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Modo: Corpus Pro

MARCAS. SU REGISTRO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 347/2011. · Registro digital (IUS): 23234
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Pág. 2851.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 347/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: AMALIA TECONA SILVA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios denunciada corresponde a la materia administrativa, en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el amparo directo 221/2011, en sesión de siete de julio de dos mil once, en la parte conducente, sostuvo:

"SEXTO. Previo a emprender el análisis de los argumentos que a título de concepto de violación expresa la quejosa, es necesario informar que en el juicio de nulidad, el acto impugnado fue el oficio ********** de veintiocho de agosto de dos mil nueve, emitido por la coordinadora departamental de examen de marcas ‘A’ del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el cual se negó a (la) inconforme el registro marcario tramitado en el expediente ********** con denominación **********.

"Del asunto correspondió conocer a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, quien, en la sentencia reclamada, reconoció la validez del acto impugnado.

"Para arribar a esa determinación, la Sala analizó la semejanza en grado de confusión de los aspectos fonético, gráfico y conceptual entre la marca que se pretendió registrar ********** y la registrada con anterioridad ********** y concluyó que al observarse alternativamente los signos distintivos al primer de (sic) golpe de vista, no se advierte distinción susceptible de ser percibida por el público consumidor, en los aspectos gramatical y conceptual, lo que, dijo, hace imposible su coexistencia en el mercado.

"Enseguida, estimó infundados los argumentos en que la entonces actora sostuvo que en el caso existe la carta que anexó a su escrito de veintitrés de abril de dos mil nueve, ante el instituto demandado, en el cual consta el consentimiento por parte del titular de la marca registrada con anterioridad, para que se registre la nueva marca, pues se trata de empresas corporativamente relacionadas, sobre la consideración de que el hecho de que exista consentimiento por parte del titular de la marca no es una causal de excepción al impedimento de registro previsto en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

"Con relación a lo anterior, la Sala explicó que la marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros; que el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente; que uno de los objetivos de la ley es evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios; que el artículo 90, fracción XVI, de la ley relativa prevé como impedimento expreso para registrar una marca el que sea semejante o idéntica en grado de confusión a otra ya registrada y que como única excepción a dicho impedimento se establece que la solicitud se realice por el mismo titular, para aplicar a productos o servicios similares.

"Derivado de lo cual, la Sala determinó que aun cuando se demuestre el consentimiento por parte del titular del registro marcario citado como anterioridad, dicho consentimiento es insuficiente para otorgarlo, pues, dijo, no se actualiza la causal de excepción al impedimento de registro prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, porque la solicitud de registro marcario no se realizó por el titular de la marca registrada.

"Agregó que la afirmación de la entonces actora en el sentido de que ********** -aquí quejosa- y ********** -titular de la marca registrada con anterioridad- son empresas corporativamente relacionadas y que están de acuerdo en la coexistencia de sus marcas en el mercado, era intrascendente para declarar la nulidad de la resolución impugnada porque debía evitarse la subsistencia de registro de marcas idénticas o semejantes, con la finalidad de proteger al público consumidor, además, dijo, un acuerdo entre las partes no puede estar por encima de lo que señala la ley.

"A mayor abundamiento, la Sala expresó que no se encontró en el caso de una solicitud de marca colectiva como la que prevé el artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, explicó que el registro de marca colectiva implica una licencia de uso de la marca que se constituye a favor de quien ostenta la calidad de miembro de la asociación o sociedad titular del registro, no en la forma convencional que consiste en el otorgamiento de una licencia o autorización expresa, sino como consecuencia de la existencia del registro de la marca colectiva.

"Respecto de las manifestaciones de la entonces actora en el sentido de que existe una conexión de origen del titular de la marca registrada con anterioridad ********** con **********, porque ambas son parte de ********** y que ello consta en las páginas de internet que se ofrecieron, la Sala sostuvo que: ‘al no acreditar que el registro de número **********, citado como anterioridad, no le es oponible, pues no se pretende registrar una marca colectiva, es evidente que sus manifestaciones son insuficientes para otorgar el registro marcario solicitado.’

