CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO, EN TÉRMINOS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE 10 DE ENERO DE 1994.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2000. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al resolver con fecha siete de enero del dos mil el amparo directo 404/99, promovido por ... determinó, en síntesis, lo siguiente:
Que para individualizar la pena deben tenerse en consideración, además del hecho típico y la participación del sujeto en el mismo, los antecedentes del acusado, con la finalidad de establecer el grado de culpabilidad de éste, sin que ello implique que la individualización se haga conforme al criterio de peligrosidad abandonado en virtud de la reforma al ahora Código Penal Federal de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, ya que el hecho de que en la fracción VI del artículo 52 del código en cita se haya suprimido lo relativo a la conducta anterior del sujeto activo no conlleva a prohibir que se tomen en cuenta los antecedentes personales del justiciable para determinar su grado de culpabilidad.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al resolver con fecha doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve el amparo directo 202/99, promovido por ... señaló, en esencia, como consideraciones las siguientes:
Que de conformidad con la reforma que sufrió el artículo 52 del entonces Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, actualmente Código Penal Federal, el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, se introdujo la figura del grado de culpabilidad para efectos de la individualización de la pena, abandonando los conceptos de peligrosidad o temibilidad, y la culpabilidad se debe determinar con base exclusivamente en aspectos objetivos que concurrieron al hecho delictuoso y no atender a los antecedentes del sujeto, pues así se desprende de la exposición de motivos de tal reforma, ya que el espíritu del legislador al sustituir la temibilidad o peligrosidad por la culpabilidad, consistió en que al momento de individualizar las penas, el juzgador tome en cuenta exclusivamente los aspectos objetivos del hecho ilícito cometido y se abandone la práctica de tomar en consideración los antecedentes penales anteriores o realizar inferencias delictivas futuras, para determinar el grado de culpabilidad que revela el acusado.
QUINTO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en tratándose de la figura de contradicción de tesis, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio prevalecerá, se requiere que un tribunal niegue lo que otro afirme o viceversa respecto de un mismo tema.
Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.
"Contradicción de tesis 30/91. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.
"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.
"Contradicción de tesis 71/90. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso."
Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se presenta o no contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados mencionados.
Así, tenemos que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo ya señalado, considera que para individualizar la pena deben tenerse en consideración, además del hecho típico y la participación del sujeto en el mismo, los antecedentes del acusado, con la finalidad de establecer el grado de culpabilidad de éste, sin que ello implique que la individualización se haga conforme al criterio de peligrosidad abandonado en virtud de la reforma al ahora Código Penal Federal de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, ya que el hecho de que en la fracción VI del artículo 52 del código en cita se haya suprimido lo relativo a la conducta anterior del sujeto activo, no conlleva a prohibir que se tomen en cuenta los antecedentes personales del justiciable para determinar su grado de culpabilidad.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión referidos, sostiene que de conformidad con la reforma que sufrió el artículo 52 del entonces Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, actualmente Código Penal Federal, el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, se introdujo la figura del grado de culpabilidad para efectos de la individualización de la pena, abandonando los conceptos de peligrosidad o temibilidad, y la culpabilidad se debe determinar con base exclusivamente en aspectos objetivos que concurrieron al hecho delictuoso y no atender a los antecedentes del sujeto, pues así se desprende de la exposición de motivos de tal reforma, ya que el espíritu del legislador, al sustituir la temibilidad o peligrosidad por la culpabilidad, consistió en que al momento de individualizar las penas, el juzgador tome en cuenta exclusivamente los aspectos objetivos del hecho ilícito cometido y se abandone la práctica de tomar en consideración los antecedentes penales anteriores o realizar inferencias delictivas futuras, para determinar el grado de culpabilidad que revela el acusado.
