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ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO DESTINADO A CASA HABITACIÓN. EL JUEZ NO PUEDE ANALIZAR DE OFICIO LA PRESUNCIÓN DE PAGO DERIVADA DEL ARTÍCULO 2428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, SINO QUE DEBE PLANTEARSE LA EXCEPCIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2018. · Registro digital (IUS): 28103
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-10-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo II, Pág. 1123.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES Y CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER. PONENTE: ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA. SECRETARIA: MARITZA LUCERO SALINAS MERCADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer y resolver de la contradicción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se trata de una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia proviene de parte legítima, porque la formularon los Magistrados integrantes del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se encuentran facultados para ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito.

I. Criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito.

En sesión de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el juicio DC. 922/2016, que versó, esencialmente, sobre la siguiente cuestión jurídica:

La arrendadora demandó en la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario de la arrendataria y del fiador, entre otras prestaciones, la rescisión del contrato de arrendamiento destinado a casa habitación y el pago de las rentas de los meses de diciembre de dos mil doce a enero de dos mil catorce, más las que se siguieran generando, hasta la entrega del inmueble.

Seguido el procedimiento, el Juez dictó sentencia en la que declaró rescindido el contrato de arrendamiento y condenó, entre otras prestaciones, al pago de las rentas vencidas de diciembre de dos mil doce a febrero de dos mil catorce, hasta la total desocupación y entrega de la localidad arrendada.

Inconforme con esa determinación, la fiadora interpuso recurso de apelación, en el cual la Sala responsable confirmó la sentencia recurrida. Esa sentencia constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo.

El Tribunal Colegiado de Circuito otorgó el amparo al considerar, esencialmente, que si en un juicio de arrendamiento inmobiliario en el que se reclama el pago de rentas, no se realizó la interpelación de pago correspondiente, en tiempo y forma, debe suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, y analizar de oficio, la presunción de pago establecida en el artículo 2428-E del Código Civil para la Ciudad de México, aun cuando no formó parte de la litis.

La resolución del Tribunal Colegiado de Circuito se sustenta, en lo que interesa, en las siguientes consideraciones:

"... La quejosa en su demanda de amparo solicita a este órgano colegiado que supla la queja deficiente de sus conceptos de violación.

"Al respecto, cabe precisar que como se verá, la Sala responsable pasó por alto la presunción de pago que establece el numeral 2428 E, del Código Civil para la Ciudad de México, la cual si bien no fue hecha valer expresamente por la demandada, hoy quejosa, al momento de contestar su demanda; lo cierto es que, sí formaba parte de la litis, ya que, la demandada, hoy quejosa, al contestar la demanda negó deber a la actora cantidad alguna por concepto de renta; por tanto, se inadvirtió la presunción de pago.

"Sin embargo, aun en el supuesto de que no hubiese formado parte de la litis propuesta por las partes, debió ser considerada de oficio por el Juez de origen, y ante tal omisión, la Sala responsable tuvo que pronunciarse al respecto, lo que, como se verá, no aconteció.

"De modo que, como no se tomó en consideración dicha presunción de pago, en el presente juicio de amparo procede suplir la deficiencia de la queja como lo solicita la peticionaria de amparo.

"En efecto, debe destacarse que la figura de suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo se erige como una institución de trascendental importancia dentro de nuestro sistema jurídico, con características particulares, con el fin de impedir la denegación de justicia por razones de carácter meramente técnico-jurídicas.

"Dicha institución no se aplica de manera arbitraria en cualquier caso, sino debe analizarse desde la perspectiva constitucional y legal, toda vez que es en función de ese examen interno como debe determinarse en cada caso concreto si se satisface el mandato universal de igualdad o si existe una justificación razonable en la distinción de trato que respecto de ciertas personas o grupos prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: (lo transcribió)

"De la interpretación literal del citado precepto legal, para lo que aquí interesa, se destaca que la suplencia de la deficiencia de la queja, opera en circunstancias especiales como ocurre en los casos siguientes:

"a) Cuando el acto reclamado se funde en normas inconstitucionales.