"Estimó que conforme a lo expuesto la actora no acreditó los hechos constitutivos de su pretensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"De igual forma, desestimó el argumento de la entonces actora en que sostuvo que debía aplicarse de manera análoga lo dispuesto en el artículo 91, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando dispone que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión o a otra marca, cuando no exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo, sobre la consideración de que en el caso no se pretendió ni el uso ni que forme parte del nombre comercial, sino que se pretendía el registro de una marca.

"Para destruir las anteriores consideraciones, la quejosa, en una porción de su único concepto de violación, argumenta, en esencia, que la Sala realizó una errónea apreciación, análisis, fundamentación y motivación con lo que asegura violó el contenido de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; así como 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Sobre el particular explica que presentó ante el instituto demandado el consentimiento expreso del titular de la marca citada como anterioridad, documento que dice está exento de vicios, requisitado y traducido al español, afirma que informó a la autoridad de la relación que existe entre el titular de la marca anterior y la empresa ahora quejosa y que la Sala consideró que no es suficiente para otorgar el registro marcario, con fundamento en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, agrega que ese artículo no fue obstáculo para que en diversas solicitudes a terceros, los consentimientos otorgados por los titulares de las marcas registradas tuvieran el valor suficiente para desvirtuar dicho impedimento con circunstancias iguales.

"Indica de manera reiterada que ha sido una práctica legal válidamente reconocida mediante numerosos actos de autoridad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el reconocer la validez de los acuerdos de voluntades firmados entre particulares bajo el título de consentimiento para efectos de obtención de registro marcario y que debido al desafortunado criterio en últimos tiempos del instituto, ha decidido no continuar con dicha práctica, en virtud de una errónea interpretación de la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial; argumenta que en ese artículo no se menciona que no procederá el registro marcario en caso de consentimiento firmado entre los interesados.

"Enseguida, la parte quejosa expone diversos casos para acreditar sus argumentos y aduce que citó esos casos para evidenciar que se está violentando el principio de equidad en su contra, sobre el argumento de que las circunstancias en que fueron otorgados los registros que narró son exactamente las mismas en que ella se ubicó y que el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial no se modificó, además anexa documentales relativas a los casos que refiere.

"Sostiene que el consentimiento expreso no se encuentra referido textualmente en el artículo 90 aludido y que tampoco está prohibido, por lo que si no existe prohibición expresa debe entenderse como permitido.

"Aduce que el principio de equidad es la situación jurídica que guarda un sujeto de derecho respecto de otros en las mismas circunstancias y que el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial no ha sido modificado, por lo que expone que el criterio tanto del instituto como de la Sala es arbitrario, porque han otorgado bajo la misma ley a un sinnúmero de personas la titularidad de marcas semejantes en grado de confusión considerando como suficiente la existencia de un consentimiento expreso por parte de los titulares de las marcas anteriores, dice que la determinación de igualdad o no, no debe ser arbitraria y que la Sala no fundó ni motivó correctamente el porqué el consentimiento no es suficiente para desvirtuar el impedimento del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, aun cuando en otras ocasiones sí ha sido suficiente.

"Refiere que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no le debe otorgar un trato distinto en la medida en que no existen cambios en ley, que lo faculten a interpretarla de forma diversa y que con ello vulnera el principio de seguridad jurídica, pues se realizan interpretaciones diferentes de una misma ley aun ante situaciones idénticas.

"Añade que ********** y **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, son parte de ********** y que ello consta en las páginas de internet que asegura presentó oportunamente y que si bien es cierto la información proporcionada a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual fue a través de páginas de internet, también lo es que dicha Sala cuenta con facultades otorgadas por los artículos 79 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles para allegarse de mayores elementos que le permitan conocer la verdad de lo controvertido y así poder confirmar lo dicho.

"Sostiene que por ello la autoridad tuvo la certeza de que ********** y ********** pertenecen al mismo grupo económico en términos del artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y en igualdad de circunstancias sin que mediara ninguna modificación a la ley de la materia debió de haberse otorgado el registro solicitado como le fue otorgado en su momento a los ejemplos citados en el cuerpo del presente.

