PERSONALIDAD DEL APODERADO DE UNA PERSONA MORAL EN EL JUICIO LABORAL. PARA TENERLA POR RECONOCIDA ES SUFICIENTE QUE CUMPLA CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 692, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 297/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE FEBRERO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES.
CONSIDERANDOS:
5. PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala es competente para conocer del caso, según los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(5) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, expedido por el Pleno de este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil trece, pues versa sobre la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos y es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
6. Apoya lo anterior, la tesis aislada P. I/2012 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno,(6) de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."
7. SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, es decir, uno de los órganos contendientes.
8. TERCERO.-Existencia. Es existente la contradicción de tesis.
9. La existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos con el fin de lograr su unificación, sin que deban buscarse diferencias de detalle que impidan su resolución, a efecto de tutelar la seguridad jurídica de los gobernados.
10. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010,(7) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
11. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 1101/2016.
12. Guadalupe Salmones Gabriel promovió juicio laboral contra el Partido Político Movimiento Ciudadano Veracruz.
13. El juicio laboral se siguió ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, quien emplazó a juicio a la demandada.
14. La Junta responsable tuvo al demandado por contestada la demanda en sentido afirmativo, al considerar que a pesar de que compareció a juicio, la persona que exhibió y firmó el escrito de contestación, no podía intervenir en autos hasta que exhibiera su cédula profesional o carta de pasante vigente, y que la diversa persona que intervino como apoderado legal no hizo suyo el escrito de contestación.
15. En audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la parte demandada compareció a juicio a través de apoderado, quien para demostrar su personalidad acreditó su profesión de licenciado en derecho.
16. El veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, la Junta emitió laudo en el que condenó a la reinstalación del actor, así como al pago de diversas prestaciones.
17. El demandado promovió juicio de amparo directo en el que argumentó que, de conformidad con el artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, cuando un compareciente actúa como apoderado de persona moral, puede acreditar su personalidad mediante testimonio notarial, previa comprobación que quien le otorga poder está legalmente autorizado para ello; que, por tanto, la persona que compareció a juicio en etapa de demanda y excepciones demostró su personalidad para hacerlo mediante el testimonio notarial que exhibió, pero la responsable le privó de su derecho a defenderse en el juicio, toda vez que le exigió satisfacer un requisito que no se encuentra contemplado en la ley, al exigirle contar con cédula profesional o carta de pasante.
18. El juicio de amparo quedó radicado con el número 1101/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, quien dictó sentencia el seis de enero de dos mil diecisiete, cuyas consideraciones, en la parte que interesa, son del tenor siguiente:
"En sus conceptos de violación argumenta la parte quejosa, en esencia, la existencia de una violación procesal, pues refiere que el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil catorce, dictado en el juicio laboral de origen, le privó del derecho de ser oído y vencido en juicio.
"Lo anterior, sostiene, porque la Junta le negó su derecho para comparecer a juicio a defenderse, argumentado que la persona física que acudió a la etapa de demanda y excepciones no exhibió su cédula profesional que lo acreditara como licenciado en derecho o carta de pasante, cuestión que contradice el artículo 17 constitucional, porque niega el acceso a la justicia
"Agrega, que el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción III, señala que cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial, previa comprobación de que quien le otorga poder está legalmente autorizado para ello, de ahí que con la exhibición del testimonio notarial número trece mil ciento treinta y nueve, expedido el tres de noviembre de dos mil once, por el notario público número doscientos trece del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la persona que compareció a juicio en la etapa de demanda y excepciones de su parte, demostró cumplir con el numeral invocado, pero al impedirle la autoridad responsable hacer uso de la voz para dar contestación a la demanda, se le privó de su derecho constitucional de defenderse en un juicio y ya no pudo ser oído y vencido en los términos constitucionales.
"Continúa exponiendo que quien en ese momento estuvo presente en la audiencia en su etapa de demanda y excepciones, estaba legalmente facultado para comparecer en el juicio y dar contestación a la demanda instaurada en su contra, cuestión que no pudo concretarse, al exigirle la autoridad responsable un requisito que no se contempla en la norma específica, agraviando sus derechos fundamentales.
"Asimismo, aduce que las personas morales tienen plena libertad para designar como sus representantes legales a las personas físicas que consideren idóneas, sean o no licenciados, ingenieros, contadores, médicos, etcétera; sin embargo, en la fecha señalada para la audiencia en su etapa de demanda y excepciones, las partes acudieron a juicio, pero la autoridad responsable impidió que quien estaba presente de su parte compareciera, diciendo que era por no contar con cédula profesional que lo acreditara como licenciado en derecho o carta de pasante, negándole el uso de la voz, por lo que no tuvo oportunidad de dar contestación a la demanda instaurada en su contra, a pesar de que acreditó mediante la presentación del testimonio notarial ser su representante legal, violando con su proceder sus derechos fundamentales.
