INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA EMITIDA EN AMPARO DIRECTO. PARA CONSIDERAR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO A FIN DE CONOCER SI LA FORMA DE REPONER EL PROCEDIMIENTO O LA EMISIÓN DE LA NUEVA RESOLUCIÓN ACATA TODOS Y CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEFINIDOS EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.
INCONFORMIDAD 289/2011. **********. 10 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: GUSTAVO NARANJO ESPINOSA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción V (interpretado a contrario sensu) y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que se trata de una inconformidad interpuesta en contra de la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito, en la que tuvo por cumplida una ejecutoria de amparo.
SEGUNDO. La inconformidad se promovió dentro del plazo de cinco días a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo se notificó a la parte quejosa el lunes seis de junio de dos mil once, notificación que surtió sus efectos el martes siete del mismo mes y año, por lo que el plazo para la promoción oportuna de la inconformidad transcurrió del miércoles ocho al martes catorce de junio de dos mil once, descontándose los días once y doce del mismo mes y año, por ser inhábiles conforme a los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tanto, si la parte inconforme presentó su escrito de inconformidad el lunes trece de junio de dos mil once, la interposición estuvo dentro del término legal.
TERCERO. El acuerdo de tres de junio de dos mil once, por el cual los integrantes del Tribunal Colegiado tuvieron por cumplido el fallo protector, en lo conducente, es del tenor literal siguiente:
"...
"Consta de la ejecutoria de amparo que la protección constitucional fue concedida con base en los argumentos siguientes:
"‘... Sin embargo, como se alega en el concepto de violación, la resolutora omitió analizar que en el concepto de nulidad tercero el actor, aquí quejoso, argumentó que en términos de lo que dispone el artículo 170 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas; Recaudación y Fiscalización, esto es, que las opiniones, interpretaciones o determinaciones contenidas en los dictámenes se presumirán válidos, salvo prueba en contrario; y que en el dictamen emitido por el contador público registrado, éste determinó que la quejosa cumplió con el entero de las cuotas obrero patronales a su cargo, lo cual constituye una presunción iuris tantum sobre la validez del dictamen, siendo necesario para su invalidez que exista una prueba en contrario, por tanto, se debió presumir que no existe relación laboral, presunción que en todo caso podría desvirtuarse por la autoridad demandada mediante pruebas, y que a su parecer, la autoridad demandada estableció otra presunción a través de la cual pretende desvirtuar la presunción de validez reglamentariamente establecida, al decir que del análisis que hace a contratos y oficios se presume la existencia de una relación laboral, presunción humana que es insuficiente para desvirtuar la presunción a favor del dictamen.
"‘También, no tomó en cuenta lo aducido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, al contestar la demanda laboral, al expresar que en ningún momento se determinó por parte del instituto que existía relación laboral.
"‘Aspectos en relación a los cuales, la Sala responsable no adujo nada en el acto ahora reclamado, lo que trasciende porque previamente a que la resolutora estableciera a quién correspondía demostrar la referida relación laboral, debió evidenciar que la presunción a la que se refiere el amparista, esto es, la presunción que se deriva de los dictámenes, está desvirtuada, y en caso de ser así, a través de qué medios se destruye la referida presunción; asimismo, debió tomar en cuenta la manifestación del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto a que él en ningún momento determinó que existía relación laboral, y al no hacerlo vulneró las garantías individuales del amparista ...’
"De las consideraciones transcritas se advierte que, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que la Sala responsable una vez que dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar pronunciara otra, resolviera si la presunción que se derivaba de los dictámenes señalados, estaba desvirtuada y, en caso de que así fuera, determinara a través de qué medios se destruía la referida presunción, tomando en cuenta las pruebas que hubieran ofrecido las partes; además, considerara al momento de emitir el nuevo fallo que el Instituto Mexicano del Seguro Social confesó en la contestación de la demanda, que en ningún momento determinó que existía relación laboral.
"...