"b) En aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia.

"c) En otras materias, cuando se advierta una violación evidente de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso o recurrente.

"Como puede advertirse de lo anterior, la propia Ley de Amparo establece con toda claridad, los criterios específicos de procedencia de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios.

"Ahora bien, en la especie, del escrito inicial de demanda en el juicio natural, se advierte que la actora reclamó de la hoy quejosa, entre diversas cuestiones, el pago de rentas vencidas desde diciembre de dos mil doce a enero de dos mil catorce, fecha en que presentó la demanda en el juicio natural, respecto del inmueble materia de la controversia, el cual se pactó que sería utilizado como casa habitación.

"Al contestar la demanda incoada en su contra, la codemandada, hoy peticionaria de amparo, manifestó que no adeudaba cantidad alguna por concepto de renta del inmueble materia de la controversia.

"Así, el Juez de origen, en la sentencia correspondiente dictada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la cual fue confirmada por la Sala responsable en la sentencia reclamada en el juicio en que se actúa, condenó a la demandada, hoy peticionaria de amparo, entre diversas cuestiones, a pagar a la actora la cantidad de $********** (********** pesos ********** moneda nacional), por concepto de rentas vencidas de diciembre de dos mil doce a enero de dos mil catorce.

"En ese contexto, se reitera, en el caso procede la suplencia de la queja deficiente, dado que se advierte que ha habido en contra de la quejosa una violación evidente de la ley que la ha dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo.

"Para avalar tal postura, es necesario tener en consideración lo que dispone el numeral 2428-E,(1) del código sustantivo civil, que es del tenor que sigue: (lo reprodujo)

"El precepto legal preinserto, instituye, para lo que aquí es de interés, que el arrendador está obligado a entregar un recibo por cada mensualidad que el arrendatario pague; a falta de entrega de recibos de pago de renta por más de tres meses, se entenderá que el pago ha sido efectuado, salvo que el arrendador haya hecho el requerimiento correspondiente en tiempo y forma.

"Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el artículo 2428-E del Código Civil para la Ciudad de México, en el sentido de que la presunción contenida en su segundo párrafo, cobra aplicación en aquellas controversias de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación, promovidas por el arrendador, mediante el ejercicio de las acciones que se basen en el incumplimiento de la obligación principal de pago de rentas a cargo del arrendatario, como la acción de pago de rentas o la acción de rescisión de contrato. Dicho criterio se adoptó, al resolver la contradicción de tesis 65/2006-PS, que dio origen a la jurisprudencia que puede ser consultada bajo los siguientes datos de localización, rubro y texto: (los citó)

"‘ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS DESTINADAS A LA HABITACIÓN. PRESUNCIÓN DE PAGO DE RENTAS POR FALTA DE ENTREGA DE RECIBOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE ENERO DE 2003).’ (la transcribió)

"En términos de la jurisprudencia transcrita, tratándose de juicios promovidos por el arrendador en contra del arrendatario, con base en la falta de pago de rentas, resulta aplicable la presunción de pago, en términos del precepto legal analizado. En ese orden de ideas, si lo que se presume es el pago de las rentas por parte del arrendatario demandado, dicha presunción funciona como prueba para demostrar la excepción de pago, que es por excelencia la excepción que anula la acción ipso iure.

"Por tanto, en aquellos casos en los que el juicio de controversia de arrendamiento sobre bienes inmuebles destinados a la habitación, se derive de acciones ejercitadas por el arrendador, que se basen en el incumplimiento de la obligación principal de pago de rentas a cargo del arrendatario, tendrá que considerarse que dichas acciones son procedentes en todo caso en la vía correspondiente, esto es, no pueden considerarse anuladas ab initio; pero al estimarse que se actualiza la presunción contenida en el precepto que se analiza, el actor debe asumir la carga probatoria que de otra suerte pesaría sobre el demandado, en lo referente a todas aquellas pensiones rentísticas respecto de las cuales se actualice la presunción legal.

