I. DERECHO A LA IDENTIDAD Y AL REGISTRO INMEDIATO DE NACIMIENTO. SU TUTELA EN EL ORDEN JURÍDICO NACIONAL. II. GRATUIDAD DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO. EL COBRO DE DERECHOS POR SU EXPEDICIÓN ES INCONSTITUCIONAL [INVALIDEZ DE LOS NUMERALES 2.1., EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "NACIMIENTO", DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALLENDE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, Y 18.3. DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, Y EN VÍA DE CONSECUENCIA, DEL NUMERAL 4, INCISO 4.1.2., DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GALEANA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, ASÍ COMO DE LA FRACCIÓN VII, NUMERAL 4, INCISO C), DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, Y DEL NUMERAL 18, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DISPONE: "ACTAS DE NACIMIENTO EXENTO EL DÍA 09 DE MAYO" DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, TODAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA]. III. GRATUIDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL Y DE LA EXPEDICIÓN DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO. NO PUEDE CONDICIONARSE ESTE DERECHO A PLAZO ALGUNO, POR LO QUE EL COBRO DE DERECHOS POR REGISTRO EXTEMPORÁNEO ES INCONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DE LOS NUMERALES 2.11. Y 2.12., DEL APARTADO II.6. DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALLENDE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, ASÍ COMO 18.2. DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IV. REGISTRO DE NACIMIENTO. COBRO DE DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN RELATIVA FUERA DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (REGISTRO A DOMICILIO), [FRACCIÓN VII, NUMERAL 4, INCISO B), DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, ASÍ COMO DEL NUMERAL 4, INCISO 4.1.3., DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GALEANA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA]. V. REGISTRO DE NACIMIENTO. VALIDEZ DE LOS DERECHOS POR REGISTRO A DOMICILIO (FUERA DE CAMPAÑAS), PREVISTO EN EL 4.1.3. DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GALEANA, CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016). VI. GRATUIDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL Y DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO. INVALIDEZ DE LA SANCIÓN POR REGISTRO EXTEMPORÁNEO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 18.2. Y 18.3. DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA, TODOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 2.1., EN LA PORCIÓN NORMATIVA "NACIMIENTO", 2.11. Y 2.12. DEL APARTADO II.6 DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, ASÍ COMO 18.2. Y 18.3. DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA; PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IGNACIO DE ZARAGOZA; FRACCIÓN VII, NUMERAL 4, INCISO C), DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA; Y EL 4, SUBINCISO 4.1.2. DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GALEANA, TODOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2016. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 6/2016 promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de diversos artículos de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis de los Municipios de Allende, Buenaventura, Galeana e Ignacio de Zaragoza, todos del Estado de Chihuahua, publicadas el veintiséis de diciembre de dos mil quince, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua.
I. Trámite
1. Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(1) promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las siguientes normas:
A. Los numerales 2.1., en la porción normativa "nacimiento", 2.11. y 2.12., del apartado II.6., de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Allende para el ejercicio fiscal 2016, que por disposición expresa del artículo primero, fracción II, de la misma norma, forma parte de ella.
B. El inciso B), del numeral 4, de la fracción VII, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Buenaventura para el ejercicio fiscal 2016, que por disposición expresa del artículo primero, fracción II, de la misma norma, forma parte de ella.
C. El numeral 4.1.3., de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Galeana para el ejercicio fiscal 2016, que por disposición expresa del artículo primero, fracción II, de la misma norma, forma parte de ella.
D. Los numerales 18.2. y 18.3., de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Ignacio Zaragoza para el ejercicio fiscal 2016, que por disposición expresa del artículo primero, fracción I, numeral 6, último párrafo, de la misma norma, forma parte de ella.
2. Autoridades emisora y promulgadora. Las normas generales impugnadas se emitieron por el Congreso y se promulgaron por el gobernador, ambos del Estado de Chihuahua.
3. Concepto de invalidez. En el concepto de invalidez se argumenta, en síntesis, que:
a) Los preceptos impugnados vulneran los derechos a la identidad y a la gratuidad del acto registral del nacimiento.
