PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. EL SEÑALAMIENTO DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA CONSTITUYE UN ELEMENTO MÍNIMO QUE PERMITE A LA JUNTA EL ANÁLISIS DE DICHA EXCEPCIÓN, CUANDO SE OPONE CONFORME AL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 49/2002).
AMPARO DIRECTO 239/2017. 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARMANDO ERNESTO PÉREZ HURTADO. SECRETARIO: GUSTAVO JUAN ARIEL LEZCANO ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.—Decisión del asunto. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación formulados, aunque para ello sea necesario suplirlos en su deficiencia, acorde con lo previsto por el artículo 79, fracción V,(1) de la Ley de Amparo y por tener la quejosa el carácter trabajador en el juicio de origen.
Conceptos de violación que serán analizados atendiendo a la cuestión efectivamente planteada, tal como lo prevé el artículo 76(2) de la ley de la materia.
Resulta aplicable al caso, el siguiente criterio:
"GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.—El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional –como las de prontitud y expeditez– y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente."(3)
Síntesis del primer concepto de violación.
- Premisa: Incongruencia en el laudo, al dejar a salvo los derechos del actor para reclamar las diferencias del reparto de utilidades del ejercicio dos mil trece.
- Sustento:
(i) la autoridad responsable pasó por alto que el actor en su demanda, al referirse al pago de utilidades, fue preciso al señalar que ya se había agotado el procedimiento a que se refiere el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, y por tal motivo indicó la cifra líquida que resultó a su favor por el ejercicio de dos mil trece; mientras que la demandada adujo haberlas pagado en forma "correcta, completa y oportunamente";
(ii) la parte actora debió ser relevada de la carga de la prueba para demostrar que se siguió el procedimiento establecido en el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, derivado de la confesión de la patronal, relativa a que ha cubierto en forma correcta y completa la misma, y, en consecuencia, ser la demandada la que tuviera la carga de justificar el monto que correspondió al trabajador por utilidades del año dos mil trece; que esa cifra la determinó la comisión mixta y que le fue debidamente entregada al operario;
(iii) la demandada no logró demostrar con sus probanzas el pago real y oportuno de las utilidades correspondientes al actor; de modo que debió tenerse por cierto el importe exigido por el trabajador.
(iv) Se invocan como apoyo a lo alegado, las tesis: "REPARTO DE UTILIDADES. LA CONFESIÓN EXPRESA DEL PATRÓN DE QUE AL TRABAJADOR LE CORRESPONDE DETERMINADA CANTIDAD LÍQUIDA POR TAL CONCEPTO, PRESUPONE QUE SE AGOTÓ EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO."; "PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. CARGA DE LA PRUEBA." (se proporcionan los datos de localización)
Se considera esencialmente fundado tal concepto de violación.
Este Tribunal Colegiado de Circuito estima incorrecto que se hayan dejado a salvo los derechos del actor respecto al reclamo de reparto de utilidades por el ejercicio fiscal de dos mil trece, debido a que existe la confesión expresa de la patronal de que al trabajador se le cubrió por dicho concepto la cantidad correspondiente; ello presupone o lleva implícito el agotamiento del procedimiento legal a que se refiere el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo y, por consecuencia, satisfecha la carga del trabajador de demostrar su aserto.
Para evidenciar dicha postura, se parte de una premisa constitucional y legal establecida en los artículos 14 y 16(4) constitucionales, que consagran el derecho fundamental de legalidad,(5) consistente en la obligación de las autoridades jurisdiccionales de decidir todas las controversias sometidas a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los puntos materia del debate (y, además, estar debidamente fundado y motivado).
En concordancia con esa regulación, el artículo 842(6) de la Ley Federal del Trabajo dispone que los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente.
Bajo tales parámetros, la premisa mayor radica en que la autoridad jurisdiccional en materia laboral, a efecto de resolver las controversias sometidas a su potestad, debe ajustarse, entre otros principios, al de congruencia, que no es otra cosa sino la coherencia o la relación lógica que debe existir en los razonamientos sustentados por la autoridad y, entre éstos, con lo expuesto por las partes.
