SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DOMÉSTICO. LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA OTORGADA CONTRA EL CORTE DE TAL SERVICIO, CUANDO SE PRETENDA LA RESTITUCIÓN NO RESTRINGIDA DE ÉSTE, DEBE CONDICIONARSE A QUE EL QUEJOSO GARANTICE SU PAGO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 53/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; VOTÓ EN CONTRA DE CONSIDERACIONES LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: PABLO RAÚL GARCÍA REYES.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de julio del dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si resulta procedente fijar una garantía como requisito de efectividad cuando el juzgador federal otorgue la suspensión en un juicio de amparo en el que se combate el corte total del servicio de suministro de agua potable de uso doméstico proporcionado por un particular concesionario para el efecto de que se obligue a este último a restablecer dicho servicio.
Antecedentes del asunto
1. Denuncia de la contradicción. Ricardo Morales Carrasco, autorizado de la parte recurrente en el recurso de queja 41/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado al resolver tal asunto contra el que emitió el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 6/2019.
2. Trámite de la denuncia. El Ministro presidente admitió a trámite la denuncia de contradicción y la registró con el número 53/2022; consideró que se actualizaba la competencia de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, pues el asunto versaba sobre materia administrativa; y lo turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para su estudio.
3. Avocamiento. Por auto de veintidós de abril de dos mil veintidós esta Segunda Sala se avocó al conocimiento y tuvo por recibida la ejecutoria remitida por el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito en la que informaba que el criterio sustentado continua vigente. Posteriormente, mediante proveído de veinte de mayo siguiente también se tuvo por recibida la respectiva sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y el informe respecto a su vigencia, por lo que al encontrarse integrado el expediente se ordenó su remisión al Ministro ponente.
I. Competencia
4. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en relación con el punto segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; así como con el transitorio primero, fracción II, del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintiuno, que establece "Las disposiciones relativas a los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, entrarán en vigor en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal", toda vez que los criterios contendientes se sustentaron por órganos jurisdiccionales de distintos Circuitos, ambos especializados en materia administrativa, siendo innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. Legitimación
5. La denuncia proviene de parte legítima, ya que fue formulada por Ricardo Morales Carrasco, autorizado en términos amplios(1) de la parte recurrente en el recurso de queja 41/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en el cual fue dictado uno de los criterios contendientes en esta contradicción.
6. Lo anterior de conformidad con lo previsto por el precepto 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en la parte conducente de la jurisprudencia intitulada "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.",(2) la cual resulta aplicable y acorde a la legislación vigente.
III. Existencia de la contradicción
7. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
8. Sirven de sustento a lo anterior los criterios de las tesis:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(4)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."(5)
9. Si la finalidad es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
10. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y, (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
11. Por otra parte, no es necesario que los criterios contendientes no constituyan jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(6) así como la tesis aislada "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(7)
12. En atención a lo anterior, a continuación, se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
III.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
13. Este Alto Tribunal considera que se acredita el primer requisito, ya que los respectivos órganos colegiados ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Como se evidenciará a continuación, los tribunales realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias contendientes.
14. Al resolver la contradicción de tesis 6/2019, el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito conoció de dos asuntos en los que el acto reclamado consistió en el corte total del servicio público de agua potable, saneamiento drenaje y/o alcantarillado de uso doméstico, proporcionado por un particular concesionario, para los que las partes quejosas solicitaron la suspensión contra tal acto y el restablecimiento de dicho servicio.
15. Los Jueces de Distrito que conocieron de tales asuntos coincidieron en otorgar la suspensión definitiva contra el acto reclamado mencionado, para el efecto de que se les restituyera tal servicio, condicionando la efectividad de la medida cautelar otorgada a que los promoventes exhibieran una garantía en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. En específico, el monto que las autoridades proveedoras del servicio, señaladas como responsables, habían indicado que se adeudaba por los quejosos.
