ALEGATOS EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL NO ESTAR EXPRESAMENTE REGULADOS EN LA LEY DE AMPARO, NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE ELLOS.
RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 16/2021. 28 DE ABRIL DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIO: MARCELO CABRERA HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Estudio. Los agravios formulados por el recurrente son ineficaces, sin que la suplencia de los argumentos planteados en este recurso, que autoriza a ejercer el artículo 213 de la Ley de Amparo, permita estimar fundada la inconformidad.
Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 119/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 759, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, con número de registro digital: 2005225, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:
"RECURSO DE INCONFORMIDAD. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO QUE CONOZCA DEL MISMO, DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA VÍA Y DE LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER POR EL PROMOVENTE. Del artículo 213 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, deriva que en el recurso de inconformidad, el órgano jurisdiccional de amparo debe suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente, con el fin de desentrañar la verdadera intención de los recurrentes. Lo anterior es así, toda vez que los juzgadores deben interpretar el sentido de las promociones presentadas por los justiciables para determinar con precisión su voluntad, para lo cual deben considerar el escrito presentado en su integridad, tomando en cuenta la norma que, en su caso, funde su promoción, lo aducido en su escrito respecto de la vía que intentan, así como lo esgrimido en los puntos petitorios."
En principio, debe precisarse que los agravios serán abordados en un orden distinto al propuesto por el recurrente, como lo permite el numeral 76 de la Ley de Amparo y buscando resolver en su integridad los planteamientos efectivamente esgrimidos por éste, en el entendido de que, de conformidad con los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales previstos en el artículo 17 de la Constitución General, ello no puede llegar al extremo de obligar a este Tribunal Colegiado de Circuito a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que lo anterior iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional –como las de prontitud y expeditez– y del estudio y reflexión de otros planteamientos que exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente.
Apoya lo anterior, la tesis aislada 1a. CVIII/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, página 793, con número de registro digital: 172517, que se reproduce:
"GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional –como las de prontitud y expeditez– y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente."
En una parte del punto 1 del escrito de agravios (foja 3 del recurso de inconformidad), el recurrente asevera que "ratifica la violación e inconstitucionalidad de los artículos 1o., 79, 189, 190, 213 y 217 de la Ley de Amparo y 899 de la Ley Federal del Trabajo no reformada.".
En otra parte del punto 3 (foja 7), el recurrente argumenta que si no existe la videograbación de la discusión que dio lugar a la resolución emitida en el amparo directo en revisión ********** el doce de noviembre de dos mil diecinueve, por medio de la cual el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de revisión que aquél interpuso en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo **********, entonces, ello evidencia la inconstitucionalidad del artículo 124 de la Ley de Amparo.
En una parte del punto 5 (foja 8), el recurrente señala que toda vez que las sentencias dictadas por este Tribunal Colegiado de Circuito en los juicios de amparo directo ********** y ********** son, en su opinión, ilegales, ello evidencia la violación e inconstitucionalidad de los artículos 5o., fracción IV y 181 de la Ley de Amparo.
El recurrente afirma que la circunstancia de que primero se haya dictado sentencia en el juicio de amparo directo ********** y después en el recurso de queja **********, conculcó sus derechos y puso en evidencia la inconstitucionalidad de los artículos 1o., 74, 79, 97, 125, 172, 189 y 190 de la Ley de Amparo.
Que la circunstancia de que el Pleno de este tribunal no aplicara en el juicio de amparo directo ********** la tesis de jurisprudencia (X Región)1o. J/2 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1460, con número de registro digital: 2005945, de epígrafe: "PROCEDIMIENTOS ESPECIAL U ORDINARIO EN EL JUICIO LABORAL. SUPUESTO EN EL CUAL LA VIOLACIÓN PROCESAL DE SU TRAMITACIÓN EN LA VÍA INCORRECTA NO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y, POR ENDE, NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2011).", vulneró sus derechos y patentó la inconstitucionalidad de los artículos 1o., 74, 79, 125, 172, 189, 190, 213 y 217 de la Ley de Amparo.
Que al habérsele aplicado retroactivamente en su perjuicio la Ley Federal del Trabajo vigente, conllevó la inconstitucionalidad del "artículo 899 de la Ley Federal del Trabajo no reformada.".
Lo anterior resulta ineficaz.
En principio, cabe destacar que las disposiciones previstas en la Ley de Amparo no escapan del control de la Constitución General, por lo cual, en el hipotético caso de que durante la ejecución de una sentencia de amparo el justiciable sufra la afectación en sus derechos constitucionales o humanos con motivo de la aplicación de la normatividad correspondiente, podría impugnar su constitucionalidad vía recurso de inconformidad.
