DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA GARANTIZADO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. SUS CARACTERÍSTICAS. DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. OBLIGACIONES QUE IMPONE A LOS ESTADOS Y A LOS AGENTES NO ESTATALES. SERVICIO DE AGUA POTABLE. ANTE LA FALTA DE PAGO, ES IMPROCEDENTE SUSPENDERLO A LOS USUARIOS DE TOMAS DOMÉSTICAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). SERVICIO DE AGUA POTABLE. LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO PARA LIQUIDAR EL ADEUDO RELATIVO, NO ACTUALIZA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CONSENTIMIENTO DE LA INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMA RECLAMADA, QUE TIENE COMO CONSECUENCIA LA SUSPENSIÓN O LIMITACIÓN DEL SUMINISTRO DEL LÍQUIDO VITAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). SERVICIO DE AGUA POTABLE. LOS MENORES DE EDAD QUE HABITAN EN EL DOMICILIO EN EL QUE SE SUSPENDIÓ, TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMAR ESE ACTO EN EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). SERVICIO DE AGUA POTABLE. SI SE SUSPENDIÓ A UN USUARIO DE TOMA DOMÉSTICA, ES IMPROCEDENTE EL COBRO DE LA CUOTA FIJADA POR CONSUMO MÍNIMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).
DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA GARANTIZADO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. SUS CARACTERÍSTICAS.
DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. OBLIGACIONES QUE IMPONE A LOS ESTADOS Y A LOS AGENTES NO ESTATALES.
SERVICIO DE AGUA POTABLE. ANTE LA FALTA DE PAGO, ES IMPROCEDENTE SUSPENDERLO A LOS USUARIOS DE TOMAS DOMÉSTICAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).
SERVICIO DE AGUA POTABLE. LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO PARA LIQUIDAR EL ADEUDO RELATIVO, NO ACTUALIZA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CONSENTIMIENTO DE LA INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMA RECLAMADA, QUE TIENE COMO CONSECUENCIA LA SUSPENSIÓN O LIMITACIÓN DEL SUMINISTRO DEL LÍQUIDO VITAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).
SERVICIO DE AGUA POTABLE. LOS MENORES DE EDAD QUE HABITAN EN EL DOMICILIO EN EL QUE SE SUSPENDIÓ, TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMAR ESE ACTO EN EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).
SERVICIO DE AGUA POTABLE. SI SE SUSPENDIÓ A UN USUARIO DE TOMA DOMÉSTICA, ES IMPROCEDENTE EL COBRO DE LA CUOTA FIJADA POR CONSUMO MÍNIMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).
AMPARO EN REVISIÓN 452/2017. 31 DE OCTUBRE DE 2017. LA MAGISTRADA SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ NO ABORDÓ ESTE TEMA, DADO EL SENTIDO DE SU VOTO. MAYORÍA DE VOTOS DE JORGE MERCADO MEJÍA Y JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA (PONENTE). SECRETARIA: CASANDRA ARLETTE SALGADO SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Suplencia de la queja e interés.
I. Suplencia de la deficiencia de la queja.
31. Previo al estudio de los conceptos de agravio expresados por la parte quejosa, ahora recurrente, se precisa que opera en su favor la suplencia de la deficiencia de la queja.
32. En efecto, el artículo 79 de la Ley de Amparo(15) establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, entre otros casos, en favor de los menores de edad, así como en favor de quienes, por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.
33. En el caso, la parte quejosa se trata de menores de edad; por lo que resulta claro que opera en su favor la suplencia de la deficiencia de la queja en toda su amplitud.(16)
34. Por otra parte, dado el contexto y las circunstancias del asunto, la madre de aquéllos se encuentra en condición de vulnerabilidad por razón de género, lo que implica una clara desventaja social para su defensa en el juicio y, por tanto, opera en su favor la suplencia de la deficiencia de la queja.
35. En efecto, no se desconoce que, históricamente, las mujeres han sufrido discriminación y exclusión derivada de la construcción cultural de la diferencia sexual.
36. Aunado a lo anterior, a partir de la división genérica del trabajo y de la permanencia de roles de género, se ha asignado a las mujeres la responsabilidad del cuidado del hogar y de los hijos, lo cual necesariamente limita sus oportunidades de acceso al trabajo remunerado y a la obtención de ingresos para su subsistencia.
