COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ACATAMIENTO DE LA ORDEN DE REGISTRO DEL PASIVO CONTINGENTE O LA CONSTITUCIÓN DE UNA RESERVA TÉCNICA ESPECÍFICA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR A CARGO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE SEGUROS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO REGULADA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 408/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y VIGÉSIMO PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; VOTÓ CON RESERVA DE CRITERIO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: SELENE VILLAFUERTE ALEMÁN.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de febrero de dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente,(6) toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios discrepantes.
TERCERO.—Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciados, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
Lo cual se efectuara en atención a que, en primer lugar, la denuncia de contradicción refiere que existen criterios discrepantes entre lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, al fallar los amparos en revisión 40/2018 y 65/2018, y el determinado por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 88/2018.
Para, en segundo lugar, definir la supuesta existencia de la contradicción respecto de los Tribunales Colegiados aludidos.
En virtud de lo anterior, se procede a analizar las consideraciones esbozadas entre los Tribunales Colegiados, al tenor de lo siguiente:
1. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (amparo en revisión 40/2018).
• Por oficio con número SD-MICH/1777/17, de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, el subdelegado estatal en Michoacán de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ordenó a Metlife México, Sociedad Anónima, constituir una reserva técnica por el monto respectivo, correspondiente al reclamo del pago de indemnización efectuado por la tercero interesada.
• En contra de dicho oficio, la empresa referida promovió juicio de amparo indirecto por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el cual le correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular se declaró incompetente por auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, declinándola a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, debido a que en esa ciudad radicaba la autoridad que emitió el oficio reclamado.
• Por proveído de cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo y la admitió registrándola con el número de expediente 907/2017, y previos los trámites legales conducentes el veinte de diciembre de dos mil diecisiete se celebró la audiencia constitucional, siendo el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero el que, en auxilio de las labores del primer órgano jurisdiccional referido, emitió sentencia, la cual se terminó de engrosar hasta el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en donde determinó sobreseer en el juicio de amparo, al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 10, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en atención a que la medida provisional, consistente en la orden de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros correspondiente, para registrar el pasivo contingente que derive de la reclamación del usuario, cuando la institución financiera rechace el arbitraje o no asista a la conciliación, contenido en el artículo 68, fracción X, de la Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros forma parte de un procedimiento, es decir, es un acto intraprocesal, que aún no se ha resuelto y no conlleva una ejecución que sea de imposible reparación que tuviera como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtuviera una resolución favorable, por tanto, sería hasta la resolución del mismo procedimiento cuando la parte agraviada estuviera en aptitud de combatirlo en la vía constitucional.
• Inconforme con la anterior determinación, por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el que le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual lo registró con el número 40/2018, y en sesión de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictó sentencia en donde concluyó revocar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.
a) Vinculado con la actualización de la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, revocó el sobreseimiento dictado al efecto por el juzgado del conocimiento, al tenor de las siguientes consideraciones:
"QUINTO.—Estudio de los agravios. Los agravios a estudio son fundados y suficientes para revocar la sentencia impugnada.
"Así lo son los agravios (4.1 a 4.10) donde la parte recurrente sostiene que el procedimiento de conciliación, regulado en el artículo 68 de la Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros, concluye una vez celebrada la audiencia de conciliación y el dictamen mediante el cual se ordena constituir la reserva técnica, no es parte de ese procedimiento, por lo cual, se afectan derechos sustantivos de imposible reparación.
"Este Tribunal Colegiado de Circuito, para justificar la posición, acude al método temático, conforme al cual se desarrollarán los tópicos jurídicos siguientes: a. El amparo indirecto; b. Acceso a la instancia constitucional denominada amparo; c. Causal de improcedencia del ‘juicio de amparo’, derivada de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; d. Procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; e. Dictamen técnico emitido en términos del artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; f. La naturaleza jurídica de la orden de constitución de la reserva técnica –por ser el motivo del acto reclamado–; y, g. Motivo de lo fundado de los agravios.
"....
