MASA HEREDITARIA. EL JUZGADOR DEBE PONDERAR EN CADA CASO, VÍA INCIDENTAL, SI EL ALBACEA DEBE O NO TENER LA POSESIÓN MATERIAL DE TODOS LOS BIENES QUE LA CONFORMAN PARA DESEMPEÑAR ADECUADAMENTE LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1036 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO, DE IDÉNTICA REDACCIÓN AL ARTÍCULO 1000 DEL ORDENAMIENTO VIGENTE).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL ENTONCES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS VÍCTORINO ROJAS RIVERA, J. JESÚS CONTRERAS CORIA, HECTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO, ÓSCAR HERNÁNDEZ PERAZA Y JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ. AUSENTE: MOISÉS DUARTE BRIZ. PONENTE: VÍCTORINO ROJAS RIVERA. SECRETARIO: FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁVILA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoprimer Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece; y, 1 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, en el caso de este Décimo Primer Circuito donde este Pleno ejerce su jurisdicción.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis de mérito proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(8) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(9) de la Ley de Amparo. Esto debido a que fue formulada por la sucesión testamentaria a bienes de **********, por conducto de su albacea **********, en cuanto tercero interesada en el amparo en revisión 286/2017.
TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustentadas por los tribunales en contienda.
I. Criterios sustentados por el antes denominado Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo)
Fueron dos las resoluciones que, de acuerdo con la tesis publicada por ese órgano de amparo, contienen el criterio materia de la contradicción de tesis.
A. Amparo en revisión 332/2000
Esa resolución fue dictada con motivo del recurso que hizo valer el albacea de una sucesión testamentaria; y quien, a su vez, promovió el amparo indirecto para reclamar la sentencia de apelación que confirmó un auto en el cual se ordenó su remoción del cargo.
En la parte que es trascendente para efectos de la presente contradicción de tesis, ese Tribunal Colegiado de Circuito atendió un planteamiento del disconforme, referente a que, para estar en aptitud de rendir cuentas, era indispensable que tuviera la posesión material de los bienes que conforman la masa hereditaria.(10)
El órgano revisor de amparo estimó que, conforme al artículo 1652 del Código Civil del Estado de Michoacán, desde que se comprueba el fallecimiento del autor de la sucesión, la ley otorga la posesión tanto al albacea como a los herederos o presuntos herederos.(11)
En consideración de ese Tribunal Colegiado de Circuito, ello implica que la ley no exige que tal posesión sea material –para que el albacea desempeñe sus funciones– sino que basta con que sea virtual. Explicó que conforme a los artículos 1564 y 1580 del mismo código, el albacea tiene el deber de administración de los bienes y la rendición de cuentas, de donde hizo desprender que la cuenta de albaceazgo es distinta de la de administración, pues la primera se refiere a los actos relativos al desempeño del cargo, y la segunda al rendimiento y administración de los bienes.
Puntualizó que en ninguno de esos dos supuestos es necesario que el albacea tenga la posesión material del acervo hereditario, pues no existe disposición legal que así lo establezca; y que por el contrario, la definición de administrar tiene dos acepciones: la de ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda de los bienes, y además la de desempeñar o ejercitar un cargo, oficio o dignidad.
Así, estableció que la ley no requiere una posesión material para el desempeño de uno y otro deber del albacea, sino sólo un poder de hecho o disponibilidad del acervo hereditario; que lo tiene el representante de la sucesión por el solo hecho de encontrarse investido de ese cargo.
Explicó ese Tribunal Colegiado de Circuito, que aceptar lo contrario sería tanto como concluir que ese cargo comienza hasta que se entregue la posesión material de los bienes al albacea, lo que iría contra toda lógica, porque la sucesión no puede estar sin representante, salvo casos urgentes.
