CONFLICTOS COMPETENCIALES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE TRAMITAR UN INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO LAS PARTES LO SOLICITEN O PUEDAN DAR NOTICIA DE SU EXISTENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 398/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 30 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día treinta de abril de dos mil dieciocho.
VISTOS; para resolver los autos del expediente de contradicción de tesis 398/2016; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia. Mediante oficio presentado el diez de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación denunció la posible contradicción de criterios entre los emitidos por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja 72/2014; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de reclamación 2/2016; el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el incidente de incompetencia derivado del juicio de amparo directo 127/2016; así como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 221/2014.
SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, ordenó formar y registrar el expediente con el número 398/2016, teniendo como tribunales contendientes a los mencionados anteriormente.
Hecho lo anterior, solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados contendientes copia certificada de las ejecutorias emitidas en los asuntos de su conocimiento, así como la confirmación si el criterio sustentado en los asuntos se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado. Finalmente, se remitieron, de acuerdo al turno virtual, los autos para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
TERCERO.—Integración del asunto. Por acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete, se tuvo por integrada la presente contradicción de tesis; y se ordenó remitir el asunto a la ponencia del Ministro designado ponente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos respecto de un tema que corresponde a la materia común, para cuya resolución se considera necesaria su intervención.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, toda vez que se formuló por el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, formalmente, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
Ver consideraciones
CUARTO.—Existencia de la contradicción. La actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación, es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la figura jurídica de la contradicción de tesis. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal P./J. 72/2010, y la tesis aislada, cuyos rubros y textos son los siguientes:
Tesis: P./J. 72/2010
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Novena Época
164120 1 de 1
Pleno
Tomo XXXII, agosto de 2010
Pág. 7
Jurisprudencia (Común)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Tesis: P. XLVII/2009
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Novena Época
166996 1 de 1
Pleno
Tomo XXX, julio de 2009
Pág. 67
Tesis Aislada (Común)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
De conformidad con los criterios transcritos, para que exista contradicción de tesis no es necesario que coincidan las cuestiones fácticas analizadas por los órganos jurisdiccionales terminales, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas.
En el caso concreto, el Ministro denunciante de la contradicción estima que debe dilucidarse si en términos de lo dispuesto por la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el incidente de incompetencia es procedente cuando lo intentan las partes en un juicio de amparo, al considerar que éstas están legitimadas para hacer valer cuestiones competenciales entre los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación.
En la denuncia se señala que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, así como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 72/2014 y el recurso de reclamación 2/2016, respectivamente, sostuvieron que, conforme a las disposiciones del capítulo V de la Ley de Amparo, se establece un sistema específico para la resolución de los conflictos competenciales suscitados entre los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación. Como consecuencia, las partes en un juicio de amparo no están legitimadas para hacer valer cuestiones competenciales, por lo que es improcedente el respectivo incidente de incompetencia.
Por su parte, indicó que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al declarar fundado el incidente de incompetencia derivado del juicio de amparo directo 127/2016, determinó implícitamente que las partes en un juicio de amparo están legitimadas para cuestionar la competencia de los Jueces, por lo que es procedente el respectivo incidente.
Finalmente, advirtió que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en el recurso de queja 221/2014, resolvió que, en términos del artículo 66 de la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo están legitimadas para hacer valer cuestiones competenciales, por lo que hace procedente el incidente.
No obstante lo anterior, de los criterios contendientes sintetizados en el considerando anterior, se estima lo siguiente:
El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, no se pronunció en relación con la pertinencia de que las partes puedan promover un incidente de incompetencia en un juicio de amparo; su actuación versó exclusivamente en verificar la procedencia del recurso de queja en contra de una resolución interlocutoria emitida en un incidente de esa naturaleza.
De esta manera, el criterio se dio dentro de un incidente ya instaurado y resuelto, para establecer únicamente si la resolución impugnada cumplía con las características del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; esto es, si era impugnable en recurso de queja, por tratarse de una decisión, que por su naturaleza trascendental y grave, podía causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.
