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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA DETERMINAR SOBRE SU OTORGAMIENTO CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE NO SE APLIQUEN AL QUEJOSO LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS PLANES DE PENSIONES, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE ENERO DE 2016, DEBE ATENDERSE A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 128 Y NO A LA ESPECIAL CONTENIDA EN EL NUMERAL 135, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2017. · Registro digital (IUS): 27915
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-06-29
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo III, Pág. 2266.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 22 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ Y DIÓGENES CRUZ FIGUEROA. DISIDENTE: MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ GONZÁLEZ. PONENTE: DIÓGENES CRUZ FIGUEROA. SECRETARIO: SALVADOR ALEJANDRO LOBATO RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que los asuntos de los que deriva se emitieron por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Sexto Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia inicial de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al ser el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien la realiza, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados. En las ejecutorias de las que derivaron los criterios que se estiman discrepantes, los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa de este Circuito, expusieron las siguientes:

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el incidente en revisión IR. 308/2016, el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en lo que interesa, por unanimidad de votos, determinó:

"CUARTO.—Análisis del recurso de revisión principal. En el primero de los agravios formulados se esgrimió, en esencia, lo siguiente:

"Que la resolución recurrida no está fundada y motivada en términos del derecho consagrado por el artículo 16 constitucional, en relación estrecha con los artículos 12, 146 y 148 de la Ley de Amparo, ya que contrario a lo manifestado por el a quo, los efectos solicitados en la suspensión del acto reclamado, no contravienen el orden público y el interés social.

"Que en la interlocutoria recurrida el a quo negó el otorgamiento de la suspensión definitiva por considerar que no se satisfizo el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, que con la concesión de la suspensión se causa perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público.

"Además, por estimar que de concederse la suspensión definitiva se contravendría lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Carta Magna, pues es obligación de la moral quejosa enterar las aportaciones de seguridad social en los términos de ley.

"Que el Juez Federal consideró que los efectos para los que se solicitó la suspensión, consistentes en continuar entregando las cantidades de pensión por subsistencia en los términos anteriores a la entrada en vigor de las normas reclamadas, implican excluir dichas cantidades del salario base de cotización en el pago de las aportaciones de seguridad social, lo que no puede suspenderse por ser de orden público e interés social.

"Sin embargo, se debió otorgar la medida cautelar solicitada, pues sí se cumplen los extremos de la fracción II del numeral 128 de la ley en comento, puesto que con la concesión de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social.

"Que esto es así, ya que la quejosa no sólo otorga un salario (producto del trabajo y plusvalía de sus trabajadores), sino también una ‘pensión por subsistencia’, que de acuerdo al artículo 27, fracción VIII, de la Ley del Seguro Social, se trata de una cantidad aportada para fines sociales, como un complemento al salario que éstos perciben e incluso de la propia seguridad social que el Instituto Mexicano del Seguro Social (lMSS) puede brindar a los trabajadores.

"Además, que debe entenderse que las cantidades que la quejosa entregaba a sus trabajadores bajo el rubro: ‘pensión por subsistencia’, antes de la entrada en vigor de las normas tachadas de inconstitucionales son aportaciones para fines sociales, pues no eran un producto directo del trabajo de sus empleados, sino eran entregadas a través de un plan de pensión que fue autorizado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

"Que es infundado que con la concesión de la suspensión se contravendría lo señalado por el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Carta Magna; ya que la quejosa no busca evadir sus obligaciones en materia de seguridad social, pues con las pruebas ofrecidas en el juicio de amparo se demostró que cuenta con trabajadores, los cuales están dados de alta ante el IMSS y, por ello, realiza aportaciones de seguridad social tomando como su base el salario base de cotización, esto es, el conformado por su salario y otros ingresos producto directo de su trabajo.

"Que antes de la entrada en vigor de las normas reclamadas las erogaciones que venía realizando la quejosa a través del ‘Plan de Pensión de Subsistencia’, no integraban parte del salario base de cotización, por lo cual tampoco formaban parte de las aportaciones de seguridad social a cargo de la impetrante del amparo, es decir, de acuerdo a la legislación anterior, estos conceptos nunca formaron parte del ingreso del IMSS, pero sí contribuían con la previsión social.

