SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 106, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA QUE PREVÉ LA FORMA EN QUE DEBEN FINANCIARSE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE TRATÁNDOSE DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 696/98. ALIMENTOS MEXICANOS DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Conviene precisar que resultan inoperantes los reiterados argumentos de la recurrente que se refieren a que el Juez de Distrito, al emitir la sentencia combatida, viola en su perjuicio garantías individuales, pues el recurso de revisión no es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas, sino un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en los juicios de amparo. Por ello, en este tipo de recursos, sólo se debe examinar si se hizo un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados a luz de los agravios.
Tiene aplicación la jurisprudencia número P./J. 2/97, visible a fojas 5 del Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: V, enero de 1997
"Tesis: P./J. 2/97
"Página: 5
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.
"Contradicción de tesis 14/94. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios, en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Manuel Rojas Fonseca.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número 2/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y siete."
Por otra parte, en relación con la impugnación del sobreseimiento decretado por el a quo, se toma en cuenta que de la lectura de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclamó del presidente de la República y otras autoridades, la expedición de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, concretamente por cuanto se refiere a sus artículos 27, fracción IX, 28, 29, fracción III, 31, 71, 72, 74, 106 y 168; el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por el que se reforma el párrafo primero del artículo primero transitorio de esa ley; la expedición del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, en particular por lo que se refiere a sus artículos 13 y 21; la expedición del Reglamento de Afiliación publicado en el Diario Oficial de la Federación el mismo día treinta de junio, específicamente por cuanto se refiere a sus artículos 28, 29, 30 y 31, y la emisión por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los Acuerdos 267/97 y 268/97, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio siguiente. Las mencionadas disposiciones legales fueron consideradas por la quejosa como autoaplicativas.
Asimismo, se advierte que al dictar la resolución ahora recurrida, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, sobreseyó en el juicio de garantías por lo que se refiere a los artículos 27, fracción IX, 28, 29, fracción III, 31, 71, 72 y 74 de la Ley del Seguro Social; 21 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social; 28, 29, 30 y 31 del Reglamento de Afiliación y los Acuerdos 267/97 y 268/97, emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo que ve a los artículos 106 y 168 de la Ley del Seguro Social y 13 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, negó el amparo y la protección de la Justicia Federal.
En relación al sobreseimiento decretado por lo que ve a los artículos 71, 72 y 74 de la Ley del Seguro Social, el Juez de Distrito determinó, en síntesis:
1. Que esos preceptos legales versan fundamentalmente sobre las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deben pagar los patrones.
2. Que tales disposiciones, según lo dispuesto por el artículo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social y el párrafo primero del artículo primero transitorio que se reformó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, entrarán en vigor hasta seis meses después del primer bimestre del presente año, por lo que se está en presencia de lo que la doctrina ha llamado vacatio legis, es decir, el periodo comprendido entre la publicación de una ley y su inicio de vigencia, periodo en el cual no es obligatoria la ley precisamente porque así se ordena en su propio texto.
3. Que la empresa quejosa se ubica dentro de la hipótesis establecida en las mencionadas disposiciones transitorias porque se inscribió en el Instituto Mexicano del Seguro Social antes del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, según se advierte de la copia certificada del aviso de inscripción patronal ofrecida como prueba, por lo que carece de interés jurídico para impugnar los referidos artículos 71, 72 y 74 de la Ley del Seguro Social.
4. Que contrariamente a lo que sostuvo la quejosa, continúa vigente el Reglamento para el Pago de Cuotas al Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, pues el Congreso de la Unión extendió temporalmente su observancia, apoyado en el principio general de derecho de que quien puede lo más puede lo menos, ya que de no ser así, habría un vacío legal.
El propio Juez de Distrito agregó: "El mismo pronunciamiento debe hacerse respecto de los Acuerdos 267/97 y 268/97, expedidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que se refieren a la fórmula para el cálculo del índice de siniestralidad de las cuotas de seguros de riesgos de trabajo, por lo que sigue la misma suerte de los artículos de la ley analizados.".
Ahora bien, en el primero de los agravios se argumenta, por una parte, que el Juez de Distrito interpreta erróneamente el concepto de interés jurídico, pues esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que no es necesario que el gobernado se sitúe dentro de cada una de las hipótesis que una ley contempla cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que basta que se demuestre que se ubica de una manera general en la hipótesis de ser sujeto de las obligaciones que impone la ley reclamada, para que esté en aptitud legal de combatir cada uno de los preceptos que pueden serle aplicables, por lo que si se acreditó que la quejosa tiene trabajadores y que cotiza en el Seguro Social pagando cuotas obrero-patronales, demostró ser sujeto de todas las obligaciones que impone la Ley del Seguro Social y su reglamento a los patrones, por lo que demostró su interés jurídico.