Por consiguiente, estimó que al estar demostrado el fallecimiento de la de cujus, que su testamento fue declarado legítimo, y que el ahí recurrente fue nombrado albacea testamentario, entonces existe la presunción legal de que entró a poseer los bienes constitutivos del haber hereditario, pues no existe prueba de que haya repudiado dicho cargo; precedente judicial del que emergió la tesis siguiente:
"ALBACEAS. NO ES NECESARIA LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS BIENES HEREDITARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).—El artículo 1562 del Código Civil del Estado dispone que el derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite por ministerio de la ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia. Por consiguiente, debe concluirse que desde que se comprueba el fallecimiento de éste, la ley otorga ipso facto la posesión tanto al albacea como a los herederos o presuntos herederos de la masa hereditaria, poseyendo el primero en nombre propio, por la parte que le corresponda en la misma persona, y en nombre ajeno, por la porción que corresponde a los demás herederos y legatarios. Lo que implica que la ley no requiere que esa posesión sea material, para el desempeño de las obligaciones del albacea, sino únicamente virtual. Cierto, de conformidad con el artículo 1564 del Código Civil del Estado, son obligaciones del albacea general, entre otras, la administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; en armonía con tal disposición legal, el diverso precepto 1580 del mismo ordenamiento jurídico dispone que el albacea está obligado a rendir cada mes cuenta de su albaceazgo; que no podrá ser nuevamente nombrado, sin que antes haya sido aprobada su cuenta mensual; que rendirá la cuenta general del albaceazgo, así como la de su administración, cuando por cualquier causa deje de ser albacea. De tales preceptos resulta que la cuenta del albaceazgo es distinta de la de administración, pues la primera se refiere a los actos relativos al desempeño del cargo y la segunda al rendimiento y administración de los bienes. En ese contexto, debe decirse que en ninguno de los supuestos es necesaria la posesión material del acervo hereditario, pues no existe disposición legal que así lo establezca y, por el contrario, según el Diccionario de la Real Academia, el término ‘administrar’ tiene también las siguientes dos acepciones: ‘Ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda de los bienes.’ y ‘Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad.’. De tal manera que la ley no requiere una posesión material para el desempeño de uno y otro deberes del albacea, sino solamente un poder de hecho o disponibilidad del acervo hereditario, el cual lo tiene el representante de la sucesión por el solo hecho de encontrarse investido de ese cargo; de aceptar lo contrario, sería tanto como concluir que la enunciada función comienza hasta en tanto se le ponga en posesión material de los bienes al albacea, lo cual iría contra toda lógica, pues no debe perderse de vista que en ningún momento la sucesión puede estar sin representante, menos en casos urgentes, como es promover para preservar un derecho que, si no se ejerce a tiempo, puede caducar."(12)
B. Amparo en revisión 276/2006
También fue hecho valer por el albacea definitivo, pero en este caso de una sucesión intestamentaria; reclamó una sentencia de apelación que confirmó un acuerdo en el cual se tuvo por no rendida la cuenta de administración.
En la porción que es trascendente para efectos de la presente contradicción de tesis, el órgano revisor de amparo consideró que fue ilegal que el Juez de Distrito, haya sostenido que era necesario que el escrito de rendición de cuentas que presentó el ahí disconforme, fuera suscrito también por el interventor.(13)
Se sostuvo en tal ejecutoria que de acuerdo con el artículo 1564, fracción IV, del Código Civil del Estado de Michoacán, la administración de los bienes y la rendición de cuentas son cuestiones totalmente distintas, en mérito a que en la primera se refiere a la rendición y administración de los bienes y la segunda a los actos relativos al desempeño del cargo.
Explicó que de acuerdo con el artículo 1099 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, cuando los herederos o el Juez hagan uso de la facultad que les conceden los artículos 1586 y 1589 del Código Civil, el interventor se tendrá como albacea mancomunado; y que el albacea no puede ejecutar actos de administración sino de acuerdo con el interventor. Esto es –explicó– esa disposición sólo se refiere a los actos de administración, y no a los de rendición de cuentas, lo que se traduce en que el albacea debe estar de acuerdo con el interventor para ejecutar actos de administración, pues tal disposición no señala que también debe existir la anuencia del interventor, cuando se trata de la rendición de cuentas.
