CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD AL CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DE CUESTIÓN PREVIA O CONEXA, INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 2 DE MAYO DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTES: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIENES RESERVARON SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente, versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distinto Circuito.
Lo anterior encuentra sustento en la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(2)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el cual es uno de los órganos entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien conoció del amparo directo 589/2016, del que se desprenden los antecedentes siguientes:
Juicio ejecutivo mercantil. La Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su apoderado general demandó de Ramiro Castellanos Almazán y Ramiro Castellanos Medina, en ejercicio de la acción cambiaria directa, el pago de diversas prestaciones.
Del asunto conoció el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con el número ********.
Los demandados al contestar la demanda, opusieron la excepción de falta de personalidad. Al respecto, la actora desahogó la vista que se le dio.
Por auto de quince de diciembre de dos mil catorce, fue decretada la caducidad de la instancia.
Recurso de revocación. En contra de tal determinación, la actora interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el siete de julio de dos mil dieciséis, en el sentido de declararlo infundado.
Juicio de amparo directo. Inconforme con tal resolución, la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su apoderado, instó juicio de amparo directo.
Del asunto conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, bajo el número 589/2016, y seguido el trámite, el treinta de junio de dos mil diecisiete dictó sentencia, en la cual negó la protección constitucional solicitada. La argumentación que contiende en la presente contradicción de tesis, es la siguiente:
• En primer lugar, determinó inoperantes los conceptos de violación, pues no sirvieron para atacar las consideraciones de la autoridad responsable en torno a que el trámite de la excepción de falta de personalidad, no interrumpe el cómputo para que operara la caducidad de la instancia.
• Pese a tal declaratoria de inoperancia, el Tribunal Colegiado resolvió que es incorrecto que al estar pendiente de resolver la excepción de falta de caducidad, de conformidad con el artículo 1076, fracción VI, del Código de Comercio, aquello interrumpía el cómputo para que operara la caducidad de la instancia; y que no existía carga procesal de las partes, porque se habían agotado todas las etapas del incidente aperturado con motivo de la aludida excepción.
• Lo incorrecto resultó porque, la tramitación del mencionado incidente no impedía que se siguiera promoviendo el juicio principal.
• Precisó no desconocer que la personalidad del representante legal de la empresa actora, es un presupuesto procesal necesario para la constitución y subsistencia válida de la relación jurídico procesal de las partes; pero la admisión a trámite de la impugnación hecha al respecto, no actualiza el supuesto de excepción previsto en la fracción VI del artículo 1076 del Código de Comercio, pues la resolución de la incidencia no es una cuestión previa que deba resolver el propio Juez, como condición necesaria para la continuación del juicio principal. Lo anterior, por las siguientes razones.
• En el caso concreto, el Juez responsable no condicionó la continuación del juicio a la conclusión del trámite de la referida excepción.
• Otra razón es que, al tratarse de una excepción procesal, el término para la caducidad podía operar, sin resultar necesario esperar la resolución previa de aquella cuestión; aunado a que, de llegar a prosperar dicha objeción, no generaría en automático la conclusión del juicio.
• Para sustentar esta última razón, transcribió parte conducente de la contradicción de tesis 34/2006, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual le permitió concluir que por cuestión previa debe entenderse aquella que es trascendente para la debida consecución del procedimiento, que por constituir un elemento esencial del juicio debe ventilarse antes de que éste continúe, que incidirá directa e inmediatamente en su rumbo y que tendrá gran impacto en el resultado final.
• Con base en lo anterior, nuevamente reflexiona que, la excepción de falta de personalidad tiene un carácter procesal, la cual no puede considerarse una "cuestión previa o conexa", pues a pesar de sus efectos, todas las excepciones procesales en ningún momento suspenden el procedimiento; y en caso de resultar fundada, no generaría en automático la conclusión del juicio, sino que el Juez requeriría a la parte actora para que subsanara su personalidad.
