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Modo: Corpus Pro

ALBACEA. LA LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LOS DEBERES Y LAS RESPONSABILIDADES PROPIOS DEL CARGO, ASÍ COMO LA FACULTAD PARA OTORGAR PODERES, ESTÁN CONDICIONADAS A LA PREVIA ACEPTACIÓN EXPRESA DE QUIEN FUE DESIGNADO COMO TAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, MORELOS Y JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2014. · Registro digital (IUS): 26320
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCT
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Pág. 861.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y LA OTRORA TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 7 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, que es la especialidad de la Primera Sala.(1)

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que fue formulada por el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene legitimación para realizar la presente denuncia.

TERCERO.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, a fin de determinar la existencia de la contradicción de tesis, resulta necesario cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre, al menos, un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(2)

De igual manera, este Alto Tribunal ha señalado que para la existencia de una contradicción de tesis no es necesario que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, ya que esa cuestión no impide que este Alto Tribunal realice el análisis respectivo y determine, en su caso, el criterio que deba prevalecer.

Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(3) así como la jurisprudencia 1a./J. 129/2004, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA."(4)

Establecido lo anterior, esta Primera Sala estima que los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. En ese sentido, esta Sala estima necesario realizar una síntesis de las especificidades de los asuntos y de las consideraciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones.

El Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito (actual Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito), al resolver el amparo directo 280/89, en sesión de ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, analizó un asunto con las siguientes características:

1. El quince de marzo de mil novecientos setenta y cinco, el señor **********, celebró con la señora **********, un contrato de arrendamiento respecto de un inmueble.

2. El veinte de enero de mil novecientos ochenta y ocho, la señora **********, en su carácter de albacea de la sucesión intestada a bienes del señor **********, promovió juicio sumario de desahucio en contra de la señora **********, reclamándole la desocupación y la entrega del inmueble arrendado, el pago de las rentas adeudadas y el pago de gastos y costas.

3. El diez de abril de mil novecientos ochenta y nueve, el Juez Tercero Menor Letrado del Municipio de San Nicolás de los Garza, dictó sentencia en la que condenó a la demandada a cumplir con las prestaciones que le fueron reclamadas.

4. En contra de esa determinación, ********** promovió juicio de amparo directo.

En lo que al tema interesa, en su sentencia, el Tribunal Colegiado emitió las consideraciones que enseguida se sintetizan:

Resulta fundado el concepto de violación en el que se alegó que **********, no tenía acreditada la personalidad de albacea con que se ostentó en el juicio de origen, pues si bien obra en autos la certificación de la sentencia en donde se le nombró como tal en la sucesión a bienes del señor **********, no existía una actuación en la que constara su aceptación y protesta en el cargo, por lo que no estaba legitimada para ejercitar las acciones o excepciones que pudieran surgir con la muerte del autor de la sucesión.

Para apoyar su dicho, el Tribunal Colegiado citó la tesis aislada sin número, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALBACEA, DISCERNIMIENTO DEL CARGO DE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE COAHUILA)."(5)

En ese sentido afirmó que, si bien se demostró el fallecimiento del señor **********, y el juicio sucesorio de intestado a bienes del arrendador fallecido, y se demostró el nombramiento del albacea, no se demostró que a **********, se le haya tenido por discernida en dicho cargo, de modo que no acreditó debidamente la personalidad con la que se ostentó en el juicio sumario de desahucio.

En el amparo directo 3/92, resuelto en sesión de dos de diciembre de mil novecientos noventa y dos, el mismo Tribunal Colegiado conoció de un asunto con las siguientes características:

1. El quince de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, ********** y ********** celebraron contrato de arrendamiento respecto de un inmueble.

2. Mediante escrito presentado el cinco de junio de mil novecientos ochenta y nueve, **********, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de **********, demandó en la vía ordinaria civil, a **********, diversas prestaciones.

3. El Juez Segundo Menor Letrado de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, mediante resolución de doce de agosto de mil novecientos noventa y uno, dictó sentencia en la que, por un lado, condenó a la demandada a cumplir con las prestaciones que le fueron reclamadas; y, por otro, la absolvió respecto a las otras.

4. Por escrito presentado el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y uno, ********** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal.

