SERVICIO CONCESIONADO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, DRENAJE Y/O ALCANTARILLADO PARA USO DOMÉSTICO. LA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA CONTRA SU SUSPENSIÓN PROCEDE SIN EXIGIRSE REQUISITO DE EFECTIVIDAD ALGUNO, PARA EL EFECTO DE QUE SE OTORGUE EL MÍNIMO VITAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 13 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, SOFÍA VIRGEN AVENDAÑO Y CARLOS HUGO LUNA BARAIBAR. PONENTE: SOFÍA VIRGEN AVENDAÑO. SECRETARIA: KRYSTELL DÍAZ BARRIENTOS.
Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de trece de octubre de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver, los autos del expediente relativo a la contradicción de tesis 6/2019.
RESULTANDO
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Por oficio T. 21/2019 de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, presentado en esa misma fecha ante la secretaria de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Magistrado Diógenes Cruz Figueroa, en su carácter de presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en los incidentes en revisión 47/2019 y 554/2015 (que dio origen a la tesis aislada VI.2o.A.4 A) (sic) respectivamente, en los siguientes términos:
"Con fundamento en los artículos 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, hago de su conocimiento que por acuerdo de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se determinó formular denuncia sobre la posible contradicción de los siguientes criterios.
"a. El SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, al resolver el incidente en revisión 554/2015, que dio origen a la tesis aislada VI.2o.A.4 A (10a.), publicada en la página 2230, Libro 32, Tomo III, julio de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro (sic): ‘SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DRENAJE. PROCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA SU CORTE POR FALTA DE PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’. En ella sostiene, en lo que interesa, que procede conceder la suspensión en el amparo contra el corte de dichos servicios, sin que pueda condicionarse la medida suspensional al pago del servicio del agua, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no constituye un crédito que pudiera hacerse efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución; y,
"b. El PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, al resolver el incidente en revisión 47/2019, por unanimidad de votos en sesión de nueve de octubre de dos mil diecinueve, en donde esencialmente resolvió que en este tipo de asuntos sí es procedente fijar un requisito de efectividad, por las razones que en la ejecutoria se establecieron.
"Se anexa copia certificada de la ejecutoria pronunciada por este Tribunal Colegiado en el incidente en revisión 47/2019.
"Le reitero mi respeto."
(fojas 1 y 2 del expediente)
SEGUNDO.—Trámite. Mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, la entonces Magistrada presidenta de este Pleno de Circuito admitió la denuncia de contradicción de tesis, que radicó como expediente 6/2019; asimismo, solicitó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito que informara si ese tribunal había emitido criterio en relación con el tema de la contradicción denunciada y, de ser así, remitiera copia certificada de la ejecutoria respectiva; asimismo, se pidió a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que enviaran los archivos electrónicos correspondientes e informaran si se encontraban vigentes los criterios relativos o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.
Por oficio 1780/2019, recibido el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto informó que su criterio seguía vigente.
Por medio de la comunicación 388/2019-IV, recibida el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito informó que tal órgano jurisdiccional sí había emitido criterio en relación con el tema contendiente en la ejecutoria del recurso de queja 241/2017 de su índice, de la cual remitió copia certificada; de igual manera, comunicó que tal criterio continuaba vigente.
En el oficio 1794, recibido el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto (sic) informó que su criterio seguía vigente.
Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, la presidenta del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito recibió los oficios y, dado lo informado por la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, hizo suya la denuncia de contradicción del criterio sustentado por el citado Tercer Tribunal Colegiado al resolver el recurso de queja 241/2017, de su índice, a fin de integrarlo a la formulada inicialmente respecto de los criterios sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
También en tal proveído, se determinó que el expediente se encontraba debidamente integrado y se turnó a la Magistrada María Leonor Pacheco Figueroa, en su calidad de integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y del Pleno de la propia materia y Circuito, a fin de que elaborara el proyecto de sentencia en esta contradicción de tesis (fojas 82 y 83).
En sesión de trece de diciembre de dos mil diecinueve, el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito determinó retirar el proyecto presentado a discusión, a fin de que se elaborara una nueva propuesta, dado que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito abandonó el criterio emitido inicialmente en relación con el tema de la contradicción de tesis, en la queja 241/2017 de su índice y pronunció uno nuevo en el incidente en revisión 56/2019.
