MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 298, INCISO E), FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. ES APLICABLE A TODAS LAS PERSONAS QUE FACILITEN O ENTREGUEN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN DE USO PÚBLICO O PRIVADO, SIN CONTAR CON LA CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 29 DE OCTUBRE DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ, ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y RODRIGO MAURICIO ZERÓN DE QUEVEDO, EJERCIENDO VOTO DE CALIDAD EL MAGISTRADO PRESIDENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41-BIS-2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 42 DEL ACUERDO GENERAL 8/2015 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE CIRCUITO. DISIDENTES: ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO Y JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ. PONENTE: ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JORGE ALBERTO RAMÍREZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia del Pleno de Circuito. El Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 6 y 45, fracción III, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, modificado por su similar 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por la autoridad responsable de los asuntos de los cuales deriva la contradicción de tesis.
TERCERO.—Resoluciones que dan motivo a la contradicción de tesis.
Los datos del primer asunto son los siguientes:
Ver datos 1
Los datos del segundo asunto son los siguientes:
Ver datos 2
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es existente, cuando, al resolver los asuntos que son de su legal competencia adoptan criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia y con independencia de que no exista coincidencia en los aspectos secundarios o accesorios que tomaron en cuenta, ya que si el problema jurídico central es perfectamente identificable, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales a través de la unidad interpretativa del orden jurídico.
Lo anterior, de acuerdo con las tesis de jurisprudencia y aislada P./J. 72/2010(4) y P. XLVII/2009,(5) de rubros siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."
Así, es el tema jurídico discrepante entre los órganos jurisdiccionales y no las cuestiones fácticas semejantes que lo rodean lo que determinan la existencia de la contradicción de tesis, esto es, que se trate de una cuestión de derecho y no de hecho, que goce de generalidad y no de individualidad, de manera tal que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción de tesis se cumplan los objetivos perseguidos con su instauración en el sistema jurídico, pues en caso contrario, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamientos diferentes, que no convergen en el mismo punto de derecho, sino de hecho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente.
Son aplicables a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 2a./J. 163/2011(6) y 1a./J. 78/2002,(7) de rubros siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO BASTA PARA SU EXISTENCIA QUE SE PRESENTEN CRITERIOS ANTAGÓNICOS SOSTENIDOS EN SIMILARES ASUNTOS CON BASE EN DIFERENTES RAZONAMIENTOS, SINO QUE ADEMÁS, AQUÉLLOS DEBEN VERSAR SOBRE CUESTIONES DE DERECHO Y GOZAR DE GENERALIDAD."
De acuerdo con estos criterios, procede verificar la existencia de la contradicción de tesis.
• De la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República en el recurso de revisión RA. 68/2018, se observa lo siguiente:
El juicio de amparo del que derivó dicho recurso se promovió, entre otros actos, en contra de la resolución de doce de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la que se determinó sancionar a una persona moral sobre la consideración de que se había configurado la hipótesis de infracción prevista en el artículo 298, inciso E), fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en relación con los diversos numerales 66, 75, 76, fracción III, inciso a), y 305 del mismo ordenamiento legal, toda vez que dicha sociedad "... estaba prestando servicios de telecomunicaciones en su modalidad de radiocomunicación privada, sin contar con la concesión que lo habilitara para esos fines, mediante el uso de la frecuencia ********** MHz ...".
Lo anterior, pues los verificadores designados constataron, según lo asentado en el acta respectiva, que la persona moral llevó a cabo "... el uso de la frecuencia ********** MHz en la banda VHF para la comunicación entre las áreas internas de la empresa y que la persona con quien se entendió la visita manifestó que no contaba con documento alguno que acreditara el uso y aprovechamiento del espectro eléctrico."
Asimismo, se advierte que dicho Tribunal Colegiado de Circuito examinó la hipótesis normativa establecida en el artículo 298, inciso E), fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, del siguiente contenido:
"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el instituto de conformidad con lo siguiente:
"...
"E) Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que: I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización."
De esta manera, el tribunal interpretó la norma en el sentido de que se componía de dos elementos: la acción "prestar" y el objeto de "servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión"; y que la conducta infractora consistía en la acción de proveer o entregar a un tercero (público en general) los servicios de telecomunicaciones o radiodifusión con fines comerciales, públicos o sociales.
Entonces, el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió que si la autoridad responsable hizo consistir el servicio de telecomunicaciones en la "radiocomunicación privada" y este servicio no implica su prestación a un tercero (público en general), la conducta desplegada por la imputada no encuadraba en la hipótesis normativa establecida en el precepto legal invocado.