"e. Dictamen técnico emitido en términos del artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Por su parte, el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es del contenido siguiente: ‘Artículo 68 Bis.’ (se transcribe)
"Como ya se precisó, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establece un mecanismo de solución de conflictos de naturaleza heterocompositiva, desde luego optativo para las partes, y otorga facultades a la comisión para que dirija tal procedimiento, de acuerdo con las etapas y condiciones previstas en el artículo 68.
"El procedimiento conciliatorio del que conoce la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros inicia a instancia de parte, por la solicitud expresa del usuario de los servicios financieros. En él debe citarse a las partes a una audiencia de conciliación, dentro de los veinte días hábiles siguientes a partir de la fecha en que se reciba la reclamación del usuario, el objetivo de la audiencia es que las partes concilien sus intereses, para ello, el conciliador formulará las propuestas de solución y procurará que la diligencia se desarrolle en forma ordenada y congruente.
"Ahora, debe distinguirse la etapa de conciliación del momento de emisión del dictamen técnico, pues aun cuando la posibilidad de elaborarlo aparece en la fracción VII del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, lo cierto es que no constituye un paso dentro de la conciliación, ya que ésta se agota en la audiencia de ley.
"Efectivamente, la fracción VII dispone que en la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, si no llegan a una conciliación, las invitará a que designen un árbitro, y en caso de que rechacen el arbitraje, se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes, con lo que se da por concluido el procedimiento.
"La misma norma establece, como atribución de la comisión, la de emitir un dictamen técnico, siempre y cuando existan elementos que, a su juicio, permitan suponer la procedencia de lo reclamado. El dictamen técnico que contenga su opinión técnica y jurídica, se entregará al usuario de los servicios financieros, a petición de parte, a efecto de que pueda hacerlo valer ante los tribunales competentes, como prueba de su parte.
"Para que el usuario pueda presentar la solicitud de dictamen, de acuerdo con la norma, debe agotar el procedimiento conciliatorio y la institución financiera debe rechazar el arbitraje que le proponga la comisión.
"De donde se afirma que la emisión del dictamen no forma parte del procedimiento de conciliación; puesto que la posibilidad de emitirlo surge ante la falta de acuerdo conciliatorio y de aceptación de arbitraje. Es un acto independiente, aunque la posibilidad de su emisión surja del resultado del procedimiento de conciliación que establece el artículo 68, pero no es parte del mismo, sino una consecuencia de la falta de acuerdo conciliatorio.
"Corresponde a la comisión determinar, si procede o no, la elaboración del dictamen técnico, a efecto de que, en la eventualidad de que el usuario decida entablar juicio en contra de la institución financiera pueda hacerlo valer ante los tribunales competentes, sin que ello implique, en términos de la ley, que el dictamen determine, de antemano, el sentido condenatorio de la sentencia, pues al ser una mera opinión técnica calificada, no obliga al Juez, quien puede atenderlo o no, según los argumentos y pruebas que ofrezcan las partes. De ahí que tiene carácter de prueba preconstituida, sujeta a las reglas de valoración que le son propias y que, por ello, puede ser contradicha.
"...
"El dictamen únicamente se emitirá cuando, a juicio de la comisión, existan en el expediente elementos suficientes que permitan suponer la procedencia de lo reclamado.
"f. La naturaleza jurídica de la orden de constitución de la reserva técnica –por ser el motivo del acto reclamado–.
"Como ya se precisó, el procedimiento de conciliación concluye una vez celebrada la audiencia de conciliación, ya sea por convenio, por arbitraje, o por acuerdo emitido por la Comisión Nacional en el que deja a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía que proceda.
"Así, una vez concluido el procedimiento de conciliación sin que las partes lleguen a un acuerdo, en el caso de instituciones y sociedades mutualistas de seguros, la Comisión Nacional ordenará se constituya una reserva técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir, cuyo monto no excederá de la suma asegurada.
"Una vez que la Comisión Nacional determina la procedencia de la emisión del dictamen técnico, es cuando ordenará de forma obligatoria a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros que realicen la constitución del pasivo contingente de forma obligatoria –en términos del artículo 68, fracción X, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros–.
