OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA CONDENA DE SALARIOS DEVENGADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL DEMANDADO SEÑALÓ QUE EL ACTOR DEJÓ DE PRESENTARSE A LABORAR, LO HACEN INOPERANTE PARA REVERTIR LA CARGA PROBATORIA AL TRABAJADOR, AL RESULTAR MÁS VEROSÍMIL LA VERSIÓN DEL ACTOR.
AMPARO DIRECTO 611/2015. 3 DE NOVIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARTURO GARCÍA TORRES. SECRETARIO: EDGAR IVÁN JORDÁN CHÁVEZ.
CONSIDERANDO
V.-En materia laboral, acorde a la fracción V(1) del artículo 79, de la Ley de Amparo en vigor, la suplencia de la queja deficiente sólo opera en favor de la parte trabajadora.
En el caso, de las constancias derivadas del juicio laboral 583/2013, del índice de la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio idóneo, de acuerdo a los artículos 129,(2) 197(3) y 202(4) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al segundo de los numerales de esta última, se desprende que el quejoso tiene el carácter de trabajador-actor; por tanto, el estudio de los motivos de inconformidad que esgrimió, se lleva a cabo con apoyo en la suplencia de la queja deficiente.
Al respecto, con apoyo en el artículo sexto transitorio(5) del decreto por medio del cual se expidió la nueva Ley de Amparo, resulta de aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 39/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formulada al resolver la contradicción de tesis 51/94, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, número 610, página 496, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.", ello, porque aun cuando esta jurisprudencia fue integrada bajo la vigencia de la ley anterior, no resulta contraria a la Ley de Amparo en vigor.
Previo a analizar los conceptos de violación es conveniente precisar que el presente asunto tiene como precedente el juicio de amparo directo DT. 898/2014 del índice de este tribunal, promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec Estado de México, mismo que fue resuelto en sesión de once de febrero de dos mil quince, por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, en Acapulco Guerrero, en el sentido de conceder el amparo al quejoso, para el efecto:
"...de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y emita otro en el que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, analice nuevamente el ofrecimiento de trabajo, prescindiendo del argumento relativo a que se controvirtió la categoría en que se venía desempeñando el entonces actor y resuelva en consecuencia. Debiendo reiterar las consideraciones accesorias que no fueron materia de esta concesión."
Ahora bien, en primer término, se analiza la violación procesal que hace valer el quejoso, consistente en:
- Que la persona que firmó la contestación de demanda y se ostentó como licenciada, esto es, **********, nunca acreditó su calidad profesional mediante la cédula que la facultara para ejercer la profesión de licenciado en derecho, requisito sine qua non, no pudo tenerse por contestada la demanda, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 196, fracción VI, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios es ilegal que la responsable haya tenido por contestada la demanda que presentó la Lic. **********, toda vez que como obra en las constancias que integran el expediente, dicha persona no presentó, al efectuar la respectiva contestación de demanda, la cédula que la facultara para ejercer la profesión de licenciada en derecho.
Resulta inoperante el argumento reseñado.
Lo anterior, dado que dichos argumentos están encaminados a controvertir una cuestión que, en su caso, le irrogó perjuicio desde la emisión del primer laudo decretado en el juicio laboral de origen el treinta de mayo de dos mil catorce, sin que al respecto el hoy quejoso hubiere promovido juicio de amparo en contra de ese primer laudo emitido en el controvertido laboral de origen, lo que de suyo hace que consintió la indicada violación procesal y sus consecuencias.
En efecto, si desde la emisión del laudo de treinta de mayo de dos mil catorce, la violación procesal alegada y argumentos relacionados con el que la persona que compareció a nombre de la demandada a acreditar su calidad profesional mediante la cédula que la facultara para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por lo que no tuvo que tenérsele por contestada la demanda; en su caso, ya le causaban perjuicio desde la emisión del primer laudo, pues en el mismo hubo tanto condenas como absoluciones respecto de la demandada, pero no se inconformó contra el mismo, por lo que tal circunstancia hace patente que consintió lo determinado por la Junta responsable en esos aspectos.
Bajo tales premisas, si el quejoso no promovió demanda de garantías en contra del primer laudo de treinta de mayo de dos mil catorce, emitido en el juicio laboral de origen y ahora pretende combatir los aspectos de referencia, los cuales, se insiste, ya fueron consentidos, pues desde la emisión del primer laudo afectaba el interés jurídico del accionante; es inconcuso, que dichos argumentos devienen inoperantes, ya que lo alegado debió ser impugnado a través del amparo directo en contra del fallo que afectó de manera primigenia al disconforme.
Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia II.T. J/24, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en la página 1031, Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, porque no se opone a la Ley de Amparo vigente, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la legislación citada, de rubro y contenido siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO IMPUGNAN LAS AFECTACIONES IRROGADAS EN UN LAUDO ANTERIOR AL RECLAMADO, SIN HABERLAS COMBATIDO.-Si la quejosa no promovió demanda de garantías en contra de un diverso laudo, ni de otro pronunciado en cumplimiento de la ejecutoria de amparo concedido a su contraparte y en cambio, en sus conceptos de violación pretende combatir un acto en el cual la Junta reitera los aspectos que afectaban sus intereses jurídicos y no los reclamó, dichos argumentos devienen inoperantes, porque debió impugnarlos a través del amparo directo en contra del fallo que lo afectó primigeniamente, pues atendiendo a la técnica del juicio constitucional, no es permisible hacerlo con posterioridad, pues implica consentimiento tácito."
Analizada la violación procesal, se procede a estudiar los conceptos de violación de fondo que hace valer el inconforme, los cuales, en síntesis, son:
A) La autoridad responsable viola en perjuicio de mi representado las garantías de legalidad y debido proceso legal establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al emitir un laudo contrario a derecho carente de fundamento y motivo legal que lo sustente, sin analizar circunstancias de hecho y de derecho, violentando así también los derechos fundamentales y derechos humanos de la quejosa, ya que la responsable se abstiene de aplicar los convenios, tratados y pactos internacionales celebrados por nuestro país con los extranjeros por cuanto hace al derecho del trabajo y derechos humanos se refiere, es decir, se abstiene de observar el control de la convencionalidad.
Son infundados los conceptos de violación.
En efecto, en principio cabe decir que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional consiste en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas estimadas para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.
En la especie, del examen al laudo reclamado y en lo que fue materia de concesión del amparo se aprecia que contiene dichos elementos, ya que la responsable efectuó el análisis de las cuestiones planteadas y citó los preceptos legales que consideró aplicables; asimismo, expuso las razones particulares y las circunstancias especiales, conforme a las que decretó las determinaciones relativas a las prestaciones reclamadas, por ende, cumplió con lo previsto en el artículo 16 constitucional, respecto a que los actos de autoridad se deben fundar y motivar.
Sobre el particular, se cita la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emanada de la contradicción de tesis 133/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, que se transcribe a continuación:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.-Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."
En lo que se refiere a la violación de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, vinculados con los principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo, relativos a los de congruencia y exhaustividad, el primero, está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa correspondiente; de ahí que la congruencia interna es entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí; por su parte, la congruencia externa, atañe a la concordancia que debe existir con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes, sin introducir cuestión alguna que no se hubiese reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral.
Por su parte, el segundo, esto es, el principio de exhaustividad, está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación de la Junta de decidir las controversias que se someten a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que fueron materia de debate.
Tiene aplicación a lo antes expuesto la jurisprudencia IV.2o.T. J/44, de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, misma que se comparte por este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, página 959, materia laboral, de rubro y texto siguientes:
"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS.-Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal."
Así, en lo que fue materia de concesión del amparo, ninguno de dichos preceptos se encuentran violentados por la autoridad responsable, dado que el laudo reclamado se observa dictado a verdad sabida y buena fe guardada, al haberse apreciado los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, siendo éste claro, preciso y congruente con la demanda, contestación y pretensiones deducidas en el juicio oportunamente.
Por otra parte, resultan inatendibles los argumentos de la impetrante relativos a que el fallo impugnado vulnera en su agravio los derechos fundamentales y derechos humanos de la quejosa, ya que la responsable se abstiene de aplicar los convenios, tratados y pactos internacionales celebrados por nuestro país con los extranjeros por cuanto hace al derecho del trabajo y derechos humanos se refiere, es decir, se abstiene de observar el control de la convencionalidad.
Lo anterior, porque este Tribunal Colegiado de Circuito estima que en el caso resulta innecesario remitirse al contenido de esas disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque las garantías de legalidad, seguridad jurídica, debida fundamentación y motivación, están expresamente reguladas en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, en cuya virtud, es suficiente el examen de esos lineamientos constitucionales para el efecto, lo cual es acorde con la jurisprudencia 2a./J. 172/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1049, que sustenta:
"DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y atento al principio pro persona, no resulta necesario considerar el contenido de tratados o instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurídico, si al analizar los derechos humanos que se estiman vulnerados es suficiente la previsión que contiene la Constitución General de la República y, por tanto, basta el estudio que se realice del precepto constitucional que los prevea, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado."
