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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL CARGO IMPUESTA A UN INTEGRANTE DE UN AYUNTAMIENTO CON CARGO DE ELECCIÓN POPULAR (PRESIDENTE, REGIDOR O SÍNDICO). LA DECRETADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, POR SÍ MISMA, NO CAUSA UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE HAGA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. · Registro digital (IUS): 29611
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-01-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 82, Enero de 2021, Tomo II, Pág. 1039.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS SIERRA LÓPEZ, JESÚS VALENCIA PEÑA, GUADALUPE MADRIGAL BUENO, MIGUEL LOBATO MARTÍNEZ Y FRANCISCO JAVIER MUNGUÍA PADILLA. PONENTE: GUADALUPE MADRIGAL BUENO. SECRETARIA: YURIDIA ARIAS ÁLVAREZ.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, correspondiente al veintisiete de octubre de dos mil veinte, por el que se emite la siguiente:

Sentencia

En la que se resuelve la contradicción de tesis 3/2019.

RESULTANDO:

I. Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 6850/2019, de doce de septiembre de dos mil diecinueve, la secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito remitió a este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 213/2019, de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, del índice de ese Tribunal Colegiado, en la que se denuncia la contradicción de tesis entre el criterio ahí sustentado y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al fallar el diverso recurso de queja 114/2019.

II. Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. El presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y la registró como 3/2019, con el fin de integrar el expediente, solicitó al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, copia certificada de la sentencia que motivó el criterio discrepante, y no solicitó copia certificada de la sentencia al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, porque fue remitida con el escrito de denuncia; asimismo, solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes, informaran si el criterio contendiente continuaba vigente.(1)

III. Turno del asunto.

Por acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se turnaron los autos a la ponencia del Magistrado José de Jesús Quesada Sánchez, para la formulación del proyecto de sentencia.(2)

CONSIDERANDO:

I. Competencia

Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, párrafo segundo, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41-Bis y 41-Quáter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1, 3 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

II. Legitimación

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada en la ejecutoria del recurso de queja 213/2019, aprobada por los Magistrados Alejandro López Bravo y Gabriela Guadalupe Huízar Flores, así como la licenciada Norma Cruz Toribio, secretaria de tribunal, en funciones de Magistrada de Circuito, integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(3)

III. Criterios contendientes

Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos y las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Recurso de queja 114/2019

Antecedentes:

1. El presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, como autoridad emisora y del Congreso del Estado de Jalisco, como ejecutora; de la primera de las mencionadas, el acuerdo de fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, en el que se le impone medio de apremio o sanción administrativa, consistente en la orden de suspensión en el cargo sin goce de sueldo y de la última en mención, su ejecución.

2. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto al Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que lo radicó con el número de expediente 614/2019.

3. En acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, desechó la demanda de amparo, al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acuerdo reclamado se dictó dentro del procedimiento de ejecución de laudo, sin que contenga alguna violación en grado predominante o superior, o de aquellas que puedan considerarse de imposible reparación, puesto que la sanción de suspensión en el cargo aún se encuentra supeditada al procedimiento que en su caso se lleva a cabo por el Congreso del Estado de Jalisco, existiendo la posibilidad legal de que el afectado pueda obtener una resolución favorable a sus pretensiones.

4. Inconforme con esa determinación, el presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, interpuso recurso de queja, del cual, por razón de turno, conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quien lo registró con el número de expediente 114/2019 y lo admitió a trámite. El quince de abril de dos mil diecinueve, se turnó el asunto a la ponencia a cargo del Magistrado Antonio Valdivia Hernández, para la formulación del proyecto de sentencia.

5. El treinta de mayo de dos mil diecinueve, se resolvió el recurso de queja que motivó el criterio contendiente y en la parte que interesa, se consideró:

"CUARTO.—El primer agravio es en parte infundado y en el resto inoperante, mientras que el segundo es infundado.

"Destaca que en el auto recurrido para fundar el desechamiento de la demanda de amparo, se invocó el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado a la procedencia del juicio de amparo respecto de actos fuera de juicio o después de concluido; no obstante, en lo razonado se concluyó, en síntesis, en la improcedencia de la demanda porque no se afectaba el interés jurídico de la parte quejosa, en tanto que la suspensión en el cargo se encontraba supeditada a que el Congreso del Estado de Jalisco llevara a cabo el procedimiento correspondiente, con la posibilidad incluso, de que el afectado obtuviera resolución favorable a sus peticiones, de considerar infundada la sanción.