• Resaltó que, tampoco desconocía que en la jurisprudencia «1a./J. 17/2011 (10a.)» emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA AL CONSTITUIR ‘RESOLUCIÓN DE CUESTIÓN PREVIA O CONEXA’ INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA.", se determinó que la referida excepción sí interrumpe el plazo de la caducidad, a pesar de que fuera una excepción procesal, pues para determinar si una cuestión es previa o conexa debe analizarse: a) que sea trascendente para la debida consecución del procedimiento; b) que por constituir un elemento esencial del juicio deba resolverse antes de que el mismo continúe, c) que incida directa e inmediatamente en el rumbo del procedimiento; y, d) que tenga gran impacto en el resultado del juicio.
• Pese a ello, el Tribunal Colegiado determinó que, la excepción de falta de personalidad no es un caso de excepción, pues a diferencia de la cuestión de competencia, la personalidad de las partes no siempre será condicionante para el dictado de una sentencia válida; ya que, para el caso de que la parte demandada no acredite su personalidad, no impedirá la sentencia válida, pues la única consecuencia sería que fuera juzgada en rebeldía. Por su parte, en el caso de la falta de personalidad de la actora, puede corregirse –lo cual no sucede cuando se declara fundada la excepción de incompetencia–, pero no tiene como consecuencia la reposición del procedimiento, ni tampoco la invalidez de la sentencia.
• Por tanto, consideró que dicha excepción de personalidad no es trascendente para la debida consecución del procedimiento; tampoco es un elemento esencial del juicio que deba resolverse antes de que continúe, como cuando el Juez resulta incompetente, pues no tendría caso seguir actuando si sus actuaciones resultaran nulas de llegar a declararse fundada la excepción de competencia relativa.
• Ni tampoco puede considerarse que la excepción de falta de personalidad tenga gran impacto en el resultado del juicio, pues cabe la posibilidad de que la sentencia que llegare a dictarse sea válida, como ha quedado expuesto.
• Así, aunque estuviera pendiente de dictarse el fallo de la excepción de falta de personalidad de la actora, las partes, y en específico aquélla, tenían la obligación de proseguir el procedimiento, puesto que éstas no habrían resultado ociosas ni aun en el caso de haberse decretado procedente tal excepción, partiendo de la base de que la accionante estará en condiciones de poder subsanar su personalidad, en su caso.
II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.
Cabe recordar que por acuerdo de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, la presidenta de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito informando que el criterio sostenido en los amparos directos 470/2013, 471/2013 y 472/2013 –por el cual se realizó la denuncia–, seguía vigente, el cual también fue sostenido al resolver el amparo directo 546/2014 de su índice.
Así, tal Tribunal Colegiado remitió las mencionadas cuatro ejecutorias; sin embargo, en el presente caso, resulta innecesario pronunciarse sobre la totalidad de dichos criterios, sino que basta con hacer referencia sólo a dos, siendo éstos los emitidos en los amparos directos 470/2013 y 546/2014. Lo anterior, bajo el entendido de que las consideraciones y antecedentes de los amparos directos 471/2013 y 472/2013 son idénticas a las sostenidas en el amparo directo 470/2013, pues se trata de amparos directos relacionados por derivar del mismo juicio de origen, por lo que deviene redundante el pronunciarse sobre cada una de ellas.
A. Amparo directo 470/2013, del que se desprenden los antecedentes siguientes:
Juicio ejecutivo mercantil. Finahcred, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, demandó de Pascual Arnulfo Figueroa Hernández y Ángel Carmelo Figueroa Amado, en su carácter de deudores principales, y de Candelaria Amado en su calidad de aval, diversas prestaciones.
Del asunto conoció el Juzgado Municipal en Materia Civil de Tehuacán, Puebla, bajo el número de registro ********.
Cabe mencionar que, los demandados contestaron la demanda e interpusieron incidentes mediante los cuales impugnaron la personalidad de quien compareció en representación de la parte actora, los cuales fueron admitidos el once de junio de dos mil doce.
Sustanciadas diversas etapas del juicio, por escrito de fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce, el representante legal de la empresa actora solicitó se citara a las partes para sentencia, al haber transcurrido el término concedido para la formulación de alegatos.
