REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO. PARA QUE SE CONDENE A ELLA BASTA QUE EL JUZGADOR TENGA POR ACREDITADA LA COMISIÓN DEL ILÍCITO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos directos números 916/89, 502/95, 1762/96, 1766/96 y 690/97, emitió la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VII, junio de 1998
"Tesis: I.2o.P. J/5
"Página: 555
"REPARACIÓN DEL DAÑO, PRUEBA DE SU PROCEDENCIA, DEVENIDA DEL DELITO DE HOMICIDIO.-Tomando en consideración que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y de que ésta cuenta con medios enérgicos de ejecución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 29, párrafo primero, 30 fracción II, 31 párrafo primero, 33, 34 párrafo primero, 35, 37, 38 y 39 del Código Penal para el Distrito Federal, si demostrado está en el proceso el daño causado a la familia de la víctima con la muerte de ésta devenida del delito de homicidio por el que se dictó sentencia condenatoria, basta con tal prueba para que el juzgador fije el monto del pago correspondiente dado que a la Ley Federal del Trabajo envían los numerales 34 del Código Penal vigente para el Distrito Federal y 556, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para la localidad; en la inteligencia de que esas tres codificaciones se interpretan conjuntamente en los artículos aplicables al caso subexamen, por provenir del mismo legislador federal y, por ende, deben complementarse mutuamente, criterio que es acorde a una interpretación científica y racional del derecho, pues el fin social de la ley penal en la materia de la reparación del daño es la protección del ofendido por el delito.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo directo 916/89. 29 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Martín Carrasco. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto.
"Amparo directo 502/95. 15 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretario: Renato Sales Heredia.
"Amparo directo 690/97. 30 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretario: Reynaldo M. Reyes Rosas.
"Amparo directo 1762/96. 30 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretaria: María del Pilar Vargas Codina.
"Amparo directo 1766/96. 30 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretaria: María del Pilar Vargas Codina.
"Nota: Esta tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 394; por instrucciones del Tribunal Colegiado se publica nuevamente con las modificaciones que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada."
QUINTO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 259/98, emitió la siguiente tesis aislada:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VIII, agosto de 1998
"Tesis: I.3o.P.32 P
"Página: 904
"REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO.-Es indebida la condena a la reparación del daño derivada del delito de homicidio, consistente en el pago a quienes acrediten ser derechohabientes del occiso, con base en la Ley Federal del Trabajo para fijar su monto, sin haber aportado durante el proceso, las pruebas conducentes que acrediten el daño que deba resarcirse, pues la aplicación de la legislación citada requiere satisfacer ese presupuesto.
"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo directo 259/98. 13 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos de Gortari Jiménez. Secretaria: Leticia Ramírez Miranda."
El criterio establecido en la tesis anterior también quedó reflejado en las ejecutorias dictadas por ese mismo tribunal en los amparos directos números 419/99, 1387/99, 3011/99 y 1741/99.
SEXTO.-En primer lugar debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es dable que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.
Al respecto, debe tenerse en cuenta el contenido de la jurisprudencia sostenida por la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.
"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.
"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.
"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.
"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."
De conformidad con la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:
A) Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
B) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
C) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En la especie, todos los extremos anteriores se acreditan, según se expone a continuación:
a) Los dos tribunales cuyos criterios se estudian en la presente contradicción examinan una misma cuestión jurídica, consistente en determinar si basta con la condena por el delito de homicidio para que el sentenciado también se encuentre obligado a cubrir el monto de la reparación del daño, en términos de la Ley Federal del Trabajo, ordenamiento al cual remite el artículo 30 del Código Penal para el Distrito Federal, o bien, si es preciso aportar en el proceso diversas pruebas con las que se acrediten los daños que deban resarcirse a los dependientes económicos o derechohabientes del occiso, en términos del artículo 31 del mismo ordenamiento penal.
Al respecto, cada uno de los tribunales adoptó un criterio distinto, ya que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo que basta con que exista sentencia condenatoria para tener por acreditado el daño causado a la familia de la víctima; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que era preciso valerse de diversos medios de prueba para acreditar el daño efectivamente causado.
b) Para sostener sus respectivos criterios, cada uno de los tribunales hizo sus propias consideraciones e interpretaciones jurídicas en sus correspondientes ejecutorias:
i) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estableció que con base en la interpretación sistemática de los artículos 29, párrafo primero, 30, fracción II, 31, párrafo primero, 33, 34, párrafo primero, 35, 37, 38 y 39 del Código Penal para el Distrito Federal, se obtiene que la condena a la reparación del daño tiene el carácter de pena pública, que es exigible de oficio por el Ministerio Público, que es de aplicación general y no de excepción, y que de acuerdo con la tesis aislada sostenida por la Primera Sala de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 8, Segunda Parte, página 27, bajo el rubro "REPARACIÓN DEL DAÑO EN CASO DE MUERTE. PARA CALCULAR SU MONTO DEBE APLICARSE EL CÓDIGO CIVIL (LEGISLACIÓN FEDERAL).", tratándose del delito de homicidio, es casi imposible determinar con diversas pruebas el monto del daño que se les causa a los ofendidos con la muerte de la víctima, de ahí que si se exigiesen tales probanzas se les estaría dejando prácticamente sin protección, por lo que basta con la sentencia condenatoria dictada en el proceso para tener por acreditado el daño y así aplicar las cuotas establecidas por la Ley Federal del Trabajo para calcular el monto de la reparación.
ii) En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró, con fundamento en el artículo 31 del Código Penal para el Distrito Federal, que es indebida la condena a la reparación del daño derivada del delito de homicidio sin que los derechohabientes del occiso hayan aportado durante el proceso las pruebas conducentes para acreditar el daño que deba resarcirse, máxime si se considera que tal condena a la reparación del daño tiene para el reo el carácter de pena pública.
c) En cuanto a que los diferentes criterios provienen del examen de los mismos elementos, se aprecia lo siguiente:
i) Como ya se dijo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos directos números 916/89, 502/95, 1762/96, 1766/96 y 690/97, que dieron lugar a su criterio jurisprudencial, hizo suyas las consideraciones contenidas en la tesis aislada de la Primera Sala que se transcribe a continuación:
"Séptima Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 8, Segunda Parte
"Página: 27
"REPARACIÓN DEL DAÑO EN CASO DE MUERTE. PARA CALCULAR SU MONTO DEBE APLICARSE EL CÓDIGO CIVIL (LEGISLACIÓN FEDERAL).-El Código Penal Federal establece que la reparación del daño será fijada según el daño que sea preciso reparar y de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso, pero es sabido y demostrado por la experiencia que los daños que se causen a la familia del ofendido, por la muerte de éste, no pueden ser verdaderamente materia de prueba en cada caso, ya que es muy difícil calcular la edad probable de dicho ofendido, su estado de salud (después de pasar tiempo de la inhumación), su voluntad para ayudar a la familia y la parte de su ingresos que destinaba para ello, etc.; por lo tanto, esta dificultad nacida de la misma naturaleza de las cosas, siempre se ha suplido por una determinación empírica hecha por el propio legislador y así la legislación federal mexicana del Código Civil Federal remite a las cuotas establecidas por la Ley Federal del Trabajo y asimismo fija la utilidad o salario máximo que se deben calcular para estimar el monto del daño. En esa virtud, dentro de una sana interpretación del artículo 31 del Código Penal Federal, que no precisa la forma de calcular el monto del daño en los casos de muerte, tal laguna debe integrarse con lo dispuesto por el Código Civil, pues ambas leyes provienen del mismo legislador federal y deben complementarse mutuamente, máxime en los casos en que se trata únicamente de una verdadera acción civil exigida para hacer efectiva una responsabilidad puramente civil de los terceros; tal criterio está acorde con una interpretación científica y racional del derecho, pues el fin social de la ley penal en esta materia es la protección de los ofendidos por el delito y si se deja a los familiares del ofendido, en cada caso, la casi imposible tarea de determinar con diversas pruebas el monto del daño que se les causa con la muerte del ofendido, prácticamente se les está dejando sin protección, lo que contraría el fin de la ley y del legislador, por lo que en los casos de responsabilidad civil exigible a terceros, es lógico que se deba estimar el monto del daño de acuerdo con los cálculos hechos por el propio legislador para casos análogos, en los que se tiene que reparar a la familia, los daños causados por la muerte de la persona que la sostenía o ayudaba a su sostenimiento.
"Amparo directo 8580/67. Materiales Triturados, S.A. 13 de agosto de 1969. Cinco votos. Ponente: Manuel Rivera Silva."
Según se aprecia de la primera parte de la tesis, dicho precedente se basó en la interpretación del primer párrafo del artículo 31 del "Código Penal Federal" vigente en mil novecientos sesenta y nueve (aun cuando se resolvieron asuntos del orden local), es decir, del ya abrogado Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, que disponía en sus términos lo siguiente:
"Artículo 31. La reparación será fijada por los Jueces, según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso, y atendiendo también a la capacidad económica del obligado a pagarla."
Al respecto, debe precisarse que de conformidad con el Decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, expedido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, dicho ordenamiento legal adoptó la denominación de Código Penal para el Distrito Federal, según se desprende de su artículo primero:
"Artículo primero. El Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal vigente, promulgado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de 1931 con sus reformas y adiciones publicadas hasta el 31 de diciembre de 1998, junto con las reformas a que se refiere este decreto, en el ámbito de aplicación del fuero común, se denominará Código Penal para el Distrito Federal."
La redacción del primer párrafo del artículo 31 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, fue respetada sustancialmente y en lo que a esta contradicción interesa en el actual artículo 31 del Código Penal para el Distrito Federal, republicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de septiembre de mil novecientos noventa y nueve:
"Artículo 31. La reparación será fijada por los Jueces, según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso."
Por ende, aun cuando el criterio que nos ocupa provenga de la interpretación de un precepto abrogado, la contradicción de tesis debe resolverse, pues su contenido se repitió sustancialmente en el texto vigente, siendo que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad para la solución de casos posteriores.
Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, septiembre de 2000
"Tesis: 2a./J. 87/2000
"Página: 70
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES.-A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aquéllos repitan, en lo esencial, las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a la contradicción de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica.
"Contradicción de tesis 22/97. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito. 12 de junio de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.
"Contradicción de tesis 17/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 26 de marzo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
"Contradicción de tesis 109/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 5 de marzo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.
"Contradicción de tesis 78/99-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 25 de febrero del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.
"Contradicción de tesis 25/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Sexto y Noveno, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 11 de agosto del año 2000. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
"Tesis de jurisprudencia 87/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de septiembre del año dos mil.
"Nota: Este criterio se sustentó en las contradicciones de tesis precedentes, pero no resolvió el tema materia de las mismas."
Por lo que puede concluirse que el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sirve para interpretar el actual artículo 31 del Código Penal para el Distrito Federal en vigor.
ii) En cuanto al criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el amparo directo 259/98, que dio lugar a la publicación de la tesis aislada, éste se sustentó en la interpretación y aplicación del artículo 31 del entonces Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, y sus restantes ejecutorias fueron dictadas cuando ya se encontraba vigente el Código Penal para el Distrito Federal, por lo que resultan aplicables, en lo conducente, las reflexiones expresadas en líneas anteriores.
Por tanto, esta Sala aprecia que los tribunales contendientes analizan el mismo precepto, es decir, el artículo 31 del Código Penal para el Distrito Federal.
De conformidad con lo expuesto, queda de manifiesto que en la especie sí existe la contradicción de criterios denunciada y que la misma estriba en determinar si para condenar a la reparación del daño en el delito de homicidio y, por tanto, aplicar las reglas contenidas en la Ley Federal del Trabajo para el cálculo de la indemnización, basta con una sentencia por la comisión de tal delito, o bien, si es preciso que los dependientes económicos o derechohabientes aporten pruebas adicionales con las que acrediten el daño que se les deba resarcir, en términos del artículo 31 del Código Penal para el Distrito Federal en vigor.
SÉPTIMO.-Para abordar el estudio de la problemática planteada, es preciso analizar la noción y el tratamiento que el Código Penal para el Distrito Federal en vigor confiere al tema de la reparación del daño.
En este aspecto, conviene mencionar que los expedientes de los cuales derivan las ejecutorias dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, datan de los años 1989, 1995, 1996 y 1997, a lo largo de los cuales se realizaron diversas reformas y adiciones a los artículos 29 al 39 del entonces Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, los cuales se refieren al tema de la reparación del daño; sin embargo, ello no obsta para resolver la presente contradicción de tesis, por lo siguiente:
i) Tales modificaciones no afectaron en lo sustancial la naturaleza jurídica de la reparación del daño que conceptualizó dicho Tribunal Colegiado en su jurisprudencia; y,
ii) Esa misma naturaleza jurídica se encuentra plasmada en el actual Código Penal para el Distrito Federal, como se verá más adelante.
Resulta aplicable al caso el siguiente criterio:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P. VIII/2001
"Página: 322
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE AUN CUANDO LA NORMA INTERPRETADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO HAYA SUFRIDO UNA REFORMA, SI ÉSTA NO MODIFICÓ SU ESENCIA.-No es dable concluir que es inexistente una contradicción de tesis, cuando la norma legal que interpretaron los tribunales y que los llevó a conclusiones discrepantes, sufre una reforma que sólo modificó en parte la terminología empleada, pero no la esencia del precepto, en tanto que se entiende que si el contenido sustancial se mantiene, subsiste la divergencia de criterios que requiere ser superada a través del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Contradicción de tesis 43/98-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2001, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."