• Por su parte, de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República en el recurso de revisión RA. 36/2018, se observa lo siguiente:
El juicio de amparo del que derivó el recurso se promovió en contra de la resolución emitida por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones dentro del expediente **********, en la que se determinó sancionar a una persona moral, al considerar que se había configurado la hipótesis de infracción prevista en el artículo 298, inciso E), fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en relación con los diversos numerales 69, 75, 76, fracción III, inciso a), y 305 del citado ordenamiento, toda vez que dicha compañía "... se encontraba prestando servicios de telecomunicaciones en su modalidad de radiocomunicación privada haciendo uso de la frecuencia ********** MHz, sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente ..."
Lo anterior, pues los verificadores designados constataron, según lo asentado en el acta respectiva, que el visitado señaló que el uso que se les daba a los equipos de radiocomunicación era "... para la comunicación interna del fraccionamiento así como diversas actividades."
Así, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República analizó la misma hipótesis establecida en el artículo 298, inciso E), fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el sentido de que la norma se compone de tres elementos: a) La acción de "prestar"; b) El objeto consistente en "servicios de telecomunicaciones o radiodifusión"; y, c) La condición de "no contar con concesión o autorización", y que el elemento normativo referente al vocablo "prestar" debía entenderse como la acción de facilitar o entregar el servicio público y privado de telecomunicaciones y radiodifusión, y que no había de confundirse con el objeto "servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión", por lo cual, dentro de la hipótesis normativa queda comprendida la acción de facilitar o entregar el servicio público o privado de telecomunicaciones y radiodifusión.
De ahí, el tribunal resolvió que, si la autoridad responsable hizo consistir el servicio de telecomunicaciones en la modalidad de "radiocomunicación privada", entonces la conducta desplegada por la imputada sí encuadraba en la hipótesis normativa establecida en el numeral legal citado porque el hecho por sí mismo conlleva la prestación de un servicio de telecomunicaciones.
De lo anterior se observa que, ambos tribunales se pronunciaron respecto de una resolución en la que una autoridad determinó sancionar a una persona moral con base en el artículo 298, inciso E), fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en relación con los diversos numerales 66, 69, 75, 76, fracción III, inciso a), y 305 de dicho ordenamiento, por considerar que: "se encontraba prestando servicios de telecomunicaciones en su modalidad de radiocomunicación privada", que ambos Tribunales Colegiados de Circuito interpretaron el mismo numeral, y llegaron a conclusiones diferentes respecto del alcance de la conducta sancionada.
En efecto, al interpretar dicho precepto legal, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República concluyó que el vocablo "prestar" implicaba la entrega a un tercero de un servicio público de telecomunicaciones, por lo que el servicio de "radiocomunicación privada", no podía entenderse como una prestación del servicio, ya que no se entrega a un tercero; mientras que de la interpretación que realizó el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, se concluyó que la conducta sancionada consiste en la acción de facilitar o entregar un servicio de telecomunicación o radiodifusión, no únicamente el servicio púbico, y que incluía el servicio privado de telecomunicaciones para satisfacer necesidades de comunicaciones internas o privadas.
No sobra señalar que los casos examinados guardan similitud, ya que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República analizó la conducta desplegada por la empresa quejosa consistente en la comunicación entre sus áreas internas y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, la conducta de la sociedad consistente en la comunicación interna del fraccionamiento, por lo que es claro que la problemática planteada entre los órganos contendientes es lo suficientemente homogénea para poder brindar una solución sobre el mismo tema.
En consecuencia, demostrada la existencia de la contradicción de tesis, el punto de contradicción a dilucidar por este Pleno de Circuito, estriba en determinar los alcances del vocablo prestar a que hace referencia el artículo 298, fracción I, inciso E), de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuando se trata de comunicaciones privadas sin contar con la concesión correspondiente.
QUINTO.—Estudio. Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo.
El artículo 298, inciso E), fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, señala que se sancionará con multa por el equivalente a seis punto cero uno por ciento (6.01%) y hasta el diez por ciento (10%) de sus ingresos, a las personas que presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización, como se lee de su contenido:
"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el instituto de conformidad con lo siguiente:
"...
"E) Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:
"I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización."
Como se observa, la descripción típica de la infracción administrativa prevista en dicho numeral condicionada a no contar con concesión o autorización, consiste en "prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión".
Para entender el significado normativo de esta descripción típica es necesario tener presente, primero, cuál es el alcance de la acepción "prestar" servicios de telecomunicaciones o radiodifusión y, segundo, qué comprende los servicios de telecomunicaciones o radiodifusión.
Sobre la primera cuestión, es importante conocer el significado de la palabra "prestar", toda vez que los tribunales contendientes partieron de su definición para fijar su postura al respecto.
