TRABAJADORES DE BASE AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA. A LA DEPENDENCIA DEMANDADA –PATRONAL EQUIPARADA– LE CORRESPONDE DEMOSTRAR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE SU SALARIO CUANDO OPONE COMO EXCEPCIÓN TAL ARGUMENTO.
AMPARO DIRECTO 455/2018. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MIGUEL MENDOZA MONTES. SECRETARIA: MARISOL CAMACHO LEVÍN.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación que se hacen valer son fundados, aunque suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.
Violaciones procesales.
Omisión de prevenir a la actora para que aclarara su demanda respecto de prestaciones autónomas.
En suplencia de la queja deficiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte de oficio que en el caso se actualiza una violación procesal que afectó las defensas de la trabajadora, en relación con las prestaciones de vacaciones, prima vacacional, bono o estímulo de productividad y el pago de los conceptos de aniversario sindical, ayuda de útiles escolares y día del servidor público.
En efecto, la aludida transgresión procesal consiste en que el tribunal laboral de origen fue omiso en requerir a la actora a fin de que aclarara su demanda laboral, en términos de los artículos 685 y 873, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo,(3) de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, los cuales disponen que en caso de que el tribunal laboral encuentre alguna omisión, irregularidad o defecto en la demanda, desde el auto de inicio, requerirá al trabajador para que dentro del término de tres días subsane esa circunstancia.
Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 77/98, determinó que cuando la demanda laboral sea irregular, lo procedente es mandar prevenir al trabajador, indicándole la omisión en que incurrió y concederle el término legal a efecto de que la subsane.
Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 75/99,(4) de rubro y texto siguientes:
"DEMANDA LABORAL. LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE MANDAR PREVENIR AL TRABAJADOR PARA QUE LA CORRIJA O ACLARE CUANDO SEA IRREGULAR O INCURRA EN OMISIONES.—De la recta interpretación de lo dispuesto en los artículos 685, 873, último párrafo y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que las Juntas de Conciliación y Arbitraje se encuentran obligadas, en acatamiento al principio de tutela procesal, a prevenir al trabajador o, en su caso, a sus beneficiarios, para que corrijan, aclaren o regularicen su demanda cuando ésta sea oscura, irregular u omisa, en cuanto no comprenda todas las prestaciones que deriven de la acción intentada; y, por otro lado, a aplicar esa tutela general previniendo al trabajador para que proporcione los datos relativos a los hechos de la demanda, cuando de ellos dependa la claridad y congruencia de la acción deducida, como las características relativas al tiempo, modo y lugar del despido, sin que ello signifique que la Junta sustituya al actor en perjuicio de la contraparte y con desdoro de la imparcialidad, porque en tales hipótesis la Junta no proporciona por sí esos datos, sino que se concreta a hacer notar la irregularidad de que adolece el escrito inicial con el propósito de que sea subsanada en los términos que el actor estime oportunos."
Ahora bien, en el caso concreto se advierte que la demanda es oscura respecto de las prestaciones consistentes en vacaciones, prima vacacional, bono o estímulo de productividad y el pago de los conceptos de aniversario sindical, ayuda de útiles escolares y día del servidor público, sin que el tribunal responsable haya ordenado su corrección.
Ello es así, porque en el capítulo de prestaciones la parte actora reclamó dichos conceptos en los términos siguientes: (fojas 2 a 4 del expediente laboral)
"Prestaciones.
"...
"d) El pago proporcional que corresponde al concepto de vacaciones, respecto de una tasa de veinte días de salario diario y de conformidad con los artículos 28 y 36 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que la demandada omitió realizar su pago al momento de despedirme injustificadamente.
"e) El pago de la prima vacacional que adeuda la demandada, ya que omitió realizar su pago en el momento del injustificado despido; prestación que deviene operante en consideración del artículo 73 de las Condiciones Generales de Trabajo de las Dependencias que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Puebla (así como por lo previsto por la Ley de Egresos del Estado de Puebla expedida para el ejercicio fiscal 2015, publicada en el Periódico oficial del Estado el 17 de diciembre de 2014, según se advierte del apartado ‘E’ que contiene los tabuladores desglosados de las remuneraciones de los servidores públicos), y que se precisa equivalente a 12 días de salario diario.