"Que con la concesión de la suspensión definitiva el IMSS no percibirá menos aportaciones de seguridad social ya que estas cantidades nunca formaron parte del salario base de cotización de los trabajadores y nunca, porque en el supuesto de que tales erogaciones comiencen a ser consideradas como erogaciones sujetas a las aportaciones de seguridad social, la finalidad de su constitución perderá todo sentido y la quejosa se verá orillada a dejar de implementar dicho ‘Plan de Pensión por Subsistencia’, pues es un concepto de previsión social que se otorga de forma voluntaria, es decir, no es obligación del patrón constituir este tipo de esquema voluntario, sino más bien, es una brecha dejada por el legislador que permite a la iniciativa privada mejorar la calidad de vida de las clases más desprotegidas como la obrera, que por ley, es subrogada por el Estado.

"Que el efecto inmediato de las normas tachadas de inconstitucionales es desincentivar al patrón para contribuir con el fortalecimiento de la seguridad social en el país, tal y como lo permite el artículo 27, fracción VIII, de la Ley del Seguro Social, pues en el supuesto de que se niegue la suspensión definitiva y en el caso de que se declare la constitucionalidad de las normas reclamadas, la única consecuencia inmediata es que la impetrante anule la ‘pensión por subsistencia’ a favor de sus trabajadores, y con ello, la quejosa seguirá determinando la misma cantidad de cuotas obrero patronales, con lo cual no se considerará que el IMSS percibirá menores o mayores ingresos, ya que dichas aportaciones de previsión social nunca formaron parte de la base de las aportaciones de seguridad social, pero lo que sí es seguro, es que la calidad de vida que sus trabajadores habrían alcanzado gracias a su gratuidad, se verá menoscabada, conculcando con ello la seguridad social que la Carta Magna contempla en su artículo 123, apartado A, fracción XXIX.

"Que el segundo de los requisitos previstos en el numeral 128 de la Ley de Amparo, también se encuentra satisfecho pues la obligación de declarar cantidades por concepto de ‘Plan de Pensiones de Subsistencia’ se trata sólo de una obligación formal, cuyo fin consiste en beneficiar las necesidades elementales de los trabajadores, esto es, el otorgamiento de la medida no afecta el interés social ni el orden público, pues únicamente consiste en impedir que las normas reclamadas no surtan sus efectos y consecuencias en la promovente del amparo.

"Que con la concesión de la medida cautelar solicitada no se transgrede el interés social porque los efectos de ésta sólo consisten en que la quejosa pueda seguir entregando cantidades por concepto de ‘Plan de Pensiones de Subsistencia’ en la forma y términos en los que lo venía realizando, es decir conforme a las Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil catorce y, en ese sentido, es claro que de ninguna manera se transgrede el orden público y el interés social.

"Que sopesando si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir la quejosa, se obtiene que si bien la sociedad está interesada en que toda persona contribuya al gasto público esencialmente mediante la tributación, pues de contar con mayores recursos, se pueden atender diversas áreas prioritarias para la población; sin embargo, en el caso concreto, no se infiere que con el otorgamiento de la medida solicitada, resulte afectada la colectividad, o en su defecto, que sea privada de algún derecho o privilegio; por otra parte, del análisis del acto reclamado, tampoco se advierte que se contravengan disposiciones de orden público, aunado a que no se causa perjuicio a la colectividad por no afectarse la facultad recaudatoria del Estado, ni tampoco su concesión exime al contribuyente de la exigencia consistente en que la elaboración de dichos planes de pensiones deben llevarse a cabo con total transparencia y en auténtico beneficio de los trabajadores; sino que lo obliga a seguir entregando cantidades por concepto de ‘Plan de Pensiones de Subsistencia’ en la forma y términos en los que se venía realizando, de acuerdo con la legislación anterior, lo que de manera alguna contraviene la citada fracción ll del artículo 128, ya que si la norma reclamada es declarada constitucional, la consecuencia sería que el contribuyente tenga que ajustarse a la norma vigente.

"Por otro lado, también esgrime la recurrente que el a quo no realizó un avistamiento provisional sobre la legitimidad de la causa de pedir de la quejosa y mucho menos, un estudio somero sobre la posible inconstitucionalidad de la unidad jurídica reclamada y del posible daño inminente e irreparable que se causaría con su aplicación, tanto a la quejosa como al interés social de los trabajadores.