Al analizar los conceptos de violación, el Tribunal Colegiado emitió las consideraciones que enseguida se sintetizan:

Resulta fundado el concepto de violación en el que se alegó que **********, no tenía acreditada la personalidad de albacea con la que se ostentó en el juicio de origen, pues si bien es verdad que al presentar la demanda civil, acompañó la copia certificada de la sentencia en donde consta su designación como tal, en lo que hace a la sucesión testamentaria a bienes de **********, y en el periodo probatorio se allegó copias certificadas de las documentales donde aceptó el cargo y donde se le tuvo por discernido en él, también es cierto que la determinación del Juez que conoció del asunto, de tener por acreditada la personalidad del actor, resulta incorrecta en tanto que debió acreditarla en el momento de presentar la demanda, ya que la fracción I del artículo 614 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, así lo establece.

Para apoyar su dicho, el Tribunal Colegiado citó la tesis aislada sin número, emitida anteriormente por ese mismo tribunal, de rubro: "ALBACEA. EFECTOS DE LA FALTA DE ACEPTACIÓN Y DISCERNIMIENTO DEL CARGO."(6)

En el amparo directo 486/92, resuelto en sesión de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y tres, el Tribunal Colegiado conoció de un asunto con las siguientes características:

1. **********, en su carácter de albacea de la sucesión intestada a bienes de **********, promovió juicio ordinario civil sobre rescisión de contrato de arrendamiento en contra de **********.

2. El demandado contestó la demanda y, entre otras excepciones, opuso la de falta de personalidad de la actora, ya que, a su juicio, no demostró su carácter de albacea.

3. El veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, el Juez que conoció del asunto dictó sentencia en la que decretó la procedencia del juicio ordinario civil intentado y condenó al demandado a desocupar la finca materia del arrendamiento.

4. En contra de esa determinación, ********** interpuso demanda de amparo directo.

La sentencia del tribunal se sustenta en las consideraciones que enseguida se sintetizan:

Resulta fundado el concepto de violación en el que la parte quejosa mencionó que la actora en el juicio de origen carece de personalidad para acudir a juicio en representación de la sucesión, toda vez que no acreditó su carácter de albacea.

Para llegar a esa determinación consideró que si bien, en las constancias agregadas al juicio de origen aparece la sentencia en donde se designó albacea a **********, no existe constancia alguna en donde se acredite que aceptó el cargo ni ocurrió el discernimiento respectivo, requisitos sin los que no puede intentar acciones que se relacionen con los bienes del de cujus.

Así, determinó que la falta de aceptación del cargo de albacea implica la no legitimación de quien se ostenta como tal, para acudir a juicio e intentar las acciones inherentes a los bienes de la sucesión, ya que la aceptación y protesta de desempeño del cargo trae aparejada la legitimación activa que le asiste para el ejercicio de la acción y, como consecuencia de ello, la legal representación de la sucesión para defender sus intereses.

En ese sentido afirmó que el artículo 1592 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, no tiene el efecto de atribuir a una persona de pleno derecho el cargo de albacea sólo por el hecho de que haya adquirido los derechos de único heredero, sino que es necesario aceptar y discernir el desempeño de dicho cargo; por ende, determinó que si la promovente del juicio de donde emanó el acto reclamado, no acreditó debidamente la personalidad con la que se ostentó, pues sólo consta el nombramiento recaído en su persona, pero no su aceptación, no estaba legitimada activamente para acudir a juicio a representar los bienes de la sucesión.

Para apoyar su dicho, el Tribunal Federal citó el amparo directo civil 280/89, resuelto por él mismo, el ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.

En el amparo en revisión 139/93, resuelto en sesión de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y tres, el Tribunal Colegiado conoció de un asunto con las siguientes características:

1. **********, como albacea y representante legal de la sucesión intestada de la señora **********, promovió juicio de amparo indirecto.

2. Por acuerdo de la misma fecha de su presentación, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, admitió la demanda de amparo, y previo el trámite legal correspondiente, en la audiencia constitucional relativa sobreseyó en el juicio de garantías.

3. El Juez de Distrito estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, en atención a que no se afectaron los intereses jurídicos del quejoso, pues las probanzas que aportó no demostraban que tuviere la posesión del inmueble al que aludió en su demanda de garantías y, por ende, no existía un interés jurídico legalmente protegido que resultara real y objetivamente afectado por los actos reclamados.

4. Inconforme con esa resolución, la tercero perjudicada interpuso recurso de revisión.

La sentencia del Tribunal Colegiado se sustenta en las consideraciones que enseguida se sintetizan:

Es innecesario entrar al estudio de los agravios hechos valer por la parte recurrente, en atención a que existe una causa de improcedencia, pues si bien, al interponer la demanda de amparo se anexó una copia certificada de la sentencia en la que se declaró al promovente como único y universal heredero y se le designó como albacea, la simple designación sin aceptación ni protesta no supone legitimación para ejercitar las acciones o deducir excepciones que pudieran surgir, ya que la aceptación y discernimiento del cargo de albaceazgo son requisitos de procedibilidad para su desempeño.