16. En las ejecutorias de los recursos de revisión interpuestos contra tales resoluciones incidentales, los Tribunales Colegiados contendientes en esa contradicción de tesis confirmaron la determinación de otorgar la suspensión contra el corte del servicio del suministro de agua potable de uso doméstico proporcionado por un particular concesionario, pero difirieron respecto a la necesidad de garantizar la efectividad de la medida cautelar otorgada.
17. En efecto, uno de los órganos jurisdiccionales reiteró que era necesario establecer un requisito de efectividad para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se pudieran generar con motivo del otorgamiento de la suspensión en caso de que la parte quejosa no obtuviera una resolución favorable, tanto por el importe del adeudo conocido como por los incrementos que se dieran durante la tramitación del juicio.
18. Asimismo, dicho órgano consideró aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 6/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte intitulada: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA LA ORDEN DE CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR SU PAGO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO O ACREDITAR HABERLO HECHO ANTE AQUEL ORGANISMO.", para sustentar que la suspensión otorgada contra el corte del servicio de agua, al igual que el de la luz eléctrica, requiere de garantizar el pago de las cantidades determinadas por quien presta el referido servicio.
19. En cambio, el otro Tribunal Colegiado consideró que si el acto reclamado lo constituyó la suspensión del servicio público de agua potable, saneamiento y drenaje, entendida ésta como la privación al derecho humano de acceso al agua y al saneamiento y fue precisamente respecto de tal acto que se solicitó la suspensión; entonces, el Juez debió resolver sobre tal cuestión, sin que tomara en cuenta que la cantidad precisada como adeudo fuera el acto reclamado en el juicio, pues al condicionar la medida a la exhibición de la garantía fiscal prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo, prácticamente estaba suspendiendo el cobro del adeudo, al equipararlo a un crédito fiscal, sin que al momento de resolver sobre la suspensión existiera petición del quejoso para tenerlo como acto reclamado, ni petición de suspensión.
20. De igual manera, precisó que la efectividad de la medida cautelar contra el corte del servicio de agua potable no debía condicionarse a fijar garantía alguna para reparar los daños y perjuicios que se pudieran generar, ya que al analizar el orden público e interés social debía prevalecer el interés de la sociedad en que todas las personas tengan acceso a los servicios públicos del agua y saneamiento por tratarse de un derecho humano, pues al suspenderse la prestación de ese servicio no sólo se ponía en riesgo la salud de las personas que habitaban el inmueble en el que se efectuó el corte, sino que podrían ocasionarse enfermedades o padecimientos que afectaran la salud pública.
21. Por lo que determinó modificar la interlocutoria recurrida y conceder la suspensión definitiva a la parte quejosa, prevaleciendo los efectos restitutorios dados por el Juez en el sentido de que se restituya el servicio de agua potable y descarga de aguas residuales (drenaje), sin que se requiriera constitución de garantía del interés fiscal ante la autoridad respectiva para que surtiera efectos la medida cautelar, al no encontrarse el acto reclamado en alguno de los supuestos referidos en el numeral 135 de la Ley de Amparo.
22. Tomando en cuenta las dos posturas, el citado Pleno de Circuito resolvió la contradicción de tesis, con base en las siguientes consideraciones:
• Precisó que el único acto materia de análisis de ese asunto era la procedencia de la medida cautelar en contra de la orden de corte del servicio de agua potable, saneamiento, drenaje y alcantarillado de uso doméstico y no la determinación de algún crédito fiscal.
• Determinó que el punto de contradicción consistía en dilucidar si procedía o no fijar algún requisito de efectividad al otorgar la suspensión en un juicio de amparo promovido contra el corte del servicio del suministro de agua potable de uso doméstico proporcionado por un particular concesionario.
• Consideró procedente otorgar la medida cautelar contra el acto reclamado para el efecto de que el servicio de suministro de agua se siguiera prestando, pero precisó que fuera de manera restringida, esto es sólo debía otorgarse el mínimo vital, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud corresponde a cincuenta litros de agua por persona al día en el supuesto de uso personal y doméstico, sin que debiera exigirse algún requisito de efectividad previsto en los artículos 135, 139 y 147 de la Ley de Amparo para que surtiera efectos la medida cautelar.