Teniendo en cuenta ese marco jurídico, se analiza la premisa fáctica, derivado de lo expuesto por el actor en su demanda y por el demandado en la contestación a la misma, en confrontación con lo resuelto por la autoridad responsable en torno al pago de diferencias en las utilidades solicitado, para verificar si la Junta se ajustó o no a los aspectos torales de la litis (principio de congruencia).
El actor reclamó las diferencias en el reparto de utilidades del año dos mil trece de la siguiente manera:
"e) Por el pago de la cantidad de $********** pesos por concepto de diferencia a mi favor no pagada respecto del reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, toda vez que la demandada me pagó la cantidad de $********** pesos, debiendo haber sido lo correcto que se me pagara la cantidad de $********** pesos; Lo anterior es así, en virtud de que conforme a la declaración anual del ejercicio fiscal del año 2013 que dio la persona moral demandada, determinó las utilidades de dicho ejercicio fiscal ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que, en cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, la demandada respecto al ejercicio fiscal antes referido, creó la comisión mixta (integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón), quienes formularon el proyecto de participación de utilidades de cada trabajador (previamente el patrón hacía entrega a la comisión mixta, de las listas de raya, recibos de sueldo, controles de asistencia y demás documentación de los trabajadores, necesaria para realizar el proyecto correspondiente), dicho proyecto se fijó en lugar visible dentro de las oficinas administrativas de la demandada ubicadas en **********, Jalisco, por lo que una vez transcurrido el término de 30 días de fijación del proyecto antes referido, en cada ejercicio fiscal, sin que ninguna de las partes haya realizado observaciones u objeciones a dichos proyectos, el mismo quedó firme para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo tanto del citado proyecto de reparto de utilidades que se hizo en el centro de trabajo en el ejercicio fiscal antes referido se estableció a mi favor la cantidad de $********** pesos entregándome indebidamente la demandada solamente la cantidad de $********** pesos; por lo tanto, se está en el caso de que en la presente reclamación, previamente se cumplió de manera parcial con el procedimiento establecido en el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, pues no se dio cumplimiento en lo que respecta a la entrega total de la cantidad antes descrita y determinada por el proyecto a favor del suscrito. Me reservo el derecho de reclamar el pago del reparto de utilidades correspondiente al año 2014, una vez que ésta sea legalmente exigible."(7)
La demandada, al excepcionarse, adujo lo siguiente:
"e) En lo que respecta al pago del reparto de utilidades, no procede el pago de cantidad alguna, en virtud de que durante el tiempo en que el actor ha laborado para mi representada le han (sic) sido pagada dicha prestación de forma correcta, completa y oportunamente cuando se generó el derecho para su cobro, en la forma acostumbrada y pactada por las partes, oponiendo desde este momento la excepción de oscuridad de la demanda, ya que no manifiesta las circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de que la misma se encuentra redactada de forma vaga e imprecisa, dejando en total estado de indefensión a mi representada para poder excepcionarse de manera adecuada; independientemente de lo anterior, esta H. Junta es incompetente para conocer de tal reclamo, en tanto no se agoten las instancias correspondientes, lo anterior, porque estas instituciones se rigen bajo sus propias leyes, normas, reglas u ordenamientos.
En forma ad cautelam a lo expuesto, se opone la excepción de prescripción, prevista por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, de todo lo reclamado por estos conceptos (sic) con anterioridad a un año de la fecha en que presentó esta reclamación.(8)
En el laudo combatido, al decidirse esa prestación, se resolvió dejar a salvo los derechos del actor, hasta en tanto se demostrara haber cumplido con el agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, para determinar la participación de cada trabajador en el reparto de utilidades de la empresa, debido a que era deber del operario probar tal extremo y no lo logró (cantidad líquida que le corresponde por ese rubro, después de agotado el procedimiento respectivo), sin que haya bastado la sola manifestación en ese sentido, debido a que no era la patronal quien contaba con esos elementos (sino de varias entidades administrativas y hacendarias).