"El derecho jurisprudencial interno ha considerado que la constitución e inversión de la reserva técnica es para garantizar el cumplimiento de obligaciones que con motivo de las reclamaciones de los asegurados, se encuentren pendientes de resolver; por ende, su naturaleza era una medida de previsión, establecida por el legislador para garantizar, en caso de reclamación, el pago de las obligaciones contraídas, pactadas y generadas a cargo de las aseguradoras derivadas de un contrato de seguro; siendo que era de carácter temporal y provisional, porque subsistía mientras se resolvía en definitiva un conflicto suscitado entre asegurado y aseguradora.
"...
"En resumen, se debe considerar que la orden del registro del pasivo contingente o la constitución de una reserva técnica es una medida precautoria provisional porque:
"Medida de previsión. La reserva técnica se constituye para garantizar el cumplimiento de obligaciones que con motivo de las reclamaciones de los asegurados, se encuentren pendientes de resolver; en tanto, el registro del pasivo contingente se constituye para el aseguramiento en el cumplimiento de la eventual obligación por parte de la empresa aseguradora de fondos, a favor del usuario.
"La medida es de carácter temporal y provisional. Esto es así, en razón de que subsiste hasta en tanto se resuelva en definitiva el conflicto suscitado entre asegurado y aseguradora, o entre la institución financiera y el usuario; es decir, solamente tiene el efecto de garantizar el pago que se reclama mientras transcurre el periodo de ciento ochenta días de que dispone el usuario después de su anotación, para hacer valer sus derechos ante la autoridad judicial competente o, en su caso, mientras se resuelve sobre la procedencia de la reclamación en el procedimiento respectivo.
"g. Motivo de lo fundado de los agravios.
"En el caso concreto, se tiene que la parte aquí recurrente señaló, como acto reclamado, al oficio SD-MICH/1777/17, de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete –en el que se ordenó a la quejosa la constitución de una reserva técnica para garantizar obligaciones pendientes de cumplir derivado del expediente 2017/160/4572–, signado por el subdelegado estatal en Michoacán de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
"Por su parte, la Jueza Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero –en auxilio del Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán–, consideró que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que:
"• El acto reclamado fue emitido dentro de un procedimiento administrativo.
"• No se actualizaban las excepciones del principio de definitividad previstas en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo –el quejoso tenga carácter de persona extraña, el acto reclamado tenga una ejecución irreparable, o el acto reclamado trasgreda derechos sustantivos–.
"• El acto reclamado es un acto intraprocesal al formar parte de un procedimiento seguido en forma de juicio que aún no se ha resuelto en definitiva, y será hasta la resolución de éste, cuando la parte agraviada esté en aptitud de combatir en la vía constitucional.
"En efecto, el acto reclamado se trata de una medida provisional –o también denominada cautelar, como así lo ha considerado la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, porque es un acto de autoridad que se adopta en el marco de un procedimiento o proceso, de forma provisional y hasta que se dicte resolución, con la finalidad de que la resolución pueda ejecutarse y que el simple paso del tiempo no sea un obstáculo.
"Sin embargo, la medida provisional reclamada –contenida en el oficio SD-MICH/1777/17, de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete–, no es parte del procedimiento de conciliación regulado en el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
"Esto es así porque, si bien esa medida cautelar subsiste mientras transcurre el periodo de ciento ochenta días de que dispone el usuario después de su anotación, para hacer valer sus derechos ante la autoridad judicial competente o, en su caso, mientras se resuelve sobre la procedencia de la reclamación en el procedimiento respectivo.
"Pero, el proceso judicial –sin que se aplique aquí el procedimiento arbitral al estar en (sic) supuesto de la negativa de las partes a no someterse a él–, a que se hace referencia el artículo 68, fracciones VII, párrafos tercero y quinto, y X, párrafo tercero, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para hacer valer los derechos, es de los regulados en el Código de Comercio, pues la acción que se hace valer es la derivada del contenido del título ejecutivo en que se convierte el dictamen técnico que emite la Comisión Nacional, y del cual, a su vez, deriva la orden obligatoria de registrar el pasivo contingente o la constitución de la reserva técnica –artículo 68, fracción X, párrafo último, y 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros–.
"De ahí que la medida cautelar que emite la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros no es parte del procedimiento administrativo de conciliación –como inicio de la acción ejecutiva en los términos del Código de Comercio.