Además de que la quejosa no señala algún convenio en específico que resulte transgredido y qué parte; por ende, no se asume tal análisis.
Al efecto, es aplicable, en forma análoga, la tesis 2a. XVIII/2014 (10a.) de la Segunda Sala citada, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1500 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas», del tenor siguiente:
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de violación de que las ‘normas aplicadas en el procedimiento’ respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin precisar al menos qué norma en específico y qué derecho humano está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito o a los Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos, se requiere de requisitos mínimos para su análisis; de otra manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos efectivamente planteados."
Asimismo, el quejoso reclama:
B) Que la responsable hace una indebida calificación del ofrecimiento de trabajo hecho por la patronal; la demandada ofrece el trabajo al quejoso sin precisar la hora del día dentro de su jornada de trabajo en la que disfrutaría de la media hora para tomar alimentos y/o descansar, aunado a que por lo que hace a la categoría, la demandada aceptó que la última categoría del actor fue la de "empleado" y por el contrario ofrece el trabajo con la diversa categoría de "inspector-notificador", respecto del sueldo, le ofrece el trabajo con un sueldo mensual de $**********, sin contemplar el incremento anual del 7% a su sueldo diario, no obstante que quedó acreditada la procedencia del pago del mismo, además de que se le ofreció el empleo con un sueldo mensual cuando por el contrario, conforme a lo establecido en el artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, se establece que el plazo para el pago del salario nunca podrá ser mayor de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de quince días para los demás trabajadores, incluso en el artículo 57 de la ley burocrática se establece como una condición nula el plazo mayor de 15 días para el pago del sueldo, ahora bien, también debió calificarse como de mala fe la oferta de trabajo hacia el actor, porque de la prueba de inspección se desprende que la demandada ofreció la baja del actor ante el ISSEMYM con fecha 31 de diciembre de 2012, es decir, con fecha previa al despido del hoy actor, 21 de febrero de 2013, conducta procesal de la demandada que no fue tomada en consideración para la calificación del ofrecimiento de trabajo.
En principio, cabe mencionar que de las constancias del juicio laboral, origen del fallo impugnado se aprecia, en lo que interesa, que el actor **********, demandó del Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, Estado de México y/o Municipio de Zinacantepec, Estado de México, como acción principal la indemnización constitucional y los salarios caídos derivados del despido injustificado del cual dijo fue objeto el veintiuno de febrero de dos mil trece.
Asimismo, el actor exigió el pago de los salarios devengados del uno de enero al veinte de febrero de dos mil trece, como sigue:
"3.7. El pago de la cantidad a la cantidad (sic) de $********** por concepto de sueldos devengados y no pagados del 1o. al 31 de enero de 2013 y del 1o. al 20 de febrero de 2013, toda vez que a pesar de haberlo laborado para la demandada, ésta no se lo cubrió, por lo que se reclama su pago por esta vía."
De igual manera, señaló como condiciones generales de trabajo las siguientes:
"4.1. El día 1o. de julio de 2009, el C. **********, celebró y firmó contrato individual de trabajo e inició la prestación de su trabajo personal y subordinado para el demandado, fecha en la que se le asignó la categoría de inspector-notificador, con funciones operativas de carácter manual, material, administrativo, técnico y de apoyo realizando las tareas asignadas por sus superiores y determinadas por los manuales internos de procedimientos y guías de trabajo propias del cargo, un sueldo integrado por jornada máxima legal ordinaria, conforme a la ley y a su contrato.-Asimismo se le asignó en su contrato individual de trabajo, un horario de labores comprendido de las 9:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes y los días sábado de 9:00 a 14:00 horas con una hora intermedia para tomar sus alimentos dentro del centro de trabajo; descansando el día domingo de cada semana. La contratación de sus servicios fue por tiempo indeterminado.-Sin embargo, desde la fecha de su ingreso y hasta el día anterior al injustificado despido, el actor se desempeñó en un horario de labores comprendido de las 9:00 a las 19:00 horas de lunes a viernes con una hora intermedia para tomar sus alimentos dentro del centro de trabajo; descansando los días sábado y domingo de cada semana; laborando tres horas extraordinarias diarias, las cuales comenzaban a las 16:00 horas y concluían a las 19:00 horas, haciendo un total de quince horas extras a la semana, que deberán computarse las primeras nueve a salario doble y las siguientes restantes a salario triple, por lo que se reclama su pago por todo el tiempo que estuvo a su servicio.-La jornada de trabajo que tiene la demandada para los trabajadores sindicalizados es de 7 horas diarias de lunes a viernes, tal y como se desprende del Convenio de prestaciones que tiene celebrado el demandado con el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México. ...4.3. Se hace notar para todos los efectos legales a que haya lugar, que el último sueldo o salario que recibió mi representado es por la cantidad de $********** mensuales."