37. Aspectos que cobran relevancia en el caso sujeto a estudio, en razón de que la quejosa **********, de veintiocho años de edad, se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, no sólo por ser mujer, sino también derivado de la muerte de su sostén económico (esposo), así como del hecho de que sus menores hijos dependen económicamente de aquélla.
38. Luego, se hace patente que opera en favor de la quejosa recurrente la suplencia de la deficiencia de la queja.
II. Interés jurídico y legítimo.
a. Interés legítimo respecto de violaciones al derecho al agua.
39. Por otra parte, el derecho al agua –vulnerado en el caso sujeto a estudio– guarda una clara interdependencia con la realización de otros derechos humanos.
40. En ese sentido, el derecho al agua, como cualquier otro derecho fundamental, para ser exigible en la vía jurisdiccional, debe atenerse a las bases y lineamientos que establece la propia Constitución Federal para ello, que en el caso particular del juicio de amparo, conforme lo prevé su artículo 107, se traducen en que dicho medio de control de constitucionalidad se siga siempre "a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico."
41. Al respecto, al resolver el amparo en revisión 366/2012,(17) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés legítimo puede definirse "como aquel interés personal –individual o colectivo–, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso", en el entendido de que "[d]icho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, personal, de salud pública o cualquier otra..."
42. Posteriormente, el Pleno de la Suprema Corte mantuvo una línea argumentativa similar en la contradicción de tesis 111/2013,(18) en la que señaló que "el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico."
43. En dicho precedente también se explicó que el interés legítimo implica "un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto", aclarando que "esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple".
44. Una vez establecido que el interés legítimo exige la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, la cual no necesariamente debía ser patrimonial, el Pleno del Alto Tribunal precisó que dicha afectación requería, además, ser "apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse."
45. En ese orden de ideas, en la contradicción de tesis 553/2012,(19) se afirmó que "el interés legítimo, como se ha establecido, permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo", precisando que dicho interés se actualizará en la mayoría de los casos cuando "existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico."
46. Atento a lo anterior, tanto el Pleno, como la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación han sido consistentes en entender que para que exista interés legítimo se requiere: (i) que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo; (ii) que el acto reclamando produzca una afectación en la esfera jurídica entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del reclamante frente al ordenamiento; (iii) la existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; (iv) que la afectación sea apreciada bajo un parámetro de razonabilidad; y, (v) que dicho interés resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo.
b. Existencia de un interés legítimo en el caso concreto.
47. En la especie, la parte quejosa alega que la concesionaria responsable vulnera su derecho al agua, en virtud de que incumplió con su deber positivo de suministrar el líquido vital.
48. De acuerdo con lo anterior, a la luz del derecho objetivo cuya tutela se pretende a través de la promoción del amparo –el derecho al agua–, se sostiene en que los menores quejosos cuentan con interés legítimo para acudir a la vía constitucional.
49. En efecto, en primer término, de la boleta de pago ********** anexa a la demanda de amparo, se tiene que ********** (esposo de la impetrante del amparo y padre de los menores de edad quejosos) contrató con la concesionaria responsable el servicio público de agua potable correspondiente a la toma doméstica ubicada en la supermanzana **********, manzana **********, lote **********, exterior **********, fraccionamiento **********, en Cancún, Quintana Roo.
50. En ese sentido, si bien aquél era el titular del contrato, a su fallecimiento, la quejosa ********** se convirtió implícitamente en la titular del contrato de prestación de servicios con los derechos y obligaciones inherentes al mismo. De igual forma, ésta y sus menores hijos continuaron haciendo uso del referido servicio público.
51. Anterior aspecto que se corrobora con las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, hicieron aquéllos en su demanda de amparo, en el sentido de que habitan en la supermanzana **********, manzana **********, lote **********, exterior **********, fraccionamiento **********, en Cancún, Quintana Roo.
52. Aunado a lo anterior, los impetrantes del amparo exhibieron la propia boleta de pago ********** correspondiente a la toma doméstica ubicada en la supermanzana **********, manzana **********, lote **********, exterior **********, fraccionamiento **********, en Cancún, Quintana Roo. Asimismo, la madre de los menores de edad exhibió su credencial para votar, de la que se aprecia que el domicilio ahí asentado corresponde al precisado en el multicitado recibo.