Invocó la tesis que derivó del asunto sintetizado en el apartado anterior, sólo para hacer ver la porción en la que se sostuvo que la cuenta del albaceazgo es distinta de la de administración, pues la primera se refiere a los actos relativos al desempeño del cargo y la segunda a la rendición y administración de los bienes.
Recalcó entonces que el interventor se tendrá como mancomunado con el albacea, para llevar a cabo la administración, pero la rendición de cuentas sólo ataña al albacea en una relación frente al Estado, representado por el juzgador
II. Amparo en revisión civil 286/2017. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito
Ese recurso fue interpuesto por una heredera dentro de un juicio sucesorio intestamentario, quien promovió amparo indirecto contra la resolución del Juez que le ordenó entregar al albacea un bien de la masa hereditaria, que aquélla tenía en posesión.
Para resolver la controversia se precisó ante todo que el Juez de Distrito negó la protección constitucional porque:(14)
a) La segunda parte del artículo 1000 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, dispone que cuando el tenedor de los bienes hereditarios fuere alguno de los herederos o presuntos herederos, a petición del albacea, el Juez podrá emplear los medios de apremio para obligarlo a que aquél los entregue al representante de la sucesión;
b) La menor de edad quejosa fue declarada heredera, y se encuentra en posesión de ciertos bienes hereditarios, por lo que fue correcto requerir a su progenitora que los entregue;
c) El hecho de que la peticionaria del amparo sea una menor de edad, respecto de la cual todas las autoridades, se encuentran obligadas a atender primordialmente su interés superior, no implica que se acate su voluntad o pretensiones individuales; y,
e) Si la menor de edad figura como parte y fue declarada heredera, es indudable que tiene la pertenencia de diversos bienes hereditarios, por lo que se encuentra obligada a entregarlos, sin que pueda alegar que atendiendo a su interés superior los deba conservar hasta la conclusión del juicio, porque implicaría la vulneración de lo dispuesto en un artículo legal y se contravendrían los derechos de la sucesión.
Sentado lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la segunda parte del artículo 1000 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo,(15) interpretada en concatenación con el artículo 870 del Código Civil de la misma entidad, se concluye que, hasta en tanto no concluya el juicio sucesorio intestamentario de origen y se determine debidamente la partición de la masa hereditaria de los bienes del de cujus entre todos los herederos legalmente reconocidos, no es indispensable la entrega material del bien inmueble en que habita la menor quejosa al albacea de la sucesión, para que éste pueda llevar a cabo el desempeño de sus funciones, tales como la administración de los bienes hereditarios y la respectiva rendición de cuentas mensuales.
Explicó que el artículo 870 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo(16) dispone que el derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite por ministerio de la ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia. De donde coligió el órgano revisor que desde que se comprueba el fallecimiento del de cujus, la ley otorga ipso facto la posesión tanto al albacea como a los herederos o presuntos herederos de la masa hereditaria, poseyendo el primero en nombre propio, por la parte que le corresponda en la misma persona, y en nombre ajeno, por la porción que corresponde a los demás herederos y legatarios. Esto, en consideración del órgano terminal de amparo, implica que la ley no requiere que esa posesión sea material para el desempeño de las obligaciones del albacea, sino únicamente virtual.
Sobre ese punto, argumentó que conforme al artículo 872 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo,(17) son obligaciones del albacea general, entre otras, la administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; y que en armonía con tal disposición legal, el diverso precepto 888 del mismo ordenamiento jurídico,(18) dispone que el albacea está obligado a rendir cada mes cuenta de su albaceazgo; que no podrá ser nuevamente nombrado, sin que antes haya sido aprobada su cuenta mensual; que rendirá la cuenta general del albaceazgo, así como la de su administración, cuando por cualquier causa deje de ser albacea.
