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Modo: Corpus Pro

MARCA FAMOSA. ESTÁ PROTEGIDA EN LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 388/2016. · Registro digital (IUS): 27814
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-05-11
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Pág. 2595.

AMPARO DIRECTO 388/2016. 19 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ARMANDO CRUZ ESPINOSA. PONENTE: MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIO: OSWALDO ALEJANDRO LÓPEZ ARELLANOS.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—Por cuestión de método se analizarán, en primer término, los conceptos de violación tendentes a cuestionar la interpretación y aplicación que efectuó la Sala responsable de los artículos 213, fracción VII y 90, fracciones XV y XV bis, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ello es así, pues si bien la quejosa formuló conceptos de violación en los cuales expuso la inconstitucionalidad, por omisión legislativa, del artículo 213, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, lo cierto es que dicho planteamiento lo efectuó con base en la interpretación y aplicación que de él realizó la Sala responsable, al considerar que de acuerdo con esa interpretación, no era dable determinar que los alcances que tiene una marca notoriamente conocida los sobrepasa una famosa y, en consecuencia, que era improcedente considerar que si la hipótesis de infracción prevista en dicho numeral, en relación con el diverso numeral 90, fracción XV, de la legislación en cita, versa sobre una marca notoriamente conocida, con mayor razón resulta aplicable a una famosa.

Por tanto, en primer término, debe resolverse cuál es la interpretación debida de los numerales que nos ocupan para determinar, en concreto, si con base en ellos es dable considerar como infracción el uso de las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca estimada o declarada famosa y, sólo en caso de determinar que la interpretación y aplicación adoptada por la Sala responsable fue correcta, se procederá al estudio de su constitucionalidad en los términos planteados por la accionante.

Para sustentar lo anterior, la quejosa sostiene que en el artículo 90, fracciones XV y XV bis, se prevé la prohibición del registro de marcas iguales o parecidas a las consideradas notoriamente como conocidas o famosas, respectivamente.

Refiere que, para efectos de la omisión legislativa que aduce, dichas fracciones revisten el carácter de normas programáticas, mientras que el carácter de norma operativa corresponde al diverso numeral 213, fracción VII, que prevé la infracción administrativa ante el uso indebido de las marcas notorias, pero dicho precepto deja fuera la tutela de las marcas famosas, pues no existe disposición específica para éstas.

Así, reclama la omisión del legislador respecto de la norma operativa, al no incluir una fracción "XV bis", que corresponda como infracción administrativa a la adición del diverso artículo 90, fracción XV bis, mediante la cual sea posible impedir que un tercero sin autorización use una marca igual o semejante a una famosa.

Como se aprecia, resulta evidente que la cuestión de constitucionalidad planteada por la quejosa se sustenta en la interpretación y aplicación que efectuó la Sala responsable de dichos preceptos, pues lo que pretende es que se sancione el empleo de una marca igual o semejante por parte del tercero interesado, a la suya declarada famosa, como en principio lo determinó la autoridad demandada, con base en la interpretación que efectuó de los preceptos legales en análisis.

En ese sentido, a efecto de emitir un pronunciamiento respecto de las premisas en las cuales descansa el reclamo de la solicitante de la tutela constitucional, resulta menester precisar, en principio, que conforme al artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial,(8) marca es un signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; es decir, puede ser identificado como tal cualquier elemento apreciable por la vista (denominación o diseño), cuya función sea otorgar a un bien distintividad entre el público.

Además, la Ley de la Propiedad Industrial permite a los proveedores registrar tales signos para obtener su uso exclusivo, según el artículo 87 que indica:

"Artículo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el instituto."

Lo anterior sirve de base para entender que el uso genérico de una marca no está condicionado a su registro, al tratarse de una práctica comercial que, en principio, no requiere mayor formalidad; de ahí que, con independencia de si un comerciante nunca ha solicitado el uso exclusivo de un signo distintivo, éste puede volverse famoso entre el público consumidor.