"f) El pago del bono o estímulo de productividad, mismo que se reclama a partir de la revisión salarial del diez de junio de dos mil diez celebrada entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados y el Gobierno del Estado de Puebla, y que asciende al equivalente de cuatro días de salario diario (concepto que se entera a los trabajadores de base en el mes de diciembre), ya que la demandada omitió realizar su pago al momento de notificar al promovente la ilegal separación de mi fuente de trabajo. Revisión salarial (exhibida en copia para su cotejo) que se acompaña como elemento de prueba número dos.
"...
"h) El pago que resulte por los conceptos de aniversario sindical, ayuda de útiles escolares, día del servidor público, en términos del artículo 73 de las Condiciones Generales de Trabajo de las Dependencias que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Puebla, y en atención del lapso que tome a esta autoridad decidir el fondo de la acción planteada, al actualizarse los derechos invocados..."
De lo transcrito se desprende que el reclamo de la accionante es oscuro, toda vez que, por cuanto hace a vacaciones y prima vacacional, omitió precisar los periodos por los que demanda las aludidas prestaciones.
Por tanto, ante la omisión de precisar con exactitud su reclamo, era necesario que se ordenara aclarar la demanda laboral para que así permitiera el conocimiento pleno a la enjuiciada de sus pretensiones y a su vez a la autoridad responsable para resolver la litis laboral puesta a su consideración.
Empero, al no hacerlo el tribunal responsable, violó en perjuicio de la trabajadora lo dispuesto en los numerales y criterios invocados que lo obligan a prevenir a la impetrante indicándole la irregularidad en que incurrió en su demanda laboral y concederle el término legal a efecto de que subsanara tal circunstancia; de ahí que resulta necesario requerir a la parte actora para que precise el periodo por el que reclama el pago de las referidas prestaciones.
Al respecto, cabe precisar que en el laudo la responsable determinó absolver a la parte demandada del pago de las prestaciones de vacaciones y prima vacacional, sin emitir consideración alguna al respecto; sin embargo, se estima que, en relación con esas prestaciones, al momento de pronunciarse nuevamente, deberá tomar en consideración que la parte demandada, al contestar la demanda, reconoció que adeuda el pago de las mismas por cuanto hace al año dos mil quince, tal y como se precisa a continuación: (foja 181 ídem)
"...
"d) Por cuanto hace a la prestación reclamada relativa a pago de la parte proporcional de vacaciones correspondiente al año dos mil quince, la misma es procedente y se pondrá a disposición de la actora, previa solicitud que realice ante la Dirección de Recursos Financieros de esta secretaría, por cuanto hace al año 2015.
"e) Por cuanto hace a la prestación reclamada relativa a pago de la prima vacacional que refiere la actora, resulta procedente y se pone a disposición de la actora, previa solicitud que realice ante la Dirección de Recursos Financieros de esta secretaría, por cuanto hace al año 2015.
"..."
Mientras que en relación con el bono o estímulo de productividad, el libelo también es oscuro, toda vez que si bien, la accionante señaló que lo reclamaba a partir de la revisión salarial de diez de junio de dos mil diez, que asciende al equivalente a cuatro días de salario diario, empero, soslayó precisar mayores detalles en relación con la prestación que demanda, que pudieran servir a la autoridad laboral para determinar el derecho que tiene de reclamarlas.
Lo mismo ocurre con las diversas prestaciones consistentes en el pago de los conceptos de aniversario sindical, ayuda de útiles escolares y día del servidor público, pues como se desprende de lo anteriormente transcrito, el reclamo de la accionante es oscuro e impreciso, toda vez que únicamente reclamó el pago de dichos conceptos por el tiempo que durara el juicio laboral, sin aportar los elementos necesarios para la procedencia de dicha pretensión. Se estima lo anterior, pues la actora debió manifestar, respecto de cada una de esas prestaciones que reclama, las cantidades que pudieran corresponder por su pago, el sustento legal o contractual de las mismas, los términos en que se pactaron; a saber: monto, condiciones de pago, periodicidad y en sí, todos los hechos en los que finca su pretensión.
Máxime que se trata de prestaciones extralegales, por lo que corresponde a la actora demostrar el derecho que tiene de exigirlas, de ahí que la accionante debía manifestar los términos en que se pactaron las mismas, como las condiciones de pago, periodicidad, monto que reclama por cada año y en sí, todos los hechos en los que finca su pretensión.