De tales preceptos coligió que la cuenta del albaceazgo es distinta de la de administración, pues la primera se refiere a los actos relativos al desempeño del cargo y la segunda al rendimiento y administración de los bienes. En ese contexto, sostuvo que en ninguno de los supuestos es necesaria la posesión material del acervo hereditario, porque no existe disposición legal que así lo establezca; sino que por el contrario, según el Diccionario de la Real Academia, el término administrar tiene también las siguientes dos acepciones: Ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda de los bienes y desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad; de tal manera que la ley no requiere una posesión material para el desempeño de uno y otro deberes del albacea, sino solamente un poder de hecho o disponibilidad del acervo hereditario, el cual lo tiene el representante de la sucesión por el solo hecho de encontrarse investido de ese cargo.
Argumentó que aceptar lo contrario, sería tanto como concluir que la enunciada función comienza hasta en tanto se le ponga en posesión material de los bienes al albacea, lo cual va contra toda lógica, pues no debe perderse de vista que en ningún momento la sucesión puede estar sin representante, salvo casos urgentes.
Con base en lo anterior, el tribunal de amparo estableció que tanto a la menor de edad como a los demás herederos y albacea (de conformidad con el artículo 870 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo) se les transmitió, por ministerio de ley, la posesión de los bienes hereditarios desde el momento de la muerte, por lo cual tienen legalmente derecho a la propiedad de una parte alícuota de los bienes que en vida pertenecieron al autor de la sucesión, entre ellos, el bien inmueble que habita la menor de edad con su madre y representante.
Sostuvo entonces que (a pesar de que la segunda parte del aludido artículo 1000 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, dispone que si el tenedor de los bienes hereditarios fuere alguno de los herederos, a petición del albacea, el Juez podrá emplear los medios de apremio para obligarlo a que los entregue al representante de la sucesión) de tal disposición, concatenada con lo establecido en el transcrito artículo 870 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo Estado, se arriba a la conclusión de que la ley no impone inflexiblemente que el albacea deba contar con la posesión material de los bienes propiedad de la sucesión para el desempeño de sus funciones, puesto que, aquella porción normativa refiere que a petición del albacea el Juez podrá ponerlo en posesión de los bienes hereditarios que tuvieren los herederos o posibles herederos.
Lo anterior –arguyó el tribunal revisor– quiere decir que si el albacea no lo solicita, entonces dichos bienes continuarán en posesión del heredero que los tenga, sin que ello implique un obstáculo para que el representante de la sucesión pueda llevar a cabo diligentemente el desempeño de sus funciones. De ahí dedujo que la ley no establece invariablemente la entrega material de la masa hereditaria al albacea de la sucesión, sino que depende de la solicitud o no de éste para ese efecto, de lo que se obtiene entonces, como se dijo, que no es indispensable la posesión material de los bienes hereditarios en favor del albacea para el ejercicio de sus funciones.
Estableció además que la posesión de los bienes hereditarios en favor del albacea definitivo, puede ser también virtual para su debida administración y rendición de cuentas; aunado a que no se advirtió causa urgente que justificara la desposesión del inmueble en perjuicio de la menor quejosa, por lo que en ese caso concreto, mientras se resolviera en definitiva el juicio sucesorio, ningún perjuicio ni obstáculo se causa a la sucesión en la administración del acervo hereditario, con el hecho de que la infante continuara en el bien inmueble que habita.
Argumentó que lo anterior no implicaba el desconocimiento de la función que debe desempeñar el albacea respecto de la administración de los bienes hereditarios propiedad de la sucesión y la rendición de cuentas respectiva, acorde con lo establecido en los artículos 872 y 888 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo; función que no debe soslayarse.
Como razón adicional, refirió que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(19) y el diverso numeral 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño,(20) tienen reconocido el derecho fundamental de la niñez de contar con un desarrollo integral, esto es, un pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, lo cual se logra con la interpretación realizada de los aludidos numerales, 1000 del Código de Procedimientos Civiles y 870 del Código Civil, ambos para el Estado de Michoacán de Ocampo, lo cual es acorde con lo estipulado en la Norma Constitucional y en la internacional de referencia.
