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Modo: Corpus Pro

HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 398/2017. · Registro digital (IUS): 28444
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENT
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Pág. 1225.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 398/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 20 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de un Circuito que no tiene Pleno, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

No pasa inadvertido para esta Primera Sala, que si bien el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, no pertenece propiamente al Vigésimo Octavo Circuito, lo cierto es que éste dictó la resolución que aquí contiende en auxilio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito.

Al respecto, esta Suprema Corte ha determinado que los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo.

En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal no establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción.

Es aplicable, por las razones que informa, la tesis de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio se comparte, de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(4)

De allí que, si el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, auxilió al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, y no existe Pleno en el Vigésimo Circuito, entonces la presente contradicción es competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, el cual es uno de los órganos entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien conoció del amparo en revisión 10/2013, y del cual se advierten los siguientes antecedentes:

Juicio ordinario civil. Guadalupe Julia Corona Cano, promovió juicio de usucapión en contra de Antonio Corona o Antonio Corona González, Francisca Cano de la Luz o Francisca Cano de Corona o Francisca Cano o Ma. Francisca Cano, a través de su albacea definitivo Lorenzo Gerardo Corona Cano, así como contra quien o quienes se crean con derecho respecto de una fracción del predio denominado **********.

Del asunto conoció el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Villa Vicente Guerrero, Tlaxcala, con el número de expediente **********.

Es menester señalar que, Lorenzo Gerardo Corona Cano, en su carácter de albacea definitivo, fue emplazado personalmente mediante comparecencia; sin embargo, ninguna de las personas señaladas como demandados dio contestación, por lo cual mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil once, se les tuvo por contestada la demanda en sentido negativo.

Una vez sustanciado el juicio, el nueve de junio de dos mil once, el Juez dictó sentencia en la que determinó que la actora adquirió por usucapión el predio en litis. Por auto de ocho de agosto de dos mil once, se declaró que la sentencia había causado ejecutoria, y se ordenó el cumplimiento.

Juicio de amparo indirecto. Cástula Dolores Corona Cano promovió juicio de amparo en contra de la falta de emplazamiento al juicio mencionado, así como de todo lo actuado en el mismo.

Del juicio conoció el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, bajo el número **********, y lo revolvió el veintiséis de noviembre de dos mil doce en el sentido de sobreseer.

Recurso de revisión. En contra dicha resolución, la quejosa intentó recurso de revisión del cual conoció el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, bajo el número 10/2013, en el que, por sentencia dictada el tres de mayo de dos mil trece, determinó modificar la sentencia recurrida, por una parte negar el amparo y, por otra, concederlo. Lo anterior, en lo que interesa para esta contradicción, por los siguientes argumentos:

• Previo al tema que nos ocupa, el Tribunal Colegiado abordó dos cuestiones: i) una violación procesal; y, ii) determinó que, contrario a lo aducido, la quejosa no cuenta con el carácter de heredera en el juicio sucesorio de su madre Francisca Cano de la Luz, ni tampoco le fue reconocida la calidad de albacea.

• Por otra parte, para levantar parte del indicado sobreseimiento en cuanto a falta de legitimación de la quejosa, estudió el agravio en el cual se hizo valer que el Juez de Distrito omitió tomar en consideración que también solicitó amparo como heredera dentro de la sucesión de su padre –Antonio Corona González o Antonio Corona–, carácter que tuvo reconocido dentro del expediente 547/2007.

• Así, tal argumento resultó fundado, pues en la sentencia de amparo no se mencionó que la quejosa también promovió amparo como heredera de la sucesión a bienes de sus padres dentro del expediente **********, no obstante que de la lectura integral de la demanda de garantías, sí realizó ese señalamiento.

• Aunado a que, para demostrar tal carácter, ofreció copia certificada del expediente **********, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Corona González o Antonio Corona y Francisca Cano o Francisca Cano de la Luz o María Francisca Cano o Ma. Francisca Cano.

• De las cuales desprendió que la quejosa, en la resolución de la segunda junta de herederos fue declarada heredera de la sucesión a bienes de Antonio Corona González; asimismo, que se nombró albacea definitivo de dicha sucesión a Lorenzo Gerardo Corona Cano.

• Por tanto, reasumió jurisdicción para subsanar la aludida omisión.

• Para sustentar su resolución, transcribió los artículos 2600, 2603, 2991 y 3006 del Código Civil del Estado de Tlaxcala; así como el artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala.

• En lo que interesa, del precepto adjetivo resaltó que los herederos pueden ejercer las acciones reales o personales que correspondan a la masa hereditaria; sin embargo, para que eso sea posible, se requiere que no se haya nombrado el interventor o el albacea de la sucesión, o que éstos hayan sido requeridos por los herederos o legatarios, y se rehúsen a hacerlo.