"Máxime que el ejercicio de la atribución –imposición de multas– de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros derivada de los artículos 93 y 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es de las consideradas como autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que es un organismo público descentralizado que forma parte del Estado. Constituye una entidad pública creada por una ley que la dotó de personalidad y le atribuyó la satisfacción de un servicio público descentralizado, sin que el hecho de que se le otorgue autonomía autorice a considerarla como un ente ajeno al Estado, cuyos actos escapen al orden legal.
"La comisión, además, presta servicios públicos y aplica recursos públicos para fines de asistencia social. Como organismo descentralizado puede ejercer actos de autoridad de naturaleza no sólo análoga, sino idéntica a la que ejercen los órganos de la Administración Pública, pues son verdaderos desdoblamientos del Estado que gozan de las mismas características de éste. "Incluso, el apercibimiento es específico al establecer la sanción y se pormenorizan los elementos de la que corresponde a la conducta que se atribuye a la persona, lo cual constituye un acto de molestia dentro de su esfera jurídica y que debe existir un recurso idóneo para analizar su legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Luego, si en el caso sólo procede la acción ejecutiva ante los tribunales del Poder Judicial, se tiene que en ese proceso no es dable analizar la medida cautelar emitida por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
"En consecuencia, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no es parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. De ahí lo fundado del agravio planteado por la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al estudio de las diversas causales de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable y que no fueron analizadas en la sentencia impugnada.
"Por lo anterior, no es aplicable para sostener la existencia de la causal de improcedencia, la jurisprudencia de la Primera Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA ORDEN DE REGISTRO DEL PASIVO CONTINGENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO Y, POR TANTO, NO REQUIERE DE AUDIENCIA PREVIA.’
"Esto es así, en razón de que ese criterio no establece que la orden del pasivo contingente sea parte del procedimiento de conciliación regulado en el artículo 68, fracción X, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, sino sólo que esa orden es de naturaleza provisional y no constituye un fin por sí solo, sino que forma parte de un procedimiento; pero, el procedimiento –como ya se consideró– no corresponde al procedimiento de conciliación, el cual termina con la celebración de la audiencia de conciliación, sino es un medida dictada antes del inicio del ejercicio de la acción ejecutiva mercantil.
"Motivo por el cual, esa medida corresponde al proceso regulado en términos del Código de Comercio, aun cuando no se haya iniciado el mismo ni se haya dictado por la autoridad judicial competente para tramitar y resolver la controversia.
"Sin que este Tribunal Colegiado de Circuito comparta el criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la sentencia de uno de febrero de dos mil dieciocho, que resolvió el amparo en revisión administrativo 486/2017, quien consideró que la orden del pasivo contingente es parte del procedimiento de conciliación que no es definitivo y, por consecuencia, es improcedente el juicio de amparo indirecto.
Motivo por el cual, por seguridad jurídica de las personas justiciables se ordena denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ..." [énfasis añadido]
b) En relación con el estudio del resto de las causales de improcedencia hechas valer y no analizadas por el juzgador, cobra relevancia lo expuesto por el Tribunal Colegiado correlacionado con la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, causal que contiene el supuesto de improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, en donde, en la parte considerativa, se sostuvo lo siguiente:
"SEXTO.—En términos del artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las causales de improcedencia invocadas y no estudiadas en la sentencia impugnada.
"...
"6.2. De igual forma, es infundada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa había consentido expresamente el acto reclamado al haber cumplido con la constitución de la reserva técnica ordenada.
"Este Tribunal Colegiado de Circuito funda y motiva su determinación con base en el desarrollo de los temas jurídicos siguientes: a. La causal de improcedencia del consentimiento expreso; y, b. Razón de la no actualización de la casual de improcedencia consistente en el consentimiento expreso.
"a. Causal de improcedencia del consentimiento expreso.
"....
"b. Razón de la no actualización de la casual de improcedencia, consistente en el consentimiento expreso.
"La autoridad responsable señaló que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa había consentido expresamente el acto reclamado, al haber cumplido con la constitución de la reserva técnica ordenada.
"En efecto, dentro del juicio de amparo indirecto, la autoridad responsable acreditó que la parte quejosa Metlife México, Sociedad Anónima, realizó la reserva técnica ordenada mediante el oficio número SD-MICH/1777/17, y se tuvo por constituida en resolución de diecinueve de septiembre de dos mil siete.