"Incluso, de los agravios que se hacen valer, se advierte así se entendió, pues si bien el ahora recurrente en parte de ellos sostiene indebida fundamentación, ello obedece a cuestiones de fondo relacionadas con que se hubiera considerado que se carecía de interés jurídico, y no respecto de la citada causal invocada en el acuerdo, razón por la cual, al tratarse de una equivocación en la cita de la disposición legal, debe considerarse que la causa de improcedencia en que realmente sustentó su actuar el juzgador fue la prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.’

"Es infundado lo esgrimido en el primer agravio, al sostener incorrecto (sic) se desechara la demanda de amparo, por considerar que no se afectaba el interés jurídico del quejoso, sin tomar en consideración la afectación al interés público, en especial al de los gobernados que votaron por él, pues es interés de los mismos, que no sea suspendido de su cargo como presidente municipal, por lo que se está anteponiendo el interés particular del actor del juicio laboral, al interés colectivo de los electores.

"Es así porque el desechamiento de la demanda de amparo se basó, trascendentalmente, en el momento de la promoción se carece de afectación al interés jurídico del quejoso, lo cual ocurriría hasta que se ejecutara la suspensión en el encargo, e incluso, no es inminente, ya que previamente tendría que ser decretada por el Congreso del Estado de Jalisco, una vez seguido el procedimiento legal que podría concluir en que al no ser la falta imputada de naturaleza grave, sería improcedente la suspensión; por lo cual, sin la afectación al interés jurídico del quejoso, tampoco podría considerarse afectado el interés colectivo de los ciudadanos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, que lo eligieron y, por ende, es inexacto que con la decisión de desechar la demanda, se anteponga el interés individual del actor del juicio laboral, al de los electores aludidos.

"Es así, porque si la queja es precisamente porque se le pretende suspender del encargo sin goce de sueldo y ello aún no se ha efectuado, ni es indudable que así será, en tanto que el Congreso del Estado de Jalisco deberá llevar un procedimiento en el cual dará derecho de audiencia y defensa al inconforme y solamente que se considere que la falta es de carácter grave, se le pudiera suspender, sería hasta que ello sucediera, en que se afectaría el interés jurídico del presidente municipal y, como consecuencia, el colectivo de quienes lo eligieron para desempeñarse como presidente municipal en Guadalajara, Jalisco.

"Consecuentemente, al continuar el recurrente al frente del Cabildo municipal, desempeñando sus funciones, es claro que, como se concluyó en el acuerdo recurrido, carece de afectación actual al interés jurídico y, consecuentemente, tampoco se puede considerar afectado el colectivo de quienes lo eligieron para desempeñar ese cargo, por tanto, el amparo resulta improcedente, si bien con fundamento en lo dispuesto por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

"Es infundado el primer agravio, en cuanto se sostiene se desatendió a que el acto reclamado es de imposible reparación, al atentar en contra de derechos sustantivos del quejoso.

"Es así, ya que en este supuesto, para la procedencia del juicio de amparo, es irrelevante si los derechos vinculados con el acto reclamado son de naturaleza sustantiva, pues en el auto recurrido se concluyó en la inafectación al interés jurídico, es decir, que el peticionario, por ahora, no resiente alguna afectación en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados.

"Igualmente es infundado lo sostenido en cuanto a que lo decidido por la autoridad responsable en cuanto a la suspensión en el cargo por quince días, sin goce de sueldo, es violatoria del interés jurídico.

"Lo infundado deviene de tener en consideración que si agotado el procedimiento ante el Congreso del Estado de Jalisco, se decide proceder a la suspensión en el cargo, entonces, sí se podría considerar afectado el interés jurídico del ahora recurrente y posibilitado a promover juicio de amparo, por ser precisamente el acto que pudiera trascender a la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados.

"Es inoperante la parte del primer agravio en la que se aduce que con el acuerdo recurrido se falto (sic) a las garantías tuteladas por el artículo 16 de la Constitucio´n Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"La inoperancia de lo esgrimido se actualiza en la medida de que el recurso de queja no es un medio de control constitucional autónomo, sino un procedimiento que, no obstante tenga su origen en un juicio de amparo, su fin no es proteger a las partes de actos contrarios a la Constitucio´n, sino examinar conforme a lo alegado en los agravios o, en suplencia de la queja en los casos que así proceda, las consideraciones que rigen al acuerdo recurrido y, en su caso, confirmarlo, revocarlo o modificarlo.

"Por ende, en el recurso de queja es inviable jurídicamente examinar agravios relacionados con transgresión a derechos fundamentales, por la naturaleza del medio de defensa y por la función constitucional que el Juez de Distrito desempeña, pues de hacerlo, se le trataría extralógicamente como otra autoridad responsable, distinta de las señaladas en la demanda de amparo y ejercer control constitucional sobre otro control de la misma naturaleza.

"Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, en la página 1272 del Tomo II, Procesal Constitucional 1. Comu´n, Primera Parte, vigente de conformidad a lo estipulado por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, ya que no se opone a las nuevas disposiciones en la materia, que dice:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.—Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.’

"Es infundado lo esgrimido en el segundo agravio, por cuanto se sostiene se desatendió el acto reclamado consistente en la declaratoria de inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los artículos 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Pu´blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"Es así, al tener en consideración que en la demanda de amparo, solamente se reclamó el acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, dentro del juicio laboral 459/2012 y el cual sería ejecutado por el Congreso del mismo Estado, sin plantearse, destacadamente, la inconvencionalidad o institucionalidad de los artículos 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"Por ende, era inviable que en el acuerdo recurrido se emitiera algún pronunciamiento al respecto.

"A lo que debe agregarse que de haberse reclamado la inconvencionalidad o inconstitucionalidad de esas disposiciones legales, el desechamiento se haría extensivo a ese acto, al ser inviable emprender el estudio, al no reclamarse como autoaplicativas esas disposiciones legales, esto es, que por la sola entrada en vigor causaran afectación en la esfera jurídica del promovente, sino que ello dependería del primer acto de aplicación, el cual no afectó de manera real y directa derechos fundamentales del peticionario.

"Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave 2a./J. 71/2000, publicada en la página 235, Tomo XII, correspondiente a agosto de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, vigente de conformidad a lo estipulado por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, ya que no se opone a las nuevas disposiciones en la materia, que dice:

"‘LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apédice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: «LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.», cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, úicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.’

"Consecuentemente, lo decidido en el acuerdo recurrido es objetivamente correcto, al concluirse en que el acto reclamado no produce afectación real y actual a la esfera jurídica del inconforme, de acuerdo con lo establecido (sic) el primer párrafo de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en cuanto dispone:

"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.’

"De acuerdo con ello, el interés jurídico, como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional de amparo, se traduce en la titularidad de un derecho legítimamente tutelado, de modo que, cuando un acto de autoridad o resolución afecta ese derecho amparado o protegido, dicho actuar se traduce en la afectación del interés jurídico, precisamente por el acto perjudicial de ese derecho y ello legitima al afectado para acudir en demanda de amparo, en los casos hipotéticamente contemplados en la ley de la materia.

"Por lo tanto, el interés jurídico al que alude el artículo 61, fracción XII, en concordancia con el artículo 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, consiste, esencialmente, en el derecho que le asiste al gobernado para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales que estima se cometió o se pretende efectuar en su perjuicio, es decir, tal interés se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos.

"Por ende, el juicio de amparo, u´nicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma, acto u omisio´n que violente los derechos humanos reconocidos y las garanti´as otorgadas para su proteccio´n en la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, asi´ como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, es decir, preve´ el principio de instancia de parte agraviada, de modo tal que la sentencia que se dicte en ese juicio so´lo la proteja a ella, en cumplimiento del diverso principio conocido como de relatividad de la sentencia.

"Entonces, el concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los te´rminos de la ley civil, o sea, como la privacio´n de cualquier ganancia li´cita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sino´nimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona.

"En si´ntesis, el intere´s juri´dico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos puede ocurrir al juicio de amparo y no otra persona.

"Es ilustrativa al respecto, la jurisprudencia de la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, consultable en la pa´gina 55 del Volumen 72, Se´ptima Parte, de la Se´ptima E´poca del Semanario Judicial de la Federacio´n, vigente de conformidad a lo estipulado por el arti´culo sexto transitorio de la Ley de Amparo, ya que no se opone a las nuevas disposiciones en la materia, vigente de conformidad a lo estipulado por el arti´culo sexto transitorio de la Ley de Amparo, ya que no se opone a las nuevas disposiciones en la materia (sic), cuyos rubro y texto son:

"‘INTERE´S JURI´DICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.—El arti´culo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Arti´culos 103 y 107 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional u´nicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la accio´n de amparo, de acuerdo con el a´mbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garanti´as, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Asi´ lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cua´l es el alcance del concepto perjuicio, como podra´ apreciarse si se consulta el Ape´ndice de jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federacio´n, Sexta Parte, pa´gina 239, en donde se expresa que: «El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los te´rminos de la ley civil, o sea, como la privacio´n de cualquiera ganancia li´cita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sino´nimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona». Este Alto Tribunal de la Repu´blica, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el intere´s juri´dico de que habla la fraccio´n VI, ahora V, del arti´culo 73 de la Ley de Amparo, «no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relacio´n con los derechos o posesiones conculcados».’ (Tomo LXIII, pa´gina 3770 del Semanario Judicial de la Federacio´n)

"Y es que la procedencia de la accio´n constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectacio´n por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la pa´gina 320 del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federacio´n, Quinta E´poca. Sin duda, un acto reclamado en amparo causa perjuicio a una persona fi´sica o moral cuando lesiona directamente sus intereses juri´dicos en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la accio´n constitucional o anulatoria de la violacio´n reclamada en un juicio de garanti´as, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, en la ejecutoria publicada en la pa´gina 2276 del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.