53. Luego, si bien es cierto que respecto de los menores de edad únicamente se exhibieron las actas de nacimiento correspondientes, también lo es que de acuerdo con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, se reitera, aquéllos habitan en el domicilio asentado en la boleta de pago. Además, por regla general, el cuidado de los hijos se encuentra a cargo de su progenitora.
54. Todo lo anterior permite concluir que los quejosos, entre ellos, los menores de edad, son usuarios de la toma doméstica del servicio de agua, precisamente, porque ahí habitan;(20) esto es, tienen una posición especial frente al orden jurídico, suficiente para tener por acreditado su interés legítimo.
55. Es decir, aquéllos demostraron habitar en el lugar en el que la concesionaria responsable incumplió con su deber positivo de suministrar el agua.
56. Si esto es así, el deber positivo de suministrar el líquido vital por parte de la autoridad responsable les reportaría un beneficio determinado, actual y cierto, a saber: el acceso al agua.
57. Finalmente, en la especie es claro que la quejosa **********, tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, en tanto que así lo acreditó al exhibir su credencial para votar, de la que se aprecia que el domicilio ahí asentado corresponde al precisado en la boleta de pago multicitada.
58. Anterior aspecto que se hace patente en virtud de que aquélla celebró un convenio de pagos con la concesionaria responsable, a fin de cubrir el adeudo que recae en la toma doméstica de la cual es usuaria.
SÉPTIMO.—Corte de suministro de agua potable.
59. En el primer agravio, los recurrentes aducen que en el caso no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo (actos consentidos), en relación al acto que atribuyó a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistente en el corte del suministro del servicio de agua potable, ante la falta de pago de dicho servicio, en el inmueble ubicado en la supermanzana **********, manzana **********, lote **********, número exterior **********, fraccionamiento **********, de esta ciudad.
60. Lo anterior, según exponen, porque aquel acto es de tracto sucesivo, esto es, si bien es cierto que desde marzo de dos mil trece se efectuó el corte de suministro de agua, también lo es que mes con mes, la responsable emite recibos por el "supuesto" servicio proporcionado.
61. En ese sentido, sostienen que la suspensión del suministro de agua potable continúa actualizándose día a día, por ser un acto de tracto sucesivo, lo que se corrobora con el hecho de que el juzgador federal otorgó la suspensión provisional y definitiva con la finalidad de restablecer el suministro de agua potable.
62. Así las cosas, concluyen los recurrentes, al haberse presentado la demanda de amparo el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, la misma no puede considerarse extemporánea –menos aún actos consumados– en razón de que la suspensión del suministro de agua potable perduró a través del tiempo.
63. Son infundados los planteamientos expuestos.
64. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado se trata de uno instantáneo.
65. Además, el artículo 17 de la Ley de Amparo no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce.
66. En efecto, el citado artículo 17 de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
"I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;
"II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;
"III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;
"IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."
67. De la transcripción que antecede, se desprende como regla general para la interposición de la demanda de amparo, el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, por ejemplo, en asuntos en materia penal, agraria o cuando se reclama una norma general autoaplicativa.
68. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, el diverso artículo 18 de la ley de la materia(21) señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.
69. Por otra parte, en el juicio de amparo la suspensión del acto reclamado es una institución jurídica de naturaleza procesal, comprendida en las medidas cautelares e instituida a fin de impedir que durante la tramitación del juicio los actos reclamados se consumen irreparablemente; así, su objeto es conservar la materia del amparo, además de evitar al agraviado la difícil reparación que le podría ocasionar la ejecución de los actos.
70. La suspensión encuentra fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.(22)
71. Sin embargo, aun y cuando un acto reclamado tenga efectos actuales, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, pues si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 18 del propio ordenamiento, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente.
72. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclamó de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, entre otros, el corte del suministro del servicio de agua potable, ante la falta de pago de dicho servicio, en el inmueble ubicado en la supermanzana **********, de esta ciudad.
73. Al respecto, en los hechos de su demanda, bajo protesta de decir verdad, manifestó:
"...en el mes de marzo del 2013, sin ser notificados en forma alguna, la concesionaria efectuó el corte total del suministro del agua potable, colocando un tapón en la tubería que suministraba el agua a la vivienda y se llevó el medidor de agua, es por tal motivo que he acudido ante la concesionaria y ante ********** con finalidad de resolver la precaria situación de los suscritos quejosos, en virtud de no contar con el servicio de agua desde el mes de marzo del 2013.