Explicó que la protección de los derechos de esa menor de edad debe realizarse con un escrutinio más estricto a través de medidas reforzadas o agravadas, frente a los de los demás coherederos, mientras se resuelve el juicio sucesorio y se hace la partición de la masa hereditaria, privilegiándose a la infante en sus derechos, para garantizar su bienestar integral en todo momento.
III. Recurso de revisión civil 190/2006 del antes denominado Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito (ahora Tribunal Colegiado en Materia Penal)
Al igual que el recurso que resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Civil, el que ahora se sintetizará fue interpuesto por una heredero, dentro de un juicio sucesorio intestamentario, quien promovió amparo indirecto contra la resolución del Juez que le ordenó entregar al albacea un bien de la masa hereditaria, que aquél tenía en posesión.
En la parte conducente de tal ejecutoria, ese órgano de amparo interpretó(21) la misma norma jurídica que el Tribunal Colegiado en Materia Civil: la que obliga al heredero a entregar al albacea los bienes que aquél tenga en posesión, y permite que se empleen medios de apremio en su contra, si no lo hace.(22)
De una interpretación textual apreció que reconoce al albacea el derecho de poseer los bienes que forman parte del caudal hereditario, en tanto se realizan los fines de la sucesión, que llevarán a la petición y adjudicación de los bienes entre los herederos. Sostuvo además que dicha posesión ha de ser material porque el precepto autoriza los medios de apremio para que el heredero se la entregue.
No dejó de observar ese órgano revisor de amparo, el artículo 1072 del mismo ordenamiento procesal, en cuanto dispone que: La declaración de herederos de un intestado surte el efecto de tener por legítimo poseedor de los bienes, derechos y acciones del difunto, a la persona en cuyo favor se hizo.
Sin embargo, consideró que no existe una contradicción entre ambas normas, pues este último precepto sólo tiene la finalidad de reconocer los derechos legítimos de posesión sobre los bienes de la sucesión, a los herederos declarados, sin referirse explícitamente a la posesión real del bien. Lo que implica –bajo su consideración– que en el caso de que existan diversos inmuebles y diversos herederos, ese artículo reconoce el derecho de posesión a todos los herederos, y sobre la totalidad de la masa hereditaria, sin que tutele derechos a título particular a uno de los sucesores, porque dicha medida se tomará hasta que se haga la división y partición de los bienes hereditarios, y la posible adjudicación de los mismos, según lo regulado en los artículos que van del 1125 al 1163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
De ahí estableció que el artículo 1072 no garantiza al heredero el derecho a poseer los bienes inmuebles que integran el caudal hereditario de la sucesión; sino en la misma medida y derecho que sus coherederos. Sostuvo entonces que no es posible que el artículo 1072 del código procesal civil conceda derechos de posesión material a título particular, porque si todos los herederos desearan detentar la posesión material de los inmuebles de la herencia, a que tienen derecho, al mismo tiempo, no podrían hacerlo. Por eso –arguyó– debe aceptarse que la posesión que tutela ese numeral es de naturaleza jurídica.
Recalcó ese Tribunal Colegiado de Circuito, que no existe colisión entre ese artículo 1072 y el 1036, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que el albacea definitivo tiene derecho a la posesión real de los bienes integrantes del caudal hereditario, a nombre ajeno; esto es, a nombre de todos los herederos declarados en juicio. De lo que dedujo que todos los herederos declarados, incluido el que funge como albacea, tienen la posesión virtual o jurídica de los bienes, por disposición del artículo 1072 y el albacea la posesión material de los mismos, en tanto logra la división y partición de la herencia, según el numeral 1036.
Explicó que ello implica que un heredero, que sólo posee por ese título un bien integrante del caudal hereditario, no puede oponerse a la orden que emita el Juez del sucesorio, para que lo entregue al albacea; porque no tiene ningún derecho a título particular sobre dicho bien, que lo distinga de sus coherederos, y así todos tienen el derecho de poseer los bienes, jurídicamente, a través del albacea que cuenta con la representación y administración de la sucesión.