Por tanto, toda vez que el reclamo de la actora respecto del bono o estímulo de productividad, así como el pago de los conceptos de aniversario sindical, ayuda de útiles escolares y día del servidor público, fue oscuro e impreciso, ameritaba que el tribunal responsable la requiriera a efecto de que aclarara su demanda, para que así permitiera el conocimiento pleno a la enjuiciada de sus pretensiones y, a su vez, a la responsable obtener datos suficientes para estar posibilitada a resolver la litis laboral puesta a su consideración.
Omisión que trasciende al resultado del fallo, ya que el tribunal responsable absolvió a la demandada del pago de dichas prestaciones; por lo que se estima necesario que se aclare ese punto de la demanda laboral, pues al emitirse el nuevo laudo, en cumplimiento de esta ejecutoria, la responsable deberá decidir sobre la procedencia de su pago, para lo cual debe existir un señalamiento, claro sobre los hechos en que sustenta su reclamo.
En tales condiciones, este órgano colegiado estima que la omisión del tribunal responsable de prevenir a la actora para que aclarara su demanda en relación con las prestaciones de vacaciones, prima vacacional, bono o estímulo de productividad y el pago de los conceptos de aniversario sindical, ayuda de útiles escolares y día del servidor público constituye una violación al procedimiento que afectó sus defensas y trascendió al resultado del fallo.
Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 134/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) de rubro y texto siguientes:
"DEMANDA LABORAL. LA OMISIÓN DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE LA ACLARE O CORRIJA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL SUPUESTO DE QUE AFECTE LAS PRETENSIONES DEL ACTOR Y TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO.—Cuando la demanda del trabajador o sus beneficiarios tiene defectos u omisiones, la Junta debe examinar integralmente el ocurso y las demás constancias de autos para saber qué acciones se vienen deduciendo, pero cuando ni siquiera de esa relación puede superarse el defecto, debe requerir la aclaración. De lo contrario, el silencio de la Junta de señalar los defectos u omisiones en que hubieran incurrido el trabajador o sus beneficiarios en el ocurso de demanda, y de prevenirlos para que los subsanen, constituye una violación al procedimiento análoga a las que establece el artículo 159 de la Ley de Amparo, que reúne las características esenciales determinadas en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la ley de la materia, en tanto que afecta sus pretensiones y trasciende al resultado del fallo, pues si queda incompleta o con errores, no podrá después la Junta resolver sobre acciones que no se hicieron valer, por lo que en esas hipótesis se debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad jurisdiccional responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento con la finalidad de reparar la infracción que cometió y, posteriormente, dicte el nuevo laudo conforme a derecho proceda."
En esa medida, debe concederse el amparo para los efectos que más adelante se precisarán.
Indebido desechamiento de la prueba de cotejo y compulsa.
En principio, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte de oficio y en suplencia total de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la actualización de una violación procesal en relación con el desahogo de la prueba de perfeccionamiento, consistente en el cotejo y compulsa del convenio de revisión salarial de diez de junio de dos mil diez, celebrado entre el sindicato de trabajadores y el Gobierno del Estado de Puebla que ofreció la parte actora con el fin de demostrar la existencia de las prestaciones extralegales reclamadas; violación que dejó sin defensas a la trabajadora y trascendió en su perjuicio al resultado del laudo reclamado.
A efecto de evidenciar lo anterior, conviene transcribir los artículos 795, 796, 798 y 810 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, de acuerdo a su numeral 11:(6)
"Artículo 795. Son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por la Ley a un funcionario investido de fe pública, así como los que expida en ejercicio de sus funciones.
"Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los municipios, harán fe en el juicio sin necesidad de legalización."
"Artículo 796. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo anterior."
"Artículo 798. Si el documento privado consiste en copia simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original; para este efecto, la parte oferente deberá precisar el lugar donde el documento original se encuentre."
"Artículo 810. Las copias hacen presumir la existencia de los originales, conforme a las reglas procedentes; pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron, siempre y cuando así se haya ofrecido."
De los artículos preinsertos se advierte que son documentos públicos aquellos que emiten los funcionarios, ya sea que se encuentren investidos de fe pública o no, en el ejercicio de sus funciones; mientras que se consideran documentos privados los que no reúnen las características anteriores.