Con motivo de la nueva integración del Pleno de Circuito, la contradicción de tesis se returnó a la Magistrada Sofía Virgen Avendaño, quien incorporó al Sistema de Plenos de Circuito el proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 bis y 41 ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que los asuntos de los que deriva se emitieron por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Sexto Circuito.
Este Pleno de Circuito también tiene competencia legal para conocer y resolver del asunto con fundamento en los artículos 1 y 27 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.(1)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis fue realizada por parte legítima de conformidad con lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser el denunciante el Magistrado Diógenes Cruz Figueroa, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; además, porque la Magistrada María Leonor Pacheco Figueroa, en su carácter de integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito hizo suya la denuncia de contradicción del criterio sustentado por el citado Tercer Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja 241/2017, a fin de integrarlo a la formulada inicialmente respecto de los restantes Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
TERCERO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados. Las consideraciones que sobre el tema de la contradicción expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que se estiman discrepantes son las siguientes:
1. DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, en el incidente en revisión 47/2019:
"10. QUINTO.—Estudio. El único agravio es infundado. En él se argumenta:
"i. No existe determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal que debiera ser garantizado. Las autoridades responsables negaron la existencia de una resolución determinante de crédito fiscal.
"11. En primer lugar se precisa que no es materia de controversia en el presente recurso que las cantidades a cargo de los quejosos únicamente han sido establecidas por **********,(2) ni tampoco que su falta de pago puede dar lugar a la suspensión de la prestación del servicio; sino tan sólo el establecimiento de un requisito de efectividad en relación con la medida cautelar definitiva otorgada respecto de esta última.
"a. De los requisitos de efectividad en el incidente de suspensión del juicio de amparo.
"12. El artículo 132, párrafo primero, de la Ley de Amparo(3) establece que en los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.
"13. El numeral 135, párrafo primero, de la legislación mencionada(4) dispone que, cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
"14. Los diversos 139, párrafo primero y 147, párrafo primero, de la propia ley,(5) en lo conducente establecen que es necesario que el órgano jurisdiccional tome las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, y que en los casos en que la suspensión sea procedente, puede establecer –en general– condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.
"15. Al pronunciarse respecto de la contradicción de tesis 154/2005, en sesión de veinte de enero de dos mil seis (que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 6/2006, que más adelante se transcribe),(6) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatizó la necesidad de tomar las medidas que se estimen pertinentes para evitar perjuicios a los interesados (tercero, tercero perjudicado y autoridad responsable), con la finalidad de restituirlos de los daños que pudieren resentir con la concesión de la medida cautelar solicitada. Literalmente lo dijo en los términos siguientes:
"‘Luego, es imperativo para el Juez de Distrito o para la autoridad que conoce del juicio de garantías, tomar las medidas que estime pertinentes para evitar perjuicios a los interesados (tercero, tercero perjudicado y autoridad responsable), con la finalidad de restituirlos de los daños que pudieren resentir con la concesión de la medida cautelar solicitada.’
"b. Normas jurídicas que prevén el pago de cantidades por el suministro de agua potable, drenaje y saneamiento y su naturaleza.
"Fundamento constitucional del servicio.
"16. El artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los Municipios tendrán a su cargo el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.(7)
"17. De los artículos 4, fracciones X, XVI, XXVI y XXXI, 22, primer párrafo, 23, fracción IX, 28, 99, fracción I, 104, fracciones III, XV y XXII, y 119,(8) de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, 1, fracción XVII, 167, fracción II, 212, 213, 428, fracción IV, 434, fracción I, 442, 446, fracción I, 453 y 454 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla,(9) en lo conducente, se desprende:
"De la prestación de los servicios, en términos generales.
"• El suministro de agua potable, el drenaje y el saneamiento, entre otros, son servicios públicos que prestan, en principio, los Municipios a través de las dependencias municipales correspondientes o los organismos operadores (organismos descentralizados, desconcentrados o empresas de participación estatal o municipal);
"• Por la prestación de tales servicios públicos se pagan derechos conforme a una estructura tarifaria.
"• Los Municipios y los organismos operadores están facultados para determinar, requerir y cobrar los derechos generados por la prestación de los servicios públicos, y ante el incumplimiento de pago del usuario, determinar los créditos fiscales que correspondan, requerir su pago, realizar las demás acciones que establece la ley, y en su caso, iniciar y substanciar el procedimiento administrativo de ejecución en los términos de las leyes fiscales respectivas.