"De la misma manera señala que designar como representante o apoderado legal a las personas físicas que consideren idóneas, es una decisión que compete exclusivamente a las personas morales por conducto del órgano facultado para ello, siempre y cuando quien le otorgue el poder se encuentre autorizado, dado que la confianza que se deposite en ellos no la podrán oponer de manera posterior como una excusa, en el supuesto de que devenga deficiente la defensa que haga dicha persona física en el desempeño de sus facultades.
"En ese sentido, refiere, la autoridad responsable no puede imponerle una condición que no se encuentra contemplada en la norma específica, motivo por el cual, su acuerdo dictado el cinco de septiembre de dos mil catorce, día señalado para celebrar la audiencia de ley en su etapa de conciliación, demanda y excepciones, mismo que trascendió al laudo, viola su derecho al debido proceso, toda vez que no pudo oponer defensas y excepciones.
"Sobre el particular, este Tribunal Colegiado estima que aun cuando es fundado lo que argumenta el promovente del amparo, deviene inoperante.
"Conviene precisar que de las constancias que integran el expediente laboral, génesis del presente juicio de amparo, se advierte que por escrito presentado el diez de marzo de dos mil catorce, ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, Guadalupe Salmones Gabriel promovió juicio laboral contra el Partido Político Movimiento Ciudadano Veracruz y/o como en lo futuro se denomine y/o quien resulte ser responsable de la relación laboral, de quien reclamó la reinstalación en su trabajo como vocal integrante de la Comisión Estatal de Elecciones y titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, por despido injustificado y otras prestaciones.
"Asimismo, se desprende que el cinco de septiembre de dos mil catorce, compareció a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, Miguel Ángel Velázquez García, como apoderado legal de la parte demandada Partido Político Movimiento Ciudadano; sin embargo, la Junta responsable aun cuando tuvo al compareciente como representante del demandado, determinó que se le daría intervención legal dentro del juicio una vez que acreditara ser abogado o licenciado en derecho con cédula profesional, o persona que contara con carta de pasante vigente, expedida por autoridad competente para ejercer dicha profesión, como lo dispone la fracción II el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo.
"En esa misma audiencia, Miguel Ángel Velázquez García solicitó a la autoridad responsable que tuviera como apoderado legal del Partido Político Movimiento Ciudadano demandado, a Juan José Cano Llamas, lo cual fue acordado favorable, ordenando la Junta dar a este último la intervención en el juicio que en derecho correspondiera.
"Como se desprende de la siguiente transcripción: ‘Visto lo manifestado por el licenciado Miguel Ángel Velázquez García, y como lo solicita, esta Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado determina tenerle como representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, en términos de la copia certificada de la escritura pública 13139, de fecha 3 de noviembre de 2011, pasada ante la fe del notario público número 7 del Distrito Federal, por lo que se le deberá dar la intervención legal dentro del presente juicio, una vez que acreditara ser abogado o licenciado en derecho con cédula profesional, o persona que cuente con carta de pasante vigente, expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión, como lo dispone la fracción II del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, y como lo solicita, se le tiene al licenciado Juan José Cano Llamas, como apoderado legal del Partido Político Movimiento Ciudadano, por lo que se le deberá dar la intervención legal que en derecho corresponda dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo ..." (fojas 15 y 36 del expediente laboral)
"De lo reseñado, se desprende que en el caso sí existen los hechos en los que se hizo descansar la violación procesal reclamada.
"Ahora bien, la decisión de la Junta de origen fue equivocada, lo que hace fundada la violación procesal referida, pues fue incorrecto que la responsable le reconociera la representación a Miguel Ángel Velázquez García, quien acudió a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y luego le indicara que no podía intervenir en autos hasta que exhibiera su cédula profesional o carta de pasante vigente, si en el caso exhibió el testimonio notarial número trece mil ciento treinta y nueve, expedido el tres de noviembre de dos mil once, por el notario público número doscientos trece del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el cual, la parte demandada Movimiento Ciudadano (sic), le otorgó poder por conducto de quien acreditó tener la representación y facultades para ello; por lo que si el mismo contiene la voluntad expresa del otorgante, entonces, es idóneo para acreditar la referida representación que le fue otorgada por el partido político demandado.
"En efecto, el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, en su redacción conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de noviembre de dos mil doce, en lo que interesa, dice lo siguiente:
"‘Artículo 692.’ (se transcribe)
"De cuya lectura queda de manifiesto que el legislador federal introdujo dos figuras nuevas que pueden actuar dentro de un procedimiento laboral que representan o patrocinan a las partes, a saber; del apoderado, así como los abogados patronos y asesores jurídicos.