"De lo sintetizado se advierte que la quejosa pretende crear convicción en este órgano colegiado respecto de tres tópicos: a) que el instituto violó la garantía de igualdad y equidad en su contra por haberle negado el registro marcario; b) que bajo su óptica el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial no prohíbe expresamente que no procederá el registro marcario en caso de consentimientos firmados y que la Sala no fundó ni motivó por qué el consentimiento no es suficiente y c) que si bien es cierto aportó a juicio como prueba información a través de páginas de internet, la Sala responsable tuvo la obligación de allegarse de los elementos de convicción que le permitieran conocer si ********** y ********** pertenecen al mismo grupo económico a que se refiere el artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en términos de los artículos 79 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"Como se aprecia, no es materia de debate la consideración de la Sala en que analizó la semejanza en grado de confusión de los aspectos fonético, gráfico y conceptual entre la marca que se pretendió registrar ********** y la registrada con anterioridad ********** y en que concluyó que al observarse alternativamente los signos distintivos al primer de (sic) golpe de vista, no se advierte distinción susceptible de ser percibida por el público consumidor, en los aspectos gramatical y conceptual, lo que, dijo, hace imposible su coexistencia en el mercado.

"Ello es así, pues de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que dicha consideración no fue controvertida por la parte quejosa.

"Precisado lo anterior, es válido concluir que es infundado el argumento en que sostiene que la Sala no fundó ni motivó por qué el consentimiento del titular de la marca no es suficiente para obtener el registro marcario, pues al respecto la responsable partió de la interpretación del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial para establecer que el hecho de que exista consentimiento por parte del titular no es una causal de excepción al impedimento de registro previsto en esa porción normativa, además expresó que debía evitarse la subsistencia de registros de marcas idénticas o semejantes, con la finalidad de proteger al público consumidor y porque un acuerdo entre las partes no puede estar por encima de lo que señala la ley.

"A efecto de analizar tales razones a la luz de los argumentos que las controvierten, se estima conveniente informar que en términos del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, derivado de esa característica que la ley atribuye a las marcas, se puede concluir que toda marca que se pretenda registrar debe ser distintiva y no inducir al engaño.

"Por disposición del numeral 87 de ese ordenamiento, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ello implica la protección de la marca por parte de la autoridad y que terceros no puedan usar esa marca.

"En el artículo 90 de la ley aludida, el legislador plasmó diversos supuestos que impiden el registro de una marca, entre ellos, el previsto en la fracción XVI, cuyo contenido es:

"‘Artículo 90.’ (lo transcribe).

"Del análisis del precepto transcrito, que fue el fundamento de la resolución administrativa impugnada en el juicio de origen, se advierte que la ley prohíbe que se registren como marcas aquellas que se caractericen por ser idénticas o semejantes en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente o ser aplicadas a los mismos o similares productos o servicios.

"La última porción normativa del artículo 90, fracción XVI, establece a manera de excepción a la regla general que es la improcedencia del registro, una hipótesis de procedencia de dicho registro. En estos términos, procederá si se reúnen los requisitos legales ahí previstos, específicamente: (i) que la marca que se trate de registrar sea idéntica a otra ya registrada, (ii) que la solicitud sea planteada por el mismo titular y (iii) para aplicar a productos o servicios similares.

"Ahora, el requisito consistente en que la solicitud de registro marcario la presente el mismo titular de la marca ya registrada, implica que aquella persona que concluido el procedimiento de registro marcario, obtiene el título a que se refiere el artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial sea quien presente la nueva solicitud de registro para una marca idéntica.

"Para la actualización de esta excepción se requiere que se reúnan las condiciones anotadas, pues la aplicación de dicha excepción no debe ser considerada con base en conjeturas sin fundamento jurídico, ni extenderse por analogía a casos diversos de los específicamente consignados por el legislador, sino entenderse de manera limitativa, porque al establecer una excepción el legislador excluye un supuesto específico de la regulación general por considerar que dicho supuesto debe ser normado atendiendo a determinadas condiciones. Por ello, si el legislador estableció las tres condiciones de que se dio cuenta para que proceda el registro marcario como hipótesis de excepción a lo que prevé el artículo 90, fracción XVI, para su actualización deben concurrir dichas condiciones.

"Dicho de otra forma, si el legislador como regla general previó que no será registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios y como única excepción a esa regla estableció que sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, es porque esa fue la única excepción que consideró regular, por ello la actualización a dicha excepción debe interpretarse de conformidad con lo establecido por el autor de la ley.

"De tal guisa es infundado el argumento de la parte quejosa en el sentido de que como el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial no prohíbe expresamente que no procederá el registro marcario en caso de consentimientos firmados; entonces, debe interpretarse que sí procede el registro en esas condiciones.

"Ello porque en la porción normativa en análisis el legislador reguló la excepción en que procede el registro de manera expresa, por lo que no cabe ese tipo de interpretaciones o realizar alguna analogía, atento al principio que reza donde el legislador no distingue, no cabe hacer distinción.

"Son igualmente infundadas sus alegaciones en el sentido de que sí se actualiza la excepción que prevé el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial por la circunstancia en que asegura que ********** y ********** pertenecen al mismo grupo económico a que se refiere el artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

"Para demostrar tal aserto es conveniente traer a cuentas el contenido de los artículos 54 y 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que son del tenor siguiente:

"‘Artículo 54.’ (lo transcribe).

"‘Artículo 55.’ (lo transcribe).

"Como se aprecia, los numerales reglamentarios transcritos desarrollan el supuesto previsto en el artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial, que dispone:

"‘Artículo 92.’ (lo transcribe).

"Pues bien, el artículo 92 transcrito establece los sujetos contra quienes no producirá efecto alguno el registro de una marca, es decir, quiénes pueden usar una marca aun cuando ya esté registrada con anterioridad, sin que genere infracción administrativa o delito en los términos de la ley que se analiza, esto así se advierte del último párrafo del artículo en comento.

"Entre esos sujetos están los normados por la fracción II de ese artículo: ‘II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

"‘Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley.’

"Importa destacar que uno de los sujetos contra quienes no producirá efecto una marca son las personas que realicen la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, para usar, distribuirlos o comercializarlos en México, en los términos que señale el reglamento.

"Por su parte, los artículos 54 y 55 reglamentarios desarrollan quiénes deben considerarse como importadores de productos legítimos que se aplican a determinada marca, el artículo 55 aludido establece que: ‘Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo grupo económico de interés común, entre otros casos, cuando estén relacionadas entre sí por un control directo o indirecto, que una de ellas ejerza sobre la otra u otras en sus órganos de decisión o administración o en la adopción de sus decisiones.’

"Esto es, el artículo 55 reglamentario prevé la figura del grupo económico de interés común y precisa que esa figura se aplica para los efectos de definir a los sujetos que establece el numeral 54, fracción II, de ese reglamento, este último artículo expresamente dispone que reglamenta el supuesto del artículo 92, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial.

"Lo relacionado revela que el grupo económico de interés común es un supuesto de hecho que prevé el reglamento para definir a uno de los sujetos contra los que no producirá efecto el registro de una marca, en términos del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial.

"Ahora, como se demostró, el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial establece como excepción para el registro de una marca idéntica a otra ya registrada, que la solicitud la planteé el mismo titular de la marca registrada con anterioridad para aplicarla a productos o servicios similares; por tanto, es inconcuso para este Tribunal Colegiado que los supuestos de hecho que regulan los artículos 90, fracción XVI y 92, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, son diferentes, pues mientras el primero regula una prohibición para el registro marcario así como un supuesto de excepción a esa prohibición, el segundo establece los supuestos en que no surtirá efecto alguno el registro de una marca.

"Consecuentemente, la circunstancia de que una empresa pertenezca al mismo grupo económico de interés común en términos del artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, no es una condición para actualizar la hipótesis de excepción que prevé el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la figura de grupo económico de interés común únicamente tiene aplicación para definir a los sujetos que prevé el artículo 92 de la aludida ley.

"Por otro lado, para resolver el tema en que afirma que si bien es cierto aportó a juicio como prueba información a través de páginas de internet, la Sala responsable tuvo la obligación de allegarse de los elementos de convicción que le permitieran conocer si ********** y ********** pertenecen al mismo grupo económico que regula el artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en términos de los artículos 79 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe recordarse que la Sala con relación a ese argumento consideró que ‘al no acreditar que el registro de número **********, citado como anterioridad, no le es oponible, pues no se pretende registrar una marca colectiva, es evidente que sus manifestaciones son insuficientes para otorgar el registro marcario solicitado.’

"Enseguida, estimó que la entonces actora no probó los hechos constitutivos de su acción en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"Lo relacionado pone de manifiesto que es ineficaz el argumento en análisis porque si la Sala estimó insuficientes las alegaciones de la quejosa en torno a que si ********** y ********** pertenecen al mismo grupo económico según las impresiones de páginas de internet que ofreció no fue porque considerara que esas impresiones debían ser perfeccionadas para conocer si efectivamente tales empresas pertenecen al mismo grupo económico, sino porque indicó que, en el caso concreto lo que la entonces actora tenía que acreditar era que el registro **********, citado como anterioridad, no le es oponible al que ella pretendió registrar **********.

"Además, la Sala estimó que la entonces actora no acreditó los hechos constitutivos de su pretensión conforme con lo que dispone el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la quejosa con el argumento en análisis no refuta tal consideración, de manera que dicho razonamiento permanece firme.

"Vale la pena advertir que tal consideración de la Sala es conforme con la jurisprudencia 2a./J. 29/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 1035, de rubro y texto:

"‘MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN OBLIGADOS A ALLEGARSE PRUEBAS NO OFRECIDAS POR LAS PARTES NI A ORDENAR EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE APORTADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON LAS QUE EVENTUALMENTE AQUÉL PUDIERA ACREDITAR LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN DEDUCIDAS.’ (la transcribe).

"El criterio establece que de conformidad con las reglas previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el juicio contencioso corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su acción y al demandado sus excepciones, esto es, la parte interesada en demostrar un punto de hecho debe aportar la prueba conducente y gestionar su preparación y desahogo, pues en ella recae tal carga procesal.

"Sin que sea óbice que el numeral 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevea que el Magistrado instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento relacionado con los hechos controvertidos u ordenar la práctica de cualquier diligencia, pues la facultad de practicar diligencias para mejor proveer contenida en los citados preceptos legales, debe entenderse como la potestad del Magistrado para ampliar las diligencias probatorias previamente ofrecidas por las partes y desahogadas durante la instrucción, cuando considere que existen situaciones dudosas, imprecisas o insuficientes en dichas probanzas, por lo que tales ampliaciones resulten indispensables para el conocimiento de la verdad sobre los puntos en litigio.

"En conclusión, si la aquí quejosa pretendió acreditar en el juicio de nulidad la ilegalidad del acto impugnado, debió ofrecer, exhibir y perfeccionar ante la Sala los elementos de convicción en ese sentido, pues como se desprende del criterio jurisprudencial transcrito, tal carga procesal correspondió a ella, en la medida en que sólo a la parte actora incumbe acreditar los hechos constitutivos de su acción.

"Por otro lado, a propósito del argumento en que la quejosa sostiene que el instituto ha otorgado en diversas solicitudes de terceros, los registros marcarios en circunstancias similares a las suyas únicamente con los consentimientos de los titulares, lo que pretende robustecer con diversos casos que narra en sus conceptos de violación y con respecto a los cuales anexa documentales a su demanda de amparo directo, debe decirse que en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, como se evidencia con la siguiente transcripción:

"‘Artículo 78.’ (lo transcribe).

"Ahora, de la revisión integral a la demanda de nulidad no se advierte que la entonces actora argumentó los diversos casos que expuso vía concepto de violación para evidenciar que la autoridad administrativa en circunstancias similares a las suyas sí otorgó el registro marcario únicamente con el consentimiento del titular de la marca anterior, tampoco se desprende que ofreció las pruebas que ahora pide sean valoradas, por ese motivo este Tribunal Colegiado está impedido para ponderarlas, así como para pronunciarse sobre los casos que expone habida cuenta que tales aspectos no formaron parte de la litis en el juicio natural.

"Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 54, Tercera Parte, página 49, que establece:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE.’ (la transcribe).

"Con relación a los argumentos en que la quejosa aduce violación a la garantía de igualdad y equidad por la circunstancia en que ella asegura que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sí ha otorgado el registro marcario en otros casos, únicamente con el consentimiento del titular y que debido a lo que ella considera una desafortunada interpretación y criterio en últimos tiempos de la autoridad administrativa se ha decidido no continuar con dicha práctica, debe decirse que lo único que evidencia, en todo caso, es un cambio de criterio de la autoridad administrativa y no así una violación a la garantía que refiere.

"Se afirma lo anterior porque la parte quejosa únicamente aduce que se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23234-16772924/marcas-su-registro-en-terminos-del-articulo-90 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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