A tal escrito recayó el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil doce, en el cual se determinó: "no ha lugar a turnar los autos a la vista del suscrito Juez para dictar sentencia definitiva, en virtud que aún se encuentra pendiente por resolver el incidente de falta de personalidad del actor en el principal Arturo Barbosa Arruel, en consecuencia se desecha su petición por notoriamente improcedente, y toda vez que de autos se desprende que es el momento procesal oportuno para resolver el incidente de falta de personalidad del actor en el principal Arturo Barbosa Arruel ... en consecuencia se ordena turnar las presentes actuaciones a la vista del ciudadano Juez a fin de que se sirva dictar la misma en términos ley, sirviendo el presente proveído de citación para las partes para oír sentencia ..."
En virtud de lo anterior, el veintinueve de octubre del año en cita, el Juez de origen decretó la caducidad de la instancia en los incidentes de impugnación de personalidad de quien se ostentó como representante legal de la actora; y concluyó su acuerdo como sigue: "Finalmente, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, se orden (sic) turnar los autos a la vista del suscrito Juez para dictar la sentencia definitiva correspondiente, lo anterior sin necesidad de ulterior acuerdo. Notifíquese por lista y cúmplase."
Posteriormente, la sentencia definitiva fue dictada el trece de mayo de dos mil trece, en el sentido de condenar a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas.
Juicios de amparos directos. En contra de la sentencia definitiva, Ángel Carmelo Figueroa Amado, Candelaria Amado y Pascual Arnulfo Figueroa Hernández, partes demandadas en el juicio de origen, promovieron sendos juicios de amparo directo los cuales fueron registrados con los números 470/2013, 471/2013 y 472/2013, respectivamente, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien en sesión de once de diciembre de dos mil trece resolvió negar el amparo a los quejosos, con base en las siguientes consideraciones:
• Calificó de infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el quejoso.
• Señaló que, contrario a lo alegado, entre la notificación practicada el siete de agosto de dos mil doce –por la que se comunicó a las partes que se ordenó pasar al periodo de alegatos en el juicio de origen– y el veintitrés de abril de dos mil trece –en que citó para sentencia–, no existió un periodo de inactividad procesal por el cual el Juez de origen debió haber decretado la caducidad de la instancia.
• Tal conclusión, ausencia de inactividad procesal, fue sustentada bajo tres razones.
• La primera de las razones deriva de la admisión a trámite de los incidentes hechos valer por cada uno de los demandados para impugnar la personalidad del representante legal de la parte actora, lo cual aconteció en proveído de once de julio de dos mil doce.
Se explicó que, ello es una razón porque, después de transcurrido el periodo para formular alegatos, el Juez responsable dictó una determinación el veinticuatro de septiembre de dos mil doce, en la cual señaló como impedimento para citar a sentencia la circunstancia de estar en trámite los referidos incidentes de falta de personalidad.
Refirió que, en el caso se actualizó la excepción en que opera la caducidad de la instancia por inactividad procesal prevista en la fracción VI del artículo 1076 del Código de Comercio, ello, porque la personalidad de quien se ostentó como representante legal de la empresa actora era un presupuesto procesal necesario para la constitución y subsistencia válida de la relación jurídico procesal entablada entre las partes, lo cual fue impugnado y admitido a trámite en la vía incidental, así, tal incidencia constituyó una cuestión previa que debió resolver el propio Juez, como condición necesaria para la continuación de la tramitación dada a la contienda principal y, por tanto, se actualizó la referida excepción.
La anterior conclusión fue alcanzada bajo dos argumentos: 1. Existe una vinculación y dependencia entre el referido trámite incidental y la prosecución del juicio principal, pues en caso de prosperar dicha objeción, generaría la conclusión del juicio, con lo cual resultaría innecesario el dictado de la sentencia definitiva; 2. El Juez de origen condicionó la continuación del juicio a la conclusión de los multirreferidos incidentes de falta de personalidad.
• La segunda razón por la cual se sostuvo que no se actualizó la caducidad en el juicio fue porque después del siete de agosto de dos mil doce, se dictó el proveído de veintinueve de octubre de ese año en el cual se decretó la caducidad de la instancia en los referidos incidentes de falta de personalidad, por lo que esta actuación procesal interrumpió el término en que habría de actualizarse la caducidad del juicio principal.