Para mayor ilustración, se reproduce la imagen digitalizada de la parte conducente del acto reclamado:
Ver reproducción de la imagen digitalizada de la parte conducente del acto reclamado
...(9)
Sobre la base de tales premisas de hecho, es dable establecer que la litis sobre el reclamo de utilidades del ejercicio de dos mil trece, se configuró de la siguiente manera:
(1) la parte actora exigió la cantidad de $********** pesos por concepto de diferencia no pagada respecto del reparto de las utilidades correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil trece, puesto que la demandada sólo le cubrió $********** pesos, de los $********** pesos determinados a su favor por ese concepto;
– Para tal efecto hizo notar que de la declaración anual que realizó la persona moral demandada para el ejercicio fiscal dos mil trece ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), determinó las utilidades;
– Que se creó la comisión mixta y se formuló el proyecto de participación de utilidades de cada trabajador (previa entrega del patrón de la documentación de los trabajadores), fijado en lugar visible de las oficinas administrativas de la demandada, y que al transcurrir los treinta días, ninguna de las partes realizó observaciones u objeciones al proyecto, por lo cual quedó firme; y,
– Que del citado proyecto de reparto de utilidades se estableció a favor del operario la cantidad de **********;
(2) la parte demandada, al excepcionarse, en realidad no negó la instauración y tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 125(10) de la Ley Federal del Trabajo narrada por el actor para determinar el monto de su participación en las utilidades de la empresa, sino señaló que la prestación le ha sido pagada de forma correcta, completa y oportuna durante la vigencia de la relación laboral.(11)
A partir de tales exposiciones, la controversia suscitada se redujo a verificar si la patronal cubrió o no al actor en forma correcta, completa y oportuna el reclamo de las utilidades por el ejercicio de dos mil trece; sin necesidad de incluir la demostración previa por parte del trabajador del procedimiento a que se refiere el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo.
Lo anterior, debido a que la demandada no controvirtió la instauración y agotamiento del procedimiento a que se refiere el artículo 125(12) de la Ley Federal del Trabajo que puntualmente indicó el actor, para determinar el monto de $********** como su participación en las utilidades de la empresa, sino centró su defensa en el hecho de que pagó esa prestación correcta, completa y oportunamente, lo que de suyo se traduce en una confesión espontánea en ese sentido (pago), según lo dispuesto por el artículo 794(13) de la Ley Federal del Trabajo.
Además, parte del sustento del reclamo de diferencias en el pago de utilidades, radicó en que la demandada ya había cubierto en forma parcial esa prestación y, por tal motivo, se exigió la cantidad restante del monto previamente determinado a través del procedimiento a que se refiere el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo; y esto último jamás fue controvertido por la patronal, sino aceptado tácitamente, al aseverar que ha pagado la prestación en forma completa y correcta.
Ahora bien, al realizarse el ejercicio de verificación entre la premisa mayor (ajustarse la autoridad jurisdiccional al principio de congruencia, derivado de la relación lógica entre los razonamientos sustentados por ésta, y entre éstos con lo expuesto por las partes en su demanda y contestación) con la premisa menor (litis suscitada en el juicio laboral en torno al pago de utilidades solicitado), se arriba a la conclusión de que la autoridad responsable no ajustó su proceder al principio de congruencia, pues impuso al accionante el deber de demostrar el agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo (para determinar las utilidades en su favor), cuando tal aspecto fue superado con la confesión de la demandada, relativa a que la prestación había sido pagada correcta y completamente.
Sin que para alcanzar tal determinación obste lo establecido por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 4a./J. 52/94,(14) que citó la autoridad responsable, en el sentido de que "a la patronal no puede atribuírsele la carga de probar la determinación de la cantidad líquida y definitiva del monto que le corresponde al trabajador por concepto de participación de utilidades; porque en el procedimiento para llegar a tal determinación, no todos los aspectos se rigen por disposiciones laborales, ni en la totalidad de los trámites interviene la patronal con facultades autónomas y decisorias y, por consiguiente, es al trabajador a quien correspondería dicha carga, sin que baste para satisfacerla su mero dicho."