Precisado lo anterior, conviene transcribir en lo conducente y analizar los artículos 29 al 39 del Código Penal para el Distrito Federal en vigor, mismos que se encuentran dentro del capítulo V del título segundo, denominado "Sanción pecuniaria":
"Artículo 29. La sanción pecuniaria comprende la multa, la reparación del daño y la sanción económica.
"...
"Tratándose de los delitos contemplados en el título décimo de este código (delitos cometidos por servidores públicos), cuando como consecuencia del acto u omisión se obtenga un lucro o se causen daños y perjuicios se aplicará la sanción económica que consistirá en la aplicación de hasta tres tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados.
"Para los efectos de este código se entiende por salario mínimo el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal."
"Artículo 30. La reparación del daño comprende:
"I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la misma;
"II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos psicoterapéuticos y curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima; y
"III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
"Tratándose de delitos que afecten la vida y la integridad corporal, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo."
"Artículo 30 bis. Tienen derecho a la reparación del daño en el siguiente orden:
"a) La víctima o el ofendido; y
"b) En caso de fallecimiento de la víctima, las personas que dependiesen económicamente de él al momento del fallecimiento, o sus derechohabientes."
"Artículo 31. La reparación será fijada por los Jueces, según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso.
"Para los casos de reparación del daño causado con motivo de delitos culposos, el Ejecutivo Local reglamentará, sin perjuicio de la resolución que se dicte por la autoridad judicial, la forma en que, administrativamente, deba garantizarse mediante seguro especial dicha reparación."
"Artículo 31 bis. En todo proceso penal el Ministerio Público estará obligado a solicitar, en su caso, la condena en lo relativo a la reparación del daño y el Juez a resolver lo conducente.
"El incumplimiento de esta disposición será sancionado con multa de treinta a cincuenta días multa."
"Artículo 32. Están obligados a reparar el daño en los términos del artículo 29:
"I. Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad;
"II. Los tutores y los custodios, por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su autoridad;
"III. Los directores de internados o talleres, que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices menores de 16 años, por los delitos que ejecuten éstos durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado de aquéllos;
"IV. Los dueños, empresas o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en el desempeño de su servicio;
"V. Las sociedades o agrupaciones, por los delitos de sus socios o gerentes directores, en los mismos términos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las demás obligaciones que los segundos contraigan.
"Se exceptúa de esta regla a la sociedad conyugal, pues, en todo caso, cada cónyuge responderá con sus bienes propios por la reparación del daño que cause, y
"VI. El Estado, solidariamente, por los delitos dolosos de sus servidores públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones, y subsidiariamente cuando aquéllos fueren culposos."
"Artículo 33. La obligación de pagar la sanción pecuniaria es preferente con respecto a cualesquiera otras contraídas con posterioridad al delito, a excepción de las referentes a alimentos y relaciones laborales."
"Artículo 34. La reparación del daño proveniente de delito que deba ser hecha por el delincuente tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Público. La víctima, el ofendido, sus dependientes económicos o sus derechohabientes podrán aportar al Ministerio Público o al Juez, en su caso, los datos y pruebas que tengan para demostrar la procedencia y monto de dicha reparación, en los términos que prevenga el Código de Procedimientos Penales.
"En toda sentencia condenatoria el Juez deberá resolver sobre la reparación del daño, ya sea absolviendo o condenando a pagar cantidad precisa y no dejar a salvo los derechos del ofendido ni aplazar la determinación del monto a incidente o resolución posterior.
"El incumplimiento por parte de las autoridades de la obligación a que se refiere el párrafo anterior, será sancionado con multa de treinta a cuarenta días de salario mínimo.
"Cuando dicha reparación deba exigirse a tercero, tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en forma de incidente, en los términos que fije el propio Código de Procedimientos Penales.
"Quien se considere con derecho a la reparación del daño, que no pueda obtener ante el Juez Penal, en virtud de no ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público, sobreseimiento o sentencia absolutoria, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación correspondiente."
"Artículo 35. El importe de la sanción pecuniaria se distribuirá: entre el Estado y la parte ofendida; al primero se aplicará el importe de la multa, y a la segunda el de la reparación.
"Si no se logra hacer efectivo todo el importe de la sanción pecuniaria, se cubrirá de preferencia la reparación del daño, y en su caso, a prorrata entre los ofendidos.
"Si la parte ofendida renunciare a la re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7491-c173c2f2/reparacion-del-dano-en-el-delito-de-homicidio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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