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RECURSO DE INCONFORMIDAD. EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SER PONENTE DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN EL QUE SE REVISAN SUS ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: RECURSO DE INCONFORMIDAD 201 DE LA LEY DE AMPARO 15/2018. · Registro digital (IUS): 28218
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-11-30
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Pág. 2078.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SER PONENTE DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN EL QUE SE REVISAN SUS ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO DIRECTO.

RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 15/2018. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JUAN MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Cabe precisar que a efecto de garantizar la transparencia de la revisión del ejercicio de las potestades confiadas legalmente y preservar la imparcialidad de dicha tarea, el Magistrado presidente de este órgano colegiado no puede fungir como ponente en la resolución del presente recurso de inconformidad, interpuesto contra su propia determinación, como se proveyó en el acuerdo de admisión de este recurso por el presidente de este tribunal.

Lo anterior se explica, pues de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, el recurso de inconformidad es el medio de defensa contemplado para las partes en el juicio de amparo directo (e indirecto) contra la determinación judicial que tiene por cumplida la ejecutoria constitucional, que acorde con los puntos décimo, décimo primero y décimo segundo del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso d) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose del amparo directo, corresponde al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito pronunciarse en forma unitaria sobre el cumplimiento de una ejecutoria concesoria de la protección de la Justicia de la Unión y, en contra de éste, procede el recurso de inconformidad que, a su vez, de acuerdo a la competencia delegada en términos del aludido instrumento normativo, será el Pleno del mismo tribunal quien deba revisar o verificar la legalidad de la resolución emitida por aquel funcionario judicial, para así poderle atribuir el carácter de definitiva.

En consecuencia, cuando se trata de un recurso de inconformidad, en un Tribunal Colegiado de Circuito, una vez que esté debidamente integrado el expediente, esto es, en estado de resolución, debe turnarse para la elaboración del proyecto correspondiente, en términos del artículo 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cualquiera de los Magistrados integrantes del órgano, con exclusión de su presidente, ya que no sería lógico jurídicamente que fuera el propio presidente quien realizara el proyecto de resolución en el que se revisa la determinación que adoptó en funciones de calificador, en forma unitaria, del cumplimiento dado al fallo protector.

Similares consideraciones sostuvo este órgano jurisdiccional, al resolver las inconformidades 7/2018, 9/2018, 8/2018 y 11/2018, en sesiones de cinco de julio y diez de agosto de este año, las dos primeras y las dos últimas respectivamente, lo que dio origen a la tesis VII.2o.T.48 K (10a.), pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se inserta:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD. EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SER PONENTE DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN EL QUE SE REVISAN SUS ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO DIRECTO (INSTRUMENTO NORMATIVO DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN VIGOR A PARTIR DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 POSTERIOR). Los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, establecen el recurso de inconformidad como el medio de defensa contemplado para las partes en el juicio de amparo directo (e indirecto) contra la determinación judicial que tiene por cumplida la ejecutoria constitucional, que de conformidad con los Puntos Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 5 de septiembre de 2017, por el que se modifican el inciso d) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, de su propio Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; a partir de su entrada en vigor (el mismo día de su aprobación), corresponde al Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito pronunciarse en forma unitaria sobre el cumplimiento de una ejecutoria concesoria de la protección de la justicia de la unión dictada en amparo directo, por lo que contra tal determinación procede dicho recurso, cuya competencia fue delegada en términos del aludido instrumento normativo, para que sea el pleno del mismo tribunal de su adscripción el que deba revisar y verificar la legalidad de la resolución emitida por aquel funcionario judicial, para así poderle atribuir el carácter de definitiva. En consecuencia, cuando el expediente de inconformidad esté debidamente integrado, esto es, en estado de resolución, con fundamento en el artículo 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe turnarse para la elaboración del proyecto respectivo a cualquiera de los magistrados integrantes del órgano, con exclusión de su presidente, ya que no sería lógico ni jurídico que fuera el propio presidente quien realizara el proyecto de resolución en el que se revisa la determinación que adoptó en funciones de calificador en forma unitaria del cumplimiento dado al fallo protector, todo esto a efecto de garantizar, además, la transparencia en el ejercicio de las potestades confiadas legalmente y preservar la imparcialidad en dicha tarea. Conclusión a la que se llega, incluso siguiendo la misma lógica que aplicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose del recurso de reclamación, en la jurisprudencia 2a./J. 41/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 652, de rubro: ‘RECURSO DE RECLAMACIÓN. EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SER PONENTE DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN EL QUE SE REVISAN SUS ACUERDOS DE TRÁMITE.’."