Así, consideró que si el quejoso no allegó al juicio la constancias de aceptación y discernimiento del cargo de albacea, debe determinarse que carece de tal carácter; y, por ende, de legitimación para promover el juicio constitucional, surtiéndose por ello la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, y el 799 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. En tales circunstancias, procedió confirmar el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías.

En el amparo en revisión 28/96, resuelto en sesión de veinte de febrero de mil novecientos noventa y seis, el Tribunal Colegiado conoció de un asunto con las siguientes características:

1. Por escrito presentado el tres de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, **********, en su carácter de albacea de la sucesión intestada a bienes de **********, promovió demanda de juicio de amparo indirecto en contra del acto del presidente de la Junta Especial Número Cinco Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad; contra el laudo de fecha veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco, dictado por la citada Junta dentro del expediente laboral número 6140/I/5/95, y contra su ejecución y efectos.

2. El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Nuevo León, admitió a trámite la demanda de garantías y celebró audiencia constitucional en la que dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

3. Inconforme con ese fallo, el tercero perjudicado interpuso recurso de revisión.

Al analizar los agravios propuestos, el Tribunal Colegiado determinó revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías, en atención a las consideraciones que enseguida se sintetizan:

Resulta fundado el concepto de violación en el que se alegó que el Juez Federal omitió analizar la personalidad con la que ********** compareció al juicio de garantías, ello en atención a que esa persona se ostentó en su carácter de albacea a bienes de **********, sin tener acreditada su personalidad de albacea en el juicio de origen, pues si bien anexó una fotocopia certificada del auto de veintisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco, en el que se hizo la declaratoria de herederos provisionales y se le designó como albacea, la sola circunstancia de que se haya designado como tal a determinada persona, sin que exista actuación alguna en donde aparezca que aceptó el cargo conferido y lo protestó fielmente, lleva a considerar que no está legitimada para ejercitar las acciones o deducir excepciones que pudieran surgir, ya que la aceptación y discernimiento del cargo de albaceazgo son requisitos de procedibilidad para el desempeño del cargo.

En ese sentido, afirmó que si en el juicio la quejosa no allegó la aceptación y discernimiento del cargo de albacea, carecía de tal carácter y de legitimación para promover el juicio constitucional, y para apoyar su dicho citó la tesis aislada sin número, de rubro: "ALBACEA. EFECTOS DE LA FALTA DE ACEPTACIÓN Y DISCERNIMIENTO DEL CARGO."(7)

De dichos asuntos derivó la jurisprudencia IV.3o. J/22, de rubro y texto siguientes:

"ALBACEA, EFECTOS DE LA FALTA DE ACEPTACIÓN Y DISCERNIMIENTO DEL CARGO DE.-La circunstancia de que se haya designado albacea a determinada persona, sin que exista actuación alguna en donde aparezca que haya aceptado el cargo conferido, ni que lo protestara fielmente, motiva a considerar que activamente no se está legitimado para ejercitar las acciones o deducir excepciones que pudieran surgir con la muerte del autor de la sucesión, ya que es menester la aceptación y discernimiento del cargo de albaceazgo, para que se tenga por acreditada debidamente la personalidad y así comparecer a juicio."(8)

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 1038/90, en sesión de veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, analizó un asunto con las siguientes características:

1. El diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y ocho, ********** confirió testamento público abierto ante notario público, en el que instituyó como albacea a **********.

2. El primero de julio de mil novecientos ochenta y ocho, ********** y ********** celebraron acto contractual de arriendo respecto de cierta finca.

3. El ocho de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, falleció el señor **********.

4. El diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, ante la fe del notario **********, **********, confirió poder general judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración, en favor de **********, para que en su nombre y representación, como albacea de la testamentaria de **********, actuara demandando la terminación de contratos celebrados por el finado.

5. El ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante el personal del Juzgado Tercer Familiar, se llevó a cabo la lectura y validez del testamento público abierto que confiriera **********, y se designó como albacea testamentaria a **********, a quien se ordenó notificar personalmente para efectos de aceptación y protesta, y en su caso, se le discerniera en él.

6. El veintidós de octubre de mil novecientos noventa, la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, revocó la sentencia pronunciada por el Juez Primero Civil de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el juicio civil sumario 1173/89, promovido por **********, en contra de **********, por la tramitación de un contrato de arrendamiento, desocupación y entrega de una finca, el pago de rentas y otras prestaciones.