Al respecto es aplicable, por analogía, la tesis aislada 1a. XLVI/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 684, con número de registro digital: 2010975, que se reproduce:
"RECURSO DE RECLAMACIÓN. CONSTITUYE EL MEDIO IDÓNEO PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO PARA IMPUGNAR LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE UN ARTÍCULO DE ESE ORDENAMIENTO APLICADO DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO EN LA VÍA DIRECTA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 301/2013, determinó que procede el análisis constitucional de un artículo de la Ley de Amparo cuando se satisfacen tres requisitos: a) la existencia de un acto de aplicación de dicha ley al interior del juicio de amparo; b) la impugnación de ese acto de aplicación cuando trascienda al sentido de la decisión adoptada; y, c) la existencia de un recurso contra ese acto, en donde pueda analizarse tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma empleada. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que el quejoso no puede impugnar como acto reclamado destacado en la demanda inicial la Ley de Amparo, también lo es que el órgano de amparo, en ejercicio de sus facultades rectoras del procedimiento, puede emitir actos de aplicación de las normas reguladoras del juicio constitucional que pueden combatirse en los recursos relativos, pues es hasta ese momento procesal cuando dicho cuerpo legal puede generar un perjuicio al particular y, por tanto, estar en aptitud de oponerse a éste, cuya premisa normativa consiste en que si bien la Ley de Amparo es reglamentaria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo relevante es que no son normas equivalentes, por lo cual, al tratarse de una norma subordinada a los criterios de validez de la norma fundante del ordenamiento jurídico, no debe escapar al control constitucional que efectúan los órganos de amparo. En ese sentido, si durante el trámite de un juicio de amparo directo se aplica un precepto de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el recurso de reclamación es el medio de impugnación idóneo para combatir la regularidad constitucional de ese artículo, en términos de los preceptos 104 a 106 de la propia ley; de forma que si el quejoso interpone el referido recurso, deberá hacer valer, conjuntamente con los reclamos de legalidad, sus consideraciones en el sentido de que el numeral aplicado es inconstitucional para que el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso efectúe el análisis respectivo." (Énfasis añadido)
Ahora bien, en relación con la impugnación del "artículo 899 de la Ley Federal del Trabajo no reformada", resulta ineficaz, porque a través de los recursos previstos en la Ley de Amparo, como la inconformidad de que se trata, sólo es viable controvertir, conforme al criterio acabado de transcribir, disposiciones de la propia Ley de Amparo, por ser la que rige la actuación de los órganos de control constitucional, no así preceptos de ordenamientos legales diversos; luego, mediante la referida inconformidad no es factible plantear la inconstitucionalidad del aludido artículo 899 de la Ley Federal del Trabajo; además, este Tribunal Colegiado de Circuito no puede ejercer un control difuso respecto de la constitucionalidad del precepto referido, en razón de que, en todo caso, el momento oportuno para hacerlo fue al emitir la sentencia en el juicio de amparo directo ********** y no así en el presente medio de impugnación; sin que en ese momento se haya advertido la necesidad de realizarlo.
Tocante a la impugnación de los artículos 1o., 5o., fracción IV, 74, 79, 97, 124, 125, 172, 181, 189, 190, 213 y 217 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito no advierte que se hayan aplicado durante el trámite de la ejecución de la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo directo **********; ya que:
- El artículo 1o. únicamente tiene por finalidad establecer en qué supuestos procede el juicio de amparo.
- El artículo 5o., fracción IV, únicamente define en qué términos el Ministerio Público Federal participará en los juicios de amparo.
- El artículo 74 establece los elementos que contendrán las sentencias de amparo.
- El artículo 79 sólo prevé las hipótesis en las cuales procederá suplir la deficiencia de la queja de los conceptos de violación o de los agravios.
- El artículo 97 establece los supuestos en los que procede el recurso de queja.
- El artículo 124 contempla cómo se desahogará la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto.
- El artículo 125 establece que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte.
- El artículo 172 prevé el catálogo de violaciones al procedimiento que afectan las defensas del quejoso en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo.
- El artículo 181 regula cómo procederán los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito cuando admitan las demandas de amparo directo.
- El artículo 189 establece en qué orden se estudiarán los conceptos de violación y privilegia el análisis de los de fondo ante los de forma o que señalen violaciones procesales.
- El artículo 190 prevé la suspensión en el juicio de amparo directo.