"• El prestador de los servicios públicos podrá suspenderlo justificadamente por falta de pago de los derechos.
"• El prestador de servicios públicos es autoridad fiscal con facultades económico-coactivas para determinar, comprobar, recaudar y cobrar el importe que por concepto de derechos le corresponda.
"• Los adeudos de los usuarios derivados de los conceptos antes señalados serán considerados créditos fiscales y, en consecuencia, corresponderá a cada prestador de servicios públicos por sí, o a través de sus autoridades fiscales competentes, proceder a su cobro por la vía administrativa de ejecución prevista en la ley y en los ordenamientos fiscales aplicables.
"Prestación de los servicios mediante una concesión.
"• La autoridad puede otorgar concesiones a los particulares para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
"• Corresponde al Ayuntamiento fijar las tarifas que deban cobrarse por la prestación del servicio público concesionado.
"• El concesionario tiene derecho a cobrar las tarifas o cuotas autorizadas por la prestación del servicio otorgado.
"• Las tarifas se determinarán siempre sobre bases técnicas que permitan al concesionario obtener utilidades dentro del término de vigencia de la misma, así como realizar nuevas inversiones en equipo y material para la prestación del servicio.
"• La tarifa quedará especificada en el título de concesión y los aumentos o disminuciones se harán en los términos y en las proporciones especificadas en el mismo.
"• Los actos jurídicos y administrativos que realicen los concesionarios no podrán considerarse como una función pública, ni su personal como servidores públicos.
"De los derechos en general.
"• Son derechos las contribuciones establecidas en la ley por recibir servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho público, incluso cuando se presten por organismos públicos descentralizados.
"• Son sujetos al pago de derechos, las personas físicas o morales, ya sean de derecho público o privado, que reciben servicios que presta el Municipio o sus organismos públicos descentralizados en funciones de derecho público, así como los organismos públicos descentralizados que presten servicios públicos a cargo del Municipio.
"• Es objeto de un derecho la recepción de servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho público, incluso cuando se presten por organismos públicos descentralizados.
"c. Legalidad del requisito de efectividad establecido en la sentencia recurrida.
"18. Si bien existen elementos que podrían llevar a considerar que las cantidades determinadas por **********, no tienen propiamente la naturaleza de un derecho en atención a que (i) el servicio lo presta un concesionario y no alguna dependencia del Municipio o un organismo público descentralizado y (ii) las tarifas no son fijadas en una ley –según lo previsto a nivel normativo–, es el caso que esto no implica que no deba fijarse un requisito de efectividad al otorgar la suspensión definitiva.
"19. Como quedó indicado en el párrafo 15, al pronunciarse sobre la contradicción de tesis 154/2005, en sesión de veinte de enero de dos mil seis –que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 6/2006–, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatizó la necesidad de tomar las medidas que se estimen pertinentes para evitar perjuicios a los interesados (tercero, tercero perjudicado y autoridad responsable), sin distinción, con la finalidad de restituirlos de los daños que pudieren resentir con la concesión de la medida cautelar solicitada.
"20. De tal forma, a juicio del tribunal colegiado se presenta una situación jurídica similar a la analizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 6/2006,(10) pues en ella, a pesar de que el servicio suministrado, en ese caso por la Comisión Federal de Electricidad, no genera el cobro de un derecho, el Más Alto Tribunal de la República estimó que el otorgamiento de la medida cautelar en relación con el corte o suspensión del servicio, reclamado en el juicio de amparo, sí está sujeto a un requisito de efectividad para garantizar el pago de las cantidades a favor de la entidad señalada como autoridad responsable:
"‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA LA ORDEN DE CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR SU PAGO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO O ACREDITAR HABERLO HECHO ANTE AQUEL ORGANISMO.—De los artículos 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando proceda la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros (no necesariamente al tercero perjudicado), o se pida contra el cobro de contribuciones, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar a los interesados si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Ahora bien, la correlación existente entre el servicio de suministro de energía eléctrica prestado por la Comisión Federal de Electricidad y el monto de la tarifa relativa (precio fiscal) que el usuario debe pagar, no participa de la naturaleza jurídica de los derechos que como contribución percibe el Estado por los servicios que presta en sus funciones de derecho público, establecidos en la Ley Federal de Derechos; sin embargo, debe tomarse en cuenta que en dicha contraprestación concurren características semejantes, pues en términos de los artículos 27, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 8o. y 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el servicio relativo es prestado por el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de organismo público descentralizado, y la tarifa se fija en función de los kilowatts hora consumidos por el usuario. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando se impugne el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica y proceda conceder la suspensión del acto reclamado, el Juez de Distrito debe condicionar su efectividad a que el quejoso garantice suficientemente el pago del suministro de energía eléctrica que sobrepase el monto previamente garantizado en el momento de la celebración del contrato correspondiente, o acredite haberlo pagado ante la Comisión Federal de Electricidad.’