7. Al emitir su fallo, la Sala responsable consideró, en esencia, que le asistía la razón a la inconforme, al exponer que **********, cuando confirió el poder, en lo personal y como albacea, a **********, tenía una expectativa de derecho no declarada, ya que fue hasta el ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, cuando se llevó a cabo la lectura y validez del testamento en que fue instituida como heredera y, además, se le confirió el cargo de albacea.

Así, estimó que **********, no estaba debidamente habilitada para actuar como apoderada de **********, ya que dicho poder se confirió cuando aún no se declaraba la validez y contenido del testamento y tampoco había discernido el cargo, ello por la ausencia de aceptación y protesta y, por ello, en la fecha en la que se otorgó el poder carecía de la representación que se atribuía.

8. En contra de esa determinación, por escrito presentado el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa, **********, en su carácter de apoderada de **********, albacea testamentaria de **********, promovió demanda de amparo directo.

En su sentencia de amparo, el Tribunal Colegiado sustentó las consideraciones que enseguida se sintetizan:

Es fundado el concepto de violación en el que la parte quejosa adujo que su poderdante tenía el deber de conservar la masa hereditaria, incluyendo los derechos inherentes al arrendamiento, y que el reconocimiento de ese carácter hubiera sido posterior al del otorgamiento del mandato no crea confusión, pues la determinación del Juez sólo afirma o ratifica la designación hecha en el testamento, sin necesidad de otorgar otro mandato.

En ese sentido, consideró que le asiste la razón a la quejosa, porque la persona designada en el testamento, con el carácter de albacea, tiene tal carácter una vez muerto el autor de la herencia, aun cuando por razones del orden de su nombramiento no esté en su ejercicio.

Así, estimó que en ejercicio de la administración del fondo social y en ausencia de albacea nombrado, la cónyuge supérstite puede y debe ejecutar las acciones que requiera la debida conservación y administración de la masa hereditaria, máxime que, en el caso, a **********, le recaía el cargo de albacea testamentaria desde el fallecimiento del autor de la herencia, pues ello obedecía al espíritu de que en ningún momento la sucesión estuviera sin quien la representara, y más aún en casos urgentes, en los que se trata de preservar un derecho, que si no se ejerce a tiempo, puede caducar.

Para apoyar su dicho el Tribunal Colegiado invocó la tesis aislada sin número, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "ALBACEAZGO.",(9) así como la diversa tesis aislada sin número, emitida también por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALBACEAZGO."(10)

Con base en este contexto afirmó que si la defensa de la herencia corresponde al albacea, resulta evidente que puede deducir todas las acciones que pertenezcan al autor de la herencia, pues tiene la facultad de defender en juicio y fuera de él, tanto la herencia como la validez del testamento, ya que esos actos le son obligatorios.

Al respecto, citó la jurisprudencia 171, emitida por la entonces Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALBACEAS, FACULTADES DE LOS."(11)

De este modo determinó, que si el mandato que otorgó ********** a **********, es de fecha diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, y el autor de la sucesión testamentaria falleció el ocho de octubre de ese mismo año, resulta indudable que la actora en el juicio sí se encontraba legalmente representada, y que no era obstáculo a ello, el hecho de que no hubiera sido hasta el ocho de noviembre de esa anualidad cuando se llevó a efecto la audiencia en la que se designó albacea, toda vez que dicho carácter ya lo tenía desde la fecha de la muerte de su esposo, y sólo cuando por alguna causa no hubiera llegado a discernirse el cargo de albacea tal función habría sido conferida a alguien más, pues la sociedad está interesada en que las sucesiones no permanezcan sin quien las represente.

Para fortalecer lo anterior, invocó la jurisprudencia 960, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "ALBACEAS. SUSPENSIÓN. EN AMPARO."(12)

Por lo anterior, determinó conceder el amparo para que la responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dictara otra en la que, estimando a la actora debidamente representada en el juicio natural por su apoderada, resolviera con plenitud de jurisdicción, analizando todos los agravios.