"En efecto, para que la persona esté en condiciones de acudir al juicio constitucional con la finalidad de que se analice la constitucionalidad de un acto de autoridad –ya sea una norma o un acto–, resulta indispensable que se demuestre la existencia de un agravio –ya desde el punto de vista jurídico ya desde el punto de vista del interés legítimo–.
"En tratándose de actos administrativos, la afectación al interés jurídico se acredita con la existencia de un acto concreto dirigido a la persona que impacta en su esfera jurídica, el cual puede materializarse de diversas maneras, siendo una de ellas el cumplimiento de la obligación ahí impuesta.
"De tal manera que, si se realiza la conducta ahí ordenada por voluntad propia de la persona a la cual va dirigida, que en el caso lo es el efectuar espontáneamente la constitución de la reserva técnica, dicho particular podrá promover el juicio constitucional dentro del plazo de quince días posteriores a la notificación del acto que le ordenó su cumplimiento, ya que la realización de la conducta significa que no hay consentimiento del acto, en la medida en que la demanda de amparo se presenta en forma oportuna, y la presentación de este escrito determina su reclamación inmediata por la persona afectada, y quien a través de la constitución de la reserva técnica simplemente trata de evitar la probable actualización de causas de incumplimiento, así como la posible imposición de una multa.
"Por tanto, no existe el consentimiento del acto reclamado, ya que la parte quejosa cumplió con la orden contenida en la resolución –de orden de constitución de reserva técnica– contenida en el oficio SD MICH/1777/17, de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete realizando la constitución de reserva técnica, y sería difícil distinguir entre las instituciones financieras que realizan la constitución de la reserva técnica consintiendo el contenido de la orden de autoridad, de aquellos que sólo intentan cumplir dentro del plazo otorgado, con la finalidad de que no les sean aplicadas las sanciones por el incumplimiento de la reserva técnica que el caso era la imposición de las multas previstas en los artículo 93 y 94, fracción VI, incisos a) y b), respectivamente, de la Ley de Protección y Defensa al Usuarios de Servicios Financieros.
"De ahí que, el cumplimiento a la orden de autoridad de constituir una reserva técnica –bajo pena de imposición de una multa– realizada por una institución financiera dentro del plazo otorgado, no implica una inexorable sumisión que torne improcedente el juicio constitucional, ya que realizar ese actuar la institución financiera sólo acepta cumplir oportunamente esa orden, porque pesa sobre ella la amenaza de una multa por incumplimiento, de manera que ésta actúa para evitar sanciones, pero no por voluntad propia. Consecuentemente, en ese supuesto, no se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo.
"Sin que este Tribunal Colegiado de Circuito comparta el criterio del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho, que resolvió el amparo en revisión administrativo 88/2018, quien consideró que si la promovente del amparo constituyó la reserva técnica, en los términos previstos en el artículo 68, fracción X, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a fin de asegurar el cumplimiento de la eventual obligación a su cargo en favor de la usuaria, para garantizar el pago que ésta le demanda, es evidente que consintió la orden contenida en el oficio cuestionado.
"Motivo por el cual, por seguridad jurídica de las personas justiciables, se ordena denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (énfasis añadido)
Asimismo, es relevante señalar que el aludido Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito invocó idénticas consideraciones, al fallar el diverso amparo en revisión 65/2018, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por lo cual se valora innecesario volver a invocar los razonamientos expuestos al efecto por dicho órgano jurisdiccional vinculado con las causales de improcedencia bajo estudio, siendo pertinente indicar que el aludido criterio emanó también del recurso de revisión en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en donde el acto reclamado consistía en la emisión del oficio SD-MICH/1779/17, de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual el subdelegado estatal en Michoacán de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ordenó a la empresa Metlife México, Sociedad Anónima, constituir una reserva técnica por el monto respectivo, que correspondían al reclamo del pago de indemnización efectuado por la parte tercero interesada.
2. Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparo en revisión 88/2018).
• Por oficio número SD
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28403-317b39c5/comision-nacional-para-la-proteccion-y-defensa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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