"21. Por esa razón no se comparte la tesis aislada VI.2o.A.4 A (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito,(11) de contenido siguiente:
"‘SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DRENAJE. PROCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA SU CORTE POR FALTA DE PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien el artículo 99, fracción I, de la Ley del Agua para el Estado de Puebla prevé que el prestador de los servicios públicos hídricos podrá suspenderlos justificadamente ante la falta de pago de los derechos correspondientes, lo cierto es que procede conceder la suspensión en el amparo contra el corte de aquéllos, pues de no otorgarse se privaría al afectado del acceso, disposición y saneamiento del vital líquido para el consumo personal y doméstico en forma suficiente, como lo refiere el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin demérito de apuntar que, el acceso al agua ha sido centro de múltiples tratados internacionales, con el propósito fundamental de garantizar una distribución mínima indispensable, como son la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, no puede condicionarse la medida suspensional al pago del servicio de agua, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no constituye un crédito fiscal que pudiera hacerse efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución.’
"22. En efecto, si bien esta tesis parte de la relevancia del acceso al agua, lo que en forma alguna se cuestiona, no es dable soslayar la necesidad de establecer un requisito de efectividad para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se pudieran generar con motivo del otorgamiento de la suspensión definitiva en caso de que la parte quejosa no obtenga una resolución favorable, relacionados con las contraprestaciones a cargo de los quejosos, tanto por el importe ya conocido como por los que se vayan generando durante la tramitación del juicio constitucional.(12)
"23. Con fines puramente ilustrativos, el Tribunal Colegiado hace énfasis en que **********, con nombre comercial **********, conforme a lo manifestado en la demanda de amparo –lo que se corrobora con la boleta de pago que la entidad señalada como responsable exhibió–,(13) es la concesionaria que presta los servicios que previamente correspondía llevar a cabo al organismo público descentralizado denominado Sistema Operador de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP);(14) que las concesiones constituyen actos jurídicos administrativos mixtos, por contener cláusulas de orden contractual y otras de naturaleza regulatoria;(15) y que atentos a lo dispuesto en los artículos 23 y 119 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, el organismo público descentralizado, en su carácter de ente operador, está facultado para determinar créditos fiscales y cuenta con facultades económico coactivas.
"24. Sin embargo, a partir de ello no podría definirse que el importe determinado por la concesionaria constituye una contribución (derecho) y que la resolución en que los calcula es un crédito fiscal; ni, tampoco es viable aludir, a fin de resolver el punto de controversia, a la participación que, de ser el caso, pudiera tener con posterioridad dicho sistema, porque en este momento tales actos futuros no son los reclamados, y no se puede prejuzgar en cuanto a su existencia o certeza, ni es dable considerarlos. Se aúna que no obra en autos ni se advierte en una fuente de carácter público el título de concesión, por lo que no es (sic) del conocimiento del Tribunal Colegiado, en esta instancia, las condiciones contenidas en él, con el propósito de esclarecer los pasos que la concesionaria debe dar a fin de que el aludido organismo descentralizado pueda llegar a establecer el crédito fiscal por adeudo por consumo de agua.
"d. De las restantes tesis que invoca la parte quejosa.
"25. Por cuanto hace a las de rubros: ‘ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTRATO DE SUMINISTRO DE. LAS TARIFAS QUE COBRA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO RESPECTIVO, NO SON EQUIPARABLES A UNA CONTRIBUCIÓN, Y TAMPOCO DESNATURALIZAN EL ACTO DE COMERCIO CELEBRADO CUANDO SE DEMANDA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉL.’(16) y ‘ENERGÍA ELÉCTRICA, LIQUIDACIONES POR CONCEPTO DE. INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA CONOCER PORQUE NO SE TRATA DE UN CRÉDITO FISCAL.’(17), que se citan para ilustrar en cuanto a la existencia de importes que no constituyen contribuciones; por lo que hace a éstos y, en específico en relación con los que cobra la Comisión Federal de Electricidad, como ya se ha indicado, en la jurisprudencia 2a./J. 6/2006, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí deben ser objeto de un requisito de efectividad cuando en el juicio de amparo se concede la medida cautelar en contra del corte o suspensión del servicio.