"Que si bien uno de los efectos y consecuencias inmediatas de las Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones tachadas de inconstitucionales es que las aportaciones que eroga a través del Plan de Pensión a favor de sus trabajadores, pasen a formar parte del salario base de cotización para efectos de las aportaciones de seguridad social, el hecho de que la quejosa solicite la suspensión de la norma general reclamada no implica que ésta incumpla con sus obligaciones en materia de seguridad social, ya que en realidad la vigencia de estas normas viene a perjudicar al sistema de pensión de subsistencia que implementa y a perjudicar de forma indirecta al interés social conformado por sus trabajadores, pues como bien, se precisó en el escrito de garantías (sic), dichas normas restringen la naturaleza del Plan de Pensión de Registro Electrónico, al calificarlo únicamente como una pensión por jubilación, cuando en realidad dicho plan de pensión puede ser de otra índole, como lo señala el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Que de dicha porción constitucional se desprende que a voluntad del legislador social, con la finalidad de proteger a las clases más desprotegidas, se reconoce que dicha clase social podrá disfrutar de seguros por invalidez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades, accidentes, así como de cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

"Que al negarse la suspensión definitiva se causa un perjuicio a la quejosa e inclusive se altera el orden público e interés social, pues al no permitirle que siga entregando las cantidades por concepto de ‘pensión por subsistencia’ en los términos en los que lo venía haciendo, la previsión social a favor de sus trabajadores sería nula.

"Que en el caso tienen aplicación, por identidad jurídica sustancial, las tesis de rubros:

"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS SEXTO Y SÉPTIMO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 2005, QUE AUN CUANDO IMPIDEN LA DISMINUCIÓN DE LAS DEUDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2007 DE LA BASE GRAVABLE NO SE AFECTA LA FACULTAD RECAUDATORIA DEL ESTADO Y, POR ENDE, NO SE CONTRAVIENE EL ARTICULO 124, FRACCIÓN ll, DE LA LEY DE AMPARO.’

"‘SUSPENSIÓN DEBE SER CONCEDIDA POR REGLA GENERAL CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES.’

"Que lo que realmente trae como consecuencia que se transgreda el orden público y el interés social es precisamente la negativa de suspensión, en tanto que dicha negativa lleva implícita la privación a los trabajadores de la quejosa de un beneficio que le otorgan las leyes, como lo es la entrega de cantidades que se venían ya suministrando a su favor, por concepto de Plan de Pensiones de Subsistencia en la forma y términos previstos conforme a las Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil catorce, por ende, dicha negativa afecta a una población económicamente vulnerable como lo son los trabajadores.

"Que en el presente caso no puede considerarse que la quejosa tiene un simple interés privado, y el Estado tiene la representación del interés público en la prestación de sus servicios, en tanto que dicho razonamiento pierde de vista que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada no se beneficia a un simple particular sino a una población económicamente vulnerable, como lo son los trabajadores.

"Por otro lado, en el segundo de los agravios propuestos se adujo, sustancialmente, lo siguiente:

"Que la sentencia interlocutoria recurrida le causa agravio por contravenir lo dispuesto en los artículos 147, segundo párrafo y 148 de la Ley de Amparo, toda vez que al ser el acto reclamado una norma general la suspensión tiene como finalidad impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso, lo cual se puede conceder mediante un asomo provisional al fondo del asunto.

"Que conforme a los numerales referidos, en los juicios de amparo en los que se reclame una norma general, la suspensión se concederá para impedir que los efectos y consecuencias de la norma reclamada infieran en la esfera jurídica del gobernado hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo respectivo, esto tratándose de normas autoaplicativas y, por lo que concierne a normas heteroaplicativas, además de los efectos antes señalados, la suspensión también se concederá por lo que atañe a los efectos y consecuencias específicas derivadas del primer acto de aplicación; asimismo, cuando sea concedida la suspensión el Juez ordenará que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren y en caso de ser jurídica y materialmente posible podrá restablecer al gobernado en el goce del derecho violado.