"Esto significa que, para destruir la presunción, el actor tendrá que demostrar la falta de pago o la mora en el pago de las rentas reclamadas, respectivamente, o bien, que hizo el requerimiento de pago correspondiente ‘en tiempo y forma’, en términos del precepto analizado. De no probar tales extremos, tendrá que decretarse que el actor no probó su acción, respecto de las pensiones rentísticas, cuyo pago deba presumirse legalmente.

"Es importante señalar en este punto, que la ratio legis del precepto en análisis se advierte claramente de los motivos que el legislador expresó al decretar su reforma, los cuales se expusieron durante el proceso legislativo, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), fechado el veintitrés de diciembre de dos mil dos, que en la parte que interesa se trascribe: (lo reprodujo)

"De la anterior transcripción, se desprende la intención y el objeto que llevó al legislador a reformar dicho precepto, con el fin de precisar el contenido y alcance de las obligaciones a cargo del arrendador de un inmueble destinado a la habitación, para evitar y proteger al arrendatario de posibles abusos de aquél, haciendo hincapié entre otras cosas, en la obligación a cargo del arrendador de entregar recibos de pago correspondientes a cada periodo de renta pagado por el arrendatario, con el fin de que éste tenga en todo caso posibilidad de defenderse de una reclamación de pago, mediante la exhibición de dichos documentos.

"En ese contexto, como ya se adelantó, en la sentencia reclamada la Sala responsable confirmó la diversa sentencia dictada por el Juez de origen en la que se determinó condenar a la demandada, hoy quejosa, al pago de rentas vencidas desde diciembre de dos mil doce hasta enero de dos mil catorce, fecha en que se presentó la demanda en el juicio de origen, sin percatarse que no existió interpelación judicial y que el monto de las rentas adeudadas era mayo a tres meses previos a la presentación de la demanda.

"Atento a lo que antecede, tomando en consideración que la demanda en el juicio natural se presentó el veinte de enero de dos mil catorce (foja 1 del juicio **********), debe considerarse tal hecho como interpelación de pago; entonces, como ya se puso de manifiesto, únicamente se puede reclamar el pago de tres meses de renta anteriores al veinte de enero de dos mil catorce, esto es, sólo procede el pago de rentas vencidas a partir del veinte de octubre de dos mil trece en adelante, pues se computan desde esa fecha los tres meses anteriores a la interpelación de pago, dado que, por el periodo anterior que se reclama (diciembre de dos mil doce al veinte de octubre de dos mil trece), surte la presunción de pago contenida en el numeral 2428-E del Código Civil para la Ciudad de México.

"De manera que, es necesario que se tome en consideración que se surte la presunción de pago de las rentas respecto de las que no hubo interpelación de pago, siendo en la especie, que la interpelación se configuró con la presentación de la demanda de origen (veinte de enero de dos mil catorce); de ahí que, se insiste, únicamente procede el pago de rentas vencidas desde el veinte de octubre de dos mil trece, hasta la desocupación y entrega del inmueble controvertido, o en su caso, cuando se haga la consignación de llaves.

"Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 7/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citó datos de localización), de rubro y texto siguientes:

"‘ARRENDAMIENTO SOBRE INMUEBLES DESTINADOS A LA HABITACIÓN. PERIODO DURANTE EL CUAL SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE PAGO DE LA RENTA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 2428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.’ (la reprodujo)"