En tal virtud, esta Sala considera que en la hipótesis sí existe la contradicción de tesis denunciada, atento lo siguiente:
a) Los dos tribunales analizaron el alcance del artículo 52 del Código Penal Federal, en cuanto a si en virtud de la reforma a dicho precepto de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro que abandonó el criterio de peligrosidad adoptando el de determinación del grado de reproche de culpabilidad, deben o no tomarse en cuenta los antecedentes penales del procesado al momento de individualizar la pena, llegando a conclusiones diferentes, pues mientras que uno estima que sí deben tomarse en cuenta, sin que ello implique aplicar el criterio de peligrosidad, en tanto que el otro considera que no debe atenderse a dichos antecedentes puesto que hacerlo lleva implícito el acogerse al abandonado principio de peligrosidad o temibilidad;
b) Las diferencias de criterios se presentan en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias pronunciadas por ambos Tribunales Colegiados; y,
c) Los distintos criterios provienen de los mismos elementos, dado que ambos Tribunales Colegiados sostuvieron su criterio atendiendo a lo dispuesto en el Código Penal Federal.
Cabe hacer mención que para el efecto de la procedencia de la contradicción de tesis, no es indispensable que se hayan concluido las ejecutorias con una tesis de jurisprudencia, pues basta con que exista entre los Tribunales Colegiados diversidad de criterios o que sostengan posturas distintas sobre un mismo tema. Esto es, no es óbice para la resolución de esta contradicción de criterios, el que algunos se contengan en ejecutorias de amparo, puesto que el vocablo ‘tesis’ que se emplea en los artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo, debe entenderse en sentido amplio, como la expresión de un criterio respecto de un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos de su competencia, sin que sea necesario que el criterio sustentado en una sentencia deba exponerse de manera formal, mediante una redacción especial, con un rubro, un texto y datos de identificación del asunto en el que se sustentó, a través de la publicación de una tesis, ni tampoco que deba constituir jurisprudencia obligatoria, conforme a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, pues basta con que se acredite que las resoluciones materia de la contradicción contengan criterios opuestos sobre una misma cuestión jurídica, tal y como acontece con la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.
Es procedente al efecto, el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal con los datos de identificación, rubro y texto siguientes:
"Novena Época.
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: II, agosto de 1995
"Tesis: P. LIII/95
"Página: 69
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado, por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificación del asunto en donde se sostuvo, ni menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental, ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
"Contradicción de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González."
También es procedente lo dispuesto por la tesis cuyo rubro y texto se transcriben a continuación:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 83, noviembre de 1994
"Tesis: P. L/94
"Página: 35
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.-Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así.
"Contradicción de tesis 8/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (en la actualidad Tribunal Colegiado en Materia Penal). 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo."
SEXTO.-Esta Sala estima que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se sustenta en la presente resolución en atención a las siguientes consideraciones:
Ha quedado precisado en el anterior considerando que el tema de contradicción consiste en definir si en virtud de la reforma al artículo 52 del Código Penal Federal de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro (en ese entonces Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal), que abandonó el criterio de peligrosidad adoptando el de determinación del grado de reproche de culpabilidad, deben o no tomarse en cuenta los antecedentes penales del procesado, que sustentaban en lo esencial el principio de peligrosidad, al momento de individualizar la pena.
En efecto, el texto del artículo 52 del Código Penal Federal, después de la reforma, dice lo siguiente:
"(Reformado, D.O. 10 de enero de 1994)
"Artículo 52. El Juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta: I. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto; II. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla; III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado; IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres; VI. El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y VII. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma."