También resulta que en el caso de que en el juicio laboral se exhiba un documento privado en copia simple o fotostática, se podrá solicitar su cotejo o compulsa con el original, precisando el lugar en el que se encuentre el mismo, para el caso de que sea objetado por la contraparte. Además, en el último precepto legal invocado se indica que las copias hacen presumir la existencia de los originales, empero, deberá ordenarse su cotejo cuando se ponga en duda su exactitud, siempre que se haya ofrecido como medio de convicción el medio de perfeccionamiento referido.
Al respecto, la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 202/2004-SS, determinó lo siguiente:
1. La Ley Federal del Trabajo distingue dos tipos de documentos privados, a saber: los originales y las copias simples o fotostáticas, estableciéndose en la propia ley, las reglas específicas para objetar ambas clases de documentos privados.
2. Los documentos en copias fotostáticas son reproducciones o imitaciones fotográficas obtenidas de otro documento; y, en cuanto se refiere a copias simples, debe decirse que deben entenderse las que no son originales y carecen de certificación por funcionario que dé fe que, efectivamente, coinciden con los documentos de las que fueron obtenidas.
3. Que al constituir una reproducción o imitación de otros documentos, son susceptibles de ser alterados o modificados, de modo que no sean una fiel imitación del documento del que se obtuvieron; de ahí que su exhibición en un juicio laboral represente dos inconvenientes para el oferente: su valor probatorio y la objeción.
4. En cuanto al valor probatorio, se han establecido diversos criterios en los que se ha fijado el valor probatorio que debe otorgarse a ese tipo de documentos en un juicio laboral, consistente en que sólo pueden ser considerados como un indicio en el juicio.
5. En cuanto a la figura de la objeción en el juicio laboral, ha sido igualmente analizada en diversos criterios sustentados, en donde se definió que la objeción o impugnación de documentos es un procedimiento a través del cual la contraparte de la oferente ataca la documental exhibida en el proceso, alegando y, en su caso, probando que no es auténtica por ser inexacta o falsa, con el fin de lograr que no sea considerada por la Junta al momento de valorar las pruebas integrantes del sumario y dictar el laudo respectivo, de manera que para que pueda ser tomada en cuenta la objeción que se formula contra un documento, es necesario que el objetante concrete su objeción, esto es, debe decir el porqué de la misma, pues si no lo hace así, la objeción, aunque se formule con el propósito de que la Junta reste valor probatorio al documento de que se trate, en nada puede afectarlo.
6. En contraposición a los inconvenientes señalados, el legislador previó un mecanismo diverso para que la parte oferente de documentos en copia simple o fotostática pudiera perfeccionarlos, esto es, a través de la denominada compulsa o cotejo, con el fin de que la Junta pueda otorgarle un valor probatorio superior al que tendría si no fuera compulsado o cotejado o que, en caso de objeción, no quede duda sobre su autenticidad.
7. Que de conformidad con las disposiciones legales contenidas en la legislación laboral, se colige que cuando se ofrece como prueba un documento en copia simple o fotostática y el oferente solicita su perfeccionamiento, señalando el domicilio en que se encuentra el original de dicho documento, la Junta de Conciliación y Arbitraje está obligada a llevar a cabo las diligencias solicitadas para el mencionado perfeccionamiento, independientemente de que haya sido o no objetado.
8. Ello, en virtud de que, en caso contrario, implicaría dejar a la contraparte del oferente la determinación de perfeccionar o no dicho documento, dependiendo de si decide o no objetarlo. Además de que al ofrecer los medios de perfeccionamiento del documento privado, es evidente que la intención del oferente es que su prueba obtenga un mayor valor probatorio.