Del artículo 4o., párrafo octavo, constitucional, se desprenden tres derechos que las autoridades del Estado Mexicano deben proteger a toda persona, a saber: (1) a su identidad; (2) a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento; y, (3) la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento.
El artículo segundo transitorio, del decreto que reformó el artículo 4o. constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil catorce, dispuso que las Legislaturas Locales, dispondrían de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros, la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento; por tanto, si la reforma constitucional entró en vigor el dieciocho de junio de dos mil catorce, el plazo de seis meses feneció el dieciocho de diciembre de dos mil catorce y, a partir de esta fecha, el derecho a la gratuidad del registro del nacimiento y de la primera copia certificada es una prerrogativa exigible a todas las autoridades del Estado Mexicano.
b) No obstante, el legislador del Estado de Chihuahua, inobservó estos postulados constitucionales, al emitir las normas impugnadas, las cuales cobran el registro del nacimiento, al amparo de diversos conceptos, como los siguientes:
i. Al cobrar de manera genérica por la expedición de actas del estado civil de las personas, no distingue la gratuidad del registro del nacimiento, por lo que inconstitucionalmente le asigna un cobro.
ii. Al cobrar por el registro extemporáneo, ya sea de menores de seis meses a tres años de edad, o de tres a dieciocho años, asigna un cobro al registro del nacimiento, atendiendo a la temporalidad del mismo, mientras que la norma constitucional no señala una temporalidad límite para hacer efectivo el derecho a la gratuidad del registro del nacimiento.
iii. Cobro por expedición y certificación de actas de nacimiento a domicilio, fuera de campañas y programas o fuera de horario de oficinas, en estos casos el legislador asigna un cobro por tomar registro del nacimiento justificándolo como gastos necesarios para el traslado o la transcripción de las constancias.
c) Todas estas distinciones y cobros resultan inadmisibles para el ejercicio del derecho fundamental a la identidad, pues para la satisfacción de este derecho, siempre es necesario un elemento externo y ajeno al gobernado, que recae exclusivamente en el Estado, el asentar el nacimiento en los archivos del Registro Civil; y si la Constitución no distingue elemento alguno para justificar un cobro al registro del nacimiento, ni siquiera por concepto de gastos necesarios, resulta inconstitucional cualquier cobro que pretenda realizar el legislador secundario relacionado con el registro del nacimiento y con la expedición de la primer copia certificada del acta de nacimiento.
d) El Estado no puede cobrar el registro del nacimiento, alegando que se trata de una medida válida para recuperar determinados gastos que se erogan para la consecución del registro; pues al reconocerse en la Constitución el derecho a la identidad, registro inmediato y gratuito del nacimiento y de la primer copia certificada del acta de nacimiento, el Estado Mexicano tiene la obligación de avalar el acceso a estos derechos fundamentales, por lo que no se trata de un servicio, sino de una garantía constitucional para hacer efectivo un derecho humano.
e) Así, no existe una distinción válida para que el legislador del Estado de Chihuahua, reconozca la gratuidad del acto registral del nacimiento en otras leyes hacendarias municipales y no en las leyes impugnadas.
f) Al afectar el derecho humano al registro inmediato y gratuito del nacimiento, el legislador local también afecta o pone en situación de vulnerabilidad los derechos al nombre, a la nacionalidad, a la filiación, a la personalidad jurídica, entre otros, pues se trata de un presupuesto formal para la inclusión y desarrollo de estos derechos.
g) Estos cobros afectan en mayor medida a la población más marginada, que vive en áreas rurales, zonas remotas o fronterizas.
4. Artículos señalados como violados. La promovente señaló como violados los artículos 1o. y 4o. constitucionales, artículo segundo transitorio, del Decreto que reforma el artículo 4o. constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil catorce, artículos 3 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
5. Registro y turno. Por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciséis,(2) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 6/2016, y turnarlo a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora.
6. Admisión. La Ministra instructora por acuerdo de veintiocho de enero de dos mil dieciséis,(3) admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para que rindieran sus informes dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación del citado auto.