El texto reformado, como se ha dicho, abandonó el criterio de la peligrosidad como el eje fundamental sobre el que debía girar la individualización de la pena, para adoptar la figura del reproche de culpabilidad; al respecto, la exposición de motivos nos dice lo siguiente:
"Se propone fijar nuevos criterios para la individualización de las penas, a fin de que, con base en la gravedad del hecho ilícito y en el grado de culpabilidad del agente, se cuantifique justamente la pena a imponer. Con esto se abandona en esos aspectos el criterio de temibilidad o peligrosidad, ya que si bien es un principio orientador de las medidas cautelares, no debe serlo para la pena, mediante la cual sólo se ha de castigar al delincuente por lo que ha hecho y no por lo que es o por lo que se crea que vaya a hacer. Los criterios para la aplicación de las penas y medidas de seguridad constituyen, sin duda, uno de los puntos medulares de un código penal, pues son claros indicadores de su orientación político-criminal. Es aquí donde podemos constatar si el derecho penal que nos rige se caracteriza como un derecho penal de culpabilidad o de peligrosidad y, por tanto, si en este aspecto estamos frente a un derecho penal propio de un sistema penal de un Estado democrático de derecho o de un Estado autoritario o absolutista."
Es decir, que si el legislador buscó con la reforma tener un sistema de individualización de la pena acorde con un derecho penal democrático, es evidente que concibe a la culpabilidad como los presupuestos que fundamentan la reprochabilidad que se puede hacer a una persona por haber cometido un injusto penal, entendido como una conducta típica y antijurídica.
Así, al autor de un injusto le debe sobrevenir un reproche de culpabilidad por su acto, mismo que le será formulado por la autoridad judicial del Estado, por no haberse motivado en la norma, siendo que le era exigible hacerlo así, toda vez que la norma constituye la expresión de la conducta social deseada, en tanto que la ley significa la expresión de la voluntad social.
Lo anterior implica la adopción, por parte del legislador, de un derecho penal de acto en lugar de un derecho penal de autor, lo que se traduce en una culpabilidad por el hecho individual en sustitución de una culpabilidad por la conducta de la vida.
En tal sistema, la culpabilidad lo será de la voluntad, en tanto que el autor adoptó una resolución de voluntad antijurídica pudiendo adoptar una diferente.
Ahora bien, lo anterior resulta sólo de la interpretación aislada de los alcances del artículo 52 del Código Penal Federal; sin embargo, dicho dispositivo es parte de un todo, es decir, que el sistema de individualización de la pena de nuestro orden normativo no se encuentra contenido exclusivamente en dicho numeral, por lo que para comprender a cabalidad el sistema integral, debe hacerse una interpretación armónica del mencionado artículo 52 con otros dispositivos.
Así, tenemos que el artículo 51 del Código Penal Federal establece:
"(Reformado primer párrafo, D.O. 30 de diciembre de 1991)
"Artículo 51. Dentro de los límites fijados por la ley, los Jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente. Cuando se trate de punibilidad alternativa el Juez podrá imponer, motivando su resolución, la sanción privativa de libertad cuando ello sea ineludible a los fines de justicia, prevención general y prevención especial.
"(Reformado [N. de E. adicionado], D.O. 14 de enero de 1985)
"En los casos de los artículos 60, fracción VI, 61, 63, 64, 64 bis y 65 y en cualesquiera otros en que este código disponga penas en proporción a las previstas para el delito intencional consumado, la punibilidad aplicable es, para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mínimo y máximo de la pena prevista para aquél. Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres días."
En tal virtud, es claro que si bien las alusiones a la culpabilidad deben ser entendidas en la forma de una culpabilidad de acto o de hecho individual, en esas referencias necesariamente deben encontrarse aspectos claramente reveladores de la personalidad del sujeto, ya que es incuestionable que la personalidad desempeña un papel importante en la cuantificación de la culpabilidad, ya que la personalidad es uno de los datos que nos indican el ámbito de autodeterminación del autor, necesario para apreciar el por qué adoptó una resolución de voluntad antijurídica pudiendo adoptar una diferente.
Es decir, que los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal establecen un esquema de individualización de la pena que es una especie de combinación de los dos sistemas en cuestión: el de culpabilidad de acto como el núcleo del esquema, y el de culpabilidad de autor como una suerte de cauce hacia una política criminal adecuada.