Con base en esas consideraciones, ese tribunal emitió la siguiente tesis:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE OPERAR EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO DESTINADO A CASA HABITACIÓN, CUANDO SE ADVIERTE QUE NO HUBO INTERPELACIÓN JUDICIAL PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, Y QUE SE RECLAMAN RENTAS ANTERIORES A LOS TRES MESES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 2428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. La presunción de pago que establece el artículo 2428-E del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, aun cuando no forme parte de la litis propuesta por las partes, debe ser considerada de oficio por el juzgador de origen. Así, debe destacarse que la figura de suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo se erige como una institución de trascendental importancia dentro de nuestro sistema jurídico, con características particulares, a fin de impedir la denegación de justicia por razones de carácter meramente técnico-jurídicas. Dicha institución no se aplica de manera arbitraria en cualquier caso, sino debe analizarse desde la perspectiva constitucional y legal, toda vez que es en función de ese examen interno como debe determinarse en cada caso concreto si se satisface el mandato universal de igualdad o si existe una justificación razonable en la distinción de trato que respecto de ciertas personas o grupos prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, del que se destaca que la suplencia de la deficiencia de la queja opera en circunstancias especiales como ocurre en los casos siguientes: a) Cuando el acto reclamado se funde en normas inconstitucionales; b) Cuando se afecte el orden y desarrollo de la familia; y, c) En otras materias, cuando se advierta una violación evidente de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso o recurrente. De lo que se advierte que la propia Ley de Amparo establece con claridad, los criterios específicos de procedencia de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios. Ahora bien, el artículo 2428-E citado, establece que, a falta de entrega de recibos de pago de renta por más de tres meses, se entenderá que el pago ha sido efectuado, salvo que el arrendador haya hecho el requerimiento correspondiente en tiempo y forma, de lo que se deduce que está obligado a entregar un recibo por cada mensualidad que el arrendatario pague. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el artículo 2428-E referido, en el sentido de que la presunción contenida en su segundo párrafo, cobra aplicación en aquellas controversias de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación, promovidas por el arrendador, mediante el ejercicio de las acciones que se basen en el incumplimiento de la obligación principal de pago de rentas a cargo del arrendatario, como la acción de pago de rentas o la acción de rescisión de contrato. Dicho criterio originó la jurisprudencia 1a./J. 83/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 32, registro digital: 173843, de rubro y texto: ‘ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS DESTINADAS A LA HABITACIÓN. PRESUNCIÓN DE PAGO DE RENTAS POR FALTA DE ENTREGA DE RECIBOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2,428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE ENERO DE 2003).’, en la que se establece que tratándose de juicios promovidos por el arrendador en contra del arrendatario, con base en la falta de pago de rentas, resulta aplicable la presunción de pago, en términos del precepto legal que se analiza. En ese orden de ideas, si lo que se presume es el pago de las rentas por parte del arrendatario, dicha presunción funciona como prueba para demostrar la excepción de pago, que es por excelencia la que anula la acción ipso iure. Por tanto, en aquellos casos en los que el juicio de controversia de arrendamiento sobre bienes inmuebles destinados a la habitación, se derive de acciones ejercitadas por el arrendador y que se basen en el incumplimiento de la obligación principal de pago de rentas a cargo del arrendatario, tendrá que considerarse que dichas acciones son procedentes, en todo caso, en la vía correspondiente, esto es, no pueden considerarse anuladas ab initio; pero al estimarse que se actualiza la presunción contenida en el precepto que se analiza, el actor debe asumir la carga probatoria que de otra suerte pesaría sobre el demandado, en lo referente a todas aquellas pensiones rentísticas respecto de las cuales se actualice la presunción legal. Esto significa que, para destruir la presunción, el actor tendrá que demostrar la falta de pago o la mora en el pago de las rentas reclamadas, respectivamente, o bien, que hizo el requerimiento de pago correspondiente ‘en tiempo y forma’, en términos del precepto analizado. Consecuentemente, si no hubo interpelación para requerir el pago correspondiente de las rentas en tiempo y forma, debe operar, de oficio, la presunción de pago en suplencia de la deficiencia de la queja, aun cuando no forme parte de la litis; de ahí que sólo proceda el pago de rentas vencidas desde la interpelación hasta la desocupación y entrega del inmueble controvertido o, en su caso, cuando se haga la consignación de llaves."(2)

II. Criterio sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito.

En sesión de quince de marzo de dos mil dieciocho, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el juicio DC. 859/2017, que versó esencialmente sobre la siguiente cuestión jurídica:

La arrendadora demandó en la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario, de la arrendataria y del fiador, entre otras prestaciones, la rescisión del contrato de arrendamiento para casa habitación, así como el pago de rentas correspondientes a los meses de abril de dos mil doce a enero de dos mil trece.

El Juez dictó sentencia, en la que rescindió el contrato de arrendamiento y condenó a los codemandados al pago, entre otras cuestiones, de las rentas correspondientes a los meses de abril de dos mil doce a enero de dos mil trece.

Inconforme con esa determinación, el fiador interpuso recurso de apelación; el tribunal de alzada modificó la sentencia apelada y absolvió a los codemandados del pago de rentas demandadas.

Esa resolución constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo directo promovido por la arrendadora.

El Tribunal Colegiado de Circuito otorgó el amparo, al considerar, esencialmente, que la Sala responsable varió la litis al analizar de oficio una excepción que no fue opuesta; es decir, la presunción legal prevista en el artículo 2428-E del Código Civil para la Ciudad de México, la cual sólo es susceptible de análisis cuando se opone como excepción, ya que, por su especial naturaleza admite prueba para destruirla y que no era aplicable la suplencia de la deficiencia de la queja para analizar un supuesto que debió ser materia de excepción, porque la Ley de Amparo regula el juicio de amparo y no los procedimientos ordinarios.

Las consideraciones de esa determinación, en lo que interesa, son las siguientes:

"... A fin de evidenciar lo fundado o infundado del argumento, es pertinente señalar que el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México(3) establece que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

"Sobre este particular, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que más adelante se transcribe, consideró que el principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, no contengan afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna.

"La tesis a que se hace mención se localiza en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XI, Cuarta Parte, Sexta Época, página 193, que dice: ‘SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.’ (la reprodujo)

"‘De igual forma, es pertinente señalar que en el derecho procesal civil existen excepciones propias e impropias, las primeras que se componen de hechos que, por sí mismos, no excluyen la acción, responden al principio de justicia rogada y son planteados y probados por el demandado–, en tanto que las segundas, que se integran por hechos que, por sí solos excluyen la acción y una vez que constan probados en autos el Juez debe estimarlos de oficio, aunque el demandado no lo haya invocado.

"Es aplicable al caso la tesis sin número, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Quinta Época, página 316, que dice: ‘EXCEPCIONES, NATURALEZA DE LAS.’ (se transcribe)

"Por su parte, de la resolución reclamada se advierte que la responsable sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"1. Declaró fundado el agravio en que el apelante adujo que al dar contestación a la demanda opuso la excepción de pago, arguyendo que se cubrieron las rentas generadas, considerando que era inexistente un incumplimiento que hiciera surgir subsidiariamente la obligación de pago en su calidad de fiador.

"‘2. Partió de la premisa consistente en que al darse contestación al hecho marcado con el número 8 del escrito de demanda, se indicó:

"‘«8. El hecho octavo se niega, por cuanto hace al adeudo de las rentas correspondientes a los meses de abril del año 2012 a enero del año 2013, ya que en ese momento ya no era obligado respecto de las obligaciones contraídas por el año que justamente feneció en abril de 2012, por tanto, al cambiar las circunstancias de temporalidad y fenecer la obligación que garanticé es ilógico que se reclame el pago de dichas cantidades al suscrito por omisiones del arrendatario, al no realizar notificación alguno o interpelación, como lo previene el artículo 2080 del Código Civil aplicable a esta ciudad.’

"‘3. En esa guisa, sostuvo que si bien el argumento que se hizo valer en vía de agravio no formó parte de las excepciones y defensas opuestas por el codemandado, lo cierto era que al oponerse al cobro de las rentas correspondientes a los meses de abril de dos mil doce a enero de dos mil trece, se trataba de un hecho controvertido, por lo que con independencia de la omisión de citar el precepto legal aplicable, se trataba de la presunción de pago prevista por el artículo 2428-E del Código Civil para la Ciudad de México.

"‘4. Finalmente, se fundó en la tesis l.3o.C.275 C (10a.), de rubro: «SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE OPERAR EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO DESTINADO A CASA HABITACIÓN, CUANDO SE ADVIERTE QUE NO HUBO INTERPELACIÓN JUDICIAL PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, Y QUE SE RECLAMAN RENTAS ANTERIORES A LOS TRES MESES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 2428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.».’(4)

"Estas consideraciones son violatorias de los derechos fundamentales de la parte quejosa, merced a que la autoridad responsable varió la litis, al resolver el recurso de apelación, dado que analizó de oficio una excepción que no fue opuesta al contestar la demanda.

"En efecto, de la contestación al hecho número ocho del escrito de demanda, se advierte claramente que la pretensión del demandado era desconocer su obligación de pago respecto del adeudo que se le reclamó relativo a los meses de abril del dos mil doce a enero de dos mil trece, al haber cesado la carga que tenía de garantizar las obligaciones contraídas en el contrato base de la acción, en su calidad de fiador, por lo que al haber cambiado las circunstancias de temporalidad y fenecer su obligación, era ilógico que se le reclamaran las citadas cantidades por omisiones del arrendatario, puesto que no se le había notificado o interpelado, conforme a lo previsto en el artículo 2080 del Código Civil de la Ciudad de México.(5)

"Así, contrariamente a lo considerado por la Sala responsable, la intención del demandado era excluirse de responsabilidad en el pago reclamado, en virtud del transcurso del tiempo a que se obligó en su carácter de avalista y/o fiador en el contrato de arrendamiento, así como por la falta de requerimiento de pago y/o interpelación judicial, mas no hacer valer la presunción de pago derivada del artículo 2428-E del Código Civil para la Ciudad de México(6) (que, por su orden debía ser 2448-E, a partir de su propio texto y de los elementos encontrados en el proceso legislativo de su creación), consistente en tener por pagadas las rentas ante la falta de entrega de recibos y del requerimiento de pago del arrendador al arrendatario.

"Sin que en el caso pueda analizarse de oficio la presunción legal prevista en el artículo 2428-E (2448-E) del Código Civil para la Ciudad de México, puesto que sólo es susceptible de analizarse cuando se opone como excepción, dado que, por su especial naturaleza admite prueba para la destrucción de la presunción.

"No constituye obstáculo para lo anterior el contenido de la tesis en que se apoyó la responsable, de rubro y texto:

"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE OPERAR EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO DESTINADO A CASA HABITACIÓN, CUANDO SE ADVIERTE QUE NO HUBO INTERPELACIÓN JUDICIAL PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, Y QUE SE RECLAMAN RENTAS ANTERIORES A LOS TRES MESES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 2428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.’ (la reprodujo)

"En efecto, este Tribunal Colegiado no comparte dicho criterio, porque se apoya en la suplencia de la queja que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; de acuerdo con el cual dicha figura jurídica opera en las hipótesis ahí previstas para, en sustitución del quejoso en el juicio de amparo, analizar argumentos en dicho procedimiento constitucional que hayan sido planteados deficientemente; sin embargo, esa disposición no alcanza a extrapolarse a los procedimientos ordinarios de los que emerge la sentencia reclamada en el juicio de amparo directo, porque esos juicios están regulados por sus propias normas sustantivas y procesales.

"Por tanto, si en el juicio natural no se opuso una excepción, no puede invocarse la Ley de Amparo para sostener que oficiosamente, en suplencia de la queja, la responsable debió analizar un supuesto legal (presunción de pago de rentas) que debió ser materia de excepción, porque, se insiste, la Ley de Amparo regula el juicio de garantías y no los procedimientos ordinarios.

"En tal sentido, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable se extralimitó en sus facultades, al resolver el recurso de apelación, pues conforme al principio de congruencia y a la naturaleza de las excepciones, la responsable sólo está facultada para analizar de oficio aquellas cuestiones que se refieren a excepciones ‘impropias’ y, supeditada al principio de justicia rogada, cuando se trata de excepciones ‘propias’; de tal forma que su actuar violó el principio de congruencia previsto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. ..."

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.

Este Pleno de Circuito considera que en el caso se actualiza una contradicción de criterios entre los tribunales contendientes, ya que examinaron hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegaron a conclusiones discrepantes respecto a la solución que ha de darse a dichas cuestiones, en lo que radica la esencia de la contradicción de tesis.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2010,(7) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28103-351406b7/arrendamiento-inmobiliario-destinado-a-casa-habitacion-el-juez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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