QUINTO.—Los agravios formulados por la parte recurrente son ineficaces; sin que la suplencia de los argumentos planteados en este recurso, en términos de lo dispuesto por el artículo 213 de la Ley de Amparo, permitan arribar a una conclusión distinta.

Sobre el tema de la suplencia de la queja, en relación con el presente recurso, es exactamente aplicable la jurisprudencia 1a./J. 119/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 759, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas», de título, subtítulo y texto:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO QUE CONOZCA DEL MISMO, DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA VÍA Y DE LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER POR EL PROMOVENTE. Del artículo 213 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, deriva que en el recurso de inconformidad, el órgano jurisdiccional de amparo debe suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente, con el fin de desentrañar la verdadera intención de los recurrentes. Lo anterior es así, toda vez que los juzgadores deben interpretar el sentido de las promociones presentadas por los justiciables para determinar con precisión su voluntad, para lo cual deben considerar el escrito presentado en su integridad, tomando en cuenta la norma que, en su caso, funde su promoción, lo aducido en su escrito respecto de la vía que intentan, así como lo esgrimido en los puntos petitorios."

Así, tratándose del recurso de inconformidad, existe disposición específica que impone la obligación a los órganos jurisdiccionales de amparo de suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente, con el fin de desentrañar la verdadera intención de los recurrentes, para lo cual deben considerar el escrito presentado en su integridad, entre otros aspectos, sin distinguir la calidad del promovente ni la materia de derecho, es decir, se aplica a cualquier persona que interponga este recurso (previa verificación de su procedencia), de modo que es deber del tribunal de amparo suplir la deficiencia, en términos de lo dispuesto por el numeral 213 de la ley de la materia, que resulta ser la norma que debe ser aplicada bajo el principio de especialidad.

Previamente al análisis de los agravios expuestos por la parte recurrente, se estima pertinente establecer cuál es la materia de análisis en el presente recurso.

El artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, dispone:

"Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que:

"I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta ley;

"II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto;

"..."

De conformidad con el precepto legal y fracción reproducidos, se obtiene que el análisis del presente medio de impugnación debe constreñirse a examinar la legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente, razón por la cual, su análisis debe limitarse a la materia determinada por la acción constitucional, así como a sus límites señalados dentro de la ejecutoria, sin excesos ni defectos, por lo que no puede ser objeto de estudio la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante el juzgador federal.

En este aspecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas», del siguiente contenido:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el Juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión."

Cabe señalar, en adición a lo anterior, que aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento (sic) de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto.

Sobre este aspecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas», que se lee:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo."

Ahora bien, con el objeto de brindar claridad y comprensión de la decisión adoptada, se estima pertinente reproducir los lineamientos del fallo protector, emitido en el juicio de amparo directo 264/2016:

"...la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y decrete la reposición del procedimiento a fin de que:

"a) Solicite a **********, informe qué actividades realizó el actor en los puestos que desempeñó cuando estuvo en activo, así como el medio ambiente al que estuvo expuesto.

"b) Designe a un especialista para que se constituya en la fuente de trabajo y realice las investigaciones de campo necesarias con el objeto de constatar las condiciones ambientales en que el actor desarrollaba su actividad laboral, sin perjuicio de ordenar la práctica de aquellas otras diligencias necesarias para acreditar la existencia de los hechos constitutivos de su acción, relativos al medio ambiente en que desplegó sus actividades y las enfermedades que dijo padecer el actor; hecho lo anterior, en su oportunidad determine lo que corresponda respecto al reclamo consistente en el pago de una pensión por riesgo de trabajo, con motivo de padecer enfermedades profesionales.

"c) Previo al cierre de instrucción, otorgue a las partes el plazo que considere pertinente para que formulen sus alegatos en términos del artículo 884, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo aplicable;

"d) Hecho lo anterior continúe con el juicio por las demás etapas procesales correspondientes, en la inteligencia de que en el caso de dictar laudo, se conmina a la Junta responsable a que con plenitud de jurisdicción se pronuncie respecto del otorgamiento y pago de una pensión por riesgo de trabajo, derivado del accidente laboral que sufrió el actor el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y uno; y de las prestaciones accesorias que de ella dependan; así como tratándose de las enfermedades profesionales a partir de lo que resulte de la reposición del procedimiento.