7. Informe del Poder Ejecutivo. El Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, rindió informe mediante escrito recibido el quince de febrero de dos mil dieciséis,(4) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:
a) Que era cierto que había promulgado y publicado las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis de los Municipios de Allende, de Buenaventura, de Galeana y de Ignacio Zaragoza, todos del Estado de Chihuahua.
b) Que el Congreso del Estado de Chihuahua fundó y motivó su actuación en la exposición de motivos que antecedió a la iniciativa y de los debates que se dieron durante el estudio, dictamen, discusión y aprobación.
8. Informe del Poder Legislativo. La diputada presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua y el titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana del referido Congreso, rindieron informe mediante oficio S.P./87/2016, recibido el veintidós de febrero de dos mil dieciséis,(5) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (ibídem, fojas 100 a 125) en el que manifestó, esencialmente, lo siguiente:
a) Que ante ese Congreso se presentaron los proyectos de leyes de ingresos de los Municipios de Allende, de Buenaventura, de Galeana y de Ignacio Zaragoza, los cuales siguieron el proceso legislativo, en el cual se respetó, tanto el catálogo de conceptos, como la forma y cobro de los mismos que se presentó por los Municipios.
b) Reconoce la importancia y trascendencia del derecho a la identidad, por lo que es primordial identificar a las personas, a través del acta de nacimiento, en que se asiente de manera fidedigna su información básica, como lo es el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad y el nombre de los padres.
c) Que en la actualidad existen personas que no son registradas, por lo que el Código Civil del Estado de Chihuahua establece la obligación de los padres de declarar el nacimiento de sus hijos, dentro de los ciento ochenta días siguientes, al Registro Civil, también la obligación de los médicos, matronas o personas que hubieren asistido al parto, de dar aviso del nacimiento, a dicho registro dentro de los diez días siguientes y también prevé que en las poblaciones en las que no exista Registro Civil, el niño deberá ser presentado ante la autoridad administrativa que dará la constancia respectiva, que los interesados deberán llevar al Registro Civil para que se asiente el acta.
d) Que estas medidas buscan garantizar que el Estado cumpla con su obligación de tutelar el derecho a la identidad de las personas.
e) De ahí que exista la necesidad de establecer mecanismos tendentes a garantizar que los padres, como principales obligados de registrar el nacimiento de sus menores hijos, ocurran ante las autoridades competentes para cumplir con esa obligación.
Lo que propició se establecieran en las leyes de ingresos impugnadas, contribuciones de carácter extra fiscal para fomentar el inmediato registro del nacimiento de los menores.
f) Las normas impugnadas cumplen con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el registro del nacimiento del menor, se encuentra exento de pago, únicamente se señalan costos para inhibir el registro extemporáneo, atendiendo a los plazos previstos en el Código Civil Local.
g) Del mismo modo, el registro fuera del domicilio, se cobra siempre que se realice fuera de campaña o que no esté justificado por la enfermedad del menor; por lo que si no hay una causa justificada para que la autoridad competente deba presentarse al domicilio del menor, sino que únicamente responde a la solicitud de los padres por conveniencia personal, la autoridad administrativa, al tratarse de un derecho, cobra los gastos que le genera trasladarse para poder prestar dicho servicio al particular, el cual si decidiera acudir a las oficinas correspondientes, bajo los lineamientos establecidos, obtendría de forma gratuita el registro correspondiente.
9. Recepción de informes, requerimiento y vista a las partes para la formulación de alegatos. Mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis,(6) se tuvo por presentado el informe solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, por designados sus delegados y señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y se le requirió para que remitiera un ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el que se publicaron las normas impugnadas, requerimiento que se tuvo por desahogado en auto de dos de marzo de dos mil dieciséis.(7)
10. Por otra parte, mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis,(8) se tuvo por presentado el informe solicitado al Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, por designados sus delegados y señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, quedaron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos por escrito.
11. Alegatos. Por escritos presentados el diez(9) y once(10) de marzo de dos mil dieciséis, la diputada presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua y el delegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, formularon sus alegatos.
12. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis,(11) se tuvieron por formulados los alegatos del Congreso del Estado de Chihuahua y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se cerró la instrucción para efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
II. Consideraciones
13. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) el artículo 1o. de su ley reglamentaria(13) y la fracción I del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(14) toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversas disposiciones generales locales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.
14. Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(15), dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad, es de treinta días naturales y, su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
15. Las leyes de ingresos, cuyas disposiciones se impugnan, se publicaron en el Periódico Oficial de la entidad, el veintiséis de diciembre de dos mil quince,(16) por lo que el plazo de treinta días naturales para efectos del cómputo respectivo, transcurrió del veintisiete de diciembre de dos mil quince al veinticinco de enero de dos mil dieciséis.
16. Luego, si el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, debe estimarse oportuna su interposición.
17. Legitimación. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con la copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República.(17)
18. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad, respecto de leyes federales o estatales que contraríen el orden constitucional.
19. Ahora bien, por lo que respecta a su presidente, dicho funcionario cuenta con facultades para representar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y promover acciones de inconstitucionalidad en su nombre, de conformidad con los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(18) y 18, de su reglamento interno.(19)
20. Así, en el caso, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió la presente acción de inconstitucionalidad, en contra de diversos preceptos de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, de los Municipios de Allende, Buenaventura, Galeana e Ignacio Zaragoza, todos del Estado de Chihuahua, y si esos preceptos están inmersos en leyes de naturaleza estatal, es evidente que el organismo autónomo accionante, tiene legitimación para impugnarlos.
21. Procedencia. La presente acción encuadra en el supuesto de procedencia, previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de que en la presente acción de inconstitucionalidad las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni este Tribunal Pleno, advierte que la actualización de alguna; por lo que procede el análisis de los conceptos de invalidez planteados por la actora.
III. Estudio de fondo
22. Para estudiar la problemática planteada, debe acudirse al texto del artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución, así como al transitorio segundo del decreto de reforma constitucional de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce.
"Artículo 4o. ...
"Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento."
"Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento."
23. De los preceptos constitucionales citados, se obtiene que (i) todas las personas tienen derecho a la identidad y a ser registradas de manera inmediata a su nacimiento; (ii) el Estado debe garantizar este derecho; (iii) la primera copia certificada del acta de nacimiento debe expedirse de manera gratuita; y, (iv) las entidades federativas, tuvieron un plazo de seis meses para establecer en sus respectivas legislaciones la exención de cobro mencionada.(20)
24. Con las disposiciones transcritas, el marco constitucional mexicano brindó una protección más amplia al derecho a la identidad, garantizando que dicho derecho se materialice en favor de los ciudadanos sin costo alguno, es decir, sin que la erogación de recursos para costear el trámite, signifique un obstáculo al ejercicio de tal derecho. Ello, porque los tratados internacionales en la materia no reconocen el aspecto de gratuidad que sí reconoce nuestra Constitución, pues se limitan a exigir a los Estados que garanticen a sus ciudadanos el derecho a la identidad y al registro del nacimiento de toda persona.
25. Tal es el caso del artículo 24.2,(21) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece la obligación de garantizar la inscripción inmediata de todos los niños después de su nacimiento.
26. Obligación que también se prevé en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,(22) la cual reconoce el derecho de todos los hijos de los trabajadores migratorios al registro de su nacimiento, de conformidad con su artículo 29.(23)
27. Lo mismo que por la Convención sobre los Derechos del Niño,(24) que obliga al Estado a garantizar la inscripción inmediata de todos los niños después de su nacimiento y a respetar el derecho que tienen a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de acuerdo con el texto de los artículos 7,(25) y 8.(26)
28. Ahora bien, este Tribunal Pleno estima que, el texto constitucional señalado es claro, por lo que la obligación de garantizar la gratuidad del registro de nacimiento y de la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento es categórica, sin posibilidad alguna de establecer excepciones a la misma.