Las anteriores consideraciones dieron lugar al siguiente criterio jurisprudencial:(7)
"DOCUMENTO PRIVADO EN COPIA SIMPLE O FOTOSTÁTICA. EL OFRECIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO REQUIERE QUE SEA OBJETADO PARA QUE LA JUNTA LO MANDE PERFECCIONAR.—Cuando se ofrece como prueba un documento privado en copia simple o fotostática y se solicita, además, su compulsa o cotejo con el original ‘para el caso de objeción’, señalando el lugar en que se encuentre, en términos del artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo, no es necesario que dicho documento sea efectivamente objetado para que la Junta ordene su perfeccionamiento a través de la compulsa o cotejo propuesto, porque ello implicaría desvirtuar el propósito perseguido por el oferente consistente en mejorar el valor probatorio del documento para salvar la objeción que pudiere hacerse, además de que sería ilógico que el perfeccionamiento dependiera de la voluntad de su contraparte, esto es, de que decida o no objetarlo, máxime que la Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de perfeccionar ese tipo de documentos sin la condición de la objeción aludida, como se desprende de su artículo 807, de manera que debe considerarse que el perfeccionamiento ofrecido para el caso de objeción no está condicionado a que aquélla exista."
Ahora bien, en el caso, la parte actora ofreció diversos medios de convicción para demostrar la procedencia de su acción, entre los que se destaca la documental privada consistente en el convenio de revisión salarial de diez de junio de dos mil diez, celebrado entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados y el Gobierno del Estado de Puebla, mismo que se exhibió en copia simple, con el fin de acreditar las prestaciones extralegales que le fueron reclamadas a la parte patronal. (fojas 13 y 16 a 19 del expediente laboral)
Además, para el caso de que el documento fuera objetado, se ofreció como medio de perfeccionamiento el cotejo y compulsa con el original, señalando en su escrito de ofrecimiento de pruebas que el mismo se encontraba en un diverso expediente –señalando su número– formado en el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla.
No obstante lo anterior, la autoridad responsable, por acuerdo de once de octubre de dos mil dieciséis, desechó el medio de perfeccionamiento ofertado por la parte actora, alegando que el documento privado no había sido objetado por su contraparte.
En ese sentido, de los antecedentes narrados, se observa que la parte oferente cumplió con la carga procesal contenida en el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la legislación burocrática estatal, esto es, ofrecer el medio de prueba acompañando todos los elementos necesarios para su desahogo, mismos que de conformidad con lo dispuesto en los diversos numerales 798 y 807(8) de la referida legislación, consisten en señalar el domicilio en donde se encuentre el documento original para su cotejo y, además, agregó la copia del documento que debía ser perfeccionado.
Por tanto, en virtud de que se trataba de un documento privado exhibido en copia simple, el tribunal laboral debió desahogar el cotejo ofrecido con el fin de conseguir su perfeccionamiento, independientemente de que el mismo hubiera sido o no objetado; y, al no haberlo hecho así, actuó en contravención a lo dispuesto por los artículos 798 y 810 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, impidiendo que el convenio de revisión salarial exhibido alcanzara mayor valor probatorio en el juicio.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio XVIII.4o.19 L (10a.), emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito,(9) que se comparte, mismo que establece lo siguiente:
"PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA EN EL JUICIO LABORAL. SI SE PRETENDE QUE TENGA VALOR PROBATORIO PLENO, SU OFERENTE DEBE DESAHOGAR LOS MEDIOS DE PERFECCIONAMIENTO CONDUCENTES, INDEPENDIENTEMENTE DEL RESULTADO DE LAS OBJECIONES QUE, EN SU CASO, REALICE SU CONTRAPARTE.—De los artículos 797 a 811 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, así como de los criterios de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige que si en el juicio laboral un documento privado ofrecido por alguna de las partes no es reconocido expresa o tácitamente, ni su autenticidad está perfeccionada con otra prueba, en caso de objeción, carece de valor probatorio pleno para demostrar lo correspondiente. Ahora bien, el procedimiento de objeción es distinto del ejercicio de valoración de pruebas conjunto, puesto que tiene como finalidad excluir del acervo probatorio a una determinada prueba documental ofrecida por alguna de las partes; por ello, una manifestación efectuada por éstas en relación con el valor probatorio de una documental, no puede tenerse como objeción. De ese modo, corresponde al objetante demostrar los hechos en que apoya su objeción; sin embargo, el oferente de la prueba documental privada objetada es quien tiene interés de que se efectúe su perfeccionamiento a través de cualquiera de los medios admitidos por la ley pues, en su defecto, no hará plena fe sobre su formulación, esto es, no se producirá la consecuencia a que se refiere el tercer