- El artículo 213 señala que procederá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos que haga valer el recurrente al interponer el recurso de inconformidad, cuestión que no perjudica, sino beneficia al aquí recurrente.
- El artículo 217 prevé para qué órganos jurisdiccionales resultan obligatorias las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas; por los Plenos de Circuito y por los Tribunales Colegiados de Circuito, así como la prohibición de que se aplique en forma retroactiva en perjuicio de persona alguna.
Como se ve, los artículos 1o., 5o., fracción IV, 74, 79, 97, 124, 125, 172, 181, 189, 190, 213 y 217 de la Ley de Amparo no fueron aplicados en el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo **********, por lo cual no es factible analizar su constitucionalidad.
Aunado a lo anterior, el recurrente no señala cuáles son las normas de la Constitución General o los derechos humanos que son vulnerados por los arábigos 1o., 5o., fracción IV, 74, 79, 97, 124, 125, 172, 181, 189, 190, 213 y 217 de la Ley de Amparo, ni expone argumentos en los que explique cómo es que esos dispositivos legales resultan inconstitucionales, lo cual constituye un requisito mínimo para emprender el análisis de su constitucionalidad pues, de otra manera, se obligaría a este Tribunal Colegiado de Circuito a realizar el estudio de las normas referidas, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y todos los artículos de la Constitución General, labor que se tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto del resto de los argumentos planteados.
Es orientadora al respecto, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 58/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, página 150, con número de registro digital: 193008, que se reproduce:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada; y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes." (Énfasis añadido)
También resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 123/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 859, con número de registro digital: 2008034, que se reproduce:
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, frente a las normas ordinarias que los contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de violación de que las ‘normas aplicadas en el procedimiento’ respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados."
En ese tenor, no se actualiza el supuesto previsto en el párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo, relativo a la obligación de dar publicidad al proyecto de resolución, pues los planteamientos de constitucionalidad vertidos por el recurrente se desestimaron por ineficaces. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 53/2014 (10a.), emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 61, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital: 2007922, de epígrafe:
"PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El análisis del proceso legislativo de la Ley de Amparo permite advertir que la intención del legislador, al prever la obligación de publicar los proyectos de resolución que se someterán a la consideración del Tribunal Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, fue transparentar las decisiones de los asuntos de gran trascendencia, como son los que versan sobre un tema de constitucionalidad o de convencionalidad, por ser de interés general, destacando que la publicidad no debe darse respecto de cualquier tipo de asunto. En ese sentido, los proyectos de resolución que deben publicarse con la misma anticipación que la lista correspondiente, en términos del párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo, son aquellos en los que se analiza la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, o bien, se realiza la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos, lo que no acontece cuando, habiéndose planteado tales aspectos en la demanda de amparo, se omite responder a los conceptos de violación respectivos o, en su caso, a los agravios formulados en la revisión, por existir una causa jurídica que impide emitir pronunciamiento sobre el particular. Lo anterior, en la inteligencia de que la publicación deberá realizarse atendiendo a la normativa aplicable en materia de acceso a la información y, en el caso específico del juicio de amparo directo, comprender sólo los datos de identificación del asunto y la parte considerativa del proyecto que contiene el tema de constitucionalidad o de convencionalidad de que se trate. Lo anterior, sin perjuicio de que los órganos colegiados referidos, o bien, el Ministro o el Magistrado ponente, cuando lo estimen conveniente, ordenen la publicación de los proyectos de resolución en los que, si bien se analizan temas distintos de aquéllos, la decisión relativa podría dar lugar a sustentar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, pues ello es acorde con la intención del legislador de dar publicidad a la propuesta de resolución de asuntos trascendentes." (Énfasis añadido)
A mayor abundamiento, tampoco se actualiza la obligación de dar publicidad al proyecto de resolución, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, relativo a la publicidad de proyectos de sentencia tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de junio de dos mil diecisiete, que establece:
"En los proyectos de resolución de amparos indirectos en revisión y de amparos directos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en los que se proponga abordar el estudio de constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, y amparos colectivos, con independencia de que el planteamiento respectivo se hubiere formulado en la demanda o se introduzca con posterioridad, se observará lo previsto en el artículo 73, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Salvo cuando los proyectos de que se trate, únicamente propongan la inoperancia de los agravios respectivos." (lo resaltado es propio)
En otro contexto, el recurrente argumenta que existen agravios, omisiones o hechos notorios que no fueron validados por este tribunal "apegados a derecho e imparcial". (foja 1 del recurso de inconformidad)
El anterior planteamiento es ineficaz, pues constituye una afirmación dogmática, ya que el recurrente no precisa qué agravios, omisiones o hechos notorios son los que no se tomaron en consideración en el dictado del auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que el presidente de este órgano jurisdiccional declaró cumplida la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo directo **********, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Es aplicable al respecto, la tesis aislada P. III/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Tomo I, marzo de 2015, página 966, con número de registro digital: 2008587, de rubro y texto siguientes:
"RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CONSTITUYEN AFIRMACIONES DOGMÁTICAS. Los agravios en el recurso de inconformidad promovido contra la resolución del Juez de Distrito emitida en el incidente relativo a la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad en los que el inconforme se limite a afirmar diversas situaciones y/o circunstancias relativas a la actuación del Juez de Distrito, pero sin explicar o establecer las bases que motivaron tales razonamientos ni en qué inciden en el asunto, y así demostrar lo incorrecto de la resolución controvertida, resultan inoperantes, ya que no basta la expresión de argumentos que contienen manifestaciones genéricas y abstractas, sino que se debe precisar y/o especificar de qué manera se actualizan los aspectos a que refiere, y/o explicar cuál hubiera sido la consecuencia o alcance de no haber sido así, pues sólo bajo esa perspectiva, el órgano jurisdiccional podría analizar si dicho planteamiento trascendería, en su beneficio, al resultado del fallo recurrido. Por tanto, si el inconforme sólo plantea como agravios afirmaciones dogmáticas, resulta evidente que el órgano jurisdiccional que resuelve no puede constatar si es o no correcta la aseveración alegada y, por ende, devienen inoperantes."
En otra parte del punto 1 del escrito de agravios (fojas 1 a 5 ibídem), el recurrente se inconforma con el siguiente enunciado dictado en el auto reclamado: "En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida en su totalidad."
Al respecto, señala que el presidente de este tribunal omitió hechos notorios, lo que provocó la violación del derecho al debido proceso, a sus derechos humanos, y lo dejó en estado de indefensión como persona vulnerable.
Que se vulneraron en su perjuicio los numerales 1o., 8o., 14, 22 y 94 de la Constitución General; que fue equivocado que el Pleno de este tribunal haya determinado que el juicio laboral que promovió debía ventilarse en la vía especial conforme a los artículos 899-A, 899-B, 899-C y 899-D de la Ley Federal del Trabajo, en contravención del arábigo 14 de la Constitución, toda vez que el Pleno de este tribunal aplicó esos dispositivos legales de forma retroactiva.
El recurrente explica las razones por las cuales estima que no le resultaban aplicables los artículos 899-A, 899-B, 899-C y 899-D de la Ley Federal del Trabajo; precisa que sufrió su accidente de trabajo el veintinueve de abril de dos mil doce y que su antigüedad como vigilante de ********** data del dieciséis de junio de dos mil ocho, es decir, antes de que entrara en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada el treinta de noviembre de dos mil doce.
Que por las razones anteriores, en su opinión, no ha quedado cumplida la sentencia, toda vez que la ejecutoria protectora dictada en el juicio de amparo directo ********** es ilegal, arbitraria e infundada, violatoria del derecho al debido proceso y de sus derechos humanos.
Afirma que al resolver el amparo directo **********, el Pleno de este tribunal no aplicó la tesis de jurisprudencia (X Región)1o. J/2 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1460, con número de registro digital: 2005945, de epígrafe:
"PROCEDIMIENTOS ESPECIAL U ORDINARIO EN EL JUICIO LABORAL. SUPUESTO EN EL CUAL LA VIOLACIÓN PROCESAL DE SU TRAMITACIÓN EN LA VÍA INCORRECTA NO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y, POR ENDE, NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2011)."
En el punto 4 del escrito de agravios (fojas 7 y 8), el recurrente se inconforma con el siguiente enunciado dictado en el auto impugnado: "este asunto se encuentra relacionado con el diverso juicio de amparo directo de trabajo **********, promovido por **********, en el que sobreseyó en el juicio de amparo, lo cual se cita como hecho notorio."; por otro lado, en el punto 6 del escrito de agravios (foja 10), el recurrente se inconforma con el siguiente enunciado dictado en el auto recurrido: "tramite el juicio conforme al procedimiento especial a que se refieren los artículos 899-A, 899-B, 899-C y 899-D de la Ley Federal del Trabajo.".
Argumenta que si la sentencia dictada en el juicio de amparo directo ********** fue ilegal, entonces, también el sobreseimiento
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31494-63ebccfa/alegatos-en-el-recurso-de-inconformidad-al-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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