"Luego, si la Sala responsable había omitido pronunciarse respecto a todo aquello que el actor expuso en el tercer concepto de impugnación, relativo a la presunción que generaba el dictamen a que hizo alusión; así como en relación a la expresión del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cuanto a que en ningún momento se determinó que existía relación laboral, pues como se dijo en la ejecutoria nada dijo en la sentencia reclamada respecto a esos dos aspectos; es evidente que la Sala responsable gozaba de plenitud de jurisdicción para pronunciarse en torno a si la presunción que se derivaba de los dictámenes señalados, estaba desvirtuada y, en caso de que así fuera, determinara a través de qué medios se destruía la referida presunción; además, tuviera en cuenta la confesión del instituto relativa a que en ningún momento determinó que existía relación laboral.
"Lo anterior es así, pues en los casos como en el presente, cuando la autoridad responsable omite hacer el examen respecto de algún punto y el amparo se concede exclusivamente para que se dicte nueva resolución reparando esa violación, dicha sentencia estaría desvinculada totalmente de la ejecutoria en cuanto al fondo sustancial del negocio.
"Consecuentemente, con lo así actuado por la Sala responsable, se colman los lineamientos trazados en la ejecutoria constitucional en cita y, por tanto, con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la misma se declara cumplida, en lo esencial.
"Lo anterior, sin perjuicio de que las partes puedan agotar los recursos o medios de defensa procedentes para el caso de que estimen que el fallo protector no se acató en sus términos; sin que ello implique soslayar los argumentos que hace valer la quejosa en el desahogo de la vista ordenada con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sólo que dichas manifestaciones van encaminadas a tratar de poner de manifiesto aspectos que incumben defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que en modo alguno pueden resolverse en esta instancia, por lo que tiene expedito su derecho para hacerlas valer en la vía o medio de impugnación que estime pertinente, en la medida que este tribunal sólo está obligado a verificar si los efectos de la concesión fueron acatados o no por la responsable, al momento de cumplir con el fallo protector. ..."
CUARTO. En su escrito de inconformidad la parte quejosa señala lo que se sintetiza a continuación:
a) Que contrariamente a lo que adujo el Tribunal Colegiado, la Sala responsable, en la sentencia de uno de abril de dos mil once, no cumplió con los lineamientos establecidos en la sentencia concesoria, ya que los efectos no eran para que la responsable analizara si existía o no a favor de la parte quejosa la presunción de ser ciertos los hechos expresados en los dictámenes elaborados por contador público registrado, conforme al artículo 170 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, pues el Tribunal Colegiado determinó que la presunción de validez existe a favor de la parte quejosa.
Por ello, en acatamiento a la ejecutoria, la Sala responsable sólo debía valorar si con las pruebas que obraban en autos del juicio contencioso administrativo, la presunción fue desvirtuada, esto es, no cuestionar su existencia.
b) El inconforme estima que otro efecto de la protección de la Justicia Federal fue que la Sala valorara la confesión expresa realizada por la demandada, en el sentido de que diversos profesionistas no son sus trabajadores, mientras que la responsable no analizó los alcances de ese aspecto, sino que niega la existencia de la confesión y aduce que a pesar de no actualizarse la relación de trabajo, la parte quejosa debió inscribir a los sujetos de aseguramiento por la prestación de un servicio personal y remunerado, en términos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo.
En esa tesitura, si resulta inexistente el vínculo laboral, como lo confesó la demandada, no era obligatoria la afiliación.
c) Finalmente, el inconforme afirma que no es correcto lo considerado en el auto impugnado, respecto a que la Sala Fiscal tenía plenitud de jurisdicción, sino que debía cumplir estrictamente los efectos para los que se concedió el amparo, al emitir la nueva sentencia.
QUINTO. Antes de examinar los agravios propuestos a este Alto Tribunal, debe delimitarse la materia de esta inconformidad, la que de acuerdo con los artículos 105, párrafo tercero, 106 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, puede ser de dos clases.
