SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO CALIFICAR SI SE ACTUALIZA UNA CAUSA GRAVE QUE AMERITE LA IMPOSICIÓN DE DICHA SANCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 217/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: GABRIELA ZAMBRANO MORALES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis.(6)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(7) pues fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; contendiente en este asunto.
TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es pertinente tomar en cuenta los aspectos más relevantes de las ejecutorias que dieron origen a dichos criterios que, en síntesis, son los siguientes:
I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 838/2017.
1. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Ariel Alejandro González Díaz promovió juicio de amparo contra la omisión del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, de cumplir la suspensión impuesta por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis; acto que atribuyó al Congreso del Estado de Jalisco.
2. Conoció de la demanda de amparo el Juez Séptimo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien la registró bajo el expediente 815/2017 y, seguida la secuela procesal, el siete de noviembre de dos mil diecisiete, celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio respecto al acto reclamado al Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.
Por otra parte, concedió el amparo a la parte quejosa contra el acto atribuido al Congreso Local, consistente en la omisión de cumplir la suspensión del titular del Ayuntamiento mencionado, ordenada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco con motivo del incumplimiento a un laudo, al considerar que se contravenía el derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, señaló que la decisión del tribunal laboral está sustentada en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, esto es, en una ley especial que regula la tramitación para la suspensión de una autoridad en caso de incumplimiento a un laudo, lo que impide que la Legislatura Estatal pueda analizar la decisión a efecto de verificar si la conducta es grave o no, pues debe entenderse que la determinación ya fue emitida por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
3. Inconforme con la determinación anterior, el presidente municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, interpuso recurso de revisión, el cual se registró con el expediente 838/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
En sesión de cinco de junio de dos mil dieciocho, el órgano colegiado dictó sentencia en la que confirmó la sentencia recurrida y amparó a la parte quejosa, pero bajo las consideraciones siguientes:
• En principio, son inoperantes los razonamientos de la autoridad recurrente –Congreso del Estado de Jalisco– en cuanto a la inexistencia del acto que se le atribuye, al señalar que no ha emitido resolución alguna en la que declare la improcedencia de suspender al presidente municipal del Ayuntamiento de Guadalajara,
Lo anterior, debido a que parte de una falsa premisa al entender el acto reclamado como la negativa de suspender al presidente municipal, cuando en realidad se trata de un acto omisivo, consistente en el incumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
• Por otra parte, es infundada la afirmación de la autoridad, en el sentido de no haber sido omisa en dar seguimiento al trámite correspondiente, pues se trata de simples manifestaciones que carecen de sustento, además de que no combate las consideraciones del Juez de Distrito.
• Ahora, respecto a los agravios de la parte tercero interesado, es infundado el razonamiento en el que afirma debe reponerse el procedimiento, al no haber sido llamada a juicio, pues contrariamente a lo que alega, no se actualiza violación procesal alguna, al haber sido notificado el cuatro de octubre de dos mil diecisiete.
• Por otro lado, son inoperantes los argumentos relativos a la violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en tanto que la parte tercero interesado no explica en qué consiste dicha violación, así como aquel en que alega que los artículos 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, son inconvencionales, al imponer como sanción la suspensión de un servidor público.
Ello, ya que de la interpretación de los artículos 107 de la Constitución Federal, y 5o., 6o. y 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, se advierte que la intervención de los terceros interesados está limitada, por lo que no pueden alegar que el acto reclamado les afecta y combatir las disposiciones en que se sustenta; de ahí que el recurso de revisión no es el medio de control constitucional o convencional mediante el cual puedan analizarse las violaciones correspondientes, pues se trata de un procedimiento de segunda instancia.
• En cambio, son fundados los agravios en los que sostiene que, en términos de los artículos 224 a 232 de la Ley del Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, el Congreso Local es la única autoridad que puede determinar la suspensión de un presidente municipal; de ahí que sea incorrecta la resolución recurrida en la que el Juez Federal estimó que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón es la autoridad ordenadora y la Legislatura Estatal la ejecutora.
• Es así, ya que de los preceptos señalados se advierte que no basta con la determinación del tribunal laboral para que el Congreso Local emita la resolución de separación, pues es necesario que se agote el procedimiento respectivo, a efecto de dictar la resolución en la que se determine la procedencia de la suspensión del servidor público.
• En ese sentido, una vez ratificada la queja o denuncia correspondiente, serán las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal, las que aprueben la sustanciación del trámite y actuarán como instancias instructoras del Congreso Local, encargándose de sustanciar el procedimiento en el desahogo de pruebas, así como la emisión del dictamen en el que propondrán el sentido de la resolución a la Legislatura Estatal, quien por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, determinará la imposición de la sanción.