Estos argumentos son inoperantes porque, como ya se destacó, el Juez de Distrito no decretó el sobreseimiento del juicio por considerar que la quejosa no se ubica dentro de las hipótesis contempladas por los artículos 71, 72 y 74 de la Ley del Seguro Social, sino porque estimó que lo dispuesto en tales artículos aún no cobra vigencia, por lo que no le afecta su contenido.
En otra parte del primero de los agravios, se argumenta que con la emisión de los Acuerdos 267/97 y 268/97 del Consejo Técnico del Seguro Social, se pretende que en el mes de febrero de 1997 los patrones se autodeterminen y paguen las cuotas relativas al seguro de riesgos de trabajo conforme a su siniestralidad registrada en el año de mil novecientos noventa y siete, pero que para efectuar esa autodeterminación es necesaria la aplicación del régimen financiero contenido en la Ley del Seguro Social y en el Reglamento para el Pago de Cuotas que ya no tienen vigencia, lo que implica otra modificación a la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social que se traduce en un estado de inseguridad jurídica al ignorarse las normas que se deben aplicar.
A fin de evidenciar lo infundado de estos argumentos, es necesaria la transcripción de los mencionados acuerdos del Consejo Técnico del Seguro Social.
"Acuerdo 267/97.-‘Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 252, 253, 79 y 80 de la Ley del Seguro Social en vigor desde el 1o. de abril de 1973; 24, fracciones II y III del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, y primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1996, por el que se reforma el párrafo primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada el 21 de diciembre de 1995, mediante el cual se establece que la entrada en vigor de la ley en toda la República, será a partir del día 1o. de julio de 1997, acuerda: I. La aplicación de la fórmula para el cálculo del índice de siniestralidad, contenida en el artículo 30 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1987, se realizará por última vez para los patrones que hayan permanecido en la misma clase durante el periodo anual completo, comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 1997, quienes deberán determinar, en febrero de 1998, su prima conforme a su siniestralidad registrada en dicho periodo de 1997, en los términos del reglamento mencionado; II. La prima determinada conforme al punto anterior, estará vigente desde el 1o. de marzo de 1998 hasta el 28 de febrero de 1999; III. La aplicación de la fórmula para la fijación de la prima a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, prevista en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, se realizará por primera vez y sin que rijan los límites entre las clases, fluctuando sólo hasta el 1% de los salarios base de cotización para los patrones que hayan permanecido en la misma clase durante el periodo anual completo, comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 1998, quienes deberán determinar, en febrero de 1999, su prima conforme a su siniestralidad registrada en dicho periodo de 1998; IV. La prima determinada conforme al punto anterior, tendrá vigencia desde el 1o. de marzo de 1999 hasta el 29 de febrero del año 2000; y, V. La fórmula contenida en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, deberá ser revisada por el instituto en el segundo semestre del año 2000, conforme al tiempo previsto en el artículo 76 de la propia ley para el efecto de determinar el factor de prima que permita, en su caso, mantener el equilibrio financiero del seguro de riesgos de trabajo. De requerirse alguna adecuación a esta fórmula se llevarán a cabo, por parte del instituto, los trámites administrativos necesarios ante las instancias que correspondan, para que éstas, a su vez, promuevan lo conducente ante el H. Congreso de la Unión. El presente acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.’.-Acuerdo 268/97.-‘Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo segundo del decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1996, que autoriza al Instituto Mexicano del Seguro Social para dar a conocer el cómputo de fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios de la Ley del Seguro Social, acuerda: I. Los patrones que se encuentren en el supuesto previsto por el párrafo primero del artículo noveno transitorio de la ley continuarán sujetos hasta el primer bimestre de 1998 a las mismas cuotas que venían cubriendo en el seguro de riesgos de trabajo; II. Los patrones que se encuentren en el supuesto previsto por el párrafo segundo del propio artículo noveno transitorio de la ley, para efectos del cálculo de su siniestralidad, lo realizarán considerando el periodo anual completo comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 1997 y deberán determinar, en febrero de 1998, su prima conforme a su siniestralidad registrada en dicho periodo de 1997, en los términos del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo; III. La fórmula contenida en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, deberá ser revisada por el instituto en el segundo semestre del año 2000 para el efecto de determinar el factor de prima que permita, en su caso, mantener el equilibrio financiero del seguro de riesgos de trabajo. De requerirse alguna adecuación a esta fórmula se llevarán a cabo, por parte del instituto, los trámites administrativos necesarios ante las instancias que corresponda, para que éstas, a su vez, promuevan lo conducente ante el H. Congreso de la Unión; IV. El plazo para la constitución de la reserva correspondiente al seguro de invalidez y vida previsto en el párrafo primero del artículo vigésimo primero transitorio de la ley correrá a partir del 2 de enero de 1991 hasta el 30 de junio de 1997; V. El plazo de 4 años a que hace referencia la fracción III del artículo vigésimo primero transitorio de la ley empezará a contarse a partir del 2 de agosto de 1997, para que la reserva se encuentre totalmente invertida; VI. El plazo que no exceda de 4 años, a que hace referencia el párrafo primero del artículo vigésimo segundo transitorio de la ley, empezará a correr a partir del 2 de julio de 1997; VII. La fecha en que entre en vigor el artículo 28 de la ley, a que hace referencia el párrafo primero del artículo vigésimo quinto transitorio de la ley, será la de 1o. de julio del año 2007; y VIII. El presente acuerdo entrará en vigor el día primero de julio de mil novecientos noventa y siete, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.’.-Atentamente.-México, D.F., a 9 de julio de 1997.-El secretario general, Juan Moisés Calleja García.-Rúbrica."