29. Incluso, en la primera de las dos iniciativas que dieron lugar al proceso de reforma constitucional del artículo 4o. constitucional, se propuso establecer un plazo para que las personas pudieran beneficiarse de la gratuidad;(27) sin embargo, esta propuesta se suprimió por la Cámara Revisora, al elevar la gratuidad a rango constitucional, porque en sus propias palabras se quiso "ir más allá de los compromisos internacionales". (28)
30. Por consiguiente, si no se puede condicionar la gratuidad en la inscripción en el Registro Civil y la primera copia certificada del acta de nacimiento a plazo alguno, ello significa que ambos derechos se pueden ejercitar de manera gratuita en cualquier momento, independientemente de la edad cronológica de la persona; por este motivo, el cobro de derechos por registro extemporáneo ha quedado proscrito en México y las leyes estatales no pueden fijar plazos que permitan el cobro del registro o de la primera copia certificada del acta de nacimiento.
31. En este sentido, se trata de un derecho de carácter universal, en la medida que el Texto Constitucional no establece ningún límite ni restricción para su titularidad, ni para su goce o ejercicio. Asimismo, se tiene que la inscripción del nacimiento es indivisible del reconocimiento del derecho a la identidad, toda vez que el sujeto cobra existencia legal para el Estado por virtud de este acto jurídico, es decir, a partir de su inscripción en el Registro Civil, se le reconoce una identidad con base en la cual puede ejercer, por interdependencia, otros derechos humanos, como son los inherentes a la nacionalidad y a la ciudadanía.
32. De tal forma que el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar estos derechos a plenitud con miras a alcanzar el registro universal, gratuito y oportuno de los nacimientos, tal como ordenó el Constituyente Permanente.
33. Ahora bien, en el caso, el organismo autónomo accionante tilda de inconstitucionales, diversas disposiciones de las tarifas anexas a las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, de los Municipios de Allende, Buenaventura, Galeana y de Ignacio Zaragoza, todos pertenecientes al Estado de Chihuahua, mediante las que se establecen el pago de derechos, por inscribir, anotar o asentar el nacimiento de una persona, por la expedición de actas de nacimiento, y por el registro extemporáneo, y el que sea a domicilio, fuera de campañas y de programas.
34. Partiendo de las anteriores premisas, se procede a examinar la constitucionalidad de las disposiciones de cada una de las leyes de ingresos impugnadas.
35. A) Ley de ingresos de la municipalidad de Allende. En primer lugar, se estudian los numerales 2.1., en la porción normativa "nacimiento", 2.11. y 2.12., del apartado II.6., de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio en mención, para el ejercicio fiscal 2016, que son del tenor siguiente:
Ver tarifa 1
36. Con base en una lectura integral del artículo transcrito, se puede concluir que sí son inconstitucionales las fracciones impugnadas, por una parte, al contemplar el cobro por la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento y, por otra, al prever el cobro de un derecho por registro extemporáneo, siendo que el mismo ha quedado proscrito en el orden jurídico nacional, como se señaló anteriormente.
37. Por eso, resulta fundado el concepto de invalidez planteado en contra de los numerales 2.1., en la porción normativa "nacimiento", 2.11. y 2.12., del apartado II.6., de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Allende para el ejercicio fiscal 2016 y lo conducente es declarar su invalidez.
38. B) Ley de Ingresos de la Municipalidad de Buenaventura. Por otra parte, se analiza el inciso B), del numeral 4, de la fracción VII, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio en comento para el ejercicio fiscal 2016, que es del tenor siguiente:
Ver tarifa 2
39. Con base en una lectura integral del apartado transcrito, se advierte que la gratuidad de la inscripción del nacimiento, se quiso garantizar para las personas que acudan a las oficinas del Registro Civil [subinciso A)], ya que fuera de sus oficinas, se contempla el cobro del registro a domicilio [subinciso B)].
40. De tal forma que si los subincisos A) y B) se leen de forma sistemática, con el inciso 4) que los contiene, se puede concluir que su texto es constitucionalmente válido, ya que si la persona está interesada en obtener el registro y la primera copia certificada del acta de nacimiento de forma gratuita, basta con que acuda al Registro Civil. En cambio, si quiere realizar éste fuera de sus oficinas, como se permite en esta legislación, la persona en cuestión deberá pagar los derechos previstos en los incisos impugnados.