"...
"Sin embargo, no omito mencionar a su señoría que a pesar de no contar con ningún tipo de conexión a la red de agua potable y, por ende, no contar con el vital líquido desde el mes de marzo del año 2013..."
74. En la resolución recurrida, el Juez constitucional estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, puesto que dicho acto reclamado fue consentido tácitamente, al no promoverse el juicio de derechos fundamentales dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17, párrafo primero, del citado ordenamiento, en relación con el diverso numeral 18 de dicha legislación.
75. Lo anterior, en virtud de que si desde marzo de dos mil trece, la parte quejosa tuvo conocimiento del corte de suministro del servicio de agua potable reclamado, entonces a partir del día siguiente contaba con quince días para impugnar dicho acto.
76. En ese sentido, estimó el juzgador federal, si la demanda se presentó hasta el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, esto es, aproximadamente cuatro años con posterioridad a la data en que la parte promovente del amparo tuvo conocimiento del mismo, entonces su promoción era extemporánea.
77. Anteriores consideraciones que este órgano colegiado estima correctas.
78. Lo anterior es así, pues como se dijo, el artículo 17 de la Ley de Amparo no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que tuvo conocimiento de él.(23)
79. Dicho en otras palabras, el momento en el que un acto suerte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de amparo, sino únicamente el acto que los produce –al cual, en la especie, le reviste el carácter de instantáneo– y el momento en que el quejoso puede impugnarlo a partir de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya transcrito.
80. Luego, si en el caso al acto reclamado le reviste el carácter de instantáneo y la parte quejosa tuvo conocimiento de aquél en marzo de dos mil trece, mientras que la demanda de amparo fue presentada hasta el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, se hace patente que su promoción fue extemporánea; de ahí lo infundado de los agravios hechos valer.
OCTAVO.—Aplicación indebida de la norma.
a) Acto derivado de otro consentido.
81. Ahora bien, en torno al sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, en relación con el acto reclamado consistente en la aplicación del artículo 20 de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, en suplencia de la deficiencia de la queja, este órgano colegiado advierte que fue incorrecto que el a quo estimara actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el cardinal 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y con la jurisprudencia 17 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(24) (acto derivado de otro consentido).
82. En efecto, para sustentar lo anterior, se estima que el acto que la parte quejosa reclama y que considera lesivo de su esfera jurídica es de tracto sucesivo, pues constituye una actuación de la autoridad que no se consuma en un solo evento, sino que se prolonga en el tiempo al exigir, mes con mes, el pago de la cuota que se hubiere fijado al consumo mínimo.
83. Luego, si el acto reclamado se constituye como uno de tracto sucesivo y su determinación se prolonga en el tiempo la parte quejosa puede, dentro del plazo de quince días contados a partir del último recibo de cobro que se le haya efectuado, presentar demanda de amparo a efecto de buscar la tutela federal.
84. Anterior aspecto que se hace patente de la propia boleta que la parte quejosa adjuntó a su demanda, según se aprecia de la siguiente imagen:
Se suprimió imagen
85. De ahí que el Juez de Distrito actuó de forma incorrecta, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el cardinal 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y con la jurisprudencia 17 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
86. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 93, fracciones I y III, de la Ley de Amparo,(25) lo procedente es examinar la actualización de otra causal de improcedencia diversa a la considerada por el a quo.
b) Causal de improcedencia.
87. Actos consentidos. Es infundada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo,(26) que hizo valer **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, al estimar que la parte quejosa consintió el acto reclamado, consistente en la indebida aplicación del artículo 20 de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, en razón de que realizó un convenio de pago con la concesionaria responsable y, posteriormente, efectuó el pago total del adeudo que recaía sobre la toma doméstica en la que habita.
88. Se afirma lo anterior, en virtud de que el hecho de que la parte quejosa hubiera celebrado un convenio de pago respecto del adeudo que recae sobre la toma doméstica de la cual es usuaria y, posteriormente, haber pagado la contribución, ello no constituye una manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la norma que la establece, pues dada la naturaleza fiscal de ésta, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción.