"26. La de rubro ‘AGUA, LOS COBROS POR CONCEPTOS DE SERVICIOS DE, NO PUEDEN HACERSE EFECTIVOS POR MEDIO DE LA FACULTAD ECONOMICOCOACTIVA (LEGISLACIÓN DE COAHUILA).’ de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(18) alude a un caso sui géneris en que determinó que no podía llevarse a cabo válidamente el procedimiento administrativo de ejecución en relación con el embargo del cobro de unos recibos; y las de rubros ‘CRÉDITO FISCAL. EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE LO QUE DEBE ENTENDERSE POR ESE CONCEPTO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 16 Y 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONALES, AL NO ESPECIFICAR LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN, NI LA FORMA Y PERSONA QUE LO DEBE EMITIR.’, de este Tribunal Colegiado(19) y ‘CRÉDITO FISCAL. EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO DEFINE, NO ES VIOLATORIO DE LOS DIVERSOS 16 Y 31, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito,(20) establecen que el artículo legal en ellas mencionado no transgrede los preceptos constitucionales 16 y 31, fracción IV, por las razones que exponen. Sin embargo, ninguna de ellas incide en cuanto a la procedencia o no de fijar un requisito de efectividad en el juicio de amparo de origen.
"27. Procede, pues, en la materia del recurso, confirmar la sentencia sujeta a revisión, en que se fijó el requisito de efectividad."
2. DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, en el incidente en revisión 554/2015, que dio origen a la tesis aislada VI.2o.A.4 A:
"QUINTO. Estudio de la litis del recurso. El Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva para que se restituya el servicio de agua potable y descarga de aguas residuales (drenaje) en el inmueble ubicado en calle ********** de la ciudad de Puebla y las autoridades responsables se abstengan de ejercer nuevamente cualquier procedimiento privativo de dichos servicios. Empero, condicionó la medida al depósito previo del total en efectivo de la cantidad que se requiere a los quejosos como adeudo, esto es, la cantidad de $828,038.57 (ochocientos veintiocho mil treinta y ocho pesos, cincuenta y siete centavos).
"La parte recurrente en sus agravios esgrimió, esencialmente, lo siguiente:
"En el primero, que el Juez de Distrito infringió las disposiciones previstas en los artículos 73, 76, 79, 117, 124, 128 y 129 de la Ley de Amparo, así como el artículo 107, fracción X de la Constitución Federal, toda vez que la nueva Ley de Amparo, contempla disposiciones claras y específicas respecto de la obligación que tienen los Jueces de Distrito de atender y resolver de manera prioritaria la ‘cuestión efectivamente planteada’ contemplada con estricto apego a los principios de la apariencia del buen derecho y sin afectar al interés social contenidos en el artículo 107, fracción X, de la propia Constitución Federal.
"Que el juzgador pasó por alto los principios básicos para el otorgamiento de la suspensión provisional y en su momento la definitiva, ya que Nuestro Máximo Tribunal ha sostenido en diversos criterios jurisprudenciales que para el otorgamiento de la suspensión, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso.
"Que en la especie, el Juzgador de primera instancia pasó por alto la definición de la apariencia del buen derecho y lo que significa su aplicación en materia del incidente de suspensión del acto reclamado, ya que a criterio de éste lo establecido en el FOLLETO INFORMATIVO número 35, emitido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU HABITAT y la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, y aprobado por el Pleno de este organismo internacional el cual firmó el Estado Mexicano, como miembro de éste, y que tiene aplicación obligatoria para todos los Estados que integran la República Mexicana, no es una norma que está por encima de una ley estatal, por lo que inaplica la apariencia del buen derecho en perjuicio de los quejosos.
"Que conforme al principio pro persona el juzgador debió aplicar la mejor interpretación en beneficio de la parte quejosa, ya que el folleto de mérito menciona:
"‘Los servicios de agua deben ser asequibles para todos. Ningún individuo o grupo debería verse privado del acceso a agua potable por no poder pagar.
"‘Por consiguiente, los costos directos e indirectos del agua y el saneamiento no deberían privar a nadie del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29670-62e869af/servicio-concesionado-de-agua-potable-saneamiento-drenaje-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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