"e) Reitere, los puntos de decisión que aquí han quedado intocados como son: la absolución del pago de una pensión de invalidez, así como de las prestaciones reclamadas a **********." (fojas 98 y 99 del juicio de amparo)

En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable realizó las siguientes actuaciones:

1. Mediante auto de tres de mayo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dejó insubsistente el laudo reclamado y ordenó reponer el procedimiento; asimismo, le solicitó a **********, informara las actividades que realizaba el actor en los puestos que desempeñó cuando estuvo activo, así como el medio ambiente al que estuvo expuesto.

1.2. De igual manera, ordenó que se enviara exhorto a la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, para que le designara a la actora, perito en materia de medio ambiente; además, precisó que, tomando en cuenta que ********** se extinguió oficialmente, en su momento los peritos de las partes en esa materia deberían emitir su dictamen al tenor del interrogatorio siguiente:

"1. Que diga el perito las condiciones ambientales en que laboró el hoy actor en su centro de trabajo. 2. Que diga el perito si el actor y en base a sus labores que realizaba estuvo expuesto a aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral. 3. Que diga el perito si el actor en base a las labores que realizaba estuvo expuesto a inhalaciones de gases y vapores. 4. Que diga si el actor estuvo expuesto a ruidos, si fue así, a qué tipo de ruidos estuvo expuesto. 5. Que diga el perito si el actor en su centro de trabajo y en base a las actividades que realizaba estuvo sometido a esfuerzos físicos y de qué tipo..." (foja 116 del expediente de amparo)

1.3. En ese mismo proveído, se ordenó enviar oficio a **********, para que informara qué actividades realizaba una persona con categoría de reparador de vía, así como el medio ambiente al que está expuesto, en razón de que dicha empresa realizaba funciones similares a la extinta **********.

2. Por escrito presentado ante la Junta del conocimiento el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, ********** en liquidación, rindió el informe que se le solicitó respecto a las labores que realizaban los reparadores de vías. (fojas 136 y 137)

3. En auto de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, la Junta Federal tuvo por rendido el dictamen del perito del Instituto Mexicano del Seguro Social. (fojas 123 y 124 del juicio de amparo)

4. En proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete, una vez desahogada la vista respecto del dictamen pericial en medio ambiente laboral emitido por el perito de la actora, ante la discordancia con el rendido por el diverso experto del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Junta Federal estimó necesario la intervención de un perito tercero en discordia, por lo que ordenó que se realizaran las gestiones necesarias para su designación. (foja 152 del amparo directo)

5. En auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la Junta del conocimiento tuvo al perito tercero en discordia en materia de medio ambiente laboral rindiendo su dictamen; en ese mismo proveído otorgó a las partes plazo para que formularan alegatos; y el veintiuno de mayo siguiente emitió un nuevo laudo en el que:

5.1. Con plenitud de jurisdicción se pronunció respecto del otorgamiento y pago de una pensión por riesgo de trabajo, derivado del accidente laboral que sufrió el actor el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y uno; haciendo lo propio con el reclamo de reconocimiento de enfermedades profesionales a partir de lo que resultó de la reposición del procedimiento; igualmente, reiteró los puntos de decisión que quedaron intocados, como son: la absolución del pago de una pensión por invalidez, así como de las prestaciones reclamadas a **********.

Ahora bien, en los agravios materia de este recurso, el inconforme aduce que no está de acuerdo que se haya tenido por cumplida la ejecutoria de amparo, en razón de que en el laudo emitido en cumplimiento no se tomaron en cuenta las expectativas y observaciones mencionadas en dicha sentencia, pues la Junta Federal resolvió de la misma manera en que lo había hecho en el laudo de doce de enero de dos mil dieciséis.

En ese mismo sentido, señala que en el nuevo laudo la Junta laboral no observó las medidas que este órgano colegiado le indicó en su ejecutoria, pues para dar cabal cumplimiento a la sentencia amparadora debió emitir "un laudo diferente al del acto reclamado".