"Que las tesis que refirió, de rubros:

"‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO, DISCRECIONALIDAD DE LOS JUECES Y MECANISMOS DE CONTROL Y EXCLUSIÓN DE LA ARBITRARIEDAD QUE DEBEN CONSIDERARSE CUANDO SEA NECESARIO DARLE UN EFECTO RESTAURATIVO, PROVISIONAL Y ANTICIPADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA.’ y

"‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA, A PESAR DE QUE PUEDA ADELANTAR LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN FINAL, SI ES NECESARIO PARA ASEGURAR UNA TUTELA CAUTELAR EFECTIVA QUE PRESERVE LA MATERIA DEL JUICIO Y LA CABAL RESTITUCIÓN DEL AFECTADO EN SUS DERECHOS.’

"Revelan que el Constituyente Permanente con la reforma constitucional en materia de amparo de seis de junio de dos mil once, respecto a la medida cautelar consistente en la suspensión del acto reclamado, tuvo la intención de dotar a ésta de una mayor eficacia y amplitud al convertirla en un instrumento de protección y restitución de derechos humanos, pero además estableció mecanismos de control con la finalidad de evitar el abuso inmoderado y la afectación del interés social con su implementación; asimismo el Constituyente pretende que dicha voluntad legislativa sea reflejada y respetada por las instituciones jurídicas, en donde los Jueces tienen una preponderante participación, pues con la reforma en comento se concedió a su favor una facultad discrecional más amplia al momento de tomar decisiones sobre la concesión de la suspensión del acto reclamado e inclusive puede hacerse de mayores elementos con la finalidad de tomar una decisión más informada y en la que deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, la existencia de la apariencia del buen derecho, la posible afectación del interés social, el peligro en la demora, el mayor o menor riesgo de que las violaciones causen daños de imposible reparación en caso de que se niegue la suspensión, y sobre el riesgo de que se pierda la materia del juicio en caso de concederse la suspensión.

"Que por ello, el criterio de que a la suspensión no debe dársele efectos restitutorios que adelanten la decisión final debe ser abandonado, y bajo la luz de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, el interés social y el orden público, la suspensión del acto reclamado puede restituir de forma provisional al quejoso en el goce de sus derechos violados, esto con la finalidad de estar acorde con la voluntad del Constituyente.

"Que en el presente caso el acto reclamado se hizo consistir en una norma general de carácter autoaplicativo, cuya suspensión solicitada fue en el sentido de que los efectos y consecuencias jurídicas no afectaran la esfera jurídica de la quejosa. Lo cual no significa la constitución de un derecho a favor de ésta, en virtud de que antes de la entrada en vigor de las modificaciones a la unidad jurídica reclamada, ya se encontraba sujeta a los efectos del artículo 27, fracción VIII, de la Ley del Seguro Social y de las Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones, es decir, las obligaciones y derechos que dice violados ya estaban constituidos a su favor, por lo cual con la concesión de la suspensión no se estaría constituyendo un nuevo derecho a su favor, sino únicamente se le permitiría el seguir entregando las cantidades de pensión por subsistencia en los términos que lo venía haciendo.

"Que resultan aplicables por analogía, la jurisprudencia y tesis, de rubros siguientes:

"‘VIDA SILVESTRE. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA PROHIBITIVA CON EFECTOS POSITIVOS.’

"‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA PARA DETENER LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN LA ESFERA JURIDICA DEL QUEJOSO DE LA NORMA GENERAL TRIBUTARIA AUTOAPLlCATIVA RECLAMADA, SIEMPRE QUE ÉSTE OTORGUE LA GARANTIA DEL INTERÉS FISCAL.’

"Que los criterios transcritos revelan que en el juicio de amparo cuando el acto reclamado es una norma general es posible conceder a la suspensión en términos de los artículos 147 párrafo segundo y 148 de la Ley de Amparo, para el efecto de detener sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso, lo cual a su vez puede significar restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, circunstancia que guarda una estrecha relación con el fondo del asunto, pero que bajo la apariencia del buen derecho y de la figura de peligro en la demora, dicho efecto puede ser concedido al quejoso de forma provisional, en lo que se resuelve la instancia constitucional instaurada.