• Después, refirió que en el caso concreto, el demandado Lorenzo Gerardo Corona Cano, en su carácter de albacea definitivo de Antonio Corona y/o Antonio Corona González y Francisca Cano de la Luz o Francisca Cano de Corona o Francisca Cano o Ma. Francisca Cano, fue emplazado en forma personal mediante diligencia de diez de noviembre de dos mil diez, en la cual se le exhortó para que:

"... en el término legal de diez días hábiles conteste la demanda y señale domicilio para sus notificaciones personales y le apercibo que en caso de no hacerlo se le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le notificará por estrados."

• En relación con ello, de autos desprendió que dicho albacea no produjo contestación y, como consecuencia, por auto de veintiocho de marzo de dos mil once, se le tuvo por contestada la demanda en sentido negativo.

• Así las cosas, si Lorenzo Gerardo Corona Cano, en su carácter de albacea no compareció en defensa de la sucesión al juicio de usucapión, no obstante que fue emplazado en forma personal y fue enterado de la sanción a que sería acreedor en caso de no comparecer; ello perjudicó a la quejosa dada su calidad de heredera.

• Ello, porque todo lo actuado en el procedimiento de origen afecta a la heredera quejosa, pues, son los herederos quienes en última instancia, resienten las consecuencias de esa omisión, dado que ya son copropietarios y poseedores de los bienes.

• Aunado a que, al albacea no le es permitido gravar o hipotecar los bienes de la herencia sin el consentimiento de los herederos; es decir, que no se les debe permitir realizar actos que vayan en perjuicio de la masa hereditaria.

• De ahí que, en el caso en particular también pueda representar un perjuicio para los herederos, la omisión del albacea en dar contestación a una demanda que versa sobre la propiedad de un inmueble que forma parte de la herencia.

• Así, si bien es cierto que, por regla general la defensa de la sucesión corresponde al albacea –no a los herederos–, también lo es que, en los casos como el analizado, en que el albacea no contestó la demanda con el fin de defender un predio que pertenece a la herencia, puede operar como excepción que los herederos puedan acudir a través del juicio de amparo en defensa de la masa hereditaria, si como sucede el albacea general se rehusó o se abstuvo de contestar la demanda.

• Lo anterior fue apoyado con la jurisprudencias de la Primera Sala de esta Suprema Corte, de rubros siguientes: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO ESTÁ EN FUNCIONES EL INTERVENTOR O EL ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."(5) y "ALBACEAS. CARECEN DE FACULTADES PARA ALLANARSE A LAS DEMANDAS INSTAURADAS EN CONTRA DE LA SUCESIÓN SIN LA ANUENCIA DE LOS HEREDEROS (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL)."(6)

• Por todo lo anterior, resolvió que la quejosa sí estuvo legitimada para promover juicio de amparo en su calidad de heredera reconocida y, por ende, con interés jurídico para defender el inmueble materia del juicio de usucapión; por tanto, el Tribunal Colegiado estudió los conceptos de violación planteados por la quejosa.

II. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región, quien conoció del amparo en revisión 681/2017, del que se desprenden los antecedentes siguientes:

Juicio ordinario civil. Amalia Cocoletzi Mendoza, promovió juicio de usucapión en contra de Lucía Cocoletzi Mendoza, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de Eladio Cocoletzi Cuatecontzi y Eva Mendoza Trejo, así como de todos aquellos que se creyeran con derecho al bien inmueble denominado Mendeztla, ubicado en el Estado de Tlaxcala.

Del asunto conoció el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe Cuauhtémoc, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, bajo el número de expediente *********.

Previo emplazamiento a los demandados, por auto de veintinueve de junio de dos mil quince, se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo, en virtud de la incomparecencia de persona alguna a deducir sus derechos.

Seguidos los trámites legales correspondientes, el uno de septiembre de dos mil quince, el Juez de origen dictó sentencia en la que declaró probada la acción ejercida, misma que causó ejecutoria el veintitrés de octubre siguiente.

Juicio de amparo indirecto. Leonardo Cocoletzi Mendoza, en su carácter de heredero de la sucesión legítima a bienes de Eladio Cocoletzi Cuatecontzi o Eladio Cuatecontzi o Eladio Cocoletzi C. o Elodio Cocoletzi Cuatecontzi o Heladio Cocoletzi Cuatecontzi o Heladio Cocoletzi C. y Eva Mendoza Trejo o Eva Mendoza o María Eva Mendoza Trejo, promovió juicio de amparo en contra de todo lo actuado en dos juicios,(7) así como las ejecuciones derivadas de éstos; sin embargo, previa prevención, también reclamó la falta de emplazamiento a los juicios.