Estimó aplicables, en lo conducente, las siguientes tesis emitidas por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"BIENES SUCESORIOS, POSESIÓN DE LOS.—Aún en el supuesto de que los herederos tengan en su poder los bienes sucesorios, tal tenencia en concepto de herederos, no puede legalmente oponerse a la orden del Juez de la sucesión, que mande entregar los bienes de la misma, al albacea respectivo, porque la ley dispone, de manera expresa, que la posesión de los bienes hereditarios se transmita a los albaceas, quienes deben poseerlos en nombre de los herederos."(23)
"BIENES HEREDITARIOS, POSESIÓN DE LOS.—La posesión de los bienes hereditarios se trasmite, por ministerio de la ley, a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia, poseyendo el albacea en nombre propio, por la parte que le corresponda en la misma persona, y en nombre ajeno, por la parte que corresponde a los demás herederos y legatarios."(24)
"HEREDEROS, POSESIÓN DE LOS.—Cuando una persona posee los bienes sucesorios con su carácter de heredero, sin tener otro título en que fundar su posesión, está obligado a hacer la entrega de ellos, al albacea nombrado, porque con arreglo a la ley, es a dicho albacea a quien corresponde la posesión de los bienes hereditarios, desde el momento de la muerte del autor de la herencia; de manera que la orden que da un Juez, a quien se dice heredero, para que entregue al albacea los bienes que posee a título de herencia, no viola derecho alguno del heredero, o presunto heredero, y, por tanto, no infringe el artículo 14 constitucional."(25)
CUARTO.—Análisis sobre la existencia de la contradicción de tesis
Como presupuesto indispensable para emitir un pronunciamiento de fondo, se debe dilucidar ante todo si se actualiza o no la existencia de dos criterios discrepantes, que haga necesaria su resolución por parte de este Pleno del Décimo Primer Circuito.
Sobre ese punto, en el desarrollo del derecho jurisprudencial interno se ha sostenido que existe contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales al resolver los asuntos que son de su competencia adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho –integren jurisprudencia o no– independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o se coincida en aspectos secundarios.(26)
Además, para determinar si el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de la contradicción de tesis, se requiere que:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
d) Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.
Tales requisitos han sido determinados por el Alto Tribunal en las jurisprudencias de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.",(27) "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(28) y "CONTRADICCION DE TESIS. PARA SU INTEGRACION NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(29)
Sobre tales bases, enseguida se expondrán las consideraciones que demuestran que la contradicción de criterios existe únicamente entre dos de los Tribunales Colegiados de Circuito.
A. Criterios respecto de los cuales sí existe contradicción de tesis
Existe una pugna en el ejercicio interpretativo que realizaron dos tribunales, respecto de una norma jurídica concreta a la que le dieron alcances diferentes.
Se trata de aquella que obliga a los herederos o presuntos herederos que tienen en posesión bienes hereditarios, a entregarlos al albacea cuando éste lo solicite; obligación que, de no cumplirse, puede dar lugar a que el Juez utilice medios de apremio para lograrlo. Esa norma está contenida en los artículos 1036 del Código de Procedimientos Civiles abrogado, y 1000 del que actualmente se encuentra en vigor; y se deriva del texto siguiente, que es idéntico en ambas legislaciones:
Toda persona que a la muerte de otra tuviere en su poder bienes de ésta, por cualquier circunstancia, deberá manifestarlo al Juez de la sucesión o al representante del Fisco, tan luego como tenga noticia del fallecimiento, siendo responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan por su omisión. Si el tenedor de los bienes hereditarios fuere alguno de los herederos o presuntos herederos, a petición del albacea, el Juez podrá emplear los medios de apremio para obligarlo a que los entregue al representante de la sucesión.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil consideró esencialmente, que esa regla no es de aplicación absoluta sino que requiere ser interpretada con otras disposiciones legales, concretamente el artículo 870 del Código Civil de la misma entidad, que dispone qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28632-9244dea7/masa-hereditaria-el-juzgador-debe-ponderar-en-cada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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