"Que de la interlocutoria recurrida se desprende que el Juez de Distrito negó la suspensión definitiva respecto a la aplicación de la unidad jurídica indisoluble reclamada; sin embargo, con dicha negativa se causa un agravio a la quejosa, ya que se soslaya lo establecido en los artículos 147, segundo párrafo y 158 de la Ley de Amparo, que con la reforma constitucional en materia de amparo de seis de junio de dos mil once, volvió a esta figura cautelar un instrumento de protección y restitución de derechos humanos violados por las autoridades.

"Que el Juez Federal no tomó en consideración que el acto reclamado en la instancia constitucional es una norma general de carácter autoaplicativa, con cuya aplicación se imposibilita a la quejosa a seguir entregando las cantidades de pensión por subsistencia en los términos en que la venía entregando, es decir, antes de la entrada en vigor de la unidad jurídica reclamada, por lo cual la finalidad de la suspensión respecto a las normas generales consiste en impedir que sus efectos y consecuencias infieran en la esfera jurídica del gobernado, en tanto se decide sobre la constitucionalidad de éstas para el efecto de que el ejercicio previamente adquirido sea ejercido por la peticionaria del amparo; efecto que es posible, en virtud de que el Juez está obligado a atisbar de forma valorativa y provisional, bajo la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, la frivolidad de la causa de pedir del quejoso y del posible daño irreparable que se le pueda causar en caso de no concederse la suspensión.

"Que resulta evidente que el razonamiento del a quo es incorrecto, en virtud de que su premisa parte de que no existe precedente y pruebas suficientes para determinar de forma provisional el éxito de la acción intentada por la amparista, cuando en realidad dentro del juicio de amparo existe la totalidad de las pruebas pertinentes para inclusive resolver el fondo del asunto y no sólo la suspensión definitiva, ya que del material probatorio se desprende que el ‘plan de subsistencia’ fue aprobado conforme a la normatividad anterior de las Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), pues existe un acuse de autorización/renovación otorgado por dicha comisión, por lo cual, de permitirle entregar las cantidades de pensión por subsistencia en los términos de la normatividad anterior, no se estaría constituyendo un nuevo derecho en su esfera jurídica.

"Que el Juez de Distrito cuenta con los elementos suficientes para determinar de forma provisional la procedencia de la suspensión definitiva de las normas reclamadas, además, que con el otorgamiento de la suspensión definitiva de la Unidad Jurídica Indisoluble reclamada no se estaría constituyendo un derecho a favor de la quejosa, en virtud de que ésta ya implementaba un Plan de Pensión de Registro Electrónico, a favor de sus trabajadores con anterioridad a la entrada en vigor de la unidad normativa reclamada, pues se regía por lo dispuesto en las Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil catorce, es decir, la quejosa ya se encontraba afectada a dichas disposiciones y por lo tanto a los derechos y obligaciones que de ellas derivan, por lo cual no se estaría constituyendo un nuevo derecho a su favor.

"Que de la sentencia interlocutoria no se advierte que el a quo haya realizado un estudio provisional respecto a la constitucionalidad de la unidad normativa reclamada, así como tampoco emitió razonamiento alguno sobre el posible daño irreparable que se pueda ocasionar a la quejosa con la negativa para conceder la suspensión definitiva. Máxime que la concesión de la suspensión definitiva no es una resolución determinante que resuelva la litis planteada en el juicio de amparo, ya que sólo se trata de un asomo provisional y superficial del fondo del asunto, pues de concederse el amparo y protección de la Justicia Federal se habrá evitado un daño irreparable a la quejosa que pudo haberse generado durante la tramitación del juicio del amparo, y en dado caso de que éste sea negado, simplemente los efectos de la suspensión cesarán y la autoridad responsable se encontrará en aptitud de exigir el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de Pensiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, desde el momento en que se concedió la suspensión de sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica de la quejosa.

"Que toda vez que se demuestra que existen elementos suficientes para determinar la procedencia de la suspensión definitiva y que la restitución del derecho violado es procedente conforme a los artículos 147, segundo párrafo y 158 de la Ley de Amparo bajo la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, es procedente que este tribunal revoque la sentencia interlocutoria recurrida y en su lugar emita otra en la que conceda a favor de la quejosa la suspensión del acto reclamado en los efectos que la solicita.