Esto, ya que la determinación por la que se puso término a la impugnación incidental del presupuesto procesal de la personalidad, por su propia naturaleza interrumpió el término para que operara la caducidad de la instancia, ya que, tal determinación concluyó el trámite incidental al que estuvo supeditado la continuación del procedimiento principal, por tanto, tal determinación fue aquella a partir de la cual podría computarse el término para que operara la caducidad de la instancia alegada.
• La tercera de las razones por la cual no operó la caducidad de la instancia fue porque mediante determinación de veintinueve de octubre de dos mil doce, el Juez de origen citó a las partes para sentencia; y si bien la citación quedó condicionada a que causara estado la determinación por la cual se decretó la caducidad de la instancia en los incidentes de falta de personalidad, cierto es que la autoridad responsable expresamente señaló que sin necesidad de acuerdo posterior citaba para sentencia.
Así, si el veintinueve de octubre de dos mil doce se citó para sentencia, entonces ello interrumpió el término para que operara la caducidad de la instancia.
• Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis aislada «VI.2o.36 C (10a.)» de rubro siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD ACTUALIZA EL CASO DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA QUE AQUÉLLA OPERE."
B. Amparo directo 546/2014 del que se desprenden los antecedentes siguientes:
Juicio ejecutivo mercantil. Transportes Julián de Obregón, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, demandó de Marco Antonio Villegas Villalba, diversas prestaciones.
Del asunto conoció el Juez Décimo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, bajo el número de expediente ********.
Excepción de falta de personalidad. El demandado dio contestación a la demanda y opuso, entre otras, la excepción de falta de personalidad del actor, misma que fue resuelta por interlocutoria de uno de octubre de dos mil doce, en el sentido de declararla infundada.
Inconforme con dicha interlocutoria, el demandado promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue resuelto, por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en el sentido de negarlo.
Al no estar conforme, el quejoso recurrió dicha sentencia, de lo cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, y resolvió confirmar el fallo de amparo.
Caducidad de la instancia. En el juicio ejecutivo mercantil, la Juez de origen por proveído de ocho de octubre de dos mil trece, decretó la caducidad de la instancia.
Inconforme con tal proveído, la actora interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto, mediante interlocutoria de dos de diciembre de dos mil trece, en el sentido de no revocar el proveído.
Disconforme, la actora promovió juicio de amparo directo del cual conoció el referido Tribunal Colegiado, con el número de expediente 50/2014 y en sesión de tres de julio de dos mil catorce, concedió a la parte quejosa el amparo solicitado.
En cumplimiento a tal ejecutoria, el diez de julio de dos mil catorce, la Juez de origen revocó el auto impugnado.
Sentencia del juicio ejecutivo mercantil. El asunto fue resuelto por sentencia de fecha diez de octubre de dos mil catorce, en el sentido de condenar al demandado a las prestaciones reclamadas.
Juicio de amparo directo. En contra de la sentencia definitiva, Marco Antonio Villegas Villalba, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal.
De la demanda de amparo conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con el número de expediente 546/2014, el cual fue resuelto en sesión de tres de septiembre de dos mil quince, en el sentido negar el amparo solicitado, en lo que interesa, bajo las siguientes consideraciones:
• Resaltó que en la sentencia definitiva no fue abordado el tema en torno a si el trámite del incidente de falta de personalidad interrumpió la actualización de la caducidad de instancia, sino que tal tema fue tratado en la interlocutoria que resolvió el recurso de revocación hecho valer en contra del acuerdo que decretó la caducidad.
• Así, bajo algunas interpretaciones, consideró oportuno abordar la causa de pedir del quejoso en contra de dicho tema, por lo cual analizó la legalidad de la mencionada interlocutoria, y para ello trajo a colación la resolución y los conceptos de violación.
• Señaló que la fracción VI, del artículo 1076 del Código de Comercio establece una excepción para la caducidad de la instancia, la cual consiste en que el procedimiento esté suspendido por causa de fuerza mayor y las partes no puedan actuar; así como cuando es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo Juez o por otras autoridades.