Aun cuando el acto objeto de queja fue la resolución del incidente de incompetencia, no existió pronunciamiento sobre el punto de contradicción, pues si bien indicó que la Ley de Amparo establecía los procedimientos para dirimir las cuestiones competenciales, no generó una postura respecto a si las partes estaban facultadas para plantear el incidente de incompetencia. Así, sólo calificó que la resolución dictada en esos procedimientos no constituía una decisión que afectara de manera trascendental y grave a las partes.
Por lo que hace al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito, en el recurso de reclamación 2/2016, analizó un auto de presidencia que desechó el incidente de incompetencia, solicitado por una de las partes durante la tramitación de un juicio de amparo directo.
El Tribunal Colegiado desechó el incidente de incompetencia, con apoyo en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que autoriza el desechamiento de promociones e incidentes notoriamente improcedentes. La decisión del a quo se sustentó en que no advirtió cuestión competencial, pues el acto reclamado era de carácter penal tomando en cuenta su naturaleza y la autoridad emisora, además, que los solicitantes debieron haberlo hecho valer en la instancia correspondiente, si estimaban que el acto tenía que ser generado por una autoridad diversa.
También señaló que la petición ya había sido analizada y desestimada anteriormente, y para efectos del presente estudio, adicionalmente justificó la improcedencia en razón de que la incidencia no se encontraba contemplada en las reglas de competencia previstas en la Ley de Amparo, así como en el trámite de los conflictos competenciales que se pueden llegar a suscitar con motivo de la sustanciación de dicho medio de control constitucional.
Conforme a esta última parte, se desprende un pronunciamiento, en relación con que el incidente de incompetencia solicitado por las partes debía desecharse, al no estar reconocido en la Ley de Amparo, y no poder generar un conflicto competencial entre órganos del Poder Judicial de la Federación.
Ahora bien, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el incidente de incompetencia promovido por una de las partes dentro del juicio de amparo directo 127/2016, reconoció su procedencia, al tramitarlo en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, y lo resolvió declinando competencia en favor de otro tribunal.
En el último criterio contendiente, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que surge del recurso de queja 221/2014, se analizó la determinación de un Juez de Distrito que desechó de plano y sin mayor trámite el incidente de incompetencia presentado por una de las partes. Ahí, el tribunal del conocimiento resolvió que era innecesario el análisis de los agravios, toda vez que se advertía la necesidad de reponer el procedimiento, al existir una violación a las reglas procesales, por no haberse tramitado la incompetencia en vía incidental.
Asimismo, señaló que el cuestionamiento de la competencia, además de sembrar la duda sobre si el juzgador tiene la capacidad legal para sustanciar y resolver, amerita que el interesado rinda pruebas al respecto y que su contraparte se defienda, mediante la oportunidad de ofrecer contrapruebas para desvirtuar la pretensión de quien insta la incompetencia, lo que sitúa el evento en la hipótesis de abrir un trámite incidental.
También indicó que la competencia del juzgador constituye un presupuesto de procedencia para el juzgamiento de la controversia y, por ende, la resolución o determinación de tal cuestión amerita, "por su propia naturaleza", la tramitación de un incidente, siendo ilegal que se resuelva de plano y sin mayor trámite. Finalmente, el Tribunal Colegiado hizo especial énfasis en que el incidente debía seguirse de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles, de carácter supletorio, toda vez que los artículos 33 a 50 de la Ley de Amparo, que regulan las cuestiones competenciales, no prevén un procedimiento para la vía incidental que se intenta.
Conforme a lo expuesto hasta el momento, se advierte que el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, no genera una contradicción con los demás órganos colegiados.
Por otra parte, sí existe punto de contradicción entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito, que consideró improcedente el incidente de incompetencia solicitado por las partes en el juicio de amparo, al no estar previsto en las reglas competenciales de la Ley de Amparo, en contraposición al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, quienes resolvieron que aun cuando el incidente de incompetencia no está previsto dentro de las cuestiones competenciales a que se refiere la Ley de Amparo, su procedencia se genera, en virtud de la aplicación de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.