De acuerdo con el diccionario electrónico de la Real Academia Española,(8) la voz "prestar" proviene del latín praestare, que denota:
1. Tr. Entregar algo a alguien para que lo utilice durante algún tiempo y después lo restituya o devuelva.
2. Tr. Ayudar, asistir o contribuir al logro de algo.
3. Tr. Dar o comunicar.
4. Tr. Tener u observar. Prestar atención, paciencia, silencio.
5. Intr. Aprovechar, ser útil o conveniente para la consecución de un intento.
6. Intr. Dar de sí, extendiéndose.
7. Prnl. Ofrecerse, allanarse, avenirse a algo.
8. Prnl. Dar motivo u ocasión para algo. Su actitud se presta a malentendidos.
Como se observa, la Real Academia Española considera a la voz "prestar" como un verbo que permite objeto pero no siempre lo exige: transitivo cuando denota "entregar algo a alguien para que lo utilice durante algún tiempo y después lo restituya o devuelva o ayudar, asistir o contribuir al logro de algo, así como dar o comunicar, tener u observar"; e intransitivo, cuando conlleva la indicación de "aprovechar, ser útil o conveniente para la consecución de un intento, o dar de sí, extendiéndose".
La transitividad(9) empleada en dicho vocablo, es una relación de determinación semántica donde el verbo es el determinado y el complemento directo es el que precisa, orienta o determina la acción verbal. Así, los verbos transitivos son los que necesitan acotación semántica porque su significado es muy amplio, vago o general. Por el contrario, los verbos intransitivos son aquellos que, siendo autosuficientes semánticamente, no necesitan de ninguna determinación o acotación.
Las oraciones transitivas, a diferencia de las intransitivas, se caracterizan por tener como núcleo a un verbo transitivo que debe llevar un complemento directo para completar su significado más allá de que puedan aparecer en la oración otros complementos verbales.
En este orden de ideas, no es exacto lo expuesto por los tribunales contendientes que el vocablo "prestar", de acuerdo con el diccionario electrónico de la Real Academia Española, denote sólo la acción de "Entregar algo a alguien para que lo utilice durante algún tiempo y después lo restituya o devuelva. Ayudar, asistir o contribuir al logro de algo", para concluir que solamente se trata de hacer algo en favor de un tercero, y no de una acción que recaiga sobre sí mismo.
Lo anterior es así, pues como se acaba de ver, de conformidad con la propia Real Academia Española, el vocablo "prestar" también se emplea en expresiones que denoten "aprovechar, ser útil o conveniente para la consecución de un intento, o dar de sí, extendiéndose", por lo que también puede concluirse que se trata de una acción que puede recaer sobre sí mismo, no necesariamente hacia o para con un tercero.
Así, a partir de la definición purista de la palabra "prestar", no puede asumirse que la prestación del servicio de telecomunicaciones y radiodifusión sin autorización o concesión que sanciona la norma en examen, conlleve necesariamente una acción frente a un tercero, o por el contrario, denote sólo una acción por sí mismo.
Entonces, para entender el alcance que deba darse a la locución que "preste servicios de telecomunicaciones y radiodifusión sin contar con concesión o autorización" prevista en la norma en estudio, es viable tener presente como la propia ley de la materia emplea el vocablo "prestar" en tratándose de servicios de telecomunicaciones.
En algunas porciones normativas el legislador hizo referencia a servicios que pueden prestarse, proveerse o proporcionarse a sí mismo, como se advierte de los siguientes preceptos:
"Artículo 267. En lo que respecta al sector de telecomunicaciones el instituto podrá imponer las siguientes medidas al agente económico preponderante:
"...
"X. Ofrecer y proveer los servicios a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en los mismos términos, condiciones y calidad que se ofrece asimismo.
"A tal efecto deberá atender las solicitudes y provisionar los servicios de telecomunicaciones a sus competidores en el mismo tiempo y forma en que lo hace respecto de su operación, bajo el principio el primero en solicitar es el primero en ser atendido. El instituto estará facultado para determinar los mecanismos que aseguren el cumplimiento de esta obligación, incluyendo los tiempos de entrega e instalación;
"...
"Para efectos de este artículo, cuando se haga referencia a los servicios que se presta el agente económico preponderante asimismo o a su operación, se entenderá que incluye aquellos servicios que preste a subsidiarias, filiales, afiliadas o cualquier otra persona que forme parte del agente económico."
"Artículo 269. El instituto podrá imponer al agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones las siguientes obligaciones específicas en materia de desagregación de la red pública de telecomunicaciones local:
"I. Permitir a otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones el acceso de manera desagregada a elementos, infraestructuras de carácter activo y pasivo, servicios, capacidades y funciones de sus redes sobre tarifas individuales no discriminatorias que no excedan de aquellas fijadas por el instituto.