Lo anterior se reitera, porque si la demandada contestó que pagó al trabajador la cantidad correcta, completa y en forma oportuna por concepto de utilidades del ejercicio de dos mil trece, cuando precisamente el actor exigió las diferencias de dicha prestación previamente determinada en la cifra de $**********, entonces, no puede considerarse insatisfecha la carga del trabajador de demostrar su aserto, pues aquella confesión expresa presupone o lleva implícito el agotamiento del procedimiento legal que culminó con su determinación.
Además, si bien es cierto, la empresa no tiene facultades decisorias en la fijación del monto respectivo, sí interviene con sus representantes en la comisión que la determina; e, incluso, para el caso de que la hubiera realizado el inspector de trabajo (ante la imposibilidad de los integrantes de la comisión de ponerse de acuerdo), se asume que tal cantidad le fue notificada a la empleadora y, por ello, su defensa consistió en que pagó el monto completo y correcto.
En consecuencia, no existe obstáculo para que a partir de la confesión de la patronal –opuesto a lo decidido en el fallo combatido– implícitamente se tenga por acreditado el agotamiento del procedimiento a que se refiere el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, para determinar el monto que por concepto de utilidades le correspondió al trabajador, pues a partir de aquel reconocimiento de pago del patrón, le correspondía la carga de la prueba de haberlo hecho en forma cierta y determinada, como lo establece el artículo 784, fracción XIII, congruente con el 804, fracción IV, ambos de la Ley Federal del Trabajo.
Cobra aplicación al caso, por compartirse, la siguiente tesis:
"REPARTO DE UTILIDADES. LA CONFESIÓN EXPRESA DEL PATRÓN DE QUE AL TRABAJADOR LE CORRESPONDE DETERMINADA CANTIDAD LÍQUIDA POR TAL CONCEPTO, PRESUPONE QUE SE AGOTÓ EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.—La confesión expresa del patrón de que al trabajador le corresponde cierta cantidad de dinero por concepto de utilidades relativo a determinado ejercicio fiscal, presupone que se agotó el procedimiento respectivo, y a través de él se llegó a esa suma. Sin que obste a lo anterior el criterio establecido por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 4a./J. 52/94, derivada de la contradicción de tesis 49/93, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 85, enero de 1995, página 50, de rubro: ‘PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. CARGA DE LA PRUEBA.’, en el sentido de que al patrón no puede atribuírsele la carga de probar la determinación de la cantidad líquida y definitiva del monto que le corresponde al trabajador por concepto de participación de utilidades, porque en el procedimiento para llegar a tal determinación no todos los aspectos se rigen por disposiciones laborales, ni en todos los trámites interviene el patrón con facultades autónomas y decisorias; y, por consiguiente, es al trabajador a quien corresponde dicha carga, sin que baste para satisfacerla su mero dicho. En esta tesitura, si la patronal manifiesta que al empleado ‘le corresponde’ la cantidad líquida que reclama por concepto de utilidades, no puede considerarse insatisfecha la carga del trabajador de demostrar su aserto, pues esa confesión presupone o lleva implícito el agotamiento del procedimiento legal que culminó con la determinación de esa cantidad por el referido concepto; procedimiento en el cual, si bien el patrón no tiene facultades decisorias, sí interviene con sus representantes en la comisión que la determina; y para el caso de que la hubiera realizado el inspector del trabajo (ante la imposibilidad de los integrantes de la comisión de ponerse de acuerdo), se asume que tal cantidad le fue notificada al empleador, y por ello acepta que le corresponde al empleado; en tal virtud, no existe obstáculo para que a partir de la confesión del patrón, en los términos apuntados, se tenga por acreditado que se agotó el procedimiento para llegar a determinar el monto que por el referido concepto le corresponde al trabajador y, a la vez, tener por cierto el que indica éste en su demanda."(15)
A similares consideraciones arribó este órgano de control constitucional al resolver el amparo directo ********** (ponencia B), en sesión de catorce de enero de dos mil dieciséis.