• Por tanto, es al Congreso del Estado de Jalisco a quien le compete determinar sobre la procedencia de la suspensión propuesta por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; de ahí que los efectos para los que el Juez del conocimiento concedió el amparo deben modificarse en cuanto a la imposibilidad del Congreso de analizar la decisión del tribunal laboral para verificar si la conducta de la autoridad es grave o no.
II. Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 8/2016.
1. Los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese órgano, al resolver el amparo en revisión 72/2015, contra el adoptado por el Cuarto Tribunal Colegiado, al conocer del amparo en revisión 52/2015, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
2. La contradicción de tesis quedó radicada con el expediente 8/2016, en el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quien en sesión de treinta de septiembre de dos mil dieciséis dictó sentencia, en los términos siguientes:
• Existe la contradicción de criterios denunciada y el punto jurídico a dilucidar consiste en determinar, si para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, consistente en la suspensión de los integrantes de un Ayuntamiento constitucional, el Congreso del Estado, al sustanciar el procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo debe o no, enjuiciar la decisión del tribunal laboral, a efecto de verificar si la conducta del servidor público es grave para que amerite la sanción impuesta.
• De los artículos 1, 112, 114, fracción I, 117, 139, 140, 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se desprende que la sociedad está interesada en que las resoluciones o laudos emitidos por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco sean debidamente cumplidas por quienes estén obligados, por lo que el legislador estableció las reglas procesales conducentes para lograr su rápido y eficaz cumplimiento, dotándolo de las más amplias facultades para ese fin, para lo que dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes.
• Asimismo, se puso a disposición del referido órgano una amplia gama de instrumentos y medidas de apremio que puede usar en contra de las autoridades que se nieguen a cumplir con lo ordenado en los laudos, facultándole, incluso, en caso de negativa a suspenderlas en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo.
• Por otra parte, de los artículos 115, fracción I, de la Constitución Federal, 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 10 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se advierte la exigencia de las dos terceras partes de los integrantes de una Legislatura Local para suspender a los Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna causa grave prevista en la ley local, respetando para ello la garantía de audiencia.
• Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer la controversia constitucional 32/97, sostuvo que el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone una situación excepcional que da lugar a un mecanismo para suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros.
De esa forma, en términos de la Constitución Federal, se exige el voto de las dos terceras partes de los integrantes de una Legislatura Local para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición, y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna causa grave prevista en la ley local, siempre y cuando se haya respetado la garantía de audiencia.
Asimismo, se entiende que la facultad para revocar o suspender únicamente se refiere al presidente municipal, a los regidores y a los síndicos, mas no a los demás trabajadores, empleados o servidores públicos municipales, cuyas relaciones de trabajo se rigen por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados.
En ese sentido, se emitió la jurisprudencia P./J. 56/2001, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL, EN VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL REVOCAR UN ACUERDO DE CABILDO EN EL QUE SE DESTITUYÓ A UN CONTRALOR MUNICIPAL, Y ORDENAR SU REINSTALACIÓN CON LA RESTITUCIÓN RETROACTIVA DE SUS DERECHOS LABORALES DESDE LA FECHA DE SU DESTITUCIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO HACERSE, SE APLICARÁN LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA."(8)
• Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, en sus artículos 224 a 232, establece el procedimiento para suspender o separar del cargo a los funcionarios o miembros pertenecientes a un Ayuntamiento, previo derecho de audiencia y defensa del afectado, y por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Pleno del Congreso del Estado.
El procedimiento inicia con una queja o denuncia contra los funcionarios o miembros de los cuerpos colegiados, que una vez ratificada deberá presentarse a la Asamblea del Congreso del Estado para que se turne a las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal, las cuales calificarán si la causa atribuida corresponde a las previstas por la ley y dictaminará en un plazo de cinco días hábiles si la denuncia merece atenderse.
• Al respecto, se advierte que en el caso de que las comisiones presenten un dictamen donde se determine suspender al funcionario municipal, podrían suscitarse los supuestos siguientes: 1) aprobarse por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, en cuyo caso se notificará al funcionario para que llame al suplente y desempeñe el cargo durante el término de la suspensión; 2) no obstante que se emita dictamen de suspensión, éste sea rechazado por el Pleno del Congreso del Estado; y, 3) que no se alcance la votación requerida.
• Bajo ese orden de ideas, debe concluirse que no es viable que las comisiones determinen que no es procedente la suspensión del miembro del Ayuntamiento, ya que no está a discusión el tema de la suspensión del servidor público, pues de lo contrario, sería nugatorio lo previsto en la ley burocrática, en cuanto al cumplimiento de los laudos dictados por el tribunal laboral.