41. En este sentido, en el subinciso B), se presta un servicio público adicional a la inscripción y a la expedición del acta de nacimiento, en específico, por los gastos erogados por el traslado del personal del Registro Civil, los cuales resultan, válidos, que el Municipio procure recuperar, ya que son conceptos que van más allá de su obligación constitucional y que le brindan a los particulares una posibilidad de obtener el mismo servicio con un valor agregado, de manera que el traslado no puede considerarse como un costo para obtener el registro o la expedición de la primera acta de nacimiento.
42. Por tanto, resulta infundado el concepto de invalidez planteado en relación con el subinciso B), inciso 4), del artículo VII, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos de la Municipalidad de Buenaventura para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis.
43. C) Ley de Ingresos del Municipio de Galeana. En otro aspecto, se analiza el subinciso 4.1.3., de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de mérito, para el ejercicio fiscal 2016, que es del tenor siguiente:
Ver tarifa 3
44. Con base en una lectura integral del artículo transcrito –lo mismo que en el caso de la ley de ingresos anterior– se concluye que el numeral 4, que contiene el subinciso impugnado se debe leer de forma sistemática con el primer párrafo del propio artículo y con el subinciso 4.1.1., cuyo texto garantiza la gratuidad de la inscripción y de la primera copia certificada del acta de nacimiento, como se puede constatar con su texto.
45. Por este motivo, también en la Ley de Ingresos de la Municipalidad de Galeana, el cobro de los derechos impugnados se debe entender por concepto de traslado y no por la inscripción en el Registro Civil ni por la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento, ya que ambas se encuentran exentas.
46. D) Ley de Ingresos del Municipio de Ignacio Zaragoza. Finalmente, se procede al análisis de los incisos 18.2. y 18.3., de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio en mención para el ejercicio fiscal 2016, que son del tenor siguiente:
Ver tarifa 4
47. De la lectura de las anteriores disposiciones, se advierte atentan contra del derecho a la gratuidad del registro de nacimiento y de la expedición de la primera copia certificada del acta respectiva –como ocurrió en el caso de las disposiciones del Municipio de Allende– al contemplar tanto el cobro de derechos por la sola inscripción del nacimiento, como por el registro extemporáneo; por lo que resultan inconstitucionales.
IV. Efectos
48. En atención a las conclusiones alcanzadas, con fundamento en la fracción IV del artículo 41 de la ley reglamentaria en relación con el artículo 73 del mismo ordenamiento,(29) procede declarar la invalidez de las siguientes disposiciones:
a) Los numerales 2.1., en la porción normativa "nacimiento", 2.11. y 2.12., del apartado II.6., de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
b) Los incisos 18.2. y 18.3., de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Ignacio Zaragoza, Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
Asimismo, con fundamento en la fracción IV del artículo 41 en relación con el artículo 73, ambos de la Ley Reglamentaria, este Tribunal Pleno considera que la invalidez decretada debe hacerse extensiva al primer párrafo del artículo 18 de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Ignacio Zaragoza, Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en la parte que señala: "Actas de nacimiento exento el día 9 de mayo,", no obstante que la misma no fue impugnada.
Lo anterior, toda vez que condiciona la gratuidad de la primera copia certificada del acta de nacimiento a que se solicite el día nueve de mayo, gratuidad que no puede estar sujeta a ninguna condición.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Tribunal Pleno contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 53/2010, de rubro siguiente: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS."(30)
c) Con fundamento en la fracción IV del artículo 41, en relación con el artículo 73, ambos de la ley reglamentaria, este Tribunal Pleno considera debe declararse por extensión, la invalidez de la fracción VII, numeral 4, inciso c), de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Buenaventura, Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
d) Con fundamento en la fracción IV del artículo 41, en relación con el artículo 73, ambos de la ley reglamentaria, este Tribunal Plen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27907-a1b1b442/i-derecho-a-la-identidad-y-al-registro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
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