"También se advierte que el legislador no especificó las funciones que podría tener cada uno de ellos, aunque por la propia redacción se puede desprender que la figura del apoderado es independiente de las otras dos, puesto que en la fracción II, se especifica que los abogados patronos o asesores legales, pueden o no ser apoderados de la parte a la que representen, además, que exclusivamente en estas dos figuras recae la obligación de demostrar fehacientemente estar facultado legalmente para desempeñar la profesión de licenciado en derecho.
"Lo que resulta lógico, pues el apoderado es aquel que puede intervenir por otra persona como si fuera ella misma, en la celebración de un acto jurídico; es decir, que es portadora directamente de la voluntad y representación de quien lo designa; mientras que los abogados patronos y asesores jurídicos son quienes pueden intervenir, en favor de otra persona, en un procedimiento que requiera conocimientos técnicos en materia de derecho.
"Aunado a lo anterior, en la fracción III del artículo 692 de la ley laboral establece que cuando quien comparece a juicio actúe como apoderado de una persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorgó el poder está legalmente autorizado para tal efecto.
"En la especie, Miguel Ángel Velázquez García, compareció al juicio laboral de origen en su carácter de apoderado legal de la parte demandada Movimiento Ciudadano (sic), acudiendo a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y exhibió para acreditar su personalidad como apoderado el testimonio notarial número trece mil ciento treinta y nueve, expedido el tres de noviembre de dos mil once, por el notario público número doscientos trece del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, del cual se desprende que el partido político demandado, a través de César Augusto Reyes Peralta, en su carácter de tesorero nacional, le otorgó poder, desprendiéndose de dicho instrumento notarial las facultades con que cuenta el tesorero nacional del citado demandado, quien está autorizado para otorgar el referido mandato (fojas 17-27 del juicio laboral).
"En tal virtud, si el compareciente en el juicio laboral, Miguel Ángel Velázquez García, se ostentó como apoderado legal del partido político demandado, le asiste razón, al indicar que bastaba con que acreditara su personalidad mediante testimonio notarial (como así lo hizo), previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello (lo cual también se actualizó), en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo.
"Sin que hiciera falta la acreditación de ningún otro requisito, como el relativo a que el compareciente fuera abogado o licenciado en derecho, o que contara con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer esa profesión, como erróneamente lo determinó la Junta responsable, apoyándose para ello en la fracción II del referido numeral 692 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que dicha fracción aplica en los casos en que el compareciente sea el abogado patrono o asesor legal; lo que no se actualizó en la especie, porque en el juicio laboral de origen, se promovió a través del apoderado legal de una entidad de interés público (en términos de la fracción III del mismo artículo citado).
"Pues, se reitera, de la fracción III del artículo 692 anteriormente transcrito, se desprende que se refiere al caso en que el compareciente actúe como apoderado de persona moral.
"Y dicha fracción III, solamente exige que se acredite la personalidad, ya sea mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; aspectos que, como ya se dijo, en el caso concreto, sí se cumplieron por el apoderado legal del partido político demandado.
"Empero, indebidamente la Junta responsable le exigió a Miguel Ángel Velázquez García, como apoderado legal de la parte quejosa, que acreditara los requisitos de la fracción II del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo (aun cuando la entidad demandada se apersonó a través de su apoderado legal, y cumplió las exigencias establecidas por la diversa fracción III del precepto legal en cita); lo que generó que la responsable le hiciera efectivos los apercibimientos decretados a Movimiento Ciudadano.
"Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia III.1o.T. J/77 (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que este tribunal comparte, de datos, rubro y texto siguientes:
"‘Décima Época
"‘Registro: 160803
"‘Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"‘Tipo de tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Libro I, Tomo 3, octubre de 2011
"‘Materia: laboral
"‘Tesis: III.1o.T. J/77 (9a.)
"‘Página: 1553
"‘PERSONALIDAD. PARA EL ACREDITAMIENTO DE APODERADO DE PERSONA MORAL EN LOS JUICIOS LABORALES SÓLO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS REGLAS QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe texto)
"De igual forma, fortalece lo antes resuelto la jurisprudencia 2a./J. 165/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 370/2014, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con los siguientes datos y texto:
"‘Décima Época
"‘Registro: 2010886
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Tipo de tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"‘Libro 26, Tomo II, enero de 2016
"‘Materia: laboral
"‘Tesis: 2a./J. 165/2015 (10a.)
"‘Página: 1245
"‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. PARA TENER POR RECONOCIDA LA PERSONALIDAD DE QUIEN COMPARECE AL JUICIO LABORAL EN SU REPRESENTACIÓN, ES SUFICIENTE QUE SE CUMPLA CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 692, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe texto)
"No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que en la exposición de motivos que dio origen a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, por decreto publicado el treinta de noviembre de dos mil doce, se estableció lo siguiente:
"‘37. Profesionalizar al personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a los representantes ante las mismas y a los litigantes en materia laboral, a efecto de reducir el riesgo de que una de las partes en el proceso (generalmente el trabajador) sea deficientemente representada en juicio.’