En otras palabras, tratándose de marcas, el legislador dio especial relevancia a su uso (inclusive, frente a su registro), pues a partir de tal uso protege los derechos derivados de la distintividad que da el propio signo marcario, a grado tal que se facultó en la ley al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a "estimar" (con motivo de su actividad ordinaria) y a declarar (tras un procedimiento) famosas las marcas que tengan las cualidades descritas en el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de asignar efectos jurídicos y reconocimiento de derechos a esa clase de marcas.

Tal numeral dispone:

"Artículo 98 bis. Para efectos de su estimación o declaración por el instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

"Para efectos de su estimación o declaración por el instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

"A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley."

De la reproducción anterior se obtiene que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma, mientras que una marca es famosa cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

Así, se aprecia que las marcas famosas, a diferencia de las notoriamente conocidas, son aquellas cuya existencia no es sabida únicamente por el sector específico de consumidores que constituyen el objetivo de publicidad y comercialización de los bienes identificados por aquéllas, sino que son conocidas por la mayoría del público consumidor en general.

De lo anterior se concluye que el criterio para diferenciar a las marcas notoriamente conocidas y a las famosas radica en el grado de conocimiento; esto es, en el nivel de renombre que tiene determinado público consumidor respecto de ellas.

Luego, una marca catalogada como famosa, necesariamente implica que es notoriamente conocida, pues el hecho de que sea sabida por la mayoría del público consumidor –nivel o grado de conocimiento alto–, conlleva que sea reconocida por los consumidores del círculo comercial en el cual se desenvuelve, pues este último conforma tan sólo una mínima parte del público consumidor en general.

Lo anterior genera una protección especial para evitar el aprovechamiento de mala fe o sin justo título de las marcas notoriamente conocidas y las famosas, como se prevé en el artículo 90, fracciones XV y XV bis, de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se reproduce enseguida:

"Artículo 90. No serán registrables como marca:

"...

"XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

"Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

"a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

"b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

"c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

"d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

"Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

"XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II bis, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

"Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa."

Expuesto lo anterior, debe tenerse presente que en los argumentos sintetizados en el apartado 1.2., la demandante sostiene, sustancialmente, que si bien el artículo 213, fracción VII, de la ley de la materia, no incluye como supuesto de infracción lo previsto en el diverso artículo 90, fracción XV bis, de la citada ley, ello no debe encausar la interpretación limitada de dicho artículo, que hace nugatoria la protección que el legislador otorgó a las marcas famosas, tomando en consideración que en términos del artículo 98 bis del multicitado ordenamiento, una marca famosa goza de mayor protección que una marca notoriamente conocida.

Lo anterior se considera esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.

Para sostener lo anterior, conviene tener presente el contenido del artículo 213, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual dispone:

"Artículo 213. Son infracciones administrativas:

"...

"VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta ley."

Del precepto transcrito se aprecia que se considera como infracción administrativa el empleo como marca, de las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere, entre otros, la fracción XV del artículo 90, esto es, que sean iguales o semejantes a una marca estimada o declarada notoriamente conocida.

Si bien el precepto en análisis no cataloga de manera expresa como infracción la hipótesis prevista en la fracción XV bis del citado artículo 90, relativo al empleo de marcas iguales o semejantes a marcas estimadas o declaradas famosas, lo cierto es que la Ley de la Propiedad Industrial debe analizarse e interpretarse en forma sistemática, y no de forma aislada como lo efectuó la Sala responsable.

En efecto, se considera que asiste razón a la parte quejosa, pues la Sala responsable interpretó y aplicó de manera aislada y literal el artículo 213, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues perdió de vista que de acuerdo a las definiciones previstas por la propia ley y que se analizaron en páginas precedentes, la marca famosa comprende a la marca notoriamente conocida, soslayando, incluso, que el legislador consideró que las marcas famosas merecían una protección ampliada.