Los argumentos expuestos son ineficaces, en razón de que si bien los efectos del amparo concedido en cuanto al tema del reconocimiento de enfermedades profesionales, consistieron propiamente en que se solicitara a ********** un informe sobre las actividades que desarrolló el actor y el medio ambiente al que estuvo expuesto y que se designara un especialista para que se constituyera en la fuente de trabajo con el fin de que realizara las investigaciones en cuanto a las condiciones ambientales en que el aquí inconforme desplegó sus funciones, fueron con la finalidad de que la Junta laboral tuviera mayores elementos para determinar si las enfermedades que adujo padecer el trabajador eran o no de carácter profesional y, como consecuencia procedía o no el otorgamiento y pago de la pensión correspondiente, así como las prestaciones accesorias a dicha acción que consideró el actor debían cubrírsele conforme a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social; sin embargo, no por ello la autoridad responsable estaba obligada a emitir un fallo "diferente" al reclamado en amparo, y que beneficiara al aquí inconforme.

Esto es así, pues a la Junta Federal se le otorgó plenitud de jurisdicción para que se pronunciara en cuanto al reclamo consistente en el pago de una pensión por riesgo de trabajo en favor del trabajador con motivo de padecer enfermedades profesionales y del otorgamiento y pago de una pensión por riesgo de trabajo, derivado del accidente laboral que sufrió el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y uno; por lo que no necesariamente la citada autoridad debía emitir un fallo "diferente" al dictado el doce de enero de dos mil dieciséis, pues no se le vinculó por este tribunal en la ejecutoria de que se trata a que dicha Junta decretara procedente la pensión o algún razonamiento con tales directrices.

De ahí lo ineficaz del argumento en estudio.

Al margen de lo antes establecido, este órgano colegiado procederá a realizar el estudio oficioso respecto del proveído recurrido que calificó el cumplimiento de la sentencia de amparo, en el que se atenderá de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal.

Se cita como apoyo de lo expuesto, por su sentido, la jurisprudencia 1a./J. 42/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 476, Libro 6, Tomo I, mayo de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas», del siguiente contenido:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD. CUANDO LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL PROMOVENTE DE DICHO RECURSO RESULTEN INOPERANTES EN SU TOTALIDAD, PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 214 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución, y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. Por lo anterior, si los agravios expresados por el promovente del recurso de inconformidad resultan inoperantes en su totalidad, es preciso realizar un estudio oficioso respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, a fin de dar cumplimiento al precepto invocado; dicho estudio deberá atender de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal."

Así, se tiene que conforme con las consideraciones y lineamientos establecidos en la sentencia protectora, precisados en párrafos precedentes, como se determinó en el acuerdo aquí impugnado, tanto por los actos procesales que debieron verificarse por la Junta como en los alcances del laudo dictado en acatamiento de la ejecutoria de que se trata, cumplió íntegramente tales aspectos pues, como ya se vio, la Junta Federal, mediante auto de tres de mayo de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el laudo reclamado; asimismo, solicitó a **********, informara qué actividades realizaba el actor en los puestos que desempeñó en activo, así como el medio ambiente al que estuvo expuesto, a lo cual la citada entidad patronal dio cumplimiento mediante oficio de treinta y uno de mayo siguiente.

De igual manera, la autoridad del conocimiento le solicitó la designación de un experto en materia de medio ambiente para el trabajador (prueba que, además, en su momento se desahogó de manera colegiada); asimismo, tomando en cuenta que ********** se extinguió oficialmente, la Junta le envió oficio a **********, para que le informara qué actividades realizaba una persona con categoría de reparador de vía.

Finalmente, previas diversas actuaciones, la autoridad responsable, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, otorgó a las partes un plazo para que formularan sus alegatos; y el veintiuno de mayo siguiente emitió un nuevo laudo y, con plenitud de jurisdicción, se pronunció respecto del otorgamiento y pago de una pensión por riesgo de trabajo, derivado del accidente laboral que sufrió el actor el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y uno; haciendo lo propio con el reclamo de reconocimiento de enfermedades profesionales a partir de lo que resultó de la reposición del procedimiento; igualmente, reiteró los puntos de decisión que quedaron intocados, como son: la absolución del pago de una pensión de invalidez, así como de las prestaciones reclamadas a **********.

Todo lo cual permite a este Tribunal Colegiado de Circuito concluir que, contra lo pretendido

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28218-388085b7/recurso-de-inconformidad-el-presidente-de-un-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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