"El acceso deberá otorgarse al menos, en los mismos términos y condiciones que se ofrece asimismo, sus filiales o subsidiarias u otras empresas del mismo grupo de interés económico.
"...
"VI. Permitir el acceso de otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a los recursos esenciales de su red, con base en el modelo de costos que determine el instituto, mismo que deberá promover la competencia efectiva y considerar las mejores prácticas internacionales, las asimetrías naturales de las redes y la participación en el sector de cada concesionario. El agente económico preponderante no podrá imponer a los otros concesionarios de dichas redes públicas términos y condiciones menos favorables que los que se ofrece asimismo, a sus filiales y subsidiarias y a las empresas que formen parte del mismo grupo de interés económico; ..."
"Artículo 275. El instituto verificará de manera trimestral y sancionará el incumplimiento de las medidas y la regulación asimétrica que le hubiese impuesto al agente económico preponderante y, en su caso, determinará la extinción en sus efectos de la totalidad o de algunas de las obligaciones impuestas.
"Para efectos del párrafo anterior, el instituto podrá auxiliarse de un auditor externo, experto e independiente, para llevar a cabo la verificación a que se refiere el presente artículo.
"De ser el caso, previamente a la contratación del auditor externo, el instituto recibirá la opinión de los concesionarios interesados que no tengan el carácter de agentes económicos preponderantes en el sector que corresponda y en el plazo que para tal efecto establezca.
"El instituto o, en su caso, el auditor externo, formularán trimestralmente un informe de cumplimiento de las obligaciones asimétricas, obligaciones de desagregación de elementos de red pública de telecomunicaciones local y del cumplimiento de sus títulos de concesión del agente económico preponderante. Tratándose de servicios de telecomunicaciones, en el reporte trimestral se incluirá un dictamen sobre la integración de precios y tarifas de los servicios que el operador preponderante se proporciona asimismo, a terceros y a consumidores finales.
"Los gastos y honorarios relacionados con el desempeño de las funciones del auditor externo, serán cubiertos por el instituto con los recursos que anualmente se prevean en su presupuesto." (Énfasis añadido)
Estos preceptos transcritos, por citar algunos, evidencian que existen casos en los que el legislador empleó el vocablo "prestar" como algunos de sus sinónimos como "ofrecer" o "proporcionar" para referirse a servicios que se aprovechan por el propio oferente, de lo que se sigue que el empleo de esos conceptos no está limitado a acciones que se realizan a favor de terceros, sino que pueden emplearse cuando se hace referencia a servicios en beneficio propio.
Precisado qué comprende "prestar" servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, procede analizar la segunda cuestión anunciada consistente en dilucidar el alcance del concepto "servicios de telecomunicaciones y radiodifusión" contenido en la norma sujeta a examen.
El artículo 6o, apartado B, fracciones II y III, de la Constitución, señala que las telecomunicaciones y radiodifusión son servicios públicos de interés general, como se demuestra con su contenido:
"Artículo 6o. ...
"...
"B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:
"...
"II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
"III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución."
En relación con lo anterior, el artículo 28 constitucional establece reglas sobre la concesión de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, como se ve de su contenido:
"Artículo 28. ...
"...
"El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
"La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley.
"...
"Corresponde al instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El instituto notificará al secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el instituto continuará los trámites correspondientes. ..."
De acuerdo con la norma constitucional trascrita, el Estado, sujetándose a las leyes, puede en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos, como son los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la vez que establece que las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones pueden ser para uso comercial, público, privado y social.
En la misma línea jurídica, la Ley Federal de Telecomunicaciones señala en su artículo 2 que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general, y que el Estado, al ejercer la rectoría en la materia, garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, pero además autoriza el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y de los recursos orbitales, conforme a las modalidades y requisitos establecidos en la propia ley, como se lee de su contenido:
"Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.
"En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
"El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y para tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
"En todo momento el Estado mantendrá el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico.
"Se podrá permitir el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y de los recursos orbitales, conforme a las modalidades y requisitos establecidos en la presente ley y demás disposiciones aplicables."
En relación con estas reglas, la fracción LXV del artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, señala que por servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión debe entenderse que son aquellos de interés general que prestan los concesionarios al público en general con fines comerciales, públicos o sociales de conformidad con lo ordenado en la propia ley y en la Ley Federal de Competencia Económica, excluyendo a los servicios privados.
Asimismo, las fracciones LIV y LXVIII del mismo precepto definen lo que debe entenderse por radiodifusión, que es la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, i
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28247-6c237cc2/multa-prevista-en-el-articulo-298-inciso-e · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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