89. En efecto, el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento."
90. Conforme a este precepto legal, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el promovente ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.
91. Así, el consentimiento para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamado, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima.
92. Con relación a los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido un acto de autoridad, al resolver la contradicción de tesis 432/2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la misma causal de improcedencia cuando se encontraba contenida en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, cuya redacción es exactamente igual a la que hoy se invoca.
93. Acorde con este criterio, un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber:
a) La existencia del acto o ley reclamado.
b) Que el acto reclamado cause un agravio en la esfera jurídica del gobernado.
c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.
94. De tal manera que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley; es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento.
95. Sin embargo, al resolver la contradicción de tesis «de la que derivó la jurisprudencia» 55/2010, la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no se da un sometimiento a los efectos de la ley, que se traducen en un consentimiento expreso o en una manifestación de voluntad que lo entrañe, tratándose del pago liso y llano de contribuciones.
96. Lo anterior, en virtud de que no constituye la manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la ley que la establece ya que, dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción.
97. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 55/2010, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. NO LO ACTUALIZA EL PAGO ANUAL ANTICIPADO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA GOZAR DE LA REDUCCIÓN DE UN PORCENTAJE SOBRE SU MONTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 68/97, de rubro: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE.’, sostuvo que si el quejoso presenta demanda de amparo contra una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, tal proceder no constituye una manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la norma que establece la contribución, pues dada la naturaleza fiscal de ésta, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada. Ahora bien, la circunstancia de que algunas leyes fiscales ofrezcan a sus destinatarios alguna reducción en las cantidades a enterar por su pago anticipado, esto es, por cubrirlas con anterioridad a la fecha ordinariamente programada para su recaudación, no implica una inexorable sumisión que torne improcedente el juicio constitucional, ya que al adoptar ese beneficio el sujeto obligado exclusivamente acepta cumplir oportunamente sus cargas fiscales, y esa observancia puntual de la ley no puede sancionarse con la supresión del acceso al juicio de garantías, ya que la sumisión al pago de las contribuciones, sea porque pese sobre el contribuyente la amenaza del cobro coactivo o por el estímulo del beneficio de una disminución que premie su pago anticipado, constituyen dos formas de conminar al sujeto pasivo del tributo para cumplir con sus obligaciones tributarias, de manera que éste actúa para evitar sanciones o para obtener adicionalmente disminuciones en sus pagos, pero no por voluntad propia. Consecuentemente, si el juicio de amparo se promueve en tiempo y forma legales, contra el pago anticipado del impuesto predial que el contribuyente se autoliquide, no se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo."(27)
98. Ahora bien, el artículo 13 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo dispone:
"Artículo 13. Los adeudos a cargo de usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado y las multas, tendrán el carácter de créditos fiscales, para cuyo cobro, la Comisión hará uso de la facultad económico coactiva, por conducto de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, dependiente de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado."
99. Asimismo, el artículo 26 de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo establece:
"Artículo 26. Los adeudos a cargo de usuarios de los s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27829-66c900e3/derecho-humano-de-acceso-al-agua-garantizado-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SERVICIO CONCESIONADO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, DRENAJE Y/O ALCANTARILLADO PARA USO DOMÉSTICO. LA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA CONTRA SU SUSPENSIÓN PROCEDE SIN EXIGIRSE REQUISITO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DERECHO HUMANO AL AGUA. LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ESTÁN OBLIGADAS A ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DEL AGUA EN UNA COMUNIDAD [APLICABILIDAD DE (II.2o.A.65 A (11a.))
- DERECHO HUMANO AL AGUA. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE ORDENA A LA AUTORIDAD MUNICIPAL A COORDINARSE CON LOS TRES ÁMBITOS DEL GOBIERNO PARA GARANTIZARLO. (II.2o.A.66 A (11a.))
- DERECHO HUMANO AL AGUA. EL SUMINISTRO DEL MÍNIMO VITAL NO DEBE CONDICIONARSE A EROGACIÓN ALGUNA. (XVI.1o.A.1 CS (11a.))
- SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DOMÉSTICO. LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA OTORGADA CONTRA EL CORTE DE TAL SERVICIO, CUANDO SE PRETENDA LA RESTITUCIÓN NO RES (2a./J. 53/2022 (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis