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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES DE BASE AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL DESPIDO BASADO EN LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE SU SALARIO ES INJUSTIFICADO, AL NO ESTAR PREVISTA ESA CAUSA DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL EN LA LEY RELATIVA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 174/2018. · Registro digital (IUS): 28138
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-10-19
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Pág. 2100.

AMPARO DIRECTO 174/2018. 5 DE JULIO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA. SECRETARIA: DIANA BERENICE GIL PÉREZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—Estudio del asunto respecto del amparo principal.

Los conceptos de violación formulados por el quejoso ********** conducen a determinar lo siguiente:

Sostuvo que lo decidido por la autoridad responsable en cuanto a las causas de rescisión de la relación de trabajo es ilegal, en virtud de que la Ley Federal del Trabajo no es aplicable al caso, ya que en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla existe debida reglamentación en el artículo 43, por lo que no es procedente la supletoriedad a la que acudió el tribunal.

Es ilegal la terminación de la relación de trabajo, en virtud de que el aviso de rescisión de la relación laboral exhibido por la autoridad responsable carece de fundamentación y motivación, máxime que reclamó el derecho a la inamovilidad, derivado de su condición de trabajador de base, lo que se acreditó oportunamente con el movimiento de personal, talones de pago emitidos, de los que se advierte su contratación de base y la categoría como **********.

Tales alegaciones son esencialmente fundadas.

Es así, en virtud de que en el laudo reclamado la autoridad responsable estimó que la terminación de la relación de trabajo fue justificada, al acreditar la demandada su excepción con el aviso de rescisión contenido en el oficio **********, de dieciocho de mayo de dos mil quince, recibido en la oficialía de partes en la propia fecha, con el que se formó el expediente paraprocesal **********, en el que, a consideración del tribunal responsable, consta que el actor fue informado del cese de su nombramiento, debido a cuestiones de índole presupuestal y administrativa, al no contar la demandada con suficiencia o autorización de fondos para cubrir las percepciones económicas y el salario de la plaza que ocupaba; por lo que estimó satisfechos los extremos de los artículos 47 de la Ley Federal del Trabajo, 43 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, así como por actualizado lo establecido en el artículo 434, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo; por lo que concluyó que el despido del actor fue sin responsabilidad para la demandada.

Determinación que se considera incorrecta, en virtud de que para corroborar la excepción que opuso la parte demandada, en cuanto a la terminación de la relación laboral, ofreció con los arábigos dos y tres del capítulo respectivo, el expediente paraprocesal **********, a su decir, radicado ante el propio tribunal; así como el acuse del oficio ********** de dieciocho de mayo de dos mil quince, por medio del cual se pidió al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla la notificación al actor de la terminación de la relación laboral y su causa.

Empero, contrariamente a lo determinado por la responsable, la documental consistente en el oficio **********, de dieciocho de mayo de dos mil quince, es inepta para justificar el cese del nombramiento del actor, sin responsabilidad para el Estado, pues la causa en la que el sustentó fue que "El entorno financiero adverso que atraviesa tanto el país como al (sic) entidad federativa a consecuencia de la caída del precio del barril del petróleo, entre otros aspectos, provocaron que el presupuesto del gobierno estatal para el ejercicio actual sufriera un recorte significativo, impactando la suficiencia presupuestal que afecta la plaza de la persona en comento y en atención a que al momento de notificarle la terminación de los efectos de su nombramiento, ésta se negó a recibir y firmar el oficio correspondiente, razón por la cual pongo a su consideración el procedimiento pertinente"; que no se ubica en ninguno de los supuestos del artículo 43 de la ley burocrática estatal.

Efectivamente, de dicho precepto legal se aprecia que el término de un nombramiento debe considerarse sin responsabilidad para el Estado cuando:

"Artículo 43. El nombramiento de un trabajador de base sólo dejará de surtir efectos, sin responsabilidad para el Estado, en los casos siguientes:

"I. Por renuncia.

"II. Por fallecimiento.

"III. Por incapacidad permanente, física o mental que le impida el desempeño de sus labores.

"IV. Por abandono de empleo o por abandono de labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo o a la atención de personas, que pongan en peligro esos bienes o cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, o pongan en peligro la salud o vida de las personas.

"V. Por cese motivado en alguna de las siguientes causas:

"a) Por incurrir el trabajador, en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia.

"b) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo.

"c) Por cometer actos inmorales durante el trabajo.

"d) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviera conocimiento con motivo de su trabajo.

"e) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren.

"f) Por desobediencia grave e injustificada de las órdenes que reciba de sus superiores.

"g) Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante.

"h) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva.

"i) Por más de cuatro faltas de asistencia a sus labores durante un periodo de treinta días, sin permiso o causa justificada.

"No tendrá el trabajador derecho al sueldo correspondiente a los días en que falte a sus labores sin permiso o causa justificada, y sus ausencias, cuando no fueren bastantes para el cese, se sancionarán con arreglo a lo que establezcan las condiciones generales de trabajo.

"j) Por prisión o inhabilitación para desempeñar cargos o empleos públicos, impuesta por sentencia ejecutoria.

"Si en el juicio correspondiente ante el Tribunal de Arbitraje no se comprobase la existencia del hecho que hubiere motivado el cese, el trabajador tendrá derecho a su elección, a que se le reinstale en el trabajo que desempeña o a que se le indemnice con el importe de tres meses de sueldo y el de dos días más por cada año de servicio prestados y a que se le paguen, en el caso de reinstalación, los sueldos caídos hasta la fecha en que ésta se realice."

Entonces, solamente cuando se actualice alguna de las causas establecidas en el numeral en comento, el nombramiento de un trabajador de base dejará de surtir efectos sin responsabilidad para el Estado.

De ahí que la cuestión de índole presupuestal y administrativa para cubrir su salario en la plaza que venía ocupando a la que se acogió la parte demandada para rescindir al quejoso, carece de sustento legal y, por ende, es injustificada la rescisión de la relación en esos términos.

Pues, además, tal como adujo el quejoso, no es procedente la aplicación supletoria del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo invocada por el tribunal para sustentar la legalidad de la rescisión, ni la aplicación del diverso 434, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, pues las causas respectivas se encuentran debidamente delimitadas en el numeral 43 de la ley burocrática estatal, que es el ordenamiento específico.

En relación con la aplicación supletoria de una ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, entre otras, las tesis genéricas que llevan por rubros, textos y datos de identificación, los siguientes:

"LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA.—Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria."(16)

"LEYES SUPLETORIAS, APLICACIÓN DE LAS.—Solamente se aplicarán las leyes supletorias en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentran carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas."(17)

"LEYES SUPLETORIAS, APLICACIÓN DE.—La aplicación de leyes supletorias es para aquellos casos no comprendidos en las leyes especiales, y que requieren, para ser aplicables, que se subsanen las omisiones o deficiencias de éstas, a fin de hacer posible la resolución del problema jurídico a debate; por tanto, si la Ley del Impuesto sobre Alcoholes, especifica las infracciones que contra ella pueden cometerse y organiza los procedimientos que los productores deben seguir, para la redacción de los asientos en sus libros; no necesita en tales casos, ni que se complementen ni que se aclaren sus disposiciones por las de la Ley del Timbre."(18)

En efecto, de la lectura del artículo 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla,(19) se advierte que la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tiene la finalidad de llenar los vacíos legislativos que pudiera tener el ordenamiento burocrático, de lo que se sigue que si en el artículo 43 de la ley de los trabajadores delimita las causas de terminación del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, no es procedente acudir a la Ley Federal del Trabajo para incorporar otras causales de rescisión, como indebidamente lo hizo el tribunal responsable.

Además, contrario a lo sostenido por el tribunal, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo,(20) tampoco contiene la causa de rescisión atinente a la falta de presupuesto invocada por la secretaría demandada.

Finalmente, tampoco es el caso de aplicar supletoriamente el artículo 434, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo,(21) dado que alude a la terminación colectiva de las relaciones de trabajo por el concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos, lo que en el caso no ocurrió, pues el Estado, como ente gubernamental, no puede ser sujeto de concurso o declararse en quiebra.

De ahí que no tiene sustento legal la defensa opuesta por la demandada en su contestación; por ende, contrario a lo decidido por la responsable, la separación del empleo es injustificada y, en consecuencia, procede declarar la nulidad del despido, con fundamento en el artículo 43, último párrafo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla.

Al respecto, no se inadvierte que el tribunal responsable no efectuó un pronunciamiento expreso sobre la categoría del ahora quejoso (confianza, base, supernumerario), empero, en el considerando sexto del laudo reclamado reconoció la relación de trabajo en los términos en fue planteada en la litis natural y de lo que se advierten de las documentales aportadas por la parte actora –recibos de pago–.

De lo que se sigue que, si la actora, en el primer hecho de la demanda, sostuvo que fue personal de base, y el organismo demandado reconoció esa calidad –aunque aludiendo a una fecha diversa– y del nombramiento de once de marzo de dos mil catorce a nombre del actor se advierte que es de base, es indudable que si la responsable reconoció la relación laboral en los términos en que fue planteada dentro de la litis y conforme a lo que se advierte de las documentales ofrecidas por el actor, esto conlleva el reconocimiento implícito de la categoría de base y, por ende, del derecho a la estabilidad en el empleo.

En consecuencia, al ser ilegal la separación del empleo del quejoso **********, procede que se condene a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla a reinstalarlo en el puesto o categoría que venía desempeñando, más el pago de salarios caídos en términos del artículo 43, último párrafo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla.

Salarios caídos que el tribunal debe cuantificar conforme al sueldo integrado con la cuota diaria en efectivo percibida por el actor y las partes proporcionales de las prestaciones pactadas a las que condene, pues así lo solicitó el impetrante en el punto veintiuno del capítulo de prestaciones de la demanda y, además, así se ha establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 37/2000,(22) de la literalidad siguiente:

"SALARIOS CAÍDOS EN CASO DE REINSTALACIÓN. DEBEN PAGARSE CON EL SALARIO QUE CORRESPONDE A LA CUOTA DIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO MÁS TODAS LAS PRESTACIONES QUE EL TRABAJADOR VENÍA PERCIBIENDO DE MANERA ORDINARIA DE SU PATRÓN.—La acción de cumplimiento de contrato implica que la relación entre los contendientes subsista para todos los efectos legales, si se determina la injustificación del despido, por ello, sería contrario a estos efectos que se pretendiera que dentro de los componentes del salario, cuando se demanda reinstalación, se incluyera la parte relativa a la prima de antigüedad y otras prestaciones que aparecen cuando se rompe la relación laboral, dado que el pago de éstas son incongruentes con la continuación del vínculo jurídico; de ahí que los conceptos que deben considerarse para fijar el importe de los salarios vencidos deben ser aquellos que el trabajador percibía ordinariamente por sus servicios, donde se deben incluir, además de la cuota diaria en efectivo, las partes proporcionales de las prestaciones pactadas en la ley, en el contrato individual o en el colectivo respectivo, siempre que éstas no impliquen un pago que deba hacerse con motivo de la terminación del contrato individual correspondiente, porque el derecho a la reinstalación de un trabajador, cuando es despedido de su empleo, no sólo debe ser física, sino jurídica, lo que implica el restablecimiento o restauración del trabajador en los derechos que ordinariamente le correspondían en la empresa, dicha restauración comprende no únicamente los derechos de que ya disfrutaba antes del despido, sino los que debió adquirir por la prestación de su trabajo mientras estuvo separado de él, entre los que se encuentran los aumentos al salario y el reconocimiento de su antigüedad en ese lapso, sin embargo, es importante considerar que si el trabajador, en su demanda reclama por separado el pago de alguno de los componentes del salario que ordinariamente venía percibiendo, tal prestación ya no vendría a engrosar los salarios caídos o vencidos porque, de ser así, ese componente se pagaría doble."

En este mismo tópico, deberá condenar al pago de los incrementos salariales que se hubieran generado mientras el actor estuvo separado de su empleo, pues además de que así lo solicitó en la prestación número uno de la demanda laboral, es criterio sostenido por nuestro Alto Tribunal que los salarios caídos deben cuantificarse considerando los incrementos salariales respectivos.

Cobra aplicación exacta al caso, la tesis(23) de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente:

"SALARIOS CAÍDOS, MONTO DE LOS, EN CASO DE INCREMENTOS SALARIALES DURANTE EL JUICIO.—Si un trabajador demanda la reinstalación y el pago de los salarios vencidos y el patrón no acredita la causa justificada de la rescisión, la relación laboral debe continuar en los términos y condiciones pactados como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo; de ahí que si durante la tramitación del juicio hasta la fecha en que se reinstale al trabajador hay aumentos al salario por disposición de la ley o de la contratación colectiva, o un aumento demostrado en el juicio laboral, proveniente de alguna fuente diversa de aquéllas, éstos deben tenerse en cuenta para los efectos de calcular el monto de los salarios vencidos, toda vez que la prestación de servicios debió haber continuado de no haber sido por una causa imputable al patrón; pero en el caso de que la acción principal ejercitada sea la de indemnización constitucional, no la de reinstalación, y la primera se considere procedente, los salarios vencidos que se hubieran reclamado deben cuantificarse a la base del salario percibido a la fecha de la rescisión injustificada, toda vez que al demandarse el pago de la indemnización constitucional el actor prefirió la ruptura de la relación laboral, la que tuvo lugar desde el momento mismo del despido."

Para cuyo efecto deberá abrir el incidente de liquidación previsto en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo,(24) en virtud de que no corren agregadas al juicio pruebas tendentes a acreditar los incrementos salariales.

Es aplicable, por analogía con el caso que nos ocupa, la jurisprudencia 4a./J. 50/94,(25) de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto que siguen:

"SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA, CUANDO SE DISCUTE SU MONTO EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN.—La regla derivada de los artículos 784, fracción XII y 804 de la Ley Federal del Trabajo, acerca de que corresponde al patrón la carga de probar el monto del salario y su pago, cuando se suscita controversia al respecto, es aplicable también, en lo conducente, cuando dentro del incidente de liquidación se discute la existencia de incrementos salariales durante el periodo que transcurre entre la fecha de separación del trabajador y aquella en que se da cumplimiento al laudo que condenó a la reinstalación. La aplicación de la misma regla deriva de que en ambos supuestos el objeto probatorio es, esencialmente, el mismo, así como de la circunstancia de que dentro del incidente de liquidación operan las mismas razones tomadas en consideración por el legislador para atribuir la carga probatoria en los aspectos indicados, al patrón, por la mayor facilidad que tiene para disponer de los elementos de convicción."

En otra parte de sus conceptos de violación, el quejoso aduce que el tribunal omitió fijar en cantidad líquida las prestaciones económicas a las que condenó –vacaciones, prima vacacional y aguinaldo–, no obstante, cuenta con elementos para hacerlo, por lo que estima improcedente la apertura del incidente de liquidación.

Los conceptos de violación reseñados son parcialmente fundados.

Para sustentarlo es importante retomar que en los resolutivos del laudo reclamado, el tribunal responsable condenó al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo proporcional del dos mil quince, del uno de enero al dieciocho de mayo de ese año, lo que apoyó en los artículos 87, 28 y 80 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla.

Condena que es incorrecta porque, en primer lugar, debió ser sustentada en razonamientos lógico-jurídicos que se expresaran en los considerandos, pues éstos son los que rigen los puntos resolutivos.

Reafirma lo expuesto, la jurisprudencia 501,(26) de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente:

"SENTENCIAS. SU AUTORIDAD SE EXTIENDE A LOS CONSIDERANDOS.—En términos generales, la parte resolutiva de la sentencia, por sí misma, es la que puede perjudicar a los litigantes y no la parte considerativa, pero este principio debe entenderse unido al de congruencia, según el cual los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos. Consecuentemente, los argumentos de la sentencia, por sí mismos, no causan agravio a los interesados, cuando se demuestra que no han conducido a la resolución ilegal."

En segundo orden, contraviene el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 842 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que, aun cuando el tribunal citó los preceptos legales que la fundamentan –87, 28 y 80 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla–, fue omiso en expresar los razonamientos lógico-jurídicos que la llevaron a su conclusión, además, no señaló el número de días que le correspondieron al actor por cada prestación, ni las fijó en cantidad líquida expresando las operaciones aritméticas correspondientes, lo que es indispensable para estimar que la condena se encuentra motivada.

Cobra aplicación, por analogía, la tesis V.1o.C.T. J/63,(27) que este cuerpo colegiado comparte, de la literalidad siguiente:

"LAUDO. EL HECHO DE QUE LA JUNTA CONDENE A UNA CANTIDAD DE DINERO DETERMINADA PERO OMITA PRECISAR LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CUANTIFICARLA, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 842 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.—Si la Junta al emitir el laudo condena al pago de una cantidad de dinero determinada y omite precisar las operaciones aritméticas que sirvieron de base para cuantificarla, tal actuación contraviene el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, afectando las defensas del quejoso y trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que se desconocen los razonamientos lógico-jurídicos por los que la responsable llegó a dicha conclusión."

Máxime que, como aduce el peticionario, cuenta con elementos para hacerlo, pues al sumario de origen corren agregadas diversas documentales de las que se advierte el salario del actor, como son, los recibos de pago relativos a la primera y segunda quincenas de abril de dos mil quince (f. 13), reporte de nómina exhibido por la parte demandada (f. 117 a 120), e informe rendido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla (f. 188 a 215); por lo que acorde con el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo,(28) está en condiciones para liquidarlas sin necesidad de abrir un incidente de liquidación.

Con motivo de lo expuesto, este cuerpo colegiado no puede pronunciarse aún sobre el motivo de disenso en el que el quejoso sostuvo que el tribunal debió condenar al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional en los términos que las solicitó en la demanda y no conforme a la Ley Federal del Trabajo, pues no se trata de prestaciones extralegales.

Es así, en virtud de que el tribunal aún no ha establecido el número de días que liquidará –si los establecidos en la Ley Federal del Trabajo, o bien, los que reclamó en la demanda–; por lo tanto, hasta que la responsable se pronuncie, este cuerpo colegiado no puede sustituirse y hacerlo.

Finalmente, sostiene que el tribunal negó la procedencia de las prestaciones denominadas compensación personal de base, despensa, ayuda de varios, apoyo a la economía, apoyo al transporte, quinquenios, premio por puntualidad, premio al mérito, ayuda de útiles, día del servidor público, bono por aniversario sindical, festejo por aniversario sindical, productividad, premios anuales, becas, sin considerar las pruebas que obran en los autos, como son el informe a cargo de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, así como los talones de pago de catorce de treinta (sic) de abril de dos mil diecisiete, expedidos en su favor, de los que a decir del quejoso, se desprende su existencia y cuantía.

El concepto de violación que nos ocupa es fundado, aunque suplido en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo.

Así es, en los puntos del dos al diecinueve del laudo reclamado, la autoridad de trabajo absolvió del reclamo de compensación personal de base, despensa, ayuda de varios, apoyo a la economía, apoyo al transporte, quinquenios, premio por puntualidad, premio al mérito, ayuda de útiles, día del servidor público, bono por aniversario sindical, festejo por aniversario sindical, productividad, premios anuales, becas y entrega de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, sin expresar algún razonamiento lógico-jurídico, ni sustento legal que lo soporte.

Por lo que con tal proceder contravino lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se limitó a reflejar en la parte resolutiva las absoluciones citadas y no expuso en los considerandos los fundamentos y motivos que las sustentan; de ahí que debe concederse el amparo para que se subsane ese vicio formal.

En el entendido de que en cumplimiento de la presente ejecutoria, debe analizar dichas prestaciones, de conformidad con la litis que se integró en el juicio, esto es, considerando que en los incisos del dos al ocho, del once al diecisiete y en el veintidós, la parte actora reclamó el pago de la compensación personal de base, despensa, ayuda de varios, apoyo a la economía, apoyo al transporte, quinquenios, premio por puntualidad, premio al mérito, ayuda de útiles, día del servidor público, bono por aniversario sindical, festejo por aniversario sindical, productividad, premios anuales, becas y entrega de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro; por el periodo que laboró en dos mil quince y el tiempo que durara el juicio hasta su reinstalación.

Ante lo cual, el organismo reo respondió que la prestación denominada compensación personal de base le fue pagada al actor y que lo acreditaría con las nóminas que al efecto exhibió, visibles a folios del 117 al 120 del expediente de origen; respecto a las restantes prestaciones las negó, pues dijo que el actor no las percibía como una remuneración a la prestación de sus servicios; además, opuso de forma general las excepciones de oscuridad y prescripción, previstas en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.

Para cuyo efecto, el tribunal deberá justipreciar los siguientes medios de convicción:

- El informe rendido por la Secretaría de Finanzas que ofreció el quejoso con el arábigo cinco de la demanda laboral, admitido en audiencia de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y desahogado por medio del oficio **********, de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, al que acompañó las copias certificadas de las nóminas de pago por el periodo comprendido de la primera quincena de mayo de dos mil catorce a la primera quincena de mayo de dos mil quince. (f. 187 a 216)

- La copia certificada que contiene el acuerdo de revisión salarial derivado del pliego petitorio de treinta de junio del mismo año, firmado entre el Gobierno del Estado de Puebla y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados del Estado de Puebla, en el cual, a decir del quejoso, se encuentran plasmadas todas las prestaciones a las que tiene derecho, incluyendo las extralegales. (f. 8 a la 13)

- Los recibos de pago correspondientes a la primera y segunda quincenas de mayo de dos mil quince. (f. 13)

Finalmente, en suplencia de la queja, se advierte que el tribunal omitió pronunciarse respecto al reclamo de las prestaciones señaladas con los incisos del dos al veinte de la demanda laboral, por el tiempo que durara el juicio y hasta que el actor fuera materialmente reinstalado, con lo que transgredió el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y faltó al principio de exhaustividad, previsto en el diverso 842 de la Ley Federal del Trabajo, lo que debe repararse mediante la concesión del amparo.

Efectos del amparo:

En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado al quejoso para lo siguiente:

1. Deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, emita otro en el que:

2. Condene a la demandada a reinstalar al quejoso y al pago de salarios caídos, los que deberá liquidar conforme al sueldo integrado del actor, así como considerando los incrementos salariales generados durante el juicio, para cuyo efecto deberá aperturar el incidente de liquidación respectivo.

3. Reitere la condena al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo proporcionales a dos mil quince, lo cual deberá motivar expresando el número de días que le correspondieron al actor por cada prestación, liquidarlas y precisar las operaciones aritméticas correspondientes.

4. Fije el salario base con el que deberán ser cuantificadas las prestaciones económicas, en términos de la litis que se integró al juicio, así como del caudal probatorio.

5. Resuelva lo relativo a las prestaciones extralegales reclamadas en los numerales del dos al ocho y del once al diecisiete, así como el reclamo de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, solicitado en el diverso veintidós de la demanda laboral, de conformidad con la litis que se integró al respecto, expresar en los considerandos los fundamentos, motivos y valoración de los medios de convicción establecidos, que obran en el juicio.

6. Con libertad de jurisdicción, se pronuncie sobre el reclamo de las prestaciones señaladas en los incisos del dos al veinte de la demanda laboral por el tiempo que dure el juicio y hasta que el actor sea materialmente reinstalado.

NOVENO.—Estudio del amparo adhesivo.

Los conceptos de violación esgrimidos por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla conducen a determinar lo siguiente:

En el primer concepto de violación, sostuvo que en cuanto a la acción principal, el laudo se encuentra ajustado a derecho, en virtud de que con el cúmulo de las pruebas que obran en el juicio, demostró que la rescisión de la relación laboral está justificada y se apega a lo establecido en los artículos 47, fracción X, 185 de la Ley Federal del Trabajo, 1o., 2o., 4o., 11, 40, fracción VI y 43 de la Ley Federal del Trabajo.

Además, el aviso de rescisión consignó la causa de la rescisión, siendo éste suficiente para demostrar que la relación de trabajo se generó (sic) por una situación fortuita, debido a la falta de presupuesto que generó la supresión de plazas y, por ende, no existió el despido, lo que guarda congruencia con el artículo 43 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, como lo señaló la responsable.

Los sintetizados argumentos son inoperantes, en virtud de que están encaminados a controvertir los conceptos de violación formulados en el amparo directo principal relativos a la causa de rescisión de la relación de trabajo; por tanto, no cumplen con mejorar las consideraciones del fallo o exponer las razones por las cuales considera que la sentencia del órgano jurisdiccional se ocupó adecuadamente de la controversia, v

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28138-3fb2f569/trabajadores-de-base-al-servicio-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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