La primera, procede contra la resolución del órgano jurisdiccional de amparo que hubiere conocido del juicio en que se tenga por cumplida la ejecutoria que concede la protección federal al quejoso y, la segunda, procede contra la resolución que dicta el juzgador federal a propósito de la tramitación de un incidente de repetición del acto reclamado, en el que se declara infundada la denuncia respectiva.
Como en la especie la inconformidad se endereza contra una resolución del Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del amparo de que se trata, en la cual declaró cumplida la sentencia respectiva, es evidente que la materia de estudio de este asunto se centra en lo apuntado en el primer supuesto.
En ese tenor, al estudiar la inconformidad relativa a la resolución a través de la cual se tiene por cumplida una ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 105 de la Ley de Amparo, el análisis se limitará a corroborar la existencia de todos los actos de ejecución necesarios por efectos de la sentencia protectora, sin que sea válido emitir pronunciamientos sobre la legalidad de las actuaciones de ejecución desplegadas por la autoridad responsable, pues ello, en su caso, representa materia de estudio de diversos medios de impugnación.
Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia cuyos texto y datos de identificación son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXV, junio de 2007
"Tesis: 1a./J. 89/2007
"Página: 66
"INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un Juez de Distrito o de un Tribunal Colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad."
Del mismo modo, se invoca la jurisprudencia de esta Sala, que se reproduce a continuación:
"Núm. registro: 187205
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XV, abril de 2002
"Tesis: 1a./J. 18/2002
"Página: 280
"INCONFORMIDAD, MATERIA Y LÍMITE DE ESTUDIO. Cuando en el trámite de ejecución de una sentencia concesoria de amparo se promueve la inconformidad, a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, su estudio debe atender de manera circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; de manera que si el efecto protector del amparo se estableció para que la autoridad responsable cumpliera con lo ordenado, es ilegítima la pretensión del quejoso consistente en exigir que, al hacerlo, la autoridad abarcara puntos no especificados en la resolución de amparo, pues al no haber constituido parte de la litis en el juicio de garantías, equivaldría a trastocarla y a dilucidar algo que no se incluyó en la acción constitucional de la que emanó."
Sobre el tema de trato, es pertinente tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, cuyo texto se reproduce enseguida:
"Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija."
Como se observa, con el objeto de examinar si una ejecutoria ha sido cumplida o no, es necesario determinar el derecho fundamental transgredido para saber si la parte quejosa ha sido restituida efectivamente en su goce pleno.
De ese modo, cuando el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la conducta de la autoridad responsable afecta la esfera de derechos del particular; el objeto de la sentencia protectora consistirá en la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.
En el supuesto de que el acto reclamado sea de naturaleza negativa, es decir, derivado de una abstención del ente de gobierno, el fin del fallo que concede el amparo consistirá en obligar a la autoridad responsable a que acate y respete el derecho público subjetivo infringido. Dicho de forma diversa, la concesión del amparo tiene como efecto que la autoridad actúe, obre o proceda con estricto respecto a ese derecho.
Ahora bien, en el supuesto de que el acto reclamado sea una resolución jurisdiccional, la violación de derechos fundamentales puede acontecer en la sustanciación del procedimiento siempre y cuando afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Por otro lado, esa transgresión puede ocurrir en la propia sentencia o laudo reclamados. Lo anterior se advierte de los artículos 107, fracción V, de la Constitución Federal y 158 de la Ley de Amparo.
En ese orden de ideas y conforme a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, el cumplimiento debido de una sentencia que concede la protección por irregularidades procesales de carácter positivo, se traduce en que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia definitiva o laudo señalados como acto reclamado, y reponga el procedimiento a partir del momento en el cual fue cometida la transgresión de derechos fundamentales, dejando sin efectos los actos subsecuentes, pues sólo de esa forma se restituirá a la parte quejosa en el goce pleno de la garantía individual infringida.
En seguimiento al orden de estudio, se destaca que cuando la violación de procedimiento es de naturaleza negativa, el efecto del amparo consistirá en que quede insubsistente la sentencia o laudo reclamados, y la autoridad actúe en el sentido exigido por la garantía vulnerada, reparando de ese modo la violación cometida.