• Por otra parte, la existencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón está prevista en el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, cuya órbita de organización, funcionamiento y atribuciones está regulada en la ley local, la cual da oportunidad a la autoridad municipal de ser escuchada en juicio, así como que su situación se defina mediante una sentencia, y fija el mecanismo para que se cumpla con dicha sentencia.
• Asimismo, la Constitución Local, en su artículo 35, señala las facultades del Congreso del Estado, por lo que al igual que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, dicho ente público está diseñado en la Constitución Política del Estado de Jalisco y su funcionamiento descansa en una ley local.
• Bajo ese contexto, se concluye que el Congreso del Estado de Jalisco no debe enjuiciar la decisión del tribunal laboral, para verificar si la conducta del miembro del Ayuntamiento es grave o no, y resolverlo mediante el voto mayoritario de los diputados, pues la decisión de suspender a dicho funcionario público ya fue tomada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, el cual tiene facultades para ello.
• En consecuencia, el Congreso está obligado a dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el sentido de suspender en el cargo al funcionario de un Ayuntamiento, llevando a cabo el procedimiento previsto en los artículos 224 a 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; ello, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 17 y 115 constitucionales, y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
• Sin que pueda deliberar la causa de la suspensión, pues en el caso la ley burocrática local, en su artículo 143, prevé la suspensión del cargo del funcionario por no cumplir con el laudo dentro de los treinta días siguientes a su dictado; de ahí que la causa grave ya esté establecida por el tribunal laboral, y lo único que el Congreso deberá hacer es llevar el procedimiento para cumplir la medida impuesta por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado.
De lo expuesto derivó la jurisprudencia PC.III.L. J/17 L (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes.
"SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, SIN CONTAR CON FACULTADES PARA ENJUICIAR AQUELLA DETERMINACIÓN. Para imponer la sanción consistente en la suspensión en el cargo de los miembros de un Ayuntamiento, por incumplimiento de un laudo, tratándose de servidores públicos de Municipios, se estableció un procedimiento especial no contemplado en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y cuya aplicación no corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón de esa entidad. Ahora bien, los artículos 224 a 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, regulan ese procedimiento especial que debe llevar a cabo el Congreso Local, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para suspender o revocar el mandato de los miembros de un Ayuntamiento, en el que deberá colmarse su derecho de audiencia, previo a la emisión de la resolución respectiva, sin que esté a discusión de la Legislatura la procedencia o no de la suspensión del servidor público, toda vez que se haría nugatorio lo señalado en la ley burocrática, en el apartado relativo al cumplimiento de los laudos dictados por el tribunal laboral. Por tanto, el Congreso únicamente debe acatar la orden de suspensión, es decir, realizar el trámite correspondiente para ejecutar la suspensión en el cargo por un plazo de 15 días sin goce de sueldo al funcionario en cuestión, sin que pueda deliberar sobre la causa que la origine, toda vez que como lo indica el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la existencia de causas graves que las leyes estatales establezcan, el Congreso Local podrá revocar o suspender a alguno de los miembros de los Ayuntamientos y, en el caso, la ley burocrática local, en su artículo 143, prevé la suspensión del cargo del funcionario por incumplir con el laudo dentro de los 30 días siguientes al en que quedó firme y se le requirió para tal efecto."(9)
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Pleno en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito.
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(10)
Así, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los Tribunales Colegiados de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
En ese sentido, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico a partir de dichos elementos particulares, o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto.
Lo anterior, porque conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
En el caso concreto, del análisis de los criterios que se estiman discrepantes, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues los órganos contendientes se pronunciaron sobre una misma cuestión jurídica.
Para corroborar lo anterior, debe tenerse presente lo establecido en las ejecutorias de los asuntos que intervienen en la contradicción de posturas que se denuncia.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al conocer del amparo en revisión 838/2017, si bien determinó confirmar la sentencia recurrida y otorgar el amparo a la parte quejosa, a diferencia del Juez Federal del conocimiento consideró que de acuerdo con los artículos 224 a 232 de la Ley del Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, el Congreso del Estado de Jalisco es la única autoridad que puede determinar la suspensión de un presidente municipal; de ahí que no se trate de una autoridad meramente ejecutora de la solicitud de suspensión decretada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de dicha entidad.
Lo anterior, ya que la decisión del tribunal laboral no era suficiente para que el Congreso Local emita la resolución de separación, pues se requiere agotar el procedimiento respectivo, a efecto de dictar la resolución en la que se determine la procedencia de la suspensión del servidor público.