De ese asunto derivó la tesis aislada III.2o.C.312 C, de rubro y texto siguientes:

"ALBACEA TESTAMENTARIO. REPRESENTA A LA SUCESIÓN DESDE EL MOMENTO DE LA MUERTE DEL AUTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-Si un mandato fue otorgado el diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, y el autor de la sucesión, de la que era albacea testamentario quien confirió el poder, falleció el ocho de octubre de ese mismo año, es indudable que sí se encontraba legalmente representada la sucesión para promover en juicio, sin que obste que la audiencia en la que se designó albacea testamentaria a la mandante y se ordenó que se le notificara personalmente para los efectos de la aceptación, protesta y discernimiento del cargo, fuera posterior, porque dicho carácter ya lo tenía desde la fecha de la muerte del de cujus, de acuerdo con los artículos 1619, 1621 y 195 del Código Civil de Jalisco, de los que derivan facultades y obligaciones para el albacea testamentario a partir del deceso, respecto a la administración y conservación de la masa hereditaria, y sólo que por alguna causa no hubiera llegado a discernirse el cargo y el albaceazgo hubiera sido conferido a otro, perdería el primero la representación de la sucesión, pues la sociedad está interesada en que ninguna sucesión carezca de representante."(13)

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión RC. 170/2005, en sesión de doce de mayo de dos mil cinco, analizó un asunto con las siguientes características:

1. Mediante escrito presentado el tres de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, **********, por su propio derecho, promovió juicio sucesorio intestamentario a nombre de **********, y en diligencia de dieciséis de enero de mil novecientos noventa y cinco, se tuvo por acreditado el derecho para heredar a **********, a **********, a ********** y al menor **********, quienes por resolución de seis de abril de mil novecientos noventa y cinco, fueron declarados como únicos y universales herederos, y designando como albacea de la sucesión, a la persona citada en primer término.

2. En contra de la resolución anterior, mediante escrito de fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco, ********** interpuso recurso de apelación, y el veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis, los Magistrados que integraban en ese momento la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la confirmaron.

3. Mediante escrito de nueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, ********** promovió incidente de remoción del cargo de albacea, el que fue declarado improcedente en resolución de veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete.

4. En contra de tal determinación, ********** interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la que mediante resolución de ocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, determinó revocarla, ordenando declarar procedente el incidente.

5. En resolución de veinticinco de noviembre del dos mil tres, el Juez responsable declaró procedente el incidente de remoción de albacea promovido por **********, y designó como tal, a **********. No conforme con lo anterior, ********** interpuso recurso de apelación, el que fue admitido en el efecto devolutivo, en proveído de nueve de diciembre del dos mil tres.

6. Por escrito de nueve de septiembre de dos mil cuatro, **********, en su carácter de apoderada legal de la albacea **********, solicitó se pusieran en posesión real y material de su representada, los bienes que forman parte del caudal hereditario.

El Juez Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, consideró procedente la anterior solicitud, y en atención a que el inmueble se ubica fuera de su jurisdicción, giró exhorto al Juez competente a efecto de poner en posesión de **********, el bien inmueble que conforma el acervo hereditario.

7. En contra de dicha resolución, ********** interpuso juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien mediante resolución de dieciséis de febrero de dos mil cinco, determinó sobreseer en el juicio de garantías, en razón de que la quejosa tenía la posibilidad de interponer el recurso de revocación, ello al ser una exigencia el agotamiento de los recursos previstos en la ley, previo a acudir al juicio de garantías.

8. Inconforme con esa resolución, ********** interpuso recurso de revisión.

Al analizar los agravios y otorgar el amparo solicitado, en lo que al tema interesa, el tribunal emitió las consideraciones que enseguida se sintetizan:

Resulta fundado el agravio mediante el que la quejosa alegó que la autoridad responsable vulneró, en su perjuicio, los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que **********, sin haber aceptado y protestado el cargo de albacea, otorgó un poder notarial a **********, y dado que tal apoderada carecía de facultades y legitimación para actuar en el juicio, en atención a que el poder notarial fue anterior al nombramiento en el cargo conferido, el acuerdo dictado por Juez Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, resultaba ilegal, y si bien, la calidad de albacea es de orden personal, la norma procesal de la materia le faculta para que otorgue poder para que otra persona actúe en su nombre, imponiéndole la carga de que tal actuación se entienda con quien efectivamente ejerce el cargo de albacea.

Así, de una interpretación sistemática y extensiva del artículo 829 del Código Civil vigente en el Estado de Morelos, se desprende que el albacea intestamentario no puede delegar el cargo que ha recibido, ni por su muerte pasa a sus herederos; sin embargo, no está obligado a desempeñar dicho cargo personalísimamente, pues se encuentra facultado para nombrar mandatarios en momentos posteriores a aquel en que legalmente asuma tal representación.

En ese orden de ideas, concluyó que para que el albacea otorgue los poderes de referencia, debe tener tal calidad mediant

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26320-82c64aa9/albacea-la-legitimacion-para-ejercer-los-deberes-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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