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Modo: Corpus Pro

ROBO. LA VIOLENCIA COMO MEDIO COMISIVO DEL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 371, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL SE INTEGRA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 373, DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2000-PS. · Registro digital (IUS): 2831
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, , Pág. 248.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver con fecha dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el amparo directo número 2825/97, interpuesto por ... consideró lo siguiente:

"QUINTO.-Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el ahora quejoso.-En efecto, en principio debe establecerse que este Tribunal Colegiado aprecia que la Sala responsable tomó en consideración las pruebas que integran el sumario, entre las que destacan: a) Declaración de Raúl Hernández Camacho; b) Deposado de Lucero Liliana Camacho Capetillo; c) Declaraciones de los policías Pascual Parra y Díaz y Raúl Mejía Morales; d) Deposado de Pedro Ferrer Mendoza; e) Declaraciones de Lorena Castillo Valencia y Guillermo Escobar Cedillo; f) Inspección ocular practicada en el lugar de los hechos; g) Fe ministerial de Volkswagen Sedan, modelo 1973, color blanco, placas 196-HYV; h) Declaración del quejoso ... a las que correctamente les otorgó valor probatorio de acuerdo a los principios que para ello establecen los artículos 246, 253, 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y que son aptos para acreditar, como acertadamente lo sostuvo el ad quem, los elementos del tipo penal del delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 367 y 371, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal, de acuerdo a lo ordenado por el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, así como la responsabilidad penal del peticionario del amparo en su comisión, en términos de lo previsto en la fracción III del artículo 13 del código sustantivo.-En virtud de que esos elementos de prueba son eficaces para demostrar, sin duda alguna, que el cuatro de enero de mil novecientos noventa y siete, aproximadamente a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos, el impetrante de garantías se introdujo junto con otros tres individuos a la negociación denominada Jalisco 2000, S.A. de C.V., ubicada en la calle Fernando Ramírez número 87, colonia Obrera, portando todos armas de fuego, dirigiéndose uno de los sujetos a las mesas donde estaban los clientes, quedándose otros dos en la puerta para vigilar, siendo que el ahora quejoso con la pistola que portaba ejerció violencia moral sobre los pasivos Raúl Hernández Camacho y Lucero Liliana Camacho Capetillo, pues los amagó con la misma, disminuyendo así sus posibilidades de defensa, para desapoderarlos de la cantidad de mil quinientos pesos que había en la caja registradora y de diversas alhajas que llevaban, sin derecho y sin consentimiento de la persona que podía disponer de esos bienes muebles conforme a la ley, ajustando así el ahora quejoso su conducta al injusto agravado que legalmente se le reprocha, toda vez que siendo imputable no operó en su favor alguna causa de licitud o inculpabilidad.-En este orden de ideas, no le asiste la razón al peticionario de garantías en el primer concepto de violación que hace valer, pues no es verdad que la Sala responsable haya rebasado las conclusiones acusatorias formuladas por el agente del Ministerio Público, en virtud de que éste después de relatar los medios de convicción que integran el proceso, de valorarlos conforme a los principios establecidos en el código adjetivo y de demostrar los elementos del tipo penal básico de acuerdo a lo previsto por el numeral 122 de la misma legislación, al acreditar la agravante prevista en el párrafo tercero del artículo 371 del Código Penal, estableció: ‘Cabe hacer notar a su Señoría que en el presente caso nos encontramos en presencia de un tipo complementado agravado, toda vez que el hoy inculpado ... al desplegar su conducta típica, se adecuó a lo establecido por el artículo 371, párrafo tercero (hipótesis de cuando el robo sea cometido por dos o más sujetos sin importar el monto de lo robado a través de la violencia), del Código Penal vigente para el Distrito Federal, ya que de autos se desprende: Que el día y hora de los hechos el hoy inculpado en compañía de tres sujetos desconocidos y prófugos hasta el momento, se presentó en el interior de la negociación denominada Jalisco 2000, ubicada en la calle de Fernando Ramírez número 87, colonia Obrera, lugar en donde mediante la violencia moral, consistente en amagar a los ofendidos Raúl Hernández Camacho y Lucero Liliana Camacho Capetillo con pistolas y así amenazarlos con un mal presente e inmediato capaz de intimidarlos y de esta forma disminuir la posibilidad de defensa de dichos ofendidos, procediendo a desapoderarlos de sus pertenencias, así como de la cantidad de $1,500.00 pesos en efectivo, producto de la venta del día de dicha negociación, conducta que desplegó sin derecho y sin consentimiento de quien podía darlo con arreglo a la ley ...’, transcripción que permite concluir que el representante social, con razonamiento lógico-jurídico comprobó que en el caso se actualizaba la calificativa en comento, toda vez que el peticionario del amparo perpetró el delito de robo conjuntamente con otros tres sujetos a través de la violencia moral, ya que el mismo amagó con la pistola que portaba a los pasivos, desapoderándolos de mil quinientos pesos y de diversas alhajas que llevaban; por tanto, contrariamente a lo que sostiene, el órgano persecutor sí determinó su acusación, por lo que no es verdad que el ad quem haya suplido sus deficiencias y el hecho de que tanto el agente del Ministerio Público en sus conclusiones, como la autoridad responsable al acreditar la agravante que nos ocupa en la sentencia reclamada, hayan establecido que el amago de que fueron víctimas los denunciantes disminuyó sus posibilidades de defensa, agregando el ad quem que esa violencia además puso a los pasivos en clara desventaja, no le irroga perjuicio alguno al disconforme, pues el exceso en que incurrieron al demostrar la citada calificativa (ya que lo único que debieron haber hecho es comprobar la violencia moral ejercida en los ofendidos), al introducir cuestiones que pertenecen a otra hipótesis también contemplada por el párrafo tercero del artículo 371 en comento, como más adelante se analizará, no puede ser considerado violatorio de garantías, porque al final de cuentas ese razonamiento resulta ser acertado, por no apartarse de la realidad, lo cierto es que ambos, tanto el Ministerio Público acusador como el ad quem, estimaron legalmente que la agravante de referencia se encontraba demostrada con los medios de prueba que informan el sumario, por haber participado en el robo más de dos sujetos y por haberse utilizado como medio para perpetrar tal ilícito la violencia moral, adecuándose así el actuar del quejoso a la misma, razón suficiente para estimar legal el fallo reclamado.-Finalmente, no le asiste la razón al ahora quejoso en su afirmación de que el párrafo tercero del artículo 371 del Código Penal sea un delito autónomo, pues el mismo conforma un tipo penal complementado, ya que agrega a la descripción típica de robo genérico, la pluralidad de los sujetos intervinientes y los específicos medios comisivos que señala, al que se asocia una punibilidad agravada e independiente con respecto a la prevista por el delito de robo genérico, sin embargo, tal punibilidad no es parte integrante del tipo y sólo de los elementos de éste se puede o no derivar su autonomía con respecto a otro; cabe hacer alusión a la tesis de jurisprudencia sostenida por este tribunal que es del tenor siguiente: ‘ROBO. EL ARTÍCULO 371, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL NO CONTEMPLA UN TIPO PENAL ESPECIAL O AUTÓNOMO, SINO CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DEL DELITO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).-El citado párrafo, que establece: «Cuando el robo sea cometido por dos o más sujetos, sin importar el monto de lo robado, a través de la violencia, la acechanza o cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima o la ponga en condiciones de desventaja, la pena aplicable será de cinco a quince años de prisión y hasta mil días multa. También podrá aplicarse la prohibición de ir a lugar determinado o vigilancia de la autoridad, hasta por un término igual al de la sanción privativa de la libertad impuesta.», agrega al tipo penal de robo genérico, la pluralidad de los sujetos intervinientes y los específicos medios comisivos que señala, conformando así un tipo penal complementado al que se asocia (sin importar el valor de lo robado) una punibilidad agravada e independiente con respecto a la prevista para el delito de robo genérico. Sin embargo, esta autonomía no autoriza a considerar a dicho tipo penal como un nuevo tipo especial o autónomo, cuenta habida de que tal punibilidad no es parte integrante del tipo y sólo de los elementos de éste se puede o no derivar su autonomía con respecto a otro; por tanto, la relación excluyente entre la punibilidad del tipo básico de robo y la del tipo complementado en comento, únicamente demuestra la autonomía de estas punibilidades, pero no la de este último tipo penal. La anterior distinción es trascendente, pues si se considera que el referido tercer párrafo del artículo 371 prevé un tipo especial o autónomo, y por éste acusa el Ministerio Público, la no acreditación en sentencia de alguna de las circunstancias que contempla, llevaría a la conclusión de que se está en presencia de una conducta enteramente atípica y no de un robo genérico.’.-El segundo motivo de inconformidad que se arguye es infundado; en primer lugar, se considera necesario transcribir el párrafo tercero del artículo 371 del Código Penal para el Distrito Federal, que dice: ‘Cuando el robo sea cometido por dos o más sujetos, sin importar el monto de lo robado, a través de la violencia, la acechanza o cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima o la ponga en condiciones de desventaja, la pena aplicable será de cinco a quince años de prisión y hasta mil días multa. También podrá aplicarse la prohibición de ir a lugar determinado o vigilancia de la autoridad, hasta por un término igual al de la sanción privativa de la libertad impuesta.’.-Ahora bien, una correcta interpretación del párrafo transcrito permite concluir, en primer lugar, que para que se surta la agravante que se analiza, deben intervenir en el ilícito de robo dos o más sujetos (activo plurisubjetivo), sin importar el monto de lo robado.-Con posterioridad, el párrafo que se analiza contempla tres medios comisivos distintos, a través de los cuales debe ser perpetrada la conducta antisocial y surtiéndose solamente uno de ellos, debe tenerse por demostrada la agravante contemplada, pues están alternativamente conformados por existir entre ellos una conjunción disyuntiva ‘o’, esto es, que el robo se cometa a través de: a) la violencia; b) la acechanza; o c) cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima o la ponga en condiciones de desventaja.-Es decir, la frase ‘que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima o la ponga en condiciones de desventaja’, sólo califica en el párrafo que se examina a ‘cualquier otra circunstancia’, pues si la intención del legislador hubiera sido que la frase en primer término mencionada calificara a los tres medios comisivos en cita (violencia, acechanza o cualquier otra circunstancia), la redacción hubiera sido otra; en primer lugar, era necesario poner una coma después de ‘cualquier otra circunstancia’, para que esta frase quedara separada de las características que se describen enseguida y así, estas últimas abarcaran los tres medios precisados; finalmente, los verbos que la conforman ‘disminuya’ y ‘ponga’ era indispensable que hubieran sido conjugados en plural y no en singular, como se hizo, pues son tres supuestos, no uno sólo, es decir, se debió haber redactado parte del párrafo de la siguiente manera: ‘... a través de la violencia, la acechanza o cualquier otra circunstancia que disminuyan las posibilidades de defensa de la víctima o la pongan en condiciones de desventaja ...’; luego, al no existir esta última redacción en el párrafo que se estudia, debe concluirse que aquella exigencia (que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima o la ponga en condiciones de desventaja), solamente debe demostrarse, para que se surta la agravante en comento, cuando el hecho delictivo se realice a través de otro medio y no por la violencia o la acechanza, siendo que para que estas últimas se demuestren y se actualice la aludida calificativa, sólo hay que atender a su concepto jurídico o legal.-En este orden de ideas, debe decirse que la Sala responsable realizó una equivocada interpretación del párrafo que nos ocupa, al haber afirmado que para que se surta la agravante analizada es indispensable que la violencia moral utilizada por el activo, no sólo disminuya las posibilidades de defensa de la víctima, sino que además la ponga en condiciones de desventaja, aseverando que ambas oraciones están unidas por una conjunción copulativa ‘y’, lo que no es exacto, pues las mismas están enlazadas por una conjunción disyuntiva ‘o’; además, ya quedó precisado que lo anterior sólo califica a ‘cualquier otra circunstancia’.-Sin embargo, esta interpretación errónea no es suficiente para estimar que, en el caso, la Sala responsable condenó al ahora quejoso por un delito inexistente, vulnerando la garantía de exacta aplicación de la ley prevista por el numeral 14 de la Carta Magna, toda vez que demostrado está en el proceso y así lo apreció el ad quem que el disconforme para cometer el ilícito de robo, junto con los otros tres sujetos, lo hizo mediante la violencia moral, pues amagó con un arma a los pasivos, lo cual es suficiente para encuadrar perfectamente la conducta del ahora quejoso en el párrafo en cita, es decir, en el fallo reclamado se aplicó un artículo exactamente aplicable al caso, sin que sea obstáculo el hecho de que además la Sala responsable haya concluido que la violencia moral ejercida disminuyó las posibilidades de defensa de los pasivos y los puso en clara desventaja, pues como ya se precisó, esa conclusión no se aparta de la realidad, pues el hecho de que se amenace a la víctima con un arma de fuego, la que siendo utilizada puede incluso privar de la vida a alguien, obvio es que haya disminuido las posibilidades de defensa del ofendido, si éste no se encuentra armado, como ocurre en la especie, lo cual también lo pone en clara desventaja; luego entonces, la sentencia reclamada no puede ser considerada como violatoria de garantías.-El tercer concepto de violación que se hace valer corre la misma suerte que el anterior porque las contradicciones en que incurrieron los denunciantes al ampliar su declaración, en primer lugar no afectan la esencia de los hechos, por tanto, las mismas no son suficientes para restarles eficacia probatoria; en segundo, los ofendidos son contestes al emitir sus primigenios deposados ante el representante social, los que deben prevalecer, en base al principio de inmediatez procesal, por haberse efectuado con mayor cercanía a los hechos, sin posibilidad de reflexión o aleccionamiento alguno, atestos en los que coincidieron en afirmar que el día de los hechos, a la negociación en que se encontraban, entraron cuatro individuos portando armas de fuego, dirigiéndose uno de ellos a las mesas donde estaban los clientes, otros dos se quedaron vigilando en la puerta, en tanto el impetrante del amparo se acercó a los pasivos amagándolos ‘con una pistola’, apoderándose de esta forma de mil quinientos pesos que había en la caja registradora y de diversas alhajas que los ofendidos llevaban.-Por otra parte, aunque si bien es cierto Lucero Liliana Camacho aseveró vía ampliación y a pregunta expresa: ‘... que junto con su primo estaban haciendo cuentas de dinero y fue cuando llegó el sujeto, que aparentemente traía una arma abajo de la chamarra, que nunca la vio’, en tanto Raúl Hernández manifestó sí haber visto la pistola que portaba el ahora quejoso al cometer el hecho delictuoso, ello no es suficiente para desestimar sus declaraciones, pues ambas debidamente adminiculadas y corroboradas con el atesto de Pedro Ferrer, permiten integrar la prueba circunstancial de eficacia plena y concluir que el peticionario del amparo para perpetrar el robo, ejerció violencia moral sobre los pasivos al amagarlos con un arma de fuego.-En otro orden de ideas, resulta irrelevante que Lucero Liliana no haya manifestado que el peticionario del amparo se encontraba enyesado de una de sus manos y que el diverso ofendido haya afirmado que la mano derecha era la que se encontraba enyesada y no la izquierda, pues además de que esto último no afecta la sustancia de los hechos, adversamente a lo que se sostiene en el concepto de violación que se contesta, lo cierto es que ambos reconocieron plenamente al peticionario del amparo como uno de los partícipes del evento, lo que sostuvieron aun en la diligencia de careos; por tanto, el valor que les concedió el ad quem a sus declaraciones, no contraviene lo dispuesto por el numeral 255 del código adjetivo.-Finalmente, no existe razón jurídica para desestimar la declaración de Pedro Ferrer Mendoza, pues aunque si bien es cierto que el mismo manifestó laborar como valet parking en la negociación Jalisco 2000, lo cual obviamente debe realizar afuera de la negociación, tal afirmación no es suficiente para concluir que no le constan los hechos, dado que precisamente por ello, según lo aseveró ministerialmente, es que se percató que entraron a esa sociedad mercantil cuatro sujetos armados, relatando lo acontecido en forma similar a lo descrito por los pasivos en sus respectivas declaraciones, lo cual es apto para establecer adversamente a lo que se esgrime, que el citado Pedro Ferrer fue testigo presencial de los hechos; luego entonces, fue correcto que su atesto haya sido considerado por el tribunal de apelación.-El cuarto motivo de inconformidad que se aduce es infundado porque, en primer lugar, aunque es verdad que el tribunal de alzada, al restarle eficacia probatoria a los testimonios de Lorena Castillo Valencia y Guillermo Escobar Cedillo, fundamentó su razonamiento en el numeral 275 del código procedimental, sin embargo, se aprecia que lo anterior es un mero error mecanográfico, pues el numeral aplicable es el 255 de la misma legislación, lo que no es suficiente para estimar la sentencia reclamada violatoria de garantías.-Por otra parte, debe precisarse, contrariamente a lo que se aduce, que los testigos de descargo sí incurren en contradicción, pues ambos al ampliar su declaración aseveraron que en el vehículo del que se dio fe ministerial, iban junto con el quejoso a Tepito, cuando éste fue detenido por policías preventivos, y que esto sucedió aproximadamente a las siete horas con treinta minutos, siendo que la esposa del disconforme y este último al declarar ministerialmente afirmaron que lo anterior aconteció a las veintiuna horas y tanto la primera como la segunda hora relatadas no coinciden con la diversa en que sucedieron los hechos (veintidós horas con cuarenta y cinco minutos), además de que ésta no fue la única razón por lo que la Sala responsable desestimó tanto la declaración del impetrante de garantías como la de los testigos de descargo, toda vez que también se argumentó acertadamente que sus dichos no eran suficientes para desvirtuar las firmes imputaciones que en contra del ahora quejoso realizaron Lucero Liliana Camacho Capetillo, Raúl Hernández Camacho y Pedro Ferrer Mendoza, quienes fueron coincidentes en señalar que el disconforme fue detenido por agentes de la Policía Judicial instantes después de haber cometido la conducta antisocial atribuida al ahora quejoso, luego entonces, estuvo en lo justo el ad quem al haber desestimado las declaraciones de este último y de los testigos de cargo, por ser evidentemente maniobras defensistas creadas para evadir la responsabilidad del impetrante de garantías en la comisión del injusto que legalmente se le reprocha.-Ahora bien, es verdad que el policía Raúl Mejía Morales, al ampliar su deposado, afirmó no haber participado en la detención del peticionario del amparo, sin embargo, esta circunstancia no es apta, como pretende el ahora quejoso, para restarle credibilidad al diverso deposado del policía aprehensor Raúl Parra y Díaz, quien precisó, aun en ampliación de declaración, que él había capturado al disconforme, describiendo la forma en que lo anterior aconteció, siendo inexacto que la declaración de éste y la del ofendido Raúl Hernández Camacho se encuentren contradichas, lo que resulta inexacto, en virtud de que las mismas se complementan, toda vez que el pasivo a preguntas expresas afirmó: ‘que cuando el de la voz sale por la puerta del estacionamiento, ve que van saliendo los sujetos’, que ‘aproximadamente transcurren ocho o diez segundos desde que sale y encuentra a la patrulla’, y después de que solicita auxilio a Raúl Parra y Díaz, éste ‘se percata que salen cuatro individuos corriendo por diferentes lados y procede a asegurar’ al ahora quejoso, luego entonces, fue legal que la Sala responsable haya otorgado eficacia probatoria a las declaraciones del denunciante y del policía aprehensor.-Finalmente, la circunstancia de que al ahora quejoso no se le haya encontrado alguna arma de fuego o algún objeto producto del apoderamiento, no es idóneo para estimar que el mismo no intervino en la comisión del injusto agravado que se le imputa, pues por la mecánica de los hechos bien pudo deshacerse de los mismos en el tiempo que transcurrió desde el momento en que cometió el ilícito, al diverso en el que fue capturado, o bien, haberlas entregado a sus copartícipes en ese lapso.-El penúltimo concepto de violación que se hace valer es inoperante, ya que aunque si bien es cierto que el Juez de primer grado y la Sala responsable no desvirtuaron con razonamientos lógico-jurídicos las conclusiones de inculpabilidad formuladas por el defensor del ahora quejoso, ello no le irroga perjuicio alguno, toda vez que en dichas conclusiones hace valer los mismos argumentos que como conceptos de violación aduce en los incisos c) y d) del considerando que antecede, los cuales fueron analizados por este órgano de control constitucional, al darles contestación, estimando que éstos resultan infundados, es decir, aun examinados, se llega a la conclusión de que, en la especie, las pruebas que informan el proceso valoradas jurídicamente, son aptas para acreditar los elementos del tipo penal del delito de robo calificado y la responsabilidad penal del ahora quejoso en su comisión, por tanto, a ningún fin práctico conduciría el que se le concediera el amparo solicitado para el único efecto de que la autoridad responsable diere puntual contestación a las referidas conclusiones.-La anterior determinación encuentra apoyo en la jurisprudencia número 170, visible en la página 114 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.-Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado.’.-El último motivo de inconformidad que se esgrime es infundado, porque carece de certeza que en el caso se surta el supuesto previsto por el numeral 247 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que dice: ‘En caso de duda debe absolverse. ...’; porque además de que las pruebas que informan el proceso, como correctamente lo estimó la Sala responsable, son aptas para integrar la prueba circunstancial que demuestra la responsabilidad penal del impetrante de garantías en la perpetración del delito de robo calificado, no se advierte en la sentencia reclamada que exista por parte del ad quem, indeterminación del ánimo entre dos juicios contradictorios, por falta de mayores razones para decidirse por alguno de ellos, que es en lo que consiste la duda sino, por el contrario, está claramente determinada por dicha autoridad la responsabilidad del hoy quejoso en la conducta antisocial en comento.-Además de que, si se toma en consideración que el Juez de la causa al valorar las pruebas, respetó las normas procesales aplicables a los principios de la lógica, ello basta para considerar legal su fallo, no siendo dable en esta vía el considerar si debió haber dudado en torno a la intervención del acusado en el ilícito que se le atribuye, pues tal estado de duda es una cuestión subjetiva y privativa de las autoridades de instancia; se considera necesario hacer alusión a la tesis jurisprudencial número 138 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 78 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, que literalmente dice: ‘DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL REO.-Duda es la indeterminación del ánimo entre dos juicios contradictorios, por falta de mayores razones para decidirse por alguno de ellos, por lo que si la responsable inclina su convicción y estima probada la responsabilidad del acusado, deja de existir la «indeterminación» y no puede exigírsele tal estado de ánimo y menos puede decírsele que viola la Constitución, por no haber dudado, por lo que se llega a la conclusión de que, a través del juicio de amparo, pueden reclamarse las violaciones que el Juez natural comete al apreciar las pruebas, contra los principios lógicos o contra las normas legales, mas no la «duda», reservada exclusivamente al Juez natural, por el precepto que rige a nuestro derecho penal sobre que «en caso de duda debe absolverse».’.-En cuanto al capítulo de la individualización de las penas, este Tribunal Colegiado aprecia que el ad quem se ajustó a lo contemplado por los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que tomó en cuenta la extensión del daño causado, el móvil del evento y las circunstancias personales de ... quien dijo tener veintitrés años de edad, con instrucción tercer año de primaria, ocupación pintor de vehículos, con ingreso aproximado de dos mil pesos mensuales, que no es afecto a bebidas embriagantes, ni a drogas o enervantes, que no cuenta con ingresos anteriores a prisión, por lo que fue considerado delincuente primario, todo lo cual le permitió al ad quem estimarle un grado de culpabilidad mínimo, imponiéndole cinco años de prisión y un día multa, equivalente a veintiséis pesos con cuarenta y cinco centavos, sustituible esta última en caso de insolvencia por una jornada de trabajo no remunerado a favor de la comunidad, penas que son congruentes con el grado de culpabilidad apreciado.-Finalmente, fue ajustado a derecho que se haya condenado al ahora quejoso a la reparación del año, consistente en pagar al representante legal de Jalisco 2000, S.A. de C.V., la cantidad de mil quinientos pesos, por ser acorde dicha suma a las constancias de autos.-Así las cosas, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer y no apreciándose deficiencia de la queja que suplir en su favor, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso ... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1o., fracción I, 76, 76 bis, fracción II, 77, 78, 158, 184 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... contra el acto que reclama de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mismo que quedó precisado en el resultando primero de este fallo.-Notifíquese."

El propio tribunal, al resolver con fecha veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, el amparo directo número 897/98, interpuesto por ... consideró lo siguiente:

"QUINTO.-Los conceptos de violación hechos valer resultan infundados unos e inatendibles otros.-Previamente al estudio del acto reclamado, es dable establecer que no puede impugnarse en esta vía como infracción procesal propiamente dicha, la detención hecha al quejoso, puesto que en el juicio de amparo directo sólo son impugnables las violaciones procedimentales cometidas durante el procedimiento judicial y la detención es un acto que no ocurre en el referido procedimiento judicial. Y en tal sentido no resulta dable su estudio en este juicio, sino sólo de manera indirecta, cuando se alega una indebida valoración de la confesión derivada de una retención indebida.-Apoya lo expuesto la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, dictada por este Tribunal Colegiado, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 710, cuyo texto es: ‘DETENCIÓN ILEGAL. NO ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.-Una interpretación sistemática de los artículos 158 y 160 de la Ley de Amparo, permite arribar a la conclusión de que únicamente las violaciones procedimentales co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2831-1d0002ef/robo-la-violencia-como-medio-comisivo-del-delito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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