Bajo tales consideraciones, modificó los efectos de la concesión del amparo, en el sentido de que correspondía al Congreso del Estado de Jalisco analizar la decisión del tribunal laboral para verificar si la conducta del presidente municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, era grave o no, que ameritara la suspensión de su cargo.
Por su parte, el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 8/2016, concluyó que tanto la existencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón como el Congreso Local, ambos del Estado de Jalisco, está prevista en la Constitución Política del Estado de Jalisco y su funcionamiento está regulado por una ley local.
En ese sentido, sostuvo que el Congreso del Estado de Jalisco no está facultado para calificar la decisión del tribunal laboral cuando éste imponga la suspensión temporal de un miembro de un Ayuntamiento por incumplir con lo ordenado en un laudo, a fin de verificar si la conducta atribuida es grave o no, pues la decisión de suspender a dicho funcionario público ya fue tomada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, quien, en términos de la Ley para los Servidores Públicos de dicha entidad, está facultada para ello, por lo que la actuación del Congreso debe limitarse a dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad laboral.
Establecido lo anterior, esta Segunda Sala concluye que sí existe la contradicción de criterios, pues los órganos contendientes se pronunciaron sobre un mismo problema jurídico respecto a, si es posible que el Congreso Local del Estado de Jalisco analice si se actualiza una causa grave para la suspensión de un integrante de un Ayuntamiento, en particular, del presidente municipal, cuando ésta sea ordenada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de la entidad señalada con motivo del incumplimiento a un laudo.
En ese sentido, mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito concluyó que el único facultado para calificar la gravedad de la causa, a efecto de suspender al titular de un Municipio, era el Congreso del Estado de Jalisco, en términos del procedimiento establecido en los artículos 224 a 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; en cambio, el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito sostuvo que la Legislatura Estatal estaba impedida de realizar dicho análisis, pues conforme el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos de la citada entidad federativa, la gravedad de la causa ya fue establecida por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
De esa forma, el punto a dilucidar en esta contradicción de tesis consiste en determinar, si el Congreso del Estado de Jalisco debe calificar si se actualiza una causa grave para la suspensión en el cargo del presidente municipal de un Ayuntamiento, cuando el Tribunal de Arbitraje y Escalafón impone dicha medida como consecuencia del incumplimiento de un laudo, o bien, si únicamente debe limitarse a dar cumplimiento a la determinación del tribunal laboral.
QUINTO.—Estudio. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala, de acuerdo con las siguientes consideraciones.
Como presupuesto inicial, debe precisarse el contenido del artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, el cual es del tenor siguiente:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.
"Las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los Ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
"Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan.
"Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.
"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores."
De la disposición transcrita destacan las premisas siguientes:
• Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, el cual se integra por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.
• Las Legislaturas de los Estados están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido, así como suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando se den los siguientes requisitos:
a) Que la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes.
b) Que se actualice alguna de las causas graves que la ley local establezca.
c) Que a los miembros de los Ayuntamientos se les conceda oportunidad suficiente para rendir las pruebas y formular los alegatos que a su juicio convengan.
En relación con dicho precepto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 27/2000, señaló:
"Ahora bien, una de las finalidades del Municipio es el manejo de los intereses colectivos que corresponden a la población radicada en una circunscripción territorial para posibilitar una gestión más eficaz de los servicios públicos. También implica una descentralización política que organiza una entidad autónoma hasta cierto límite y en atención a ciertas necesidades, bajo un régimen jurídico especial que comprende: un núcleo de población agrupado en familias, una porción determinada del territorio nacional, y también determinadas necesidades colectivas relacionadas con el Gobierno de la ciudad y con exclusión de lo que corresponde a otros entes.
"El Municipio, como ente autárquico territorial, se entiende a partir de las propias características de los entes autárquicos, éstas son: personalidad jurídica de derecho público, una creación de la ley, la finalidad a perseguir, y la existencia de un vínculo de dependencia o relación jerárquica con un Poder Central.
"El Municipio como nivel de gobierno se entiende como el nivel primario de la organización estatal, a la que el ordenamiento atribuye un conjunto de facultades a ejercer.
"De acuerdo con lo anterior, es posible determinar que el precepto fundamental citado, establece los elementos en que se sustenta el principio de libertad municipal introducido mediante reforma de mil novecientos ochenta y tres; contenido del Texto Constitucional vigente y su clasificación y la naturaleza propia de la figura del Municipio.
"Derivado de lo expuesto hasta aquí, se sigue que el Órgano Revisor de la Constitución pretendió, a través de la enmienda en comento de 1983, fortalecer el ámbito competencial del Municipio, recogiendo un viejo anhelo del constitucionalismo mexicano, consigna
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28177-b4cf5fed/suspension-en-el-cargo-de-presidente-municipal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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