COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2000. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO DEL TERCER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA PENAL.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-A fin de estar en aptitud de resolver si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, cuál es la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el impedimento 1/96, siendo las que a continuación se transcriben:
"TERCERO.-Es fundada la causal de improcedencia planteada por el licenciado Ricardo Ojeda Bohórquez, Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, para conocer de la demanda de garantías promovida por Carlos Ronay Shomberg.-En efecto, los motivos aducidos por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal, para no conocer de la demanda de amparo a que se ha hecho referencia, son en el sentido de que Carlos Ronay Shomberg en su demanda de amparo también lo señala como autoridad responsable, motivo por el que está legalmente impedido para conocer del juicio de amparo, considerando que tiene aplicación al respecto la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo.-Al respecto, la invocada fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo, establece: ‘Artículo 66. No son recusables los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Jueces de Distrito, ni las autoridades que conozcan de los juicios de amparo conforme al artículo 37; pero deberán manifestar que están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, en los casos siguientes: ... IV. Si hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, si hubiesen aconsejado como asesores la resolución reclamada, o si hubiesen emitido, en otra instancia o jurisdicción la resolución impugnada.’.-Ahora bien, el peticionario de garantías Carlos Ronay Shomberg en su demanda de amparo señala, entre las autoridades responsables, al Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal, tal y como se desprende de la simple lectura de la propia demanda (foja 3).-Por lo anterior, resulta evidente que correctamente el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal se declaró impedido para conocer de dicho asunto, ya que al haber sido señalado como autoridad responsable por Carlos Ronay Shomberg en la demanda de amparo que promovió, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo que invoca, siendo aplicable la tesis jurisprudencial visible en la página 583 del Tomo V, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘IMPEDIMENTO DE LOS JUECES DE DISTRITO. CUANDO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE LES PRESENTA.-El Juez de control constitucional no puede conocer de un juicio de amparo, en el cual figure como acto reclamado una resolución emitida por el propio juzgador, de conformidad con el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que la existencia de esa circunstancia motiva que tenga que calificarse de legal el impedimento que proponga el Juez de Distrito respectivo.’.-En consecuencia, procede declarar fundada la causal de impedimento hecha valer.-Ahora bien, es necesario determinar qué órgano debe continuar en el conocimiento del negocio. Para ello es conveniente citar lo que disponen los artículos 36 y 42 de la Ley de Amparo.-‘36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.-Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.-Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.’.-‘42. Es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez.-Para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél.’.-Como se ve, el primero de dichos dispositivos, en el párrafo inicial, prevé, como regla general, el que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en tanto que el segundo, en su párrafo primero, establece una excepción a dicha regla, pues determina que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el Juez.-Ante este contexto, aun cuando el artículo 42 de la Ley de Amparo no establece expresamente quién debe ser competente cuando todos los Jueces de Distrito de un mismo circuito se encuentren impedidos, es evidente que dicha laguna debe llenarse siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en el mismo precepto, es decir, atendiendo al Juez de Distrito más cercano a su homólogo que está señalado como autoridad responsable y, en esas condiciones, podemos concluir que en este último supuesto, el Juez de amparo competente es el que sin estar en el circuito a que pertenece la autoridad responsable, se encuentre más próximo a la localidad en que resida ésta, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación.-No está por demás aclarar que tratándose de amparos promovidos contra actos de diversos Jueces de Distrito, que residan en diversas localidades, es factible que no exista identidad en el juzgado más próximo y ni siquiera, identidad entre los circuitos a que pertenezcan los juzgados más inmediatos a cada una de las autoridades responsables; sin embargo, esta situación no impide el que se continúe aplicando la regla aquí establecida, pues en esa hipótesis será competente cualquiera de dichos juzgados, a elección del solicitante de garantías.-Igualmente, es oportuno aclarar que no obstaculiza la aplicación de esa regla el hecho de que dentro del circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito responsables residían otros juzgados de la misma jerarquía pero con competencia en otras materias, toda vez que si el principio inspirador del artículo 42 de la Ley de Amparo es el de prórroga de competencia territorial, debe aplicarse el mismo para rebasar los límites territoriales establecidos en el propio precepto y no así prorrogar la competencia hacia otras materias, pues implicaría habilitar a los órganos jurisdiccionales para conocer de una materia que el propio legislador dejó fuera de su competencia.-Luego, si en el caso concreto Carlos Ronay Shomberg, promovió juicio de amparo contra actos de todos los Jueces de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, cuya competencia por materia está regulada en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no es dable promover el juicio ante cualquiera de los Juzgados de Distrito del Distrito Federal en las materias administrativa, civil o laboral, sino a elección del peticionario de garantías, ante los correspondientes a los Distritos de Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez, por un lado, y Ciudad Nezahualcóyotl, por otro, ambos del Estado de México, pues sin pertenecer al Primer Circuito, tienen competencia conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer de juicios de garantías del orden penal y atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación, resultan ser los más inmediatos al Distrito Federal.-Empero, como no existe una oficialía de partes común para todos estos juzgados y tampoco quedó acreditado en autos que el peticionario de garantías hiciera la elección entre dichos juzgados, este tribunal considera prudente remitir el presente asunto al Juzgado de Distrito en turno de Ciudad Nezahualcóyotl, por encontrarse más próximo al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, pues es ante quien el propio promovente de amparo acudió al momento de presentar la demanda.-Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 37, fracción VII y 146, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO.-Es fundado el impedimento formulado por el licenciado Ricardo Ojeda Bohórquez, Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, para conocer de la demanda de amparo relacionada con el cuaderno de antecedentes número 3/96.-SEGUNDO.-Con testimonio de esta resolución remítanse los autos respectivos al Juzgado de Distrito en turno del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl para que continúe en el conocimiento del juicio de garantías."
Con motivo de la anterior resolución, el mencionado Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, aprobó la tesis que se identifica como I.1o.P.2 K, consultable en la página 604 del Tomo III, mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:
"COMPETENCIA. CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UNA MATERIA DETERMINADA EN UN CIRCUITO.-El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo prevé, como regla general, el que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en tanto que el artículo 42 de ese mismo ordenamiento, también en su párrafo primero, establece una excepción a dicha regla, pues determina que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el Juez. Ante ese contexto, aun cuando el segundo numeral no establece expresamente quién debe ser competente cuando todos los Jueces de Distrito de un mismo circuito se encuentren impedidos, es evidente que dicha laguna debe llenarse siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en ese mismo precepto, es decir, atendiendo al Juez de Distrito más cercano a su homólogo que está señalado como autoridad responsable; luego, el Juez de amparo competente es el que sin estar en el circuito a que pertenece la autoridad responsable, se encuentre más próximo a la localidad en que resida ésta, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación. No está por demás aclarar que tratándose de amparos promovidos contra actos de diversos Jueces de Distrito que, aunque pertenezcan a un mismo circuito, residan en diversas localidades, es factible que no exista identidad en el juzgado más próximo y ni siquiera, identidad entre los circuitos a que pertenezcan los juzgados más inmediatos a cada una de las autoridades responsables; sin embargo, esta situación no impide el que se continúe aplicando la regla aquí establecida, pues en esa hipótesis será competente cualquiera de dichos juzgados, a elección del solicitante de garantías. Igualmente, es oportuno aclarar que no obstaculiza la aplicación de esa regla el hecho de que dentro del circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito responsables residan otros juzgados de la misma jerarquía pero con competencia en otras materias, toda vez que si el principio inspirador del artículo 42 de la Ley de Amparo es el de prórroga de competencia territorial, debe aplicarse el mismo para rebasar los límites territoriales establecidos en el propio precepto y no así prorrogar la competencia hacia otras materias, pues implicaría habilitar a los órganos jurisdiccionales para conocer de una materia que el propio legislador dejó fuera de su competencia."
CUARTO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la ejecutoria que emitió al resolver el conflicto de competencia número 1/2000, en sesión de fecha nueve de marzo de dos mil, sustentó, en lo relativo, lo que a continuación se transcribe:
"SEGUNDO.-El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, recibió la demanda de amparo indirecto promovida por José Martínez Güitrón, contra actos de los Jueces Primero y Segundo de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal, Primero al Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Segundo de Distrito en el Estado de Colima y Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Tijuana, como autoridades ordenadoras; procurador general de la República, subprocurador de Control de Procesos Penales ‘B’ (subprocurador de Procedimientos Penales ‘B’) de la Procuraduría General de la República, y director general de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, ambos en el Estado de Jalisco, con residencia en esta capital y directora del Reclusorio Preventivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara; agente del Ministerio Público Federal y delegado de la Procuraduría General de la República (sic), y subdelegado (director general de Planeación y Operación) de la Policía Judicial Federal, ambos en el Estado de Colima, con sede en la ciudad de Colima; agente del Ministerio Público Federal y delegado de la Procuraduría General de la República (sic), y subdelegado (y comandante en jefe) de la Policía Judicial Federal, ambos en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Tijuana, como ejecutoras; de las señaladas autoridades ordenadoras, el quejoso reclamó las órdenes de aprehensión libradas en su contra, con excepción de las que el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco hubiera dictado en los procesos 175/98, 176/98 y 177/98; de las restantes autoridades, la ejecución de las órdenes de captura dictadas por las ordenadoras; además del mencionado Juez Séptimo, reclamó el auto de formal prisión ‘y sus efectos’, pronunciado en su contra, el seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en el proceso 177/98, por el delito de defraudación fiscal, previsto por el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.-El Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, le dio trámite al juicio de amparo, solicitó los informes justificados, en los cuales las autoridades responsables negaron los actos reclamados, con excepción de la directora del Reclusorio Preventivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quien no rindió informe, y del Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, el que señaló que dictó auto de formal prisión en contra del quejoso, en el proceso número 177/98, por el delito de defraudación fiscal, previsto por el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación; en su oportunidad celebró la audiencia constitucional y dictó resolución en la que consideró que es incompetente para seguir conociendo del juicio de garantías, en razón de que las autoridades a las que se les atribuyen diversas órdenes de aprehensión y su ejecución, negaron la existencia de dichos actos, y solamente el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en esta entidad federativa, reconoció la existencia del auto de formal prisión que le fue reclamado, motivos por los que la citada autoridad judicial en el Estado de Colima, consideró que en aquella entidad federativa no se ejecutó o se trata de ejecutar ninguna orden de aprehensión, ni el auto de formal prisión, sino por lo que se ve a éste (sic), su ejecución tiene lugar únicamente en el Estado de Jalisco y, por ende, la competencia recae en el Juez de Distrito en Materia Penal en la propia entidad federativa, con exclusión del Séptimo, porque dictó el aludido auto de formal procesamiento. Por su parte, el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, no aceptó la competencia propuesta, porque en la demanda de garantías está señalado como autoridad responsable ordenadora, al igual que los restantes de la misma materia; decisión que sustentó en el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual señala que existe impedimento por tal motivo.-Por lo que ve a los actos reclamados, consistentes en las órdenes de aprehensión y su cumplimiento, se reitera, fueron negados por las autoridades responsables, sin prueba en contrario, excepto la Dirección del Reclusorio Preventivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quien fue señalada como ejecutora, la que no rindió informe, por lo que se presume la certeza del acto, en su calidad de ejecutora, pero sólo respecto al auto de formal prisión reclamado al Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, de lo que se sigue que al resultar inexistentes las órdenes de aprehensión, las mismas carecen de ejecución. En cambio, el auto de bien preso dictado por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en efecto debe ser ejecutado en esta entidad federativa, motivo por el que la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Jalisco, pero como fueron señalados como responsables los nueve que en materia penal existen en la entidad, la competencia recae en uno con residencia en esta ciudad de Guadalajara, en otra materia.-Lo anterior es así, porque el artículo 42, párrafo primero, de la Ley de Amparo, actualmente en vigor, establece: ‘Es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez.’; precepto de acuerdo con el cual, la competencia para conocer de un juicio de amparo que se promueva contra actos de diversos Jueces de Distrito, en primer lugar, se establece a favor de otro de la misma categoría y distrito, si lo hubiere, como ocurre en la especie, y aun cuando en la demanda de amparo se señalaron como autoridades responsables ordenadoras a los nueve Jueces de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en esta entidad federativa que conforma el distrito, existen otros Jueces de la misma categoría, que aunque son especializados en otra materia, esa circunstancia no la señala el dispositivo transcrito, es decir, no distingue por razón de la materia, sino que en forma genérica alude a Jueces de la misma categoría y distrito, como en efecto existen en el Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad de Guadalajara, como son los Jueces de Distrito en Materia Civil y en Materia Administrativa; de ahí que en el caso la competencia para seguir conociendo del juicio de garantías que nos ocupa, se surte a favor de los Jueces de Distrito en esta entidad federativa, con residencia en esta capital, que no fueron señalados como autoridades responsables, sin que para considerarlo de esa manera sea óbice que sean especializados en otra materia, porque, se reitera, así lo prevé el numeral 42 aquí invocado.-Ahora bien, sentado lo anterior, es necesario dilucidar la materia del Juez de Distrito que deba seguir conociendo del juicio de amparo de que se trata, cuestión específica que no prevén la Ley de Amparo ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que se considera que para determinar lo concerniente, se debe recurrir al Acuerdo Número 1/1995, del Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, relativo a la especialización de ese Alto Tribunal y adscripciones de los señores Ministros, consultable en las páginas 61, 62 y 63 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 86, de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en el que se determinó que con apoyo en los artículos 94, párrafos segundo y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor en ese tiempo, 12, fracciones IV y X, y 15 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (11, fracciones IV y X, 15 de la actual), funcionará, además de en Pleno, en dos Salas especializadas, las cuales ejercerán la competencia que les otorga el artículo 24 (actualmente 21), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la siguiente manera: ‘La Primera Sala conocerá de las materias penal y civil; la Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.’; como se puede observar, en el acuerdo aludido se fijan de manera clara y precisa las materias de las cuales conocerán las Salas del más Alto Tribunal de la nación, quedando reservado para la Primera, el conocimiento de las materias penal y civil; criterio que aplicado al presente asunto, se debe decir que cuando en este distrito no hay un Juez en materia penal que pueda conocer de una demanda de garantías, en razón de que todos ellos fueron señalados como autoridades responsables, el conocimiento corresponde, de acuerdo con el precitado artículo 42 de la Ley de Amparo, a otro de la misma categoría, es decir, al Juez en el mismo distrito (en el Estado de Jalisco), en materia civil.-En consecuencia, se declara que el Juez de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en turno, con residencia en esta ciudad de Guadalajara, es legalmente competente para seguir conociendo del juicio de amparo promovido por José Martínez Güitrón.-No es obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que el Juez declarado competente no intervino en este conflicto competencial, porque se trata de una cuestión de orden público, en la que puede declararse competente a una tercera autoridad, aunque no haya intervenido en la contienda, según lo dispone el artículo 52, párrafo quinto, última parte, de la Ley de Amparo.-Además, es pertinente mencionar que el criterio adoptado en el presente asunto, anteriormente fue sustentado por este tribunal, al resolver la competencia número 5/97, suscitada entre los Jueces Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco y Segundo de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad de Colima.-Por otra parte, en la resolución dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en la que consideró que del juicio de amparo debe seguir conociendo el Juez de Distrito en el Estado de Colima, invocó la tesis número I.1o.P.2 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, página 604, del tenor literal siguiente: ‘COMPETENCIA. CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UNA MATERIA DETERMINADA EN UN CIRCUITO.-El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo prevé, como regla general, el que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en tanto que el artículo 42 de ese mismo ordenamiento, también en su párrafo primero, establece una excepción a dicha regla, pues determina que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el Juez. Ante ese contexto, aun cuando el segundo numeral no establece expresamente quién debe ser competente cuando todos los Jueces de Distrito de un mismo circuito se encuentren impedidos, es evidente que dicha laguna debe llenarse siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en ese mismo precepto, es decir, atendiendo al Juez de Distrito más cercano a su homólogo que está señalado como autoridad responsable; luego, el Juez de amparo competente es el que sin estar en el circuito a que pertenece la autoridad responsable, se encuentre más próximo a la localidad en que resida ésta, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación. No está por demás aclarar que tratándose de amparos promovidos contra actos de diversos Jueces de Distrito que, aunque pertenezcan a un mismo circuito, residan en diversas localidades, es factible que no exista identidad en el juzgado más próximo y ni siquiera, identidad entre los circuitos a que pertenezcan los juzgados más inmediatos a cada una de las autoridades responsables; sin embargo, esta situación no impide el que se continúe aplicando la regla aquí establecida, pues en esa hipótesis será competente cualquiera de dichos juzgados, a elección del solicitante de garantías. Igualmente, es oportuno aclarar que no obstaculiza la aplicación de esa regla el hecho de que dentro del circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito responsables residan otros juzgados de la misma jerarquía pero con competencia en otras materias, toda vez que si el principio inspirador del artículo 42 de la Ley de Amparo es el de prórroga de competencia territorial, debe aplicarse el mismo para rebasar los límites territoriales establecidos en el propio precepto y no así prorrogar la competencia hacia otras materias, pues implicaría habilitar a los órganos jurisdiccionales para conocer de una materia que el propio legislador dejó fuera de su competencia.’; tesis que en una parte da a entender que la competencia no se debe resolver a favor de un Juez con jurisdicción en otra materia, aunque se encuentre en el mismo distrito, criterio que este órgano colegiado no comparte, por los motivos expuestos en este fallo.-En mérito de lo expresado en los anteriores párrafos, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede denunciar la contradicción de tesis correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales procedentes; por tanto, envíesele copia certificada de la presente ejecutoria.-Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en el artículo 52, párrafo quinto, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política del país se resuelve: PRIMERO.-Se declara legalmente competente para seguir conociendo del juicio de amparo indirecto número 300/99-IV, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, promovido por José Martínez Güitrón, al Juez de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en turno, con residencia en esta ciudad de Guadalajara.-SEGUNDO.-Remítanse los autos del juicio de garantías señalado en el punto anterior, al Juez declarado competente, para que se aboque al conocimiento del asunto; envíese copia autorizada de esta ejecutoria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los Jueces Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad de Colima, y Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco."
QUINTO.-Con el fin de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, es necesario examinar si se encuentran cumplidos todos los requisitos que determinan la existencia de una contradicción de tesis tratándose de criterios emanados de Tribunales Colegiados de Circuito, a saber:
a) Que la contradicción haya sido denunciada por parte legitimada;
b) Que los criterios contrarios provengan de órganos jurisdiccionales diferentes, esto es, de Tribunales Colegiados diversos;
c) Que al resolver los asuntos jurídicos, se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes, es decir, que un órgano colegiado niegue lo que el otro afirma;
d) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos;
e) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas; en la inteligencia de que tales razonamientos pueden haber sido emitidos en resoluciones de diversa naturaleza, en diferentes estadios procesales o, incluso, pueden provenir de distintos tipos de juicios; y,
f) Que no exista jurisprudencia de alguna de las Salas o del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia sobre el tema debatido.
Lo anterior deriva de la naturaleza y características propias de los conflictos de contradicción de tesis, así como de los criterios que a continuación se transcriben.
Es aplicable, en primer término, la jurisprudencia 4a./J. 22/92, emitida en la Octava Época por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal, visible a foja 22 del tomo 58, octubre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7169-1f2e5ef6/competencia-para-determinarla-cuando-son-senalados-como-responsables · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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