Al respecto, conviene tener presente que de la exposición de motivos relativa al proceso legislativo del cual derivó, entre otras cuestiones, la adición del capítulo II Bis que contiene los artículos 98 bis al 98 bis-8, para crear las figuras jurídicas de declaratoria de marca notoriamente conocida y de declaratoria de marca famosa, así como la adición de la fracción XV bis del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende lo siguiente:

"Exposición de motivos

"Primero. La Ley de la Propiedad Industrial, cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial –Instituto en lo sucesivo–, tiene por objeto regular y proteger los derechos de carácter exclusivo y temporal que otorga el Estado, para usar y explotar en forma industrial o comercial patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, así como los signos distintivos comprendidos por marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen.

"Las marcas, en lo particular, son los signos visibles utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, buscando con su uso, prevenir en el público cualquier posibilidad de confusión.

"Existen a nivel internacional algunas marcas que, derivado de las actividades comerciales de sus titulares y de la inversión que se ha realizado en su promoción y publicidad, obtienen un reconocimiento en el público consumidor que facilita el desplazamiento de los productos o servicios amparados por las mismas. Sin embargo, son también estas marcas los principales blancos de la piratería y de la apropiación indebida e injusta de su reputación.

"...

"Segundo. No obstante las regulaciones nacionales e internacionales vigentes, no son pocos los casos en que marcas de gran renombre internacional han sido indebidamente registradas en nuestro país por empresas o personas sin escrúpulos que no eran sus propietarias, limitando con ello los derechos de uso exclusivo y explotación de sus legítimos titulares.

"Otro caso que merece una mención especial es el de aquellas marcas notoriamente conocidas que, incluso teniendo registro en México, son atacadas mediante la solicitud de registro de marcas similares, buscando un injusto aprovechamiento del prestigio ajeno.

"La razón de que algunas de estas prácticas tengan cabida en nuestro sistema de propiedad industrial, es que la protección que se brinda por parte del Instituto, está sujeta a una estimación; es decir, al conocimiento anterior que tenga quien evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba que sustenten esa decisión.

"La falta de prueba a la que nos referimos cobra gran relevancia si consideramos que, aun cuando la noción de notoriedad de las marcas guarda relación con un argumento lógico-jurídico relativo a los hechos notorios, según el cual no requiere probarse aquello que es conocido por una generalidad, o bien que se puede percibir fácilmente; las tesis que ha sustentado el Poder Judicial alrededor del tema, privilegian la garantía de fundamentación y motivación contenida en el artículo 16 constitucional y, en tal virtud, se han pronunciado por la necesidad de que en las resoluciones en las que se niegue un registro de marca acudiendo a la causal prevista en el artículo 90, fracción XV –es decir, a la notoriedad de otra similar–, el Instituto deberá expresar las razones por las cuales se ha estimado notoriamente conocida la marca de que se trate o, incluso, corroborarlo mediante las constancias pertinentes.

"...

"Tercero. En el ánimo de crear reglas claras para el reconocimiento de la notoriedad por la vía del acreditamiento previo, y de facultar al Instituto para emitir las declaratorias correspondientes, se presenta esta iniciativa cuyas características principales son las que a continuación se exponen.

"Primeramente se han contemplado dos grados de notoriedad, previendo la ya conocida y que implica el conocimiento de sectores del público o de círculos comerciales específicos, y la fama que implica el conocimiento de la marca por parte de la mayoría del público consumidor y que merece una protección ampliada.

"...

"Se crea la fracción XV bis del artículo 90, para prever como impedimento de registro la identidad y semejanza en grado de confusión con una marca famosa, ampliando la protección a cualquier género de productos o servicios sin establecer supuestos de procedibilidad; es decir, bastará que una denominación, figura o forma tridimensional sea semejante en grado de confusión con la marca famosa, para que se aplique el impedimento de registro.

"Se crea un nuevo capítulo II Bis denominado ‘De las marcas notoriamente conocidas y famosas’, conteniendo los artículos del 98 bis a 98 bis-8, adoptando esta forma de enumerarlos en atención a reformas previas contenidas en la misma ley y no la tradicional secuencia con los apelativos bis, ter, quáter, etcétera.

"En el artículo 98 bis se definen las características de las marcas notoriamente conocidas y famosas, estableciendo el nivel de conocimiento que deben tener para considerarse en cada categoría.

"Debe entenderse que un sector determinado del público se compone, cuando menos, de los consumidores habituales del género de productos o servicios de que se trate, o quienes normalmente traten con dichos productos o servicios, siendo válido también que otras personas que no sean consumidores potenciales, sean considerados para acreditar el conocimiento de la marca.

"Respecto de los sectores comercial, industrial o de servicios, éstos se componen de las personas cuyas actividades comerciales, industriales o de servicios se encuentran relacionadas con el género de productos o servicios de que se trate.

"Para acreditarse cada extremo, no se requiere una encuesta a todos los integrantes de un sector o del público en general, sino una muestra suficiente para considerarse representativa de cada uno."

Por su parte, en el proyecto de decreto de dieciséis de febrero de dos mil cuatro, emitido por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, se señaló, en lo que interesa, lo siguiente:

"La iniciativa pretende que puedan crearse las declaratorias de marca notoriamente conocida y de marca famosa, en el ánimo de crear reglas claras para el reconocimiento de la notoriedad por vía del acreditamiento previo, y de facultar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para emitir dichas declaratorias.

"En la iniciativa se han contemplado dos grados de notoriedad: la ya conocida, que implica el conocimiento de sectores del público o de círculos comerciales específicos, y la fama, que implica el conocimiento de la marca por parte de la mayoría del público consumidor y que merece una protección ampliada.

"...

"En la propuesta se señala que aun cuando en México, de algún modo ya existe la protección para las marcas, a través de los convenios y acuerdos internacionales de los que somos parte, como el Convenio de París, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no ha existido una adecuación legal en nuestro marco normativo que permita la eficiente aplicación de los principios de protección de la marca notoriamente conocida y de la marca famosa.

"En el artículo 90, fracción XV, respecto a los supuestos en los que debe aplicarse el impedimento de registro relacionado con la similitud con marcas notoriamente conocidas, se adiciona la noción del caso en que el otorgamiento pudiese diluir el carácter distintivo de la marca y se dividió el supuesto de aprovechamiento que pudiera causar desprestigio en dos: primero, en el que pueda existir un aprovechamiento no autorizado y, segundo, en que simplemente pudiese causarse el desprestigio de la marca.

"Se crea la fracción XV bis del artículo 90, para prever como impedimento de registro la identidad y semejanza en grado de confusión con una marca famosa, ampliando la protección a cualquier género de productos o servicios sin establecer supuestos de procedibilidad, es decir, bastará que una denominación, figura o forma tridimensional sea semejante en grado de confusión, con la marca famosa, para que se aplique el impedimento de registro.

"Se crea un nuevo capítulo II Bis denominado ‘De las marcas notoriamente conocidas y famosas’, conteniendo los artículos del 98 bis a 98 bis-8, adoptando esta forma de enumerarlos en atención a reformas previas contenidas en la misma ley y no la tradicional secuencia con los apelativos bis, ter, quáter, etcétera.

"En el artículo 98 bis se definen las características de las marcas notoriamente conocidas y famosas, estableciendo el nivel de conocimiento que deben tener para considerarse en cada categoría."

De lo anteriormente reproducido se desprende que fue voluntad del legislador incorporar al texto de la Ley de la Propiedad Industrial la denominación de marcas famosas, para diferenciarlas de las notoriamente conocidas.

De igual modo, se destaca que como la fama implica el conocimiento de la marca por parte de la mayoría del público consumidor, el legislador consideró que las marcas catalogadas como famosas merecían una protección ampliada.

Así las cosas, si bien en el artículo 213, fracción VII, no se prevé como infracción administrativa el uso de las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el instituto estime o haya declarado famosa, a que se refiere el artículo 90, fracción XV bis, de la normatividad de referencia, sí es posible advertir, de una lectura sistemática y teleológica de la norma –no nada más literal–, que la intención del legislador es proteger la propiedad industrial no sólo en aquellos casos de las marcas notoriamente conocidas, sino también en las consideradas o declaradas famosas, lo que se deduce del contenido de la propia fracción XV bis, en relación con el contenido del título cuarto, capítulo II Bis, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ello es así, pues como se señaló en párrafos que preceden, el concepto de marca famosa necesariamente contempla en su definición a una notoriamente conocida para ser considerada como tal; lo que se desprende de los conceptos que señala el artículo 98 bis de la ley de la materia.

Luego, a consideración de este Tribunal Colegiado, debe analizarse sistemáticamente la norma para procurar dar cumplimiento a la voluntad del legislador, pues aceptar la interpretación realizada por la Sala responsable implicaría hacer inoperante lo dispuesto en el artículo 90, fracción XV bis, de la Ley de la Propiedad Industrial, donde se establece una protección especial para evitar el aprovechamiento de mala fe o sin justo título de la marca famosa, lo cual conllevaría tolerar el uso de una marca igual o semejante a una catalogada como famosa, por quien no es su titular, lo cual evidentemente pugna con el sistema de protección previsto en la legislación.

De conformidad con las consideraciones antes expuestas, se estima que la autoridad demandada –IMPI– no aplicó una sanción por mayoría de razón, sino que, con base en una lectura sistemática y teleológica de la norma, procuró dar cumplimiento a la voluntad del legislador, y así hacer efectivo su deber de otorgar una protección ampliada a las marcas famosas.

Lo anterior no riñe con el principio de tipicidad, respecto del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que resulta aplicable tratándose del derecho administrativo sancionador,(9) pues debe considerarse que, al tiempo, el propio Alto Tribunal ha señalado que al trasladar los principios que rigen en la materia penal al referido derecho administrativo punitivo, deben admitirse y realizarse modulaciones o matices.

Ciertamente, tal criterio –de que el principio de tipicidad aplica en infracciones administrativas–, no debe leerse aisladamente, sino de manera conjunta y armónica con otras y más recientes jurisprudencias y tesis aisladas emitidas sobre la temática por el Máximo Tribunal, en las cuales se ha sostenido y explicado que al aplicar principios del orden penal al derecho administrativo sancionador, hay que modular o matizarlos atendiendo a los diferenciados ámbitos en que se proyecta dicho derecho administrativo punitivo, lo que se traduce en que dependiendo del contexto en el que se aplique el derecho administrativo sancionador, no tienen el mismo alcance, por ejemplo, cuando se trata la actuación de la autoridad desplegada en forma de juicio que cuando se trata de actos unilaterales.

Esto es así, pues según se ha explicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la aplicación de los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, aun cuando ambos constituyen una manifestación de la potestad punitiva del Estado, no es irrestricta, porque los citados principios deben ser útiles y pertinentes para la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a sus particularidades y a la naturaleza de las relaciones jurídicas reguladas.

En este sentido, véase la jurisprudencia P./J. 99/2006, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1565, cuyos rubro y texto indican:

"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.—De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador –apoyado en el derecho público estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal– irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal."

De igual modo, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.), sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 41 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos –porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia–, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador –con matices o modulaciones, según el caso– debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso."

De la misma manera cabe invocar, por el criterio que informa, la tesis aislada 1a. CCCXVIII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo I, septiembre de 2014, página 588 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de septiembre de 2014 a las 10:15 horas», intitulada:

"PRINCIPIO DE LEGALIDAD. MODULACIÓN APLICABLE A LA VERTIENTE SANCIONATORIA DEL MODEL

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27814-d975f9a7/marca-famosa-esta-protegida-en-la-infraccion-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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