Respecto a las transgresiones acontecidas en el propio laudo o sentencia combatidos, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo depende de la violación en que incurrió el órgano jurisdiccional, es decir, si es de carácter formal o material y, a partir de ello, determinar la manera en que deberán ser reparadas.
Las transgresiones de naturaleza formal se actualizan cuando la sentencia es emitida de manera incompleta, incongruente, o en contra de las reglas esenciales conducentes, esto es, por la omisión de la autoridad de cumplir con todos los requisitos que el orden jurídico exige para determinado tipo de actos. En este supuesto, la reparación constriñe a la autoridad a actuar en el sentido exigido por la norma jurídica aplicable al caso concreto.
Las violaciones materiales en la resolución jurisdiccional son de naturaleza positiva, por surtirse cuando la autoridad impone equivocadamente al quejoso una carga que no le corresponde, ocasionando con ello desequilibrio procesal. En esta hipótesis, para cumplir con el objeto restitutorio de la concesión del amparo, la responsable está obligada a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, esto es, quitar la carga conferida incorrectamente o no impedir el ejercicio del derecho que asiste a la parte quejosa.
Tratándose de amparos en los cuales se deja libertad de jurisdicción, por regla general, al haberse cometido violaciones de naturaleza formal, la protección constitucional sólo tendrá el alcance de subsanar esas irregularidades, pues de esa manera se restituye al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por ese motivo, los aspectos de legalidad de la resolución podrán ser materia del medio de defensa correspondiente, y no en la inconformidad.
En suma, tratándose de juicios de amparo directo en los cuales se haya concedido la protección constitucional por transgresiones cometidas en la sentencia o laudo reclamados, con el objeto de conocer si se ha repuesto a la parte quejosa en el goce pleno del derecho fundamental infringido conforme al principio restitutorio contenido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, se requiere examinar el contenido de la nueva resolución que emita la autoridad en acatamiento al fallo protector, lo que implica, a su vez, la eliminación de la posibilidad de considerar cumplido el objeto restitutorio del amparo con el solo dictado de una nueva resolución que sustituya la declarada inconstitucional.
Sin embargo, el examen del acto jurisdiccional emitido en acatamiento del fallo de amparo se realiza partiendo de la comparación de lo decidido nuevamente por la responsable y los límites establecidos en la ejecutoria, esto es, el análisis se suscribe a verificar si las acciones a cuyo cumplimiento está obligada la autoridad jurisdiccional, tratándose de inconformidades derivadas del juicio de amparo directo, se han efectuado o no.
Dicho de manera distinta, el órgano jurisdiccional que conoce de la inconformidad debe restringir su determinación a la revisión del acto emitido con motivo de la concesión del amparo bajo la perspectiva señalada en la sentencia de amparo, es decir, efectuar un examen comparativo general sobre las conductas adoptadas por la responsable y los lineamientos trazados por el órgano jurisdiccional emisor del fallo protector.
En ese contexto, al resolverse la inconformidad, hay que partir del desechamiento de cualquier tipo de pronunciamiento sobre el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, lo cual implica desdeñar todos aquellos aspectos que puedan llevar a concluir que la responsable, al emitir la nueva determinación jurisdiccional, incurrió en contravención a los ordenamientos legales aplicables al caso concreto, o bien, que su proceder importa exceso o defecto en el acatamiento de la sentencia de amparo, por haber incluido u omitido cuestiones ajenas a la protección de la Justicia Federal; aspectos los tres últimos impugnables en medios de defensa distintos a la inconformidad con características y naturaleza propias, conforme al sistema para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, previsto en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Federal y 95, fracciones II a V, 105, 106, 107 y 108 de la Ley de Amparo.
Por ende, con la finalidad de conocer si una sentencia de amparo se ha cumplido o no, es indispensable comprobar bajo la óptica de un examen básico que todos y cada uno de los efectos marcados en el fallo protector hayan sido observados y, de no ser de ese modo, la inconformidad resultará fundada.
Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que, tratándose de amparo directo, el solo dictado de una nueva resolución puede significar exclusivamente la apariencia de un cumplimiento de la sentencia de amparo, sin que al quejoso se le haya restituido efectivamente en el goce pleno del derecho fundamental transgredido, de ahí que en la inconformidad no se deba examinar únicamente si la sentencia o laudo materia del juicio de amparo fue dejado insubsistente y si se dictó una nueva resolución, sino que además de manera obligada hay que comprobar si la autoridad responsable atendió o no todos y cada uno de los puntos que originaron la protección de la Justicia Federal, sea que a dicha autoridad se le haya vinculado de manera específica o se le confirió libertad de jurisdicción para resolver una vez más la controversia sometida a su consideración.
En conclusión, para el cumplimiento de una sentencia de amparo directo en que se ha otorgado la protección por violaciones cometidas en la secuela del procedimiento o en la sentencia o laudo reclamados, no basta con que la autoridad reponga el procedimiento o los deje insubsistentes y lo sustituya por otros para considerar que esas actuaciones restituyen a la parte quejosa en el goce pleno del derecho fundamental transgredido, sino que para considerar cumplido el fallo protector se requiere realizar un examen completo comparativo general o básico para saber si la forma de reponer el procedimiento o la emisión de la nueva resolución, acatan todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos sustantivos, incluyendo, desde luego, la hipótesis en que se haya dejado libertad de jurisdicción a la responsable, pues en ese caso es posible que el tribunal de amparo haya ordenado la reiteración de ciertos puntos, o bien, definido la manera de decidir sobre algunos aspectos; de ahí que sólo a través de esa clase de estudio podrá advertirse si efectivamente se encuentra alcanzado el efecto restitutorio del amparo, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo; además de no extralimitar la materia de la inconformidad pronunciándose sobre temas de debido, exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, o bien, de repetición del acto reclamado; revisables a través de distintos medios de defensa con características y naturaleza propias, que permiten ese tipo de exámenes.
SEXTO. Para una mejor comprensión del asunto se estima necesario relatar sus antecedentes.
1. **********, por escrito presentado el veinte de marzo de dos mil nueve, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, demandó la nulidad de diversas resoluciones emitidas por el subdelegado en Morelia del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante las cuales se impusieron diversos créditos fiscales.
2. De la referida demanda conoció la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, formándose el expediente **********. Seguido el juicio en sus trámites, el tres de mayo de dos mil diez, la Sala emitió sentencia en la que determinó que la actora no probó los extremos de su pretensión y reconoció la validez de las resoluciones impugnadas.
3. Inconforme con ese fallo, la parte quejosa interpuso juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, por lo que su presidente, por auto de ocho de septiembre de dos mil diez, admitió la demanda y la registró con el número **********.
4. Por auto de veinte de octubre de dos mil diez, el mencionado Tribunal Colegiado ordenó remitir los autos para su resolución al Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Morelia, Michoacán, quien mediante sesión de tres de febrero de dos mil once, determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto de que: "... deje insubsistente la sentencia reclamada, y emita una nueva en la que, sin perjuicio de reiterar lo que no es materia de la concesión, verifique la legalidad o ilegalidad del acto administrativo impugnado, resuelva si la presunción que se deriva de los dictámenes, está desvirtuada, y en caso de ser así, a través de qué medios se destruye la referida presunción, considerando para ello las pruebas que hubieran sido ofrecidas por las partes en el expediente; asimismo, considere al momento de emitir el nuevo fallo que el Instituto Mexicano del Seguro Social, confesó en la contestación de la demanda, que en ningún momento determinó que existía relación laboral".
5. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en los autos del **********, la Sala responsable remitió el oficio 21-1-3-5967/11, de tres de marzo de dos mil once, por el que dejó insubsistente la sentencia de tres de mayo de dos mil diez, así como el diverso oficio 21-1-3-8508/11, al que adjuntó copia certificada de la resolución de uno de abril de dos mil once.
6. Por auto de tres de junio de dos mil once, el Tribunal Colegiado tuvo por cumplida la ejecutoria.
7. Al no estar de acuerdo con la determinación, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad.
SÉPTIMO. Los argumentos formulados por el inconforme en su único agravio resultan inoperantes e infundados, conforme a las consideraciones siguientes:
En el escrito de inconformidad se aduce medularmente que la responsable no cumplió con los lineamientos establecidos en la sentencia concesoria, en atención a que los alcances no eran para que se analizara si existía o no a favor de la parte quejosa la presunción de validez que establece el artículo 170 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, pues el propio Tribunal Colegiado definió que la presunción de validez existe a favor de la parte quejosa.
La recurrente aduce también que el fallo protector fue para el efecto de que la Sala responsable valorara si con las pruebas que obraban en autos del juicio natural se desvirtuó la presunción sobre la validez de los dictámenes formulados por contador público registrado, sin que ello se haya acatado, pues la resolutora determinó que esa presunción era inexistente en el procedimiento fiscalizador.
El inconforme considera que la ejecutoria también se emitió para el efecto de que la Sala responsable valorara la confesión expresa de la demandada en cuanto a que diversos profesionistas no son trabajadores de la parte quejosa; sin embargo, en la nueva sentencia se niega la existencia de la confesión y se sostiene que no existe una relación de trabajo pero que los profesores son sujetos de aseguramiento, por la existencia de una prestación de un servicio personal y remunerado, sin que la responsable tuviera plenitud de jurisdicción para decidir la controversia puesta a su consideración.
Las consideraciones narradas son inoperantes e infundadas, por los motivos que se desarrollan a continuación:
Es oportuno expresar que el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el juicio de amparo directo **********, concedió el amparo a **********, para el efecto siguiente:
"... deje insubsistente la sentencia reclamada, y emita una nueva en la que, sin perjuicio de reiterar lo que no es materia de la concesión, verifique la legalidad o ilegalidad del acto administrativo impugnado, resuelva si la presunción que se deriva de los dictámenes, está desvirtuada y, en caso de ser así, a través de qué medios se destruye la referida presunción, considerando para ello las pruebas que hubieran sido ofrecidas por las partes en el expediente; asimismo, considere al momento de emitir el nuevo fallo que el Instituto Mexicano del Seguro Social, confesó en la contestación de la demanda, que en ningún momento determinó que existía relación laboral."
De la reproducción, se desprende que la concesión del amparo fue por transgresiones formales, pues a entender del Tribunal Colegiado se violó el principio de congruencia externa; por lo cual, se le ordenó a la autoridad responsable dejar insubsistente la sentencia reclamada, y emitiera una nueva en la que, sin perjuicio de reiterar lo que no era materia de la concesión, resolviera si la presunción de validez de los dictámenes emitidos por el contador público registrado fue desvirtuada y, de haber sido así, indicara con qué medios de convicción se hizo; además, la responsable debía tomar en cuenta la confesión emitida al dar contestación a la demanda, en cuanto a que no se determinó que existió relación laboral.
La determinación jurisdiccional se sostuvo, esencialmente, en lo siguiente:
"...
"Como se evidencia de dicha transcripción la Sala responsable se limitó a señalar que la presunción del dictamen quedó desvirtuada en virtud de que:
"a) Los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales se presumen legales, y en la cédula de liquidación de cuotas cuya nulidad se reclama, la autoridad demandada estableció de manera fundada y motivada que la relación laboral quedó demostrada.
"b) Que aun cuando el trabajo de enseñanza se desenvuelve sobre el principio educativo de la libertad de cátedra, tal circunstancia no excluye la relación laboral en esa actividad, porque aquélla no consiste sino en la facultad con que cuenta el profesorado para impa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23416-ea40bf10/inconformidad-contra-la-resolucion-que-tiene-por-cumplida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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