"De lo que se puede apreciar la intención de lograr la profesionalización del personal jurídico de las Juntas y de los litigantes en materia laboral, esto último a efecto de aminorar la deficiente representación de las partes particularmente del trabajador; sin embargo, el invocado precepto 692, en su fracción III, no sufrió cambio alguno en su redacción, pues en la derogada ley se establecía:
"(se trasncribe) (sic)
"Y como antes quedó transcrito, en la actual ley laboral se establece:
"(se transcribe)
"Lo que permite concluir en la forma expuesta, que se trata de figuras distintas el simple apoderado, de los de abogado patrono o asesor legal.
"Sin embargo, debe decirse que aun cuando es fundado lo aducido en ese aspecto por la parte quejosa, lo cierto es que esa circunstancia resulta inoperante para resolver la cuestión planteada a su favor.
"Lo anterior es así, pues como ya se señaló en la presente ejecutoria, al inicio de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, Miguel Ángel Velázquez García, como apoderado legal de la parte quejosa, solicitó se reconociera personalidad a Juan José Cano Llamas, para que actuara en esa instancia (foja 15 del sumario laboral), petición respecto de la cual, la Junta acordó favorable, señalando: ‘... asimismo y como lo solicita, se le tiene al licenciado Juan José Cano Llamas, como apoderado legal del Partido Político Movimiento Ciudadano, por lo que se le deberá dar la intervención legal que en derecho corresponda dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo ...’ (fojas 15 vuelta y 36 ídem).
"De lo que se sigue que la Junta reconoció personalidad jurídica a Juan José Cano Llamas, como apoderado legal de la parte quejosa Movimiento Ciudadano (sic) y le dio la intervención correspondiente en la etapa de demanda y excepciones de la audiencia de ley, y al ser así, evidente resulta que el partido político demandado, aquí inconforme, no quedó en estado de indefensión, pues aun cuando, como ya se vio, indebidamente no se le dio a Miguel Ángel Velázquez García participación en su defensa, no menos cierto resulta, que a través Juan José Cano Llamas dicho demandado sí estuvo en aptitud legal de dar contestación a la demanda, oponer las defensas conducentes y hacer valer las excepciones que estimara pertinentes.
"En esas condiciones, es fundado lo aducido por el impetrante, pues existió la violación procesal referida, ya que la Junta incorrectamente no dio intervención a Miguel Ángel Velázquez García, quien acudió a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, como apoderado de la parte demandada, bajo la premisa de que no podía intervenir en autos hasta que exhibiera su cédula profesional o carta de pasante vigente; sin embargo, ello resulta inoperante para resolver la cuestión planteada a su favor, porque esa violación no trascendió al resultado del laudo, pues, se reitera, el demandado sí contó con la representación legal correspondiente en la etapa de demanda y excepciones de la audiencia relativa, a través de Juan José Cano Llamas, para ser oída y vencida en juicio."
19. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en el amparo directo 72/2016.
20. Gerardo Núñez Mora demandó de Autobuses México, Toluca, Zinancantepec y Ramales, Sociedad Anónima de Capital Variable, diversas prestaciones de carácter laboral.
21. La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, conoció de la demanda y ordenó emplazar a la demandada.
22. La Junta emitió laudo en el que absolvió a la empresa demandada del pago de la indemnización constitucional, pero condenó al pago de la prima de antigüedad.
23. Inconforme, el actor promovió juicio de amparo en el que expuso diversos argumentos tendientes a impugnar las consideraciones del laudo.
24. La demanda de amparo quedó radicada con el número 72/2016, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, quien dictó sentencia, en sesión de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en la que, en suplencia de la queja deficiente, concedió el amparo con base en las consideraciones siguientes:
"Precisamente, en suplencia de la queja, este Tribunal Colegiado advierte una infracción al procedimiento, reclamable mediante el juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, así como al contenido de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 377/2013, consultable en la página 39, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece:
"‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’ (se transcribe)
"Previamente a examinar la violación procesal en comento, se aclara que el actor hoy quejoso, no tenía la obligación de promover durante la sustanciación del juicio laboral el incidente de falta de personalidad de Miguel Ángel Aldana Fuentes, quien se ostentó como apoderado legal de la demandada, Autobuses México, Toluca, Zinacantepec y Ramales, Sociedad Anónima de Capital Variable, para efectuar el estudio relativo y determinar la procedencia de la infracción, como lo prevé el artículo 171 de la Ley de Amparo.
"En efecto, el precitado dispositivo establece:
"‘Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.
"‘Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.’
"Del primer párrafo del transcrito precepto legal, se advierte que al reclamarse el laudo dictado en un juicio laboral, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27739-eacc61f5/personalidad-del-apoderado-de-una-persona-moral-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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