El siete de abril de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

Recurso de revisión. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión del cual conoció el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, bajo el número 202/2017; sin embargo, en apoyo a éste, el asunto fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, quien mediante sentencia dictada el tres de mayo de dos mil trece, determinó confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo. Lo anterior, en lo que interesa para esta contradicción, por los siguientes argumentos:

• Precisó que no se estudiarían los agravios, pues en el juicio se debe sobreseer, y si bien ello fue resuelto por el Juez de Distrito, ahora apoya su determinación con base a diferentes argumentos.

• Se tuvo por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

• Para acreditar lo anterior, trajo a colación los antecedentes del asunto, recalcando que el recurrente acudió al juicio de amparo como heredero de las sucesiones intestamentarias a bienes de Eladio Cocoletzi Cuatecontzi o Eladio Cuatecontzi o Eladio Cocoletzi C. o Elodio Cocoletzi Cuatecontzi o Heladio Cocoletzi Cuatecontzi o Heladio Cocoletzi C. y Eva Mendoza Trejo o Eva Mendoza o María Eva Mendoza Trejo, y reclamó la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el expediente 135/2015.

• Después, transcribió el artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, y los preceptos 70, fracción XIX, 2600, 2988, 2989, 2991, fracciones VIII y X, y 3065 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala.

• Con base en tales preceptos concluyó que, el único que podía acudir al juicio de amparo y reclamar falta de emplazamiento al juicio natural, era el albacea definitivo de las sucesiones intestamentarias, ya que así lo prevé la norma.

• Así, si el recurrente sólo tuvo reconocida la calidad de heredero dentro de los juicios universales, y no existe norma que lo autorice a acudir directamente al juicio de amparo con objeto de defender un derecho de propiedad o posesión, que, por el momento se encuentra indeterminado, pues como él mismo lo reconoció en su demanda de amparo, aún no se ha llevado a cabo la partición en tal juicio.

• Asimismo, estableció que el quejoso recurrente careció de interés jurídico o legítimo para acudir al amparo, pues su intención fue impugnar actos de naturaleza jurisdiccional, que afectan a la masa hereditaria lo cual –por ley– sólo pueden ser defendidos por el albacea de la sucesión y no por un heredero en lo individual. Aunado a que, en los juicios sucesorios sólo se le reconoció el carácter de heredero, no existe norma que lo autorice a acudir directamente al juicio de amparo con objeto de defender un derecho de propiedad o posesión que, por el momento se encuentra indeterminado, pues aún no se ha llevado a cabo la partición en tal juicio.

• Por tanto, se actualizó la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

• Por otra parte, contestó las manifestaciones rendidas ante la vista dada al recurrente con la causal de sobreseimiento.

• Así, determinó que los argumentos de la recurrente aunque son parcialmente ciertos, carecen de sustento jurídico.

• Para apoyar su decisión, transcribió parte de la sentencia de la contradicción de tesis 65/2004-PS, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte; ello, para dirimir si en el caso resultaba aplicable el criterio emitido.

• Así, concluyó que si bien en aquélla se analizó el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, cuyo texto es un poco variante al artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala; lo cierto era que en ambos artículos prevalece la circunstancia de que cuando exista interventor o albacea nombrados y estén en funciones, los herederos sólo pueden ejercitar las acciones que afecten a la herencia, después de que los hubieran requeridos para hacerlo y aquéllos se hubieran rehusado.

• Así, en la ejecutoria en comento, contrario a lo que aduce el quejoso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ningún momento sostuvo que los herederos podían ejercitar las acciones que fueran necesarias –lo que incluye el juicio de amparo–, con objeto de defender a la masa hereditaria, cuando el interventor o albacea que se hubieran nombrado y estén en funciones, incurran en descuido en su encomienda; sino que sólo estableció que los herederos pueden ejercitar esas acciones, cuando el interventor o el albacea que se hubiera nombrado y esté en funciones, se rehúse o descuide deducir esas acciones, después de haber sido requerido judicial o notarialmente para hacerlo. Por tanto, en nada le beneficia dicha ejecutoria ni su jurisprudencia.

• También determinó que no resultaba aplicable al caso la jurisprudencia, de rubro siguiente: "ALBACEAS. CARECEN DE FACULTADES PARA ALLANARSE A LAS DEMANDAS INSTAURADAS EN CONTRA DE LA SUCESIÓN SIN LA ANUENCIA DE LOS HEREDEROS (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL).".(8) La inaplicabilidad atendió a que, en el caso, no hubo allanamiento de la albacea, sino que sólo no contestó a la demanda ni ofreció pruebas en el juicio de usucapión, lo cual constituye un supuesto diferente.

• En otro tema resolvió que, contrario a lo aducido por el recurrente, no era aplicable el criterio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 10/2013. Para apoyar su decisión, transcribió parte de tal ejecutoria.