Bajo esta idea, el Alto Tribunal tiene la oportunidad de pronunciarse sobre el fondo del problema, para precisar las singularidades de las sentencias en conflicto, fijando como punto de contradicción: si es procedente en el juicio de amparo el incidente de incompetencia solicitado por las partes.
QUINTO.—Criterio que debe prevalecer. Para ilustrar la materia del punto de contradicción y estar en posibilidad de emitir pronunciamiento, conviene señalar lo que este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2007, en sesión de veintitrés de octubre de dos mil ocho, precisó lo siguiente, en relación con la competencia dentro del juicio de amparo:
En primer lugar, definió a la competencia como la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De manera tal, que el Juez por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente.
Precisó que en las reglas procesales que rigen el juicio de amparo, la competencia se confunde con el concepto de jurisdicción, lo que ha implicado que se entienda en dos niveles, el primero referido a su sentido amplio, es decir, al ámbito, esfera o campo dentro del cual un órgano de poder puede desempeñar sus atribuciones y funciones. Y en su sentido estricto, que constituye la facultad otorgada a un órgano jurisdiccional específico para que válida y legalmente conozca de un determinado asunto, de manera tal, que un órgano jurisdiccional no puede resolverlo, si es a otro al que le corresponde específicamente esa atribución, aun cuando ambos pertenezcan a un mismo Poder Judicial.
Asimismo, destacó que la competencia en sentido estricto, se divide en competencia objetiva, que se refiere al órgano jurisdiccional, en donde se encuentran los criterios de territorio, materia, grado, entre otros; y la competencia subjetiva que alude al titular o persona física encargada de desempeñar las funciones que competen al órgano respectivo.
Finalmente, al analizar el criterio por materia, reconoció que la competencia es una garantía esencial a favor de los gobernados, elevada a rango constitucional. En este sentido, como quedó establecido en aquella resolución, la competencia en el juicio de amparo efectivamente constituye una garantía constitucional, pues deriva de los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.
"...
"La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.
"El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en Circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. ..."
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
"a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.
"b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.
"c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.
"En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y
"d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas;
"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del fiscal general de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
"...
"VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;
"...
"XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de las entidades federativas en los casos que la ley lo autorice;
"XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.
"Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el Juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca."
Conforme a lo anterior, la distribución de competencias por razones objetivas, se instituye para el juicio de amparo de diversas formas: por grado, en las fracciones V y VII del artículo 107 constitucional, respecto a la promoción del juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios o Juzgados de Distrito, y excepcionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por razón de materia, de la que se ocupa la fracción V del indicado numeral en amparo directo, así como el artículo 94 constitucional, que remite a lo previsto en la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, tanto para amparo directo como indirecto; por territorio, que se prevé también en el artículo 94 señalado, al facultar al Consejo de la Judicatura Federal el establecimiento del número y división en Circuitos, así como la actuación territorial de los órganos jurisdiccionales; finalmente, lo que se ha denominado competencia auxiliar, así como la competencia concurrente, que se desprenden de las fracciones XI y XII del artículo 107 constitucional.
Precisado lo anterior, para efectos del estudio, basta señalar que en los artículos 33 a 40 de la Ley de Amparo vigente, se materializan los criterios de competencia por grado, materia y territorio en el juicio de amparo:
"Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo:
"I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación;
"II. Los Tribunales Colegiados de Circuito;
"III. Los Tribunales Unitarios de Circuito;
"IV. Los Juzgados de Distrito; y
"V. Los órganos jurisdiccionales de los Poderes Judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta ley."
"Artículo 34. Los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo.
"La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.
"En materia agraria y en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28155-78426cc8/conflictos-competenciales-los-organos-jurisdiccionales-no-tienen-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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