"Cabe agregar que el Tribunal de Arbitraje y Escalafo´n del Estado de Jalisco esta´ facultado para aplicar, adema´s de la multa, como medida de apremio en aras de que se cumplimente el laudo, la sancio´n correspondiente a suspensio´n temporal sin goce de sueldo en el cargo, de conformidad con lo establecido en el arti´culo 143 de la Ley para los Servidores Pu´blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que preve´:

"‘Arti´culo 143. Notificado el auto de ejecucio´n, el condenado debera´ dar cumplimiento al laudo dentro de los 30 di´as siguientes. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podra´ imponer sanciones desde diez veces el salario mi´nimo hasta por cien veces el salario mi´nimo general vigente de la zona econo´mica de Guadalajara.—Cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa sera´ cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada. Si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el tribunal resolvera´ la suspensio´n en el cargo por un plazo de quince di´as sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento.—La suspensio´n empezara´ a partir del di´a siguiente de su notificacio´n y los actos que se realicen en desacato al resolutivo respectivo sera´n nulos. El cumplimiento del laudo interrumpe la suspensio´n.—Si no obstante la sancio´n prevista en el pa´rrafo segundo y subsecuentes, se persiste en el incumplimiento, la suspensio´n se repetira´ contra los responsables y podra´ ampliarse en contra de quienes les sustituyan.—Los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafo´n tendra´n la responsabilidad de hacer cumplir los laudos. La negativa de decretar la suspensio´n temporal de algu´n servidor pu´blico que incurriere en alguna de las causas sen~aladas en el presente arti´culo, sera´ motivo para que a dichos funcionarios se les aplique la sancio´n que corresponda en acatamiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pu´blicos, salvo que se trate de servidores pu´blicos de otros poderes, niveles de gobierno o Municipios, en cuyo caso remitira´n las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado al servidor o servidores pu´blicos encargados de aplicar la sancio´n correspondiente.’ (Lo destacado es producto de esta sentencia)

"Sin embargo, en lo tocante a la aplicacio´n de la medida de apremio consistente en la suspensio´n temporal, debe de tomarse en cuenta que conforme a lo establecido en los arti´culos 224 a 232 de la Ley Orga´nica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se establece el procedimiento para la suspensio´n o revocacio´n del mandato de alguno de los miembros de algu´n Ayuntamiento previo el cumplimiento del derecho de audiencia y defensa del afectado, por consiguiente, para que ello ocurra, es necesario sustanciar el procedimiento antes referido, en razo´n de que, al ser un cargo de eleccio´n popular, dicha suspensio´n so´lo puede efectuarse en los te´rminos precisados por el arti´culo 115 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, cumplie´ndose con lo previsto en las citadas disposiciones legales y no u´nicamente conforme al diverso 143 de la Ley para los Servidores Pu´blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"Es asi´, pues los arti´culos citados de la Ley Orga´nica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco relativos al procedimiento que puede concluir con la suspensio´n temporal sin goce de sueldo en el respectivo cargo, que puede ordenar el Tribunal de Arbitraje y Escalafo´n del Estado de Jalisco y que en el caso constituye el principal acto reclamado en el juicio de amparo, preve´n:

"‘Capi´tulo VII.—Sustanciacio´n del tra´mite para la desintegracio´n de Ayuntamientos y suspensio´n o revocacio´n del mandato a alguno de sus miembros.

"‘Arti´culo 224. 1. Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desintegracio´n de los Ayuntamientos, y la suspensio´n o revocacio´n del mandato de alguno de sus miembros, previo el cumplimiento del derecho de audiencia y defensa de los afectados.’

"‘Arti´culo 225. 1. Cuando el Congreso del Estado reciba alguna denuncia o queja contra Ayuntamientos o Concejos Municipales o miembros de estos cuerpos colegiados por alguna o algunas de las causas graves tipificadas por la ley que establece las bases generales de la administracio´n pu´blica municipal, procede con arreglo a lo contenido en el presente capi´tulo.’

"‘Arti´culo 226. 1. Una vez ratific

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29611-5b199a9f/suspension-en-el-cargo-impuesta-a-un-integrante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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