El artículo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social, a que remiten los acuerdos transcritos, establece:
"Noveno. Los patrones inscritos en el instituto antes de la entrada en vigor de esta ley continuarán sujetos hasta el primer bimestre de 1998 a las mismas cuotas que venían cubriendo en el seguro de riesgos de trabajo.-A partir del segundo bimestre de 1998, estos patrones deberán determinar su prima conforme a su siniestralidad registrada del periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997.-Los patrones inscritos o que cambien de actividad bajo la vigencia de esta ley determinarán su prima en términos del artículo 73 de esta ley y la modificación anual de la prima conforme a la siniestralidad ocurrida durante el lapso que se establezca en el reglamento respectivo."
El análisis conjunto de los acuerdos y artículo transitorio transcritos, permite establecer que en ellos se regula, entre otros casos, la aplicación "por última vez" de la fórmula para el cálculo del índice de siniestralidad "contenida en el artículo 30 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 1987", conforme a la cual se deberán autodeterminar los patrones inscritos en el instituto antes de la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Esto es, dan las bases para la última aplicación de la fórmula ya sustituida, pero en modo alguno modifican la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social.
Luego, aun cuando es cierto que para la autodeterminación a que se refiere el artículo noveno transitorio de la nueva Ley del Seguro Social, es necesaria la aplicación del régimen financiero contenido en la anterior Ley del Seguro Social y en el Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y siete, es inexacto que estos últimos ordenamientos ya no sean aplicables o que se genere confusión en su aplicación, pues como atinadamente lo sostuvo el Juez de Distrito, respecto a las cuotas del seguro de riesgos de trabajo, continúa vigente el anterior reglamento porque así lo estableció expresamente el Congreso de la Unión en el artículo noveno transitorio de la nueva Ley del Seguro Social, pero solamente para la última aplicación de la fórmula para el cálculo del índice de siniestralidad ahí contenida. De no ser así, se propiciaría que, atendiendo a la fecha en que habrán de entrar en vigor las normas relativas a las cuotas de seguro de riesgo en el trabajo, tales cuotas se dejaran de recaudar en el presente año de mil novecientos noventa y ocho, precisamente por no tener vigencia.
Por lo demás, resultan inoperantes los argumentos de la recurrente en el sentido de que con la emisión de los mismos acuerdos se invaden atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión, pues se refieren al fondo del asunto que no es dable analizar, precisamente porque se decretó el sobreseimiento del juicio en este aspecto.
Como los diversos argumentos del Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento en el juicio, se refieren a la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de la ley y reglamentos reclamados, conviene hacer las precisiones siguientes:
Los artículos 21, 22, 73, fracciones VI y XII, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para regular la procedencia del juicio de garantías contra leyes. Para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentran establecidas las normas impugnadas, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse al momento en que las disposiciones cuestionadas ocasionan al gobernado un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercitar la acción constitucional.
Los citados preceptos disponen lo siguiente:
"Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."
"Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días. ..."
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio; ... XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.-No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.-Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.-Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento."
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso."
De los preceptos transcritos se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas).
En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Amparo.
En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 21 de la ley citada.
Lo expresado pone de relieve que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos.
Sobre el particular, es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VI, julio de 1997
"Tesis: P./J. 55/97
"Página: 5
"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.-Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.
"Amparo en revisión 2104/91. Corporación Videocinematográfica México, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.
"Amparo en revisión 1811/91. Vidriera México, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.
"Amparo en revisión 1628/88. Vidrio Neutro, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
"Amparo en revisión 1525/96. Jorge Cortés González. 8 de mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
"Amparo en revisión 662/95. Hospital Santa Engracia, S.A. de C.V. 29 de mayo de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de julio en curso, aprobó, con el número 55/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de mil novecientos noventa y siete."
Sentadas las premisas anteriores, a continuación se examina el interés jurídico de la quejosa para reclamar el artículo 27, fracción IX, de la ley reclamada, para lo cual se transcribe su contenido:
"Artículo 27. Para los efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios.
"Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:
"...
"IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.
"Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón."
De los agravios transcritos con anterioridad, se aprecia que la quejosa controvierte el sobreseimiento del Juez de Distr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7210-b8e33c51/seguro-social-el-articulo-106-fraccion-i-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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