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo su intervención, para la formación de una coalición de defensa de sus intereses en el asunto.
En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito sostuvo que, en estos procedimientos, cuando no sea posible emplazar a la persona que el actor señaló como representante de los trabajadores, la Sala Administrativa debe requerirle al actor para que precise su nombre y domicilio.
En consecuencia, sobre la base del estudio de las mismas cuestiones jurídicas, se configura la contradicción de criterios, cuyo tema consiste en resolver los siguientes cuestionamientos:
En los juicios de nulidad en los que se analiza la validez de una resolución por la que se ordena a una persona un reparto adicional de utilidades a sus trabajadores, ¿debe tenerse necesariamente como representante de los trabajadores terceros interesados a la persona que el actor señale en la demanda o debe la Sala Administrativa realizar ciertas acciones para establecer quién cuenta con esta representación?
Por otro lado, en estos procedimientos, ¿cuál debe ser la dinámica de emplazamiento al representante de los trabajadores terceros interesados?, ¿qué debe hacer la Sala Administrativa cuando resulte imposible realizar este emplazamiento?
QUINTO.—Estudio. Una vez precisados los puntos de contradicción, esta Segunda Sala considera que los criterios que deben prevalecer son los que se procede a desarrollar:
De conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal, los trabajadores tienen derecho a una participación en las utilidades de las empresas en las que laboran, esto es, un derecho a que se les reparta un porcentaje de sus utilidades. El inciso e) de esta fracción señala que el cálculo de la utilidad de la empresa, para efectos del pago de participaciones a los trabajadores, debe tomar como base la renta gravable calculada conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta.(13)
A su vez, los artículos 76, fracción V,(14) y 110, fracción VI,(15) de la Ley del Impuesto sobre la Renta establecen que los contribuyentes que sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales deben incluir en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29257-2aee5e68/reparto-adicional-de-utilidades-en-los-juicios-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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