Con base en la determinación alcanzada en la presente ejecutoria, este Tribunal Colegiado de Circuito, con fundamento en el artículo 182, último párrafo, de la Ley de Amparo(16) (inherente a procurar resolver integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la controversia mediante la interposición de diversos juicios de amparo); en aras de lograr la economía procesal y en observancia de los derechos fundamentales de impartición de justicia pronta y tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (atendiendo a que el juicio laboral inició el veintitrés de marzo de dos mil quince), procede analizar si quedó acreditado o no el pago del monto respectivo por el reclamo de reparto de utilidades del año dos mil trece.
Para tal efecto, se tiene en cuenta que la parte demandada ofreció como pruebas:(17)
– Confesional a cargo del actor, de la que no se formuló ninguna posición encaminada a demostrar el pago del reparto de utilidades, además de que las formuladas fueron respondidas en su totalidad en sentido negativo.(18)
– Testimonial a cargo de ********** y **********, en la cual no se realizó pregunta alguna a los testigos referente al pago del reparto de utilidades.(19)
– Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, las cuales tampoco le benefician a su oferente, al no obrar en autos actuación alguna con la que se demuestre el pago de reparto de utilidades.
En consecuencia, se arriba a la conclusión de que la demandada no demostró su defensa de pago sobre las utilidades por el ejercicio dos mil trece; y sin que además hayan prosperado las excepciones de incompetencia de la autoridad,(20) por resultar genérica (al no indicar a qué instancias correspondientes, instituciones, leyes, normas, reglas u ordenamientos, quiso referirse); ni la de prescripción, por omitir proporcionar los elementos suficientes para su análisis (tal como quedará expuesto durante el análisis del restante concepto de violación).
Por tal motivo, al resultar el acto reclamado violatorio del derecho fundamental de legalidad a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable para enmendar esa irregularidad, deberá emitir uno nuevo en el que al pronunciarse sobre el pago de diferencias en las utilidades del ejercicio dos mil trece, prescinda de imponer al actor el deber de demostrar el agotamiento del procedimiento para determinar el monto de su participación; y, en su lugar, considere que la patronal no probó su defensa de haber pagado en forma correcta, completa y oportuna dicha prestación, imponiendo, en consecuencia, condena en su contra sobre la diferencia del reparto de utilidades, a razón de $********** pesos.
Síntesis del segundo concepto de violación.
– Premisa: incorrecto análisis de la excepción de prescripción opuesta por la demandada.
– Sustento:
(i) La autoridad responsable declaró procedente la excepción de prescripción opuesta por la contraria, con fundamento en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, cuya repercusión influyó en absolver del pago del aguinaldo dos mil doce y dos mil trece, así como tiempo extraordinario del dos de mayo de dos mil doce al veintitrés de marzo de dos mil catorce;
(ii) La Junta responsable pasó por alto que la prescripción respecto del tiempo extraordinario se opuso en forma deficiente, ante la falta de los requisitos mínimos para su operancia, pues la patronal omitió indicar a partir de cuándo comienza a surtir efectos dicha figura;
(iii) Se invoca como apoyo a su planteamiento, la ejecutoria emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el juicio de amparo directo **********, así como la sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Colegido en Materia de Trabajo de este Circuito, al resolver el amparo directo **********; de igual forma se citan, entre otras, las tesis: "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE OPONE TAL EXCEPCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITAN A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SU ANÁLISIS.";(21) "EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL, DEBEN PRECISARSE LOS DATOS EN QUE SE FUNDA LA.";(22) "PRESCRIPCIÓN. NO PUEDE SUPLIRSE LA DEFICIENCIA EN SU OPOSICIÓN."(23) y "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. ES DE ESTRICTO DERECHO LA EXCEPCIÓN DE."(24)
(iv) Se pasó por alto, además, que la demandada en realidad no opuso la prescripción frente al aguinaldo reclamado en la demanda inicial, por lo que se suple indebidamente la deficiencia de la contraria;
Tales alegaciones, suplidas en su deficiencia, se estiman esencialmente fundadas.
Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que la autoridad responsable incurrió en un deficiente análisis de la excepción de prescripción opuesta por la demandada, que a la postre trajo como consecuencia absolver a la patronal por ciertos periodos del pago de prestaciones secundarias, tales como aguinaldo y tiempo extraordinario.