Lo anterior es complementado por el artículo 65 del Código Penal Federal, que dispone:
"(Reformado, D.O. 13 de mayo de 1996)
"Artículo 65. La reincidencia a que se refiere el artículo 20 será tomada en cuenta para la individualización judicial de la pena, así como para el otorgamiento o no de los beneficios o de los sustitutivos penales que la ley prevé.
"(Adicionado, D.O. 13 de mayo de 1996)
"En caso de que el inculpado por algún delito doloso calificado por la ley como grave, fuese reincidente por dos ocasiones por delitos de dicha naturaleza, la sanción que corresponda por el nuevo delito cometido se incrementará en dos terceras partes y hasta en un tanto más de la pena máxima prevista para éste, sin que exceda del máximo señalado en el título segundo del libro primero.
"(Derogado último párrafo, D.O. 17 de mayo de 1999)."
Tenemos entonces que para individualizar la pena el artículo 52 nos indica que debe atenderse al grado de culpabilidad del agente, en tanto que el artículo 51 dice que deben tenerse en cuenta las circunstancias peculiares del propio sujeto activo, entre las que destaca, en términos del artículo 65, la reincidencia.
Y además, la fracción VII del propio artículo 52 señala que debe atenderse a las condiciones propias del sujeto activo que sirvan para determinar la posibilidad que tuvo el mismo de haber ajustado su conducta a lo previsto en la norma, fracción que textualmente dice:
"VII. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma."
Ello es así, en virtud de que la pena tiene una finalidad que la justifica, consistente en ser el medio por el cual el derecho penal pretende proporcionar la seguridad jurídica a que aspira, teniendo para ello como objetivo la prevención de conductas delictivas, pues es una de las formas que asegura la convivencia de las personas en sociedad.
La discusión relativa a la forma de prevenir las conductas delictivas ha generado dos tendencias, dando lugar a la teoría de la prevención general y la teoría de la prevención especial.
La teoría de la prevención general establece que la pena tiene como finalidad evitar la comisión de delitos futuros por parte de los gobernados, siendo inhibida dicha conducta por el mal que la misma implica; contempla la toma de medidas preventivas que tiendan a involucrar a todo el grupo social en su aplicación, para de esa manera obtener una eficaz política en la materia. Es decir, le da a la pena un carácter disuasivo a nivel general, pues la concibe como un ejemplo dirigido a todos los integrantes del grupo social para que eviten incurrir en las conductas sancionadas; su contenido está dirigido más al grupo social que a la persona a quien se impone.
Por otra parte, la teoría de la prevención especial le acredita a la pena la finalidad de evitar la comisión de posteriores delitos por parte de un sujeto que ya ha delinquido. Como vemos, le atribuye un carácter disuasivo a nivel particular puesto que se dirige al individuo que ya se ha apartado de la senda del derecho, para tratar de enseñarlo a convivir con la sociedad sin que perturbe de nueva cuenta los derechos de los demás, lo que implica que debe tener una eficacia preventiva en la persona que la ha sufrido, quien, con la experiencia vivida, evitará incurrir de nueva cuenta en conductas lesionadoras de la ley; como vemos, en esta teoría la pena se orienta a corregir a los corregibles o a neutralizar a los incorregibles.
Teorías éstas que están contempladas por nuestra legislación en materia de individualización de la pena en el artículo 51 del Código Penal Federal, cuyo texto reproducimos de nueva cuenta:
"(Reformado primer párrafo, D.O. 3 de diciembre de 1991)
"Artículo 51. Dentro de los límites fijados por la ley, los Jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente. Cuando se trate de punibilidad alternativa el Juez podrá imponer, motivando su resolución, la sanción privativa de libertad cuando ello sea ineludible a los fines de justicia, prevención general y prevención especial.
"(Reformado [N. de E. adicionado], D.O. 14 de enero de 1985)
"En los casos de los artículos 60, fracción VI, 61, 63, 64, 64 bis y 65 y en cualesquiera otros en que este código disponga penas en proporción a las previstas para el delito intencional consumado, la punibilidad aplicable es, para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mínimo y máximo de la pena prevista para aquél. Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres días."