El Ayuntamiento demandado negó haber despedido al actor y manifestó que el actor laboró normalmente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, y que al término de su jornada laboral se retiró de su trabajo sin mediar explicación, no teniendo noticia de él con posterioridad, de igual manera, negó el derecho del actor para reclamar el pago de los salarios, en los siguientes términos:
"3.7. Se niega acción y derecho al actor para demandar de mi representado el pago de la cantidad de $********** por concepto de sueldos devengados por el periodo del 1o. al 31 de enero de 2013 y del 1o. al 20 de febrero de 2013, toda vez que el actor jamás los devengó, pues el último día que laboró al servicio de mi representado fue en fecha 31 de diciembre del año 2012, tal y como se probará en el momento procesal oportuno."
Asimismo, ofreció el trabajo de la siguiente manera:
"Ofrecimiento de trabajo: Para demostrar la buena fe con que se conduce mi representado, en este momento a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, se ofrece el trabajo al actor **********, en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando a saber: con la categoría de ‘inspector-notificador’ del H. Ayuntamiento de Zinacantepec, México, con un salario mensual de $********** (**********), con las mejoras e incrementos salariales que se den a su categoría, con una jornada laboral comprendida de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes de cada semana contando con media hora diaria para tomar sus alimentos y/o descansar fuera de la fuente de trabajo, descansando los sábados y domingos de cada semana, así mismo, con las prestaciones contenidas en el convenio colectivo de trabajo firmado entre mi representado y el SUTEYM, y las prestaciones legales y extralegales a que tenga derecho, incluso con los beneficios de la seguridad social, es decir, dando de alta al actor ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en el domicilio de mi representado H. Ayuntamiento de Zinacantepec ubicado en ********** número **********, colonia **********, ********** en la cabecera Municipal de Zinacantepec, Estado de México, trabajo que está a disposición del hoy actor y del cual solicito a este tribunal le dé vista a efecto de que se reincorpore a la brevedad posible a sus labores o en su defecto manifieste lo que a su derecho corresponda."
En auto de veinticuatro de junio de dos mil trece (foja 40), la responsable en virtud del ofrecimiento de trabajo realizado al actor, le concedió un término de tres días para que se pronunciara al respecto, con el apercibimiento de que para el caso de no hacer manifestación alguna dentro del término conferido se le tendría por no aceptado dicho ofrecimiento; posteriormente, en auto de veinticinco de febrero de dos mil catorce, en virtud de que la actora no dio cumplimiento al requerimiento que antecede, la responsable le hizo efectivo el mismo y le tuvo por no aceptado el trabajo ofrecido por la demandada. (foja 76)
En treinta de mayo de dos mil catorce, la responsable dictó un primer laudo en el que calificó el ofrecimiento de trabajo ofertado a la actora de mala fe, por considerar que: "el demandado modificó las condiciones de trabajo en perjuicio del accionante, pues le ofreció el trabajo con la categoría de ‘inspector-notificador’, categoría que es diversa a la última que dijo desempeñó el trabajador pues, éste en el hecho 4.5 de su libelo manifestó que últimamente se desempeñó con la categoría de ‘empleado’...", por lo que condenó al demandado al pago de la indemnización constitucional y salarios caídos al no haber desvirtuado el despido cuando le correspondía la carga probatoria de hacerlo; de igual manera, condenó al demandado al pago de los sueldos devengados del 1 de enero al 20 de febrero de 2013, toda vez que el demandado no demostró que el demandante no los haya devengado.
Inconforme con dicha determinación, el Ayuntamiento demandado promovió juicio de amparo directo, el cual registró este Tribunal Colegiado de Circuito con el número DT. 898/2014, mismo que fue resuelto en sesión de once de febrero de dos mil quince, por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, en Acapulco Guerrero, en el sentido de conceder el amparo al quejoso, para el efecto:
"...de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y emita ot
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26315-464a8513/ofrecimiento-de-trabajo-la-condena-de-salarios-devengados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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