• Para sustentar su estudio, invocó la jurisprudencia «1a./J. 6/2007» de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. NO OPERA CUANDO LA MATERIA DEL RECURSO DE APELACIÓN ADMITIDO SÓLO EN EFECTO DEVOLUTIVO ESTÁ CONSTITUIDA POR EL ANÁLISIS DE UNA CUESTIÓN QUE DEBE RESOLVERSE DE MANERA PREVIA."
• De dicha ejecutoria trajo a colación que, por cuestión previa debe entenderse aquella que es trascendente para la debida consecución del procedimiento, que por constituir un elemento esencial del juicio debe ventilarse antes de que el mismo continúe, que incidirá directa e inmediatamente en el rumbo de éste y que tendrá gran impacto en el resultado final.
• Sobre el tema, respecto a si el trámite del incidente de falta de personalidad de la parte actora, interrumpe o no el término para la caducidad, transcribió parte de las ejecutorias de los juicios de amparo directo 470/2013, 471/2013 y 472/2013 de su índice; de las cuales surgió la tesis: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD ACTUALIZA EL CASO DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA QUE AQUÉLLA OPERE."
• Con base en las relatadas premisas, declaró infundados los conceptos de violación formulados por la quejosa, pues la personalidad del representante legal de la actora es un presupuesto procesal indispensable para la constitución y subsistencia de la relación jurídico procesal, por lo que actualiza el caso de excepción a que se refiere la fracción VI del artículo 1076 del Código de Comercio; por considerar que su resolución es una cuestión previa que el Juez debe resolver, como condición necesaria para la continuación del trámite de la contienda principal, pues en caso de prosperar dicha objeción, generaría la conclusión del juicio, tornando innecesario el dictado de la sentencia definitiva.
• Pese a lo resuelto, realizó otras pronunciaciones del tema. Refirió tener en consideración que, de conformidad con el artículo 1057 del Código de Comercio, la impugnación de falta de personalidad, se tramita en la vía incidental sin suspender el procedimiento, la cual, de resultar fundada, puede ser subsanable, en caso de no hacerlo, cuando se trate del actor, la consecuencia será sobreseer. Resolución contra la cual procede apelación en el efecto devolutivo.
• También explicó que la multirreferida excepción de falta de personalidad, es de carácter procesal y procede en juicios ejecutivos mercantiles, la cual se tramita en vía incidental, el cual no suspende el procedimiento. Sin embargo, como ya quedó expuesto, la personalidad de las partes es un presupuesto procesal indispensable para el desarrollo del procedimiento, con independencia de que la excepción sea procesal y su tramitación incidental, ya que lo importante es que por ser cuestión previa, debe ventilarse por el Juez antes de que el juicio continúe, pues incide en éste, y en cuya prosecución no opera la caducidad de la instancia.
• Ello fue aclarado en el sentido de que, el incidente de falta de personalidad tiene como objeto inmediato resolver la legitimidad ad procesum de alguna de las partes, pero conserva, como fin mediato, que en el proceso principal se esté en condiciones de concluir con su resolución.
• Lo anterior fue apoyado con la jurisprudencia «1a./J. 93/2011 (9a.)» de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD. SU IMPULSO PROCESAL INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA CADUCIDAD EN EL JUICIO PRINCIPAL (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 29 BIS, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO)."
CUARTO.—Inexistencia de la contradicción de tesis. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación si existe la contradicción de tesis denunciada.
Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador, a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.
Así es, la finalidad que persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está contenida en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 225 a 227 de la Ley de Amparo vigente; de los cuales se desprende una facultad para unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados –o las Salas de la Corte, en su caso– llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto; lo que proporciona certidumbre en las decisiones judiciales y otorga mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.
En ese sentido, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Derivado de lo anterior es posible afirmar que, para la procedencia de una contradicción de tesis, deben verificarse las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos, exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, como lo ha determinado el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)
De igual forma, dicho criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 1a./J. 22/2010 y 1a./J. 23/2010, aprobadas por la Primera Sala de este Alto Tribunal, que respectivamente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28041-b385270f/caducidad-de-la-instancia-en-materia-mercantil-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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