Se toma como punto de partida la premisa mayor desprendida del criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2000-SS, relativa a que tratándose de la prescripción genérica [cuando se trata de materias no expresamente contempladas en otras hipótesis específicas –artículos 517 a 519(25)], opuesta en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, sobre prestaciones periódicas, basta que el demandado señale que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda para cumplir la carga de precisar los datos necesarios para el estudio de la excepción, puesto que al particular corresponde decir los hechos y al juzgador el derecho; siendo el elemento relevante la invocación de que se han extinguido los derechos no ejercidos en el lapso aludido de un año anterior a la fecha de presentación de la demanda.
En la ejecutoria de dicha contradicción de tesis, se estableció, en lo que aquí interesa:
"En otro orden de ideas, y por lo que ve a la regla genérica de la prescripción prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, donde se ubican todos aquellos supuestos que no queden expresamente comprendidos en los específicos, en cuyo caso se concede a quien ejerza la acción respectiva el término de un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible para hacerla valer, so pena de estimar prescrita la acción correspondiente, esta Segunda Sala estima que también en este caso la parte que oponga la excepción debe seguir la misma regla de proporcionar los elementos que la conforman.
"En efecto, como ya se anticipó, la regla genérica de la prescripción contemplada en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, concede a la parte que pretenda ejercer una acción sobre materias no expresamente contempladas en las hipótesis específicas a que se contraen los artículos 517 a 519, el término de un año para deducirla, dicha regla genérica opera, entre otros supuestos relevantes, cuando se demanda el pago de prestaciones periódicas, como pensiones, por varios años, casos en los cuales basta que el demandado señale que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda para que se tenga por cumplida la carga de precisar los datos necesarios para el estudio de la prescripción, pero es claro que dicha regla debe cumplirse, incluso, con independencia de que no se proporcione el precepto legal que le dé sustento a la excepción, puesto que al particular corresponde decir los hechos y al juzgador el derecho, siendo el elemento relevante la invocación de que se han extinguido los derechos no ejercidos en el lapso aludido de un año anterior a la fecha de presentación de la demanda.
"En otras hipótesis, como las específicas de los artículos 517 a 519 de la Ley Federal del Trabajo, el demandado tiene que aportar elementos que sólo él conoce, como la fecha del despido, de la rescisión, del riesgo de trabajo, etc., pero la regla sigue siendo, esencialmente, la misma."
A partir de tales consideraciones, es dable sostener que para estar en aptitud –la autoridad laboral– de analizar la excepción de prescripción sobre prestaciones periódicas a que se refiere el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, la parte que oponga esa excepción, a efecto de cumplir con la carga de precisar los datos necesarios para su estudio, deberá entonces:
(a) Hacer alusión a las prestaciones sobre las que se opone la prescripción;
(b) Señalar que sólo procede el pago de la mismas –de ser el caso– por el año anterior a la demanda (independientemente de que se invoque o no el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo); e,
(c) Indicar la fecha en que se presentó la demanda laboral.
Esta última precisión –señalar cuál es la fecha de la presentación de la demanda–, es importante aclarar que, si bien no se desprende expresamente de las consideraciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a criterio de este Tribunal Colegiado de Circuito, resulta ser un requisito mínimo y necesario que está contenido implícitamente en esa postura jurisprudencial, cuando se refiere a la obligación de indicar que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda.
Como la propia ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo señala, se trata de una institución jurídica que no puede ser examinada de manera oficiosa en materia laboral, debido a la tutela de la clase trabajadora, que impide contemplar instituciones que puedan provocarle perjuicios pues, de lo contrario, se concedería una ventaja procesal a la parte patronal, al permitirse a la autoridad laboral el examen de cuestiones no alegadas adecuadamente, en contravención al principio de legalidad a que están constreñidos sus fallos, pues ante todo tienen el deber de sujetarse a la litis planteada por las partes, según lo establecido en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo.(26)
Luego, si el planteamiento de esa excepción
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28215-77ca7afd/prescripcion-en-materia-laboral-el-senalamiento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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