"Que a esto último, resulta exactamente aplicable la tesis, de rubro:

"‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO, INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 129, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD EXCEPCIONAL DE CONCEDERLA, AUN EN LOS SUPUESTOS EN QUE EL LEGISLADOR CONSIDERÓ QUE DE OTORGARLA SERIA CONTRARIO AL INTERÉS SOCIAL, A LA LUZ DE LA FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DEL ARTICULO l07 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA PONDERACIÓN COMO BASE DE LA DECISIÓN.’

"Que la última parte del artículo 129 de la Ley de Amparo y la tesis transcrita revelan que se podrá conceder de manera excepcional la suspensión del acto reclamado, aun cuando ésta encuadre en cualquiera de los supuestos previstos en la primera parte del numeral referido, que prevén la imposibilidad de conceder dicha medida cautelar al ser la voluntad del legislador proteger el orden público y el interés social; pues de acuerdo a la voluntad del Constituyente Permanente plasmada en la reforma constitucional en materia de amparo de seis de junio de dos mil once, fue convertir la figura jurídica de la suspensión en un instrumento de protección y restitución de derechos humanos, pero sin que lo anterior causa una afectación al orden público o interés social, ya que de existir la posibilidad de dicho perjuicio, el interés suspensional del particular se encuentra subordinado al interés colectivo.

"Que este tribunal debe tomar en consideración que el Plan de Registro Electrónico que la quejosa implementa a favor de sus trabajadores, representa un apoyo para su supervivencia, cuya finalidad es facilitar su desarrollo humano, intelectual, espiritual y permitirles que tengan una buena salud.

"Que lo anterior se puede corroborar con el propio plan de pensión que emplea a favor de sus trabajadores, específicamente de su capítulo II, denominado Preámbulo.

"Que resulta innegable que con la aplicación de la unidad jurídica reclamada por la quejosa se causa un grave daño al interés social, pues se deja desprotegida a la clase obrera, al privarse un derecho que las leyes conceden a su favor; debido a que el ingreso que percibían por ‘pensión de subsistencia’ contribuía a alcanzar un interés social como es la protección de la clase obrera, pero con la aplicación de la unidad Jurídica tachada de inconstitucional, dicho ingreso se ve menoscabado y la calidad de vida que los trabajadores venían disfrutando gracias a la implementación del plan de pensión también se ve afectada.

"Que se debe tomar en consideración, a contrario sentido, la jurisprudencia, de rubro:

"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA ANALIZAR DE OFICIO EN EL RECURSO DE REVISIÓN LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL Y AL ORDEN PÚBLICO QUE SE CAUSE CON DICHA MEDIDA CAUTELAR.’

"Que del criterio citado se diluye (sic) la posibilidad de que en el recurso de revisión el Tribunal Colegiado de Circuito analice de forma oficiosa la posible afectación al interés social y al orden público que se pueda causar al concederse la suspensión definitiva, pero de una interpretación contrario sensu y en atención a la voluntad del legislador, se advierte que dicho estudio oficio (sic) procede en caso de que el recurso haya sido interpuesto por haberse negado ésta y con lo cual se cause una afectación mayor sobre la posible afectación al orden público e interés social que se cause con la negativa para acceder a la suspensión definitiva; donde se tomarán en cuenta todas las pruebas rendidas ante autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, sin importar el momento o vía (expediente principal o incidental) en que se hayan ofrecido, en virtud de que el artículo 93, fracción VII, de la Ley de Amparo no hace distinción alguna y sobre todo porque dicho estudio es con la finalidad de evitar una afectación al orden público e interés social, que en el presenta caso lo constituyen los trabajadores, quienes de forma indirecta también se ven afectados por la unidad normativa reclamada.

"Los argumentos contenidos en los agravios formulados por la parte recurrente son ineficaces para revocar la negativa de la medida cautelar; y, para demostrarlo se efectuará su análisis de forma conjunta, pues los agravios primero y segundo están íntimamente vinculados entre sí.

"En principio, resulta infundado que la interlocutoria recurrida no se encuentre debidamente fundada y motivada.

"El artículo 146 de la Ley de Amparo, prevé:

"‘Artículo 146. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener:

"‘I. La fijación clara y precisa d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27915-b120181b/suspension-definitiva-para-determinar-sobre-su-otorgamiento-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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