• Así, consideró que en tal sentencia no fue analizada correctamente la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia, de rubro: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO ESTÁ EN FUNCIONES EL INTERVENTOR O EL ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", pues conforme a lo explicado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ningún momento determinó que los herederos podían ejercitar las acciones tendentes a defender la masa hereditaria, cuando el interventor o albacea nombrados que se hubieran nombrado y estén en funciones, no lo hubieran hecho, sino que sólo estableció que los herederos pueden ejercitar esas acciones, cuando el interventor o el albacea que esté en funciones, se rehúse o descuiden deducir esas acciones, después de haber sido requerido judicial o notarialmente para hacerlo.

• Por lo anterior, y con base en el artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, concluyó que los herederos sólo pueden ejercitar las acciones que afecten a la masa hereditaria, cuando el interventor o albacea que esté en funciones, se rehúsen a hacerlo, después de que fueron excitados por aquéllos para esos efectos.

• Así las cosas, como en el caso no se demostró que se actualizara ese supuesto, entonces se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo cual conduce a confirmar la sentencia recurrida.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo con base en argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión; asimismo, deberá existir una discrepancia entre dichos ejercicios interpretativos, pues lo que determina la existencia de una contradicción es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central; y por último, dicha discrepancia deberá dar lugar a la formulación de una pregunta genuina respecto de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Así lo determinó la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(9)

Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal ha determinado que una contradicción de tesis es existente independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.

Lo anterior, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional. De conformidad con la tesis jurisprudencial, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(10)

De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación.

En otras palabras, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:(11)

1. Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

En atención a dichos criterios, esta Primera Sala considera que en el caso sí se actualiza la contradicción de tesis, como se explicará a continuación:

Los dos primeros requisitos se cumplen en tanto que en ambos casos los tribunales contendientes se vieron en la necesidad de analizar la problemática relativa a si un heredero se encuentra legitimado para acudir al juicio de amparo a defender la masa hereditaria cuando el albacea se rehusó a dar contestación a una demanda en un juicio sucesorio.

La discrepancia de criterios se suscita entre el que sostuvo el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 10/2013; frente al emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región, al resolver el amparo en revisión 681/2017, pues de la lectura de sus ejecutorias, es claro que ambos Colegiados se pronunciaron sobre el mismo punto de derecho, llegando a conclusiones disímiles.

En efecto, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito analizó un asunto en el que una persona en su carácter de albacea no compareció en defensa de la sucesión al juicio de usucapión, no obstante que fue emplazado en forma personal y fue enterado de la sanción a que sería acreedor en caso de no comparecer, con lo cual perjudicó a la parte quejosa dada su calidad de heredera. Ante tal situación, resolvió que si bien es cierto que, por regla general la defensa de la sucesión corresponde al albacea –no a los herederos–, también es cierto que, en los casos como el comentado, en que el albacea no contestó la demanda con el fin de defender un predio que pertenece a la herencia, puede operar como excepción que los herederos puedan acudir a través del juicio de amparo en defensa de la masa hereditaria, si como sucede el albacea general se rehusó o se abstuvo de contestar la demanda.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en un asunto igual al resuelto por el Tribunal del Vigésimo Octavo Circuito, determinó que un heredero no cuenta con legitimación para acudir al juicio de amparo en defensa de la masa hereditaria, pues por ley sólo puede defenderla el albacea. Así, para que un heredero cuente con tal legitimación, debe requerir previamente al albacea para que defienda los intereses de la masa hereditaria, y éste se rehúse a hacerlo.

De esa manera, se advierte que ambos Colegiados interpretaron el artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que establece la legitimación para defender un derecho derivado de una herencia o legado; llegando a soluciones encontradas.

Así, por un lado el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito consideró que, cuando el albacea ha sido emplazado y se rehúsa a contestar, un heredero –excepcionalmente– tendrá legitimación para promover juicio de amparo a fin de defender la masa hereditaria; en cambio el Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región estimó que, previo a la promoción del juicio constitucional, el heredero debe requerir al albacea para que defienda la masa hereditaria y que éste se haya rehusado.

En virtud de lo anterior, se considera que también se actualiza el tercer requisito, en torno "a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente e relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible"; pues en el caso se considera oportuno, en aras de la seguridad jurídica de los gobernados, clarificar si es requisito ineludible que un heredero requiera al albacea nombrado para que dé contestación a una demanda cuando éste se rehusó, previamente a que aquél acuda al juicio de amparo en defensa de la masa hereditaria, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala.

En esos términos esta Primera Sala considera que sí existe la contradicción de tesis y, por tanto, procederá al estudio de fondo.

QUINTO.—Estudio de fondo. Debe prevalecer, con c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28444-bacd069d/herederos-estan-legitimados-para-promover-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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