• Para sustentar lo anterior, reiteró que el acto reclamado no se refería a algún crédito fiscal ni se advertía que con el otorgamiento de la medida cautelar se defraudaran derechos de terceros y que se evitaran perjuicios a los interesados, pues se trataba del derecho humano de acceso al agua, respecto del que existe un parámetro de control de regularidad constitucional que lo protegía, previsto en los preceptos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el numeral 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los numerales 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Observación General Numero Quince del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
• Aunado a que el uso de agua para fines personales siempre debía prevalecer sobre cualquier otro derecho, dado que estaba íntimamente vinculado con el derecho a la vida, la salud y otros derechos humanos que le son interdependientes.
• De igual manera, implicaba una obligación del Estado y de todos los operadores jurídicos el proteger a las personas sobre cortes absolutos del servicio, como se había sustentado en la Observación General Numero Quince del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
• Tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia intitulada "SERVICIO CONCESIONADO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, DRENAJE Y/O ALCANTARILLADO PARA USO DOMÉSTICO. LA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA CONTRA SU SUSPENSIÓN PROCEDE SIN EXIGIRSE REQUISITO DE EFECTIVIDAD ALGUNO, PARA EL EFECTO DE QUE SE OTORGUE EL MÍNIMO VITAL."(8)
23. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito resolvió un asunto en el que un grupo de quejosos reclamó de una persona moral concesionaria de agua potable, drenaje y saneamiento, lo siguiente:
A) Que pedimos todos los promoventes en nuestro carácter de usuarios de servicio de agua potable, drenaje y saneamiento que reclamamos que la compañía Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A.P.I. de C.V., ha incumplido con el suministro del vital líquido de suministrarnos agua potable óptima para consumo humano ya que sólo ha suministrado agua doméstica a un precio excesivo para ser simple agua clorada y que de manera permanente llega a nuestro domicilio contaminada con sedimentos, lodos, vidrios, limo, el servicio de drenaje es deficiente, el agua doméstica; se refiere a agua para limpieza de los inmuebles, no para uso personal ni para cocinar los alimentos; lo que provoca una afectación real y actual a la esfera de los derechos de los suscritos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal, los tratados internacionales y demás ordenamientos; y,
B) En cuanto, a **********, el corte de suministro de agua potable, por un monto excesivo, desproporcionado y fuera de la realidad que sufrí en mi domicilio cuando es un derecho humano inalienable y vital.
24. El Juez de Distrito que conoció del asunto determinó otorgar la suspensión provisional, a los quejosos que reclamaron los actos del inciso a), para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban y no se retirara conexión alguna de red de agua potable.
25. Sin embargo, detalló que lo anterior no implicaba que a los promoventes se les excluyera o exentara del pago de los derechos por consumo de agua potable y con fundamento en los artículos 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo, determinó que la medida surtiría efectos una vez que éstos exhibieran en cualquiera de las formas establecidas por la ley las cantidades que adeudaran o el pago que correspondiera al recibo mensual por suministro de agua.
26. Respecto al quejoso que reclamó el acto del inciso b) transcrito, el Juez federal otorgó la medida cautelar para el efecto de que fuera reconectado el suministro de agua potable que surte en su domicilio hasta tanto resolviera la suspensión definitiva, sin que lo anterior implicara en modo alguno excluirlo o exentarlo del pago de los derechos por consumo de agua potable, pues también determinó con fundamento en los preceptos citados en el párrafo anterior, que la medida surtiría efectos una vez que el promovente exhibiera en cualquiera de las formas establecidas por la ley, la cantidad que adeudaba.
27. Contra la decisión anterior los quejosos interpusieron recurso de queja, en el que el Tribunal Colegiado confirmó la suspensión provisional en los términos en que el Juez de Distrito la otorgó, en atención a los siguientes motivos:
• Precisó que el condicionamiento de la medida cautelar provisional en los términos establecidos por el Juez de Distrito no se contraponía con el derecho humano al agua establecido en el precepto 4o. de la Constitución Federal.