En tal virtud, si la prevención especial deriva de la aplicación de la pena a un caso concreto para evitar la posterior comisión de delitos por parte del sentenciado, es lógico entonces que los antecedentes penales son un elemento a considerar para verificar la posibilidad que el agente tuvo de ajustarse a la norma en términos de la fracción VIII del artículo 52 del Código Penal Federal.
No hay que perder de vista que la labor de individualización de la pena aplicable consiste en un razonamiento lógico-jurídico del juzgador tendiente a justificar el por qué se inclina a establecer un cierto grado de reproche de culpabilidad, pero ello como producto de un análisis general y previa confrontación entre aquellos factores que beneficien al acusado y los que le perjudiquen.
Razonamiento que se aplica no sólo al hecho concreto en que consistió el injusto penal, sino también a todas las circunstancias que le rodearon, siendo al respecto aplicable el siguiente criterio:
"Quinta Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: CXXIX
"Página: 783
"PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA, ANTECEDENTES DOCTRINARIOS SOBRE LA.-No tan sólo la escuela positiva informa al Código Penal vigente, sino también coadyuva la Escuela Clásica Penal y otras tendencias, por lo que, acertadamente se ha calificado de ser un ordenamiento ecléctico, un código de síntesis, que al mismo tiempo que adopta el nuevo binomio de la peligrosidad y de la defensa social, admite el viejo trinomio de la imputabilidad, responsabilidad y culpabilidad, siendo el artículo 52 del código federal su corolario lógico; de ahí que además de atenderse a los datos psicológicos, nosológicos y biológicos en general del sujeto activo, se tome en cuenta el aspecto ético del mismo, así como la revelación de esa personalidad en el hecho concreto, toda vez que en el enunciado de que el delito ‘es un hecho contingente’, su etiología es, por consecuencia de causas múltiples y que concurren a la formación del juicio del juzgador, tanto aquellos datos subjetivos, como los objetivos.
"Amparo directo 6508/55. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 22 de septiembre de 1956. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón."
Es dable concluir entonces que sí debe atenderse a los antecedentes penales del procesado para poder individualizar la pena en armonía con todo el sistema creado por el legislador.
En tales condiciones, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia obligatoria, en términos del artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, la tesis que a continuación se precisa:
-Del proceso legislativo de la referida reforma se advierte que tuvo como finalidad abandonar el criterio de la peligrosidad como el eje fundamental sobre el que debía girar la individualización de la pena, para adoptar la figura del reproche de culpabilidad. Al respecto, los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal vigentes a la fecha, establecen un esquema de individualización de la pena que es una especie de combinación de dos sistemas, el de culpabilidad de acto como núcleo del esquema, y el de culpabilidad de autor como una suerte de cauce hacia una política criminal adecuada. El numeral 52 indica que al imponer la pena respectiva debe atenderse al grado de culpabilidad del agente, en tanto que el artículo 51 dice que deben tenerse en cuenta las circunstancias peculiares del propio sujeto activo, entre las que destaca, en términos del artículo 65 del mismo cuerpo de leyes, la reincidencia. Por otra parte, la fracción VIII del propio artículo 52 señala que debe atenderse a las condiciones propias del sujeto activo, que sirvan para determinar la posibilidad que tuvo el mismo de haber ajustado su conducta a lo previsto en la norma. Todas estas reglas tienen como finalidad específica servir de medio por virtud del cual el derecho penal proporcione la seguridad jurídica a que aspira, teniendo para ello como objetivo la prevención de conductas delictivas, al ser una de las formas que asegura la convivencia de las personas en sociedad, y así cumplir con la prevención especial a que alude el numeral 51
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2812-2e8eb700/culpabilidad-para-determinar-su-grado-deben-tomarse-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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