párrafo del artículo 802 de la citada ley, porque no hay certeza de la suscripción del documento; por ello, una documental puede perfeccionarse sin que sea indispensable su objeción por la contraparte; esto es, no debe confundirse el interés de perfeccionar un documento, que le corresponde a su oferente, con la carga del objetante de acreditar los hechos en que descansa su objeción. En efecto, el perfeccionamiento tiene como finalidad mejorar el valor probatorio del documento y, en su caso, salvarlo de una objeción, sin que ello dependa de la voluntad de la contraparte, es decir, de que decida o no objetarlo. Tan distinto es el perfeccionamiento de la documental, del procedimiento de objeción de ésta, que el artículo 811 de la referida ley, dispone que si se objeta la autenticidad de algún documento en cuanto a contenido, firma o huella digital, las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones; lo que significa que, independientemente de que el oferente del documento procure el desahogo de los medios de perfeccionamiento que estime conducentes, tiene el derecho de atacar la objeción pretendida por su contraparte, ofreciendo las pruebas pertinentes, que deben estar referidas a las ofrecidas por su contraparte y, desde luego, al motivo de objeción que haya sido manifestado, sin que pueda considerarse que un documento privado puede perfeccionarse debido a que no se acreditó la objeción que interpone la contraparte pues, se insiste, el perfeccionamiento de un documento privado presentado en juicio no está condicionado a que la contraparte lo objete, sino que si el oferente desea revestirlo de pleno valor probatorio, debe ser de su interés desahogar los medios de perfeccionamiento conducentes. Lo contrario, conduciría a establecer, a priori, una presunción en el sentido de que la documental privada se reputa auténtica, salvo prueba en contrario (objeción plenamente demostrada), aun sin haber sido perfeccionada, lo que afecta el principio de imparcialidad en el valor de las pruebas y el mecanismo de perfeccionamiento de las documentales previsto en la referida ley; pero si se omite su perfeccionamiento, ello tampoco le resta valor probatorio ya que, en todo caso, deberá valorarse esta situación, junto con los demás elementos de juicio disponibles, incluyendo el resultado de las objeciones que, en su caso, se realicen por la contraparte para arribar a la convicción de si un hecho ocurrió o no."
Cabe precisar que, en el caso, la violación procesal alegada sí trascendió al sentido del laudo, en virtud de que el tribunal laboral, al analizar las prestaciones extralegales que fueron reclamadas por la parte actora, determinó absolver de su pago, pues consideró que no se había acreditado su existencia, aunado a que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, no contemplaba el pago de las mismas, omitiendo valorar los medios de prueba que obran en autos.
Por tanto, al haberse reclamado prestaciones extralegales, en donde la trabajadora tiene la carga de demostrar el derecho a recibirlas en la forma en que fue precisado en el escrito inicial, es claro que, al no obtenerse el cotejo de la copia simple exhibida por su parte, la eficacia probatoria de la misma quedaría condicionada a lo que disponga el tribunal responsable en el nuevo laudo que dicte.
En ese sentido, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para los efectos que más adelante se precisarán.
Estudio de los aspectos del laudo que no inciden en las violaciones procesales.
Planteamiento relativo al puesto de confianza.
En el concepto de violación primero, la quejosa refiere que el laudo reclamado vulneró, en su perjuicio, lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, pues se determinó que las funciones que realizaba debían ser consideradas como de confianza, sin valorar debidamente los hechos de la demanda y contestación, así como las pruebas ofrecidas por las partes; ello, pues contrario a lo resuelto, las funciones referidas en el laudo no se encuentran acreditadas con medio de prueba alguno, por lo que resultó incorrecta la absolución a la reinstalación y demás prestaciones.
Agregó que, contrario a lo determinado, con los medios de prueba que ofreció, se evidenció la categoría de trabajadora de base que ostentó, lo cual hace que tenga estabilidad en el empleo; máxime que, en el propio oficio de rescisión exhibido en el juicio laboral por la parte demandada, se reconoció que era trabajadora de base, hecho que también se encuentra demostrado con las documentales consistentes en el movimiento de personal y el talón de pago exhibidos.
Invocó en apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS."
Dicho concepto de violación es fundado, suplido ante su deficiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues este Tribunal Colegiado de Circuito estima que no es ajustada a derecho la determinación de la responsable, en el sentido de que se tuviera por demostrado que la actora se ubica en el catálogo de puestos de confianza establecido en el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28699-6d164ca1/trabajadores-de-base-al-servicio-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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