• Estableció que el marco internacional desarrollado a partir de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocía la obligación a cargo de los integrantes del Pacto para garantizar el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. • Bajo la aplicación de esas disposiciones, se emitió la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que en sus puntos 13 y 16, establece que los Estados partes tienen la obligación de garantizar el ejercicio del derecho al agua sin discriminación alguna, por lo que proscribe toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud (incluido el VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho al agua, incluso en tiempos de grave escasez de recursos, pues es preciso proteger a los miembros vulnerables de la sociedad, mediante la adopción de programas específicos a un costo relativamente bajo.
• Acorde a lo anterior, reconoció que el servicio de suministro de agua potable es asequible, por lo que no está exento de pago de la cuota aplicable, lo cual tiene justificación en la solidaridad, cooperación mutua y equidad de los usuarios y a su vez legitima la facultad de suspenderlo por falta de pago.
• Consideró que era correcto que el Juez condicionara la efectividad de la suspensión provisional otorgada, ya que todas las personas que se benefician de dicho bien colectivo deben cubrir los pagos correspondientes, pues al dejar a cargo de unos cuantos usuarios el solventar dicho servicio, con la consecuente posibilidad de que el líquido vital no pueda suministrarse a todas las personas que la requieran, con la calidad y en la cantidad necesarias, se atentaría contra la dignidad de otros seres humanos, a quienes por tales motivos se les podría privar o reducir el disfrute de ese bien, no obstante ser un recurso fundamental para la vida, la salud y la dignidad humana, condiciones elementales previas para la realización de otros derechos humanos.
• Para sustentar lo anterior, expuso que partía del principio de que los servicios de agua debían ser asequibles para todos y que ningún individuo o grupo debería verse privado del acceso a agua potable por no poder pagar, pero el requisito de la asequibilidad también ponía de relieve que la recuperación de los costos no debía erigirse en un obstáculo al acceso al agua potable y saneamiento, especialmente para las personas de escasos recursos, pues los hogares más necesitados no debían cargar con una parte desproporcionadamente alta de los gastos en agua y saneamiento.
• Precisó que en el caso no existía prueba alguna que permitiera establecer ni siquiera de manera indiciaria la capacidad económica de los quejosos, como para considerar que pertenecían a un grupo de pobreza extrema que les impidiera garantizar el adeudo del servicio de agua potable, aunado a que el suministro implicaba un gasto en infraestructura para brindar un servicio individualizado que justificaba su pago por el usuario y, por ende, era procedente requerir una garantía que cubriera los adeudos para surtir efectos la suspensión otorgada.
• Destacó que en la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se manifestaba un exhorto a los Estados y a las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento, es decir, no se exhortó para que se otorgue el servicio de manera gratuita.
• Precisó que para fijar la garantía respectiva, el Juez atendió al recibo mensual por concepto de suministro de agua en el caso de los primeros quejosos y a la cantidad que dijo adeudar el quejoso que reclamó en lo particular en el segundo supuesto, sin que sea posible considerarlo como un cobro excesivo o inasequible, ya que no expresaban razón alguna tendente a evidenciar dichas características.
• Expuso que no soslayaba que el acceso al agua potable es un derecho humano esencial, pero no constituía un servicio que debía prestarse de manera gratuita sino de forma asequible, tal como lo establece el artículo 4o. constitucional, lo que justificaba su pago por parte del usuario y resultaba procedente requerir una garantía para que surtiera efectos la suspensión provisional otorgada por el a quo.
• Finalmente, resaltó que la tesis PC.VI.A. J/17 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, citada por los recurrentes, no lo obligaba al tenor de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo.
III.2. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
28. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte considera que el segundo requisito también queda cumplido en el presente caso, pues ambos órganos jurisdiccionales utilizaron su arbitrio judicial sobre los mismos problemas jurídicos.
29. En efecto, los órganos colegiados contendientes examinaron la procedencia de establecer una garantía como requisito de efectividad cuando se otorgue la suspensión en un juicio de amparo promovido contra el corte total del servicio de suministro de agua potable de uso doméstico proporcionado por un particular concesionario para el efecto de que continúe la prestación del servicio.
30. Lo anterior es así, pues el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito determinó que era improcedente fijar una garantía para que surtiera efectos la suspensión otorgada, dado que el acto reclamado no se refería a algún crédito fiscal o se advertía que con su otorgamiento se defraudaran derechos de tercero y que se evitaran perjuicios a los interesados, pues se trataba del derecho humano al agua y saneamiento y al suspenderse el servicio público se podía poner en riesgo la vida, salud y otros derechos que le son interdependientes.
31. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito sostuvo que sí procedía exigir una garantía como requisito de efectividad cuando se otorgue la suspensión contra el corte total de tal servicio y se obligue al particular concesionario a seguir prestándolo, ya que el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico debe ser en forma asequible, de conformidad con el artículo 4o., párrafo sexto, de la Constitución Federal.
32. Por lo que resultaba necesario condicionar la efectividad de la suspensión otorgada, ya que se debía cubrir el pago correspondiente y de no hacerlo se dejaría a cargo de otros usuarios el solventar dicho servicio con la consecuente posibilidad de que el líquido vital no se pudiera suministrar a todas las personas que lo requieran, lo que atentaría contra la dignidad de otros seres humanos reduciéndoles el disfrute de ese bien no obstante ser un recurso fundamental para la vida y salud y la realización de otros derechos humanos.
33. De esta manera, se considera que ambos órganos jurisdiccionales se ocuparon del mismo tema jurídico. Es decir, de la necesidad de establecer una garantía como requisito de efectividad, en términos de lo previsto en las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo, cuando se conceda la suspensión en contra del corte total de suministro de agua para el efecto de que se restablezca el servicio.
34. Sin que esta Segunda Sala soslaye que en el asunto que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito los quejosos hubieran reclamado otra serie de actos, pues a pesar de lo anterior, dicho tribunal condicionó la suspensión para el corte del servicio de suministro de agua potable para uso doméstico que había sido señalado como acto reclamado en la demanda y en específico, respecto del quejoso cuyo servicio había sido cortado.
35. Tampoco pasa inadvertido que en los antecedentes de los asuntos denunciados como contradictorios, los juzgadores federales hicieron pronunciamientos sobre la suspensión provisional y en otros sobre la definitiva, debido a que el señalamiento de las condiciones para que surta efectos la medida cautelar en un caso y en otro son los mismos.
36. Bajo tal entendimiento, es claro que los órganos jurisdiccionales contendientes no sólo analizaron las mismas cuestiones o problemas jurídicos, sino que sus ejercicios interpretativos y conclusiones resultaron opuestos; por tanto, se acredita el segundo requisito para la existencia de la contradicción de tesis y, por ende, se hace necesario que esta Segunda Sala de la Suprema Corte determine, en definitiva, la cuestión en aras de garantizar la seguridad jurídica.
III.3. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción de criterios.
37. De lo hasta aquí expuesto, es posible concluir que los criterios de los órganos contendientes reflejan una discrepancia consistente en determinar lo siguiente.
38. ¿Es procedente fijar una garantía como requisito de efectividad cuando el juzgador federal otorgue la suspensión en un juicio de amparo en el que se combate el corte total del servicio de suministro de agua potable de uso doméstico proporcionado por un particular concesionario para el efecto de que se obligue a este último a restablecer dicho servicio?
IV. Criterio que debe prevalecer
39. Para determinar el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es necesario traer a colación el contenido de los artículos 128, 132, 135, 136, 139, 147 y 157 de la Ley de Amparo:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y,
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30986-70fcdb